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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 452/2024

30 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "BRUN TRUCKS SA C/ EL ART. 1° DE LA LEY N° 4333/2011". AÑO: 2014. N° 1391.

Antecedente EL ART. 1° DE LA LEY N° 4333/2011

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. o L -. ORTE . , U]?REMA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º e,,<>•'-f:~~'En ]~dad de Asu~ción, Ca_Pital ?e la República del Paraguay, a los +re·,,.Ja del ms de ",, r-, del ano dos mil ve.,lV'l~..v<;a.ho , estando en la Sala de Acuerdos de la rrt,-,,1;-rema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, rores CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abogado Juan Daniel Bueno Martínez, en representación de la Firma Brun Trucks S.A.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, EUGENIO JIMENEZ ROLÓN y VÍCTOR RIOS la firma Brun Trucks S.A. en virtud de Poder General agregado a fs.9/13 de autos promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº4333 de fecha 24 de mayo de 2011 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº2018/02 QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS".

Alega que su mandante es importador habitual ante la Dirección Nacional de Aduanas y afirma dedicarse a la importación de vehículos usados, ejerciendo lícitamente el comercio. Sostiene que la norma impugnada limita la posibilidad de importar vehículos usados con más de diez años de antigüedad a cuya actividad dice dedicarse como comerciante, remarcando que norma que contradice restringe los derechos constitucionales reconocidos en los Arts. 107 y 108 de " 'rlículo º.-Modificase el Artículo 1º de la Ley Nº2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE I PORTA IÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE C S UCCIÓ USADOS, modificada por la Ley Nº2. 153103, cuyo texto queda redactado se ición a las maquinarias agrícolas usadas, ma uinarias de es con más de veinte toneladas de capacid rga; -de fabricación, sujeta al cumplirp1Íe las BLECE Ministro ...

Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Podrán ser importados, los vehículos deportivos clásicos de cualquier proc denci y modelo, con una antigüedad superior a diez años contados a partir del año de su fa ricac,en, ,. ,. debiendo ser certificados, a ese efecto, por la autoridad aduanera nacional pertine te, como vehículos antiguos de colección de circulación restringida Los mismos estarán sujetos a medidas y controles técnicos vehicu ares, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº3850 del 15 de octubre de 2009 "QUE REA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTAB ECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCN/C CO O REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA ~TE TE MUNICIPAL DE RODADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. -- Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que a redile la inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de tri sfere cia de vehículos usados, cualquiera sea su tiempo de --- A los -efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta L y, qu da prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del s stema de dirección del vehículo a ser importado, y que vaya más allá de las restricciones vin ulada : a/ sistema de aire acondicionado, que no podrá utilizar CFCO11 y/o CFC-12.

Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dire ción el autovehícu/o estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo del mismo".

En primer término, cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone la rest icción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 º tal como se halla v gente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Ley Nº4333/ 1.

No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, h mos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser determinar si la determinación or ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos co más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Constitucional.

Es las normas constitucionales pertinentes, aducid s co o violentadas, referentes a la liberad de concurrencia la libre circulación de produ tos. D ce la Con stitu ció n Na cío na 1:

''Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene erech a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen d igual ad la competencia en el mercado. No serán permitidas la Cfi ación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La us ra y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Pena '.

"Artículo 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS. Los benes de, producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos le a/me te, í Señalemos, inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedic rse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre den ro de un marco de igualdad de oportunidades.

El actor dice dedicarse a la actividad de su pr feren ia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejand ver que ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ' " -; -. ICIA "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º DE LA LEY Nº 4333/2011". AÑO: 2014. Nº 1391.--- ,,-e-(JrfQid e:::; or la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la " '"'aet1vida / de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un /7'?-.-Ju...u..l-i~-~ igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la s, (l}f le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores. Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolio$,.

ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupode personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación puesta en crisis. Cabe señalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido" ... introducidos legalmente". Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros. Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley.

La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del Estado de su rol la misma Constitución.

Por último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población ,son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de República, r; mp ndo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria -frontalm nte -Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención NHH'H~I onstituy nte.

