CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017ACUERDO Y SENTENCIA En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, doctores MARÍA CAROLINA LLANES, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, se trajo el expediente caratulado: Roberto Lezcano Martínez y Otros S/ Ley 1881/2002 que modifica Ley 1340 N° 3510/2017”, a fin de resolver los recursos de casación interpuestos por las defensas de los procesados Joel Leiva Acosta, Roberto Lezcano Martínez, Francisco Antonio Díaz Ibarrola y Hugo Cesar Ortiz Rodríguez, contra el Acuerdo y Sentencia N° 37 del 24 de junio de 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la capital.-Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes, CUESTIONES:¿Admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación interpuesto? Y en su caso, ¿procedencia?A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: Llanes Ocampos, Benítez Riera y Ramírez Candia. -A la primera cuestión planteada, la ministra María Carolina Llanes Ocampos sostuvo: La resolución - objeto de los cuatro recursos de casación, contra el Acuerdo y Sentencia N° 37 del 24 de junio de 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la capital, que resolvió confirmar la SD N° 01 de fecha 6 de enero de 2022, mediante la cual el tribunal de sentencias -entre otras cosas- resolvió imponer las siguientes condenas a pena privativa de libertad: de 14 años a Joel Leiva Acosta y a Roberto Lezcano Martínez, de 11 años a Francisco Antonio Díaz Ibarrola y de 4 años, 7 meses y 26 días a Hugo Cesar Ortiz Rodríguez. En este contexto, el objeto de casación se adecua al requisito de taxatividad objetiva, previsto en el art.477 CPP. -Los recursos son planteados por los abogados defensores de dichos procesados, por ende, con referencia al derecho a recurrir y conforme al art. 449, segundo párrafo, primera oración, del CPP que establece: "El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado", se puede sostener que esta exigencia normativa procesal está cumplida. -Ahora bien, cabe recordar que el art. 449 primer párrafo del CPP establece que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. También el art. 450 CPP exige que los recursos se interpongan con indicación específica de los puntos de la resolución impugnada y, además, se requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende (art.468, párrafo primero, CPP). - Sobre el punto, corresponde insistir en que el deber de fundamentar la pretensión recursiva es una carga que proviene del artículo 468 del CPP, aplicable tanto a los recursos de apelación especial como al recurso extraordinario de casación, por remisión del artículo 480 del CPP. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017Este deber implica que el impugnante debe exponer el motivo que habilita al recurso y relacionarlo coherentemente con los agravios que necesariamente deben surgir de la sentencia impugnada, los cuales a su vez, deben ser desarrollados mediante argumentos que de forma razonada y autosuficiente identifiquen y expliquen los vicios que adolece el fallo del tribunal de alzada, demostrando clara y concretamente la violación existente, el vicio o error en el que se ha incurrido, el modo como se afecta los derechos y su carácter de infundado.-En esta tesitura, el cumplimiento de dichos requisitos, además del plazo de interposición del recurso será analizado en cada caso particular:Casación Joel Leiva Acosta. -El recurrente Abg. Francisco Antonio Acevedo Morel, en representación del procesado Joel Leiva Acosta, planteó el recurso el 26 de julio de 2022 y a la presentación se acompaña una impresión de pantalla de su teléfono celular, a fin de acreditar que en fecha 12 de julio recibió una copia digital de la resolución que impugna, lo que permite verificar el tiempo de interposición del recurso y concluir que la presentación fue realizada al décimo día hábil, es decir, dentro del plazo establecido en la ley procesal.- El defensor invoca como motivos de casación el art. 478, numerales 1, 2 y 3. Sin embargo, analizadas las explicaciones del recurrente a la luz de los motivos invocados, se concluye que el recurso planteado es notoriamente inadmisible. Las razones que fundamentan esta posición son las siguientes:En primer lugar, el impugnante invocó como motivo de agravio, el previsto en el inciso 1 del Art. 478 del CPP: ...Cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años, y se alegue inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional”. - Se debe señalar que, a la luz de dicho precepto, para obtener la admisibilidad del recurso, es menester acreditar dos requisitos de manera conjunta (y no indistinta): el primero de ellos: la existencia de una condena mayor a 10 años de pena privativa de libertad y el segundo: la alegación de la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional, en forma directa (omisión de cumplirla o la inadecuación o falta de correspondencia de la norma con el caso concreto). Con respecto al primer requisito, es oportuno aclarar que la fórmula “mayor a” no es equivalente a la fórmula “igual a”, por lo tanto, siguiendo el sistema de imposición de penas previsto en el artículo 38 del CP, que contempla la medición de las mismas en meses y años completos, la pena impuesta debe ser de al menos, diez años y un mes. -En este caso, si bien el primer requisito ha sido satisfecho -pues a su defendido le fue impuesto una condena de 14 años de pena privativa de libertad- no se puede afirmar lo mismo con relación a la segunda condición, pues, el recurrente sencillamente se ha limitado a invocar el artículo 256 de la CN, sin identificar cual es la norma contenida en el texto aludido (recordando que el artículo o precepto no es equivalente a la norma), menos aún sin argumentar ni demostrar de qué manera se ha producido el incumplimiento de la norma que subyace al texto.-En segundo lugar, el casacionista pretende sustentar su recurso en el artículo 478, inciso 2 del CPP. Al respecto, se debe señalar que dicho precepto normativo exige para la admisibilidad del recurso: a) que tanto la resolución impugnada en casación como la denunciada como precedente sean fallos del mismo nivel o instancia y traten respecto a una materia común, pues la contradicción debe darse entre fallos del Tribunal de Apelaciones o de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017éstos con las dictadas por la Corte Suprema de Justicia; b) la resolución a la cual supuestamente se contradice la sentencia impugnada debe ser anterior, firme, válida y sobre la misma materia; c) se debe presentar con el escrito pertinente, copia autenticada del fallo a la cual se contradice la resolución recurrida —TAP— o, por lo menos, individualizarlo claramente —CSJ—; d) se debe realizar una argumentación jurídica y un trabajo de exégesis entre el fallo atacado con el precedente invocado a los efectos de desentrañar los aspectos comparativos que fundaron la contrariedad.- Aplicados los conceptos expuestos al caso en estudio, se observa que la presentación del casacionista no satisface los requisitos legales precitados, pues se ha limitado a afirmar que “Como jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia podemos citar el Acuerdo y Sentencia recurrido se encuentra claramente cautivo del referenciado defecto y cuyo alcance ha sido perfilado por la Excma. Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, al decir: …examinado detenidamente el fallo… impugnado… se advierte que el mismo carece de fundamentación suficiente, en razón de que por un lado, se limita a reeditar la sentencia de primera instancia, y por el otro, se exponen afirmaciones dogmáticas y relatos insustanciales… (Acuerdo y Sentencia Nª 299 de fecha 28 de febrero de 2003”, lo cual resulta insuficiente y no puede ser equiparada a la exégesis requerida para sostener la causal alegada. En consecuencia, corresponde rechazar el análisis de este motivo, por improcedente. -En tercer lugar, el defensor público invocó como motivo