Y SENTENCIA NÚMERO: CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. VICTOR PEÑA GAMBA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL C/CAMPOS MOROMBI S.A. C/COMERCIAL AGROPECUARIA S/ACCIÓN EJECUTIVA". 'l. "ec; la e::, ad dAsunción, Capital de la República del Paraguay, a los v¿i,-J; h-es días ............ ,...., .... ,,...,"' ... Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, oc CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. VICTOR PEÑA GAMBA EN: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL C/CAMPOS MOROMBI S.A.
C/COMERCIAL AGROPECUARIA S/ACCIÓN EJECUTIVA", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RÍOS OJEDA, DIÉSEL JUNGHANNS y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Ministro Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo:
1. Por Al. Nº 727 de fecha 04 de octubre del 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "R.H.P.
DEL ABG. VICTOR PEÑA GAMBA EN: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL C/CAMPOS MOROMBI S.A. C/COMERCIAL AGROPECUARIA S/ACCIÓN EJECUTIVA", a la Corte 2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc a): del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del Art. 29 de la ley 2421/04, disposición que el Tribunal estima aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.
3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas con u onetes ..... ".
4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a 1967 que a la fecha s ,encuentr t-af-y--¿solutament propio artículo 2 e la Co itución de 19 7 tampoc (,ustavo E. Sant:inder Dans Cesar M. Diesel Juñ Ministro CSJ.
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro consulta constitucional, contemplando rnicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.
7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectives competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... ", estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judiciaf'3 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.
Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional4 - cabe ahora preguntarse resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna).
9. Néstor Pedro Sagüés, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https :// revista científica. u ame rica na. ed u. py /i nd ex. ph p/ revistaj u rid ica u a/ a rticl e/vi ew /171.
Niño, C.S.- Ética y Derechos Humanos. Bs.As. Astrea, 1989 Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay. "No es una consulta que el Juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca, J.C. (2007). Cuestiones constitucionales (p.86).
Asunción: Litocolor S.R.L. CORTE PREMA TICIA " cip,oar u-norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa 1.. "v::,isiJ?.a noí§I. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, "'Y"' arWioniz "' rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución"5 No<.4.J.U,IJ¡u..i''-J1.,rlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la v_igencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de ta competencia de todos /os órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con /os demás órganosjurisdiccionales"6 .
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11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... /a norma consagra dos principios: 'el de la /ex superior', al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de Jerarquía', al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex suoerior".
12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internes que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es /a Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre /os que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad'9 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Consti cto por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe pr. ceder la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto i plica qu el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional or el criterio de jerarquía como mecanismo de resol , antinomia, sin nec ida declaración de in onsutte'?".
G11stavo E, Santander Dans Cesar M. Diesel Jughanns . Víctor Ríos Ojeda Empalmes entre eMbJ 61rcG constitucionalidad o/liWencionalidad. L "Constit ión Con.fecional:12:ítetá¡;-'Néstor Pedro Sagües. Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santia o de Chil . 2014. Algunos problemas constitucionales. Juan Carlos Mendonca. Intercontinental itora.2011. Pág. La interpretación Literal en el Derecho. Juan Carlos Mendonca. Intercontinenta. Año 2 1 . Pá0 5. Amaya, J. A. (2014). La Jurisdicción Constitucional. Asunción, r uay: La Ley aragu a. ' .88.
Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derecho urna os, La Ley P rag Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candi Arandurá. 2 19. P' . 5 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, debe ser rechazada por A su turno, el Ministro Doctor CÉSAR DllSEL JUNGHANNS dijo: Mediante A.I. Nº 727 de fecha 04 de octubre del 2021 (f.13/17), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal" es o no constitucional.
Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o no- del aludido Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.- Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraría a reglas constitucionales ... ".
A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.l.C. para la viabilidad de este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así, como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben atenerse los jueces al Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a Según Gregario Badeni: " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional. AD HOC S.R.L. pág. 256).- En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) ... ". (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.
Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución. Voto A su turno, el Ministro Doctor SANTAINDER DANS dijo: En cuanto a la cuestión planteada, sostengo la improcedencia de la misma, en razón de los siguientes fundamentos. - En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogado por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, somos del criterio que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos CORTE SUPREMA ( STICIA I CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. VICTOR PEÑA GAMBA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAb..
C/CAMPOS MOROMBI S.A. C/COMERCIAL ,AGROPECUARIA S/ACCIÓN EJECUTIVA". 1,, Debe se rse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente equisito d lidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la 6 1!6r egulación de los honorarios se resuelve directamente, .sin llamarse "autos". Esto es, iste el llamamiento de "autos", si bien por providencia de fecha 18 de agosto del Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Apelación en lo Laboral acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a El Art. 29 de la Ley N.0 2421/04 "De Reordenarniento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su rnsponsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del minimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley Nº 1376188 "Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a esta disposición".
Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la Iarantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a /ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ". :..
De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permision de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales.
En relación con el tema sometido a consideración de esta la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421 garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establee r q se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º d la le 535/99, su re. ponsabi idad económica y patrimonial por los serví ;5fosionales de todos 1 no podrá cel míni o legal dis uesto G t O E Santrinder Dans
' US aV Cesar M. Diesel Jan Mintstro Dr. Víctor íos Ojedf5 Ministro CORTE SUPREMA U.STICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. VICTOR PEÑA GAMBA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL C/CAMPOS MOROMBI S.A. C/COMERCIAL AGROPECUARIA S/ACCIÓN EJECUTIVA".
'Ab,a las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 1. ¿5R_o0ie:,Ja co titución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte <Stipré'fna ""sticia, no se incluye la facultad ele evacuar consultas constitucionales. También e de tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y ' ar u s de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 dé la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la 'nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municioetee, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: " Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamHnto o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.
En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ,Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Gustavo E. Sant nder Dans Ministro Ministro CSJ.
control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han ele objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional.
Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí etrence el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declarar/a por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iure novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción constitucional. Bs As, Ediar, 1 º Ed. 1987, pág. 154 ).
Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.
En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser Con lo que se dio por t min o J-a.cto, firmando SS.EE., todo por ant mí, de que certifico, uedando ac nc-ia quJediatamente sigue:
Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda 1!nitro CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. VICTOR PEÑA GAMBA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL C/CAMPOS MOROMBI S.A. C/COMERCIAL .AGROPECUARIA /ACCIÓN EJECUTIVA" .
SENTENCIA NÚMERO: 4'v. o,bri Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
Ante mí: Ministro