En otras palabras, escapa a las atribuciones la competencia de 1 Sala nstitucio al de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o fectivid de las I yes, o que las políticas que implante o ejecuten sean mejores o peores. en el arco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos itarno a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución s cir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por !Mínistro tales razones, concluyo que la norma impugnada de 1 de la Ley Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE S, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQ DE su redacción actual dada por el Artícul Ley Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro A su turno, el Ministro Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN dijo: La presente inconstitucionalidad fue promovida por el Abg. Juan Daniel Bueno Martínez, en "1 representación de Brun Trucks S.A., contra el art. 1 º de la Ley 4333/11 "Que odific el artículo 1° de la Ley Nº 2.018/02 'Que autoriza la libre importación de vehículos, m quina ias agrícolas y maquinarias de construcción usados', modificada En primer lugar, cabe decir que la norma impugnada establece una prohibición de importar vehículos usados con más de diez años de antigüedad y afecta a los im ortado es en general. En tal sentido, previo requerimiento del Fiscal interviniente (f. 24 ), el a ciona te agregó a autos las constancias de constitución de la sociedad (fs. 27 /66), en cu les consta que la firma accionante se dedica, entre innúmeras otras actividades com rciales, a importar todo tipo de automotores nuevos o usados (fs. 28/29).

La documental pr sentaa, confiere suficiente legitimación activa a la empresa recurrente para promover la presen e acci n.- Ahora bien, del escrito de fs. 14/22, por el cual se promovió la presente cción de inconstitucionalidad, surge que el accionante alegó, como fundamento de su pre entaci n, que se dedica a la actividad comercial deimportación de vehículos y que la nor a impugnada restringe las disposiciones de los arts. 107, 108, 128 y 137 de Constitución. En ese sentido, señaló que la ley lesiona el principio de iguald d de los ciudadanos, en razón de que limita el que tienen el consumidor y el importador, ara o tar por el producto de su preferencia, conforme con el estado en que se encuentra y la vent ·as comerciales que brinda. Sostuvo que la norma carece de fundamentos jurídicos v lidos que la sustenten y que, por tanto, no contiene asidero legal suficiente para imponerse or sobre la libertad de concurrencia y la libertad de circulación, previstas en la Constitución. simis o, indicó que todos los supuestos fundamentos de la norma, vinculados a la seguridad al trá ico nacional, al derecho a la vida de los ciudadanos y al medio ambiente saludable, e reali ad no dependen de la importación o no de vehículos usados con mas de diez años, s no de las garantías que debe ofrecer el propio Estado a través de sus respectivos órganos y políti9as. Expresó que la ley en cuestión atenta contra los derechos de los consumidores, quiemes tienen finalmente la opción de optar por la oferta más conveniente a sus nteres s.

Finalmente, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada, y señ ló jurisprudencia de la Sala Constitucional favorable a su pretensión. (fs.14/22).

Corrida la vista pertinente (f. 67), el Fiscal Adjunto Celso Sanabria González, ncarg do de la atención de las vistas y traslados corridos a la Fiscalía General del Esta o, en su Dictamen Fiscal Nº 1524 de fecha 19 de octubre de 2015, recomendó hacer I gar la En primer lugar, debo resaltar que esta Acción de lnconstitucionalidad fue pro ovida en fecha 07 de octubre de 2014 y quedó en estado resolutivo el 11 de noviembre d 2015 (f: 71 ). Desde esa fecha, se han sucedido una serie de inhibiciones que impidieron el ictado de la sentencia definitiva. En razón de ello, la integración de esta Sala Constitucional pue ta a consideración de esta Magistratura, en fecha 29 de agosto de 2019 y not ficada al accionante en fecha 29 de julio de 2020, conforme con la cédula de notificación agr gada f.

84 de estos autos. La demora en dictar sentencia en este juicio, en estado resolut vo de de Pese a todo lo anterior, no deja de ser llamativo que no encontramos agregado a es os autos escritos de la parte accionante urgiendo la integración del órgano ni la decis ón so re el fondo, sino recién hasta el urgimiento de fecha 16 de agosto de 2017 .

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Ya adentrándonos al estudio del caso concreto, observamos que la norma at cada de inconstitucional -Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 2. 01 '/02 ' ue autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maqui arias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153/03'-dispone: "Artículo 1 º.-odificase el Artículo 1° de la Ley Nº 2. 018102 "Que autoriza la libre importación de ehícuA s, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por I Ley Nº 2.153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1º.-Se p ohíbe la ICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º DE LA LEY Nº 4333/2011 ". AÑO:. 2014. Nº 1391.--- vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad ños, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el o bien, como sabemos, el principio de supremacía constitucional consagrado en el sa .impone que todos los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitución. El análisis de la constitucionalidad de una norma supone siempre un contraste entre las norm,as constitucionales involucradas y la ley inferior. Por ello, a fin de conocer conformidad de esta última con la Constitución, es fundamental que el juzgador conozca cómo opera o qué protege el derecho o principio constitucional en cuestión, puesto que una violación -irrazonable o desproporcionada-a un derecho individual podrá producir tal lesión al Para facilitar la lectura de este análisis e identificar claramente las cuestiones constitucionales que se plantean en esta acción, conviene caracterizar los argumentos traídos por acciona nte.

En primer lugar, mencionó dos violaciones a principios constitucionales. Primero, alegó una violación al principio de igualdad, al argumentar que la ley en cuestión limita a los consumidores e importadores en su derecho a optar por el producto de su preferencia, conforme con el estado en que se encuentra y las ventajas comerciales que brinda.

segundo lugar, una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, al decir que la ley no cuenta con fundamentos jurídicos y fácticos que justifiquen la prohibición de introducir al país . vehículos c~n más de diez años de antigüedad. Sostuvo, además, que la ley vulnera el derecho a lalibertad de concurrencia, la libre circulación de productos y el derecho de los consumidores a-elegir el producto que más convenga a sus intereses dentro del mercado.--.-- Antes de pasar a juzgar el caso concreto, debemos partir de una premisa fundamental y básica: todo derecho es susceptible de limitaciones. Los derechos fundamentales de las personas están sujetos a límites, ya sean explícitos o implícitos. Advertir esta circunstancia no significa Las r stri iones legislativas a derechos individua!es son admisibles bajo ciertas condicion s: raz es de interés general, orden público, o algún propósito estatal según las necesida es de c da sociedad democrática. Ese es el estándar que fue fijado por la Corte ter e .icana d Derechos Humanos (vide: Opinión Consultiva OC-6/86 de fecha 9 de mayo e 1988) por los precedentes de la Sala Constitucional de esta Excma. Corte Supre a de Ju cia (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 77 4 de fecha 17 de septiembre de 2019).- mi o sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean constit ci n mente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realiz ció de otros derechos, bienes o valores constitucionales, respetando al contenido derecho que se está limitando.

n supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que se cia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y arbitrarias.

La razonabilidad: "supone la existencia de una er controlada en cuanto a su proporciona/ida ifetivo y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Ju 2009. mo Cesar M. Dieser Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda 5 Ministro Esto quiere decir que la regulación no debe restringir otros derechos fundam ntale menos que dicha limitación se encuentre autorizada por la Constitución, o justifica a por un 4, objetivo o una finalidad pública, y sea la menos gravosa en relación con los derec os limitados. En ese caso, en cumplimiento con el principio de proporcionalidad, 1 s me ios empleados deben ser idóneos y adecuados Teniendo en cuenta lo expuesto, vayamos al estudio del fondo de la cuestión.

La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden ener los se introduzcan al país por importación: años.

Desde ya, debo decir que no considero que la reglamentación a la impo ación de automotores usados de cierta antigüedad constituya una violación a un derecho fu dame tal como El derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una activi ad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre rohibi a, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licit d, al garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de pr cedencia extranjera introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la epúbli a.

La la libertad económica, siempre y cuando las a tivida es comerciales y La tutela constitucional del comercio se realiza a los efectos de garantizar I libe económica de actividades no prohibidas, por tanto, lícitas. Y la determinación de c áles las actividades económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que el Estado reali a en so de su "poder de policía", debe, lógicamente, reglamentarse por normas inferiores. Por eso la imposición de una limitación, en sí misma y por sí sola, no deviene inconstitucional.

El ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitaciones r lativa orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar ge eral, Un sinnúmero y reglamentos existen en este sentido en nuestro derecho, e incl so se establecen prohibiciones absolutas vinculadas a la actividad comercial, como e caso de bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restri gidas y condicionadas -productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, anima es vivos, especies protegidas, etc.

Es natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir activida es. E to es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el pu da dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.

Lo que se reprocha no puede ser, entonces, la limitación al derecho, si o que la determinación legislativa de restringir la importación de vehículos con más de die años de antigüedad es arbitraria y discriminatoria. Y eso nos lleva necesariamente al ontrol de razonabilidad de la ley, y de su conformidad co~ el principio de igualdad.

En este estadio, debemos preguntarnos si la restricción legal es raz nable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo estatal, y si la edida es apropiada -y proporcional-para La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la importación de ehícu os usados con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Bast con los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente D-0913769, para ·dentificcar CIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º DE "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano . también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí sí que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año a año aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir la importación de autos usados de no más de diez años, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años. . Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se traduce en protección a favor de una mayoría que carece de autos, pero que debe respirar las emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o físicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se les prohíba a los otros que importen vehículos con más propósito detrás de dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental consagrados en los arts.

A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifi ente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hec I Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina. constitucional entido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más e un fenómeno mucho más amplio que son las extemalidades. Siempre que a empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona última no paga ni es pagada existe una extemalidad. Esta extemalidad es rcado y podría dar lugar a una intervención del Estado . El gobierno puede puede subsidiar los gastos para reducir las extemalidades negativas, puede entación para atenuar las externalidades negativas que imponen unos uede intentar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a ocasionar extemalidades negativas . El Estado en lugar de imponer a inación o de subvencionar los gastos realizados para dictado normas en un intento de reducir las ex des niveles de emisión para los automóviles y ha , un cionadas con los vertimiento tos -ías aéreas y a los ferrocarri na Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. 7 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se fun intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículo con de años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. die escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiem o, y q e, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio mbie te, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es decu da y proporcional para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reduci la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede v desproporciona! o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de n tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad desde Se colige así que la elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antig· edad-no viola el principio de razonabilidad.

La norma tampoco viola el principio de igualdad. La distinción del legisla or ni es arbitraria, ni concede privilegios a cierto grupo de personas en detrimento de otros.

La clasificación que hace el legislador, de prohibir la importación de vehículo con de diez años de antigüedad, como vimos, cuenta con una justificación objetiva zona , preservar el medio ambiente, la seguridad públic:1 y la salud de la población.

La prohibición de importar vehículos conmás de diez años de antigüedad s aplic a todos por igual, sin distinción.

No se establecen excepciones ni privilegios a favo de ot os grupos que se encuentran en iguales circunstancias. Tampoco se crea un monopol fa or de representantes oficiales de vehículos nuevos. Si dichos representantes se edica en también a la importación de vehículos usados, la norma se aplicaría a los mismos igual.- La única clasificación que hace la norma es respecto del producto importad to es así porque el legislador consideró que dichos vehículos, repetimos, presentan un riesg al ambiente la salud pública. Por ende, la misma no puede considerarse discrimi atoria en el sentido de vulnerar un derecho individual, responde, más bien, a una r gulac ón no comprobarse la vulneración a un derecho fundamental, la disti ción el Por último, el hecho de que ciertos importadores sí han sido beneficiados casos semejantes-con la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, o pu de sustentar la violación del principio de igualdad, porque esa es, precisamente, una situac ón de hecho ajena a la norma. No es un problema de la constitucionalidad de ella, sino n efe to de los precedentes de esta Sala Constitucional en relación con ciertas person s. Y no pueden estos precedentes, cuyos fundamentos no comparto, vincular mi decisión. E nuestro sistema, Dichos fallos han considerado que la norma impugnada vulnera el derecho d I trab jo y el de los consumidores. Estos argumentos me resultan completamente desa ertad s, En conclusión, la restricción del art. 1 º de la Ley 4333/11 es constitucional. or todas las consideraciones que anteceden, la presente acción de inconstitucionalidad ebe er rechazad --ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ORTE "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º DE LA LEY Nº 4333/2011". AÑO: 2014. Nº 1391.--- ICIAel Ministro Doctor VICTOR RÍOS OJEDA dijo: aniel Bueno Martínez en nombre y representación de la firma BRUN e.o .

omueve acción de inconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº ODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA ACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE IÓN USADOS", MODIFICADA POR LA LEY No 2153/03".

Elaccionante alega la vulneración de lo~ Artículos 46, 47, 86, 107, 108 y 137 de la Constitución. Y funda: su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con más de años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías constitucionales.

3.-A los efectos de arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto normativo impugnad 4. -"Artículo ,-Modificase el Artículo de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03 cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: "Art. 1.-Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen "(subrayado es mío).

5.-En mi opinión la norma transcripta es ra-zonable, considerando que el Estado tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.

6.-Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirí~n los consumidores, en caso ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orie "ón creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatina ente imitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de ev,"lo abuso que el individualismo económico provoca Distorsionada la igualdad de ondi ·o es -sup esto constitucional de la igualdad ante la ley por los excesos de la libertad e co rcio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de hecho o omer i lizacio s compulsivas en beneficio del interés general". (Vide: QUIROGA LAVIE, umb rt rso de Derecho Constitucional, Reimpresión, Buenos, Depalma. 1.987, ag. 1 ot o lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en diciones, sin duda alguna tiene mercado.

El público lo compra porque se adecua res y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es la opción que tienen enio Jiménez Ministro prohibir las importaciones de vehículos o ya - -' Costa Rica, sino regular esa ue usuarios, no se afecte Miniitro CSJ. 9.-Una realidad palpable nos indica que desde hace varios años miles de au omóv les descartados, desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como con ecue cia de fenómenos atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus países e ori en (v.gr. los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), com nzar9 a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del país, con efectos propios que acarrea 10.-En su edición del 16 de noviembre de 2019, el diario La Nación, publicó dato "Contaminación del Aire Porcentaje sobre el nivel seguro, diciendo lo siguiente: " índices demostrados, Asunción tiene un 80% de nivel seguro de contaminación, un oco ás que Tokio (70%) y menos que Taipéi (90%), a pesar de existir una Ley de Calida de ire (5.211 /14) que garantiza el control de emisión de contaminantes. Los fact res ue coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósile o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias tóxica para organismo. Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contamin n el ire que respiramos.

En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cual s 63. 82 tienen más de 10 años( ... ) la Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aume to del parque automotor influyó en el incremento de índices de polución. En el 201 O había un total de 872.126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Ca a uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El pro edio de nuestro parque automotor es de 11.-De lo dicho hasta aquí, entiendo que la medida impugnada se encuentra aj stad al mandato constitucional que obliga al Estado a preservar el ambiente, como objetivo riorit de interés social.

La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condic onad la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado. Cabe resaltar que un ambie te saludable, ecológicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida huma a, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludable" ha adquir do rango con s titu c ion a 12. -No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se. ncuen ra estrechamente vinculado con el derecho la salud y la vida, reconocidos constitucionalme te como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda n rma integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutela efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Derecho proclamado por 13. -Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impu nada üe mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constit ción, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro orde1amie to interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre que, vida, la salud y el bienestar social se encuentran en un lugar de privilegio.

14.-Al respecto, la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su nu eral establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le aseg re a y 15-La Organización Mundial de la Salud se pronunció el 22 de setiembre de 20 1 so re datos y cifras relacionados a la "Contaminación del aire ambiente (exterior)". Dijo que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la sa ud, ta to en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Cuanto más bajos sean os niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respirat ria de la ICIA :.(}mf&Jtfb ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "BRUN TRUCKS SA C/EL ART. 1º DE LA LEY Nº 4333/2011 ". AÑO: 2014. Nº 1391.--- s manifestaciones vertidas, opino nde rechazar erminado el acto, firmando e que la sent.caMcna-~e inmediatam Cesar M. Di Minis R, o,ieda Vr 01" {OS J Dr. ict ...

Minisno SENTENCIA NÚMERO: 4~ 1-. Asunción, _Jo de o br VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la constitucionalidad promovida por el Ab an Daniel , n de la Firma BRUN TRUCKS S.A., idad a los te Resolución.

Ministro CSJ. SECRETARIA JUDICIAL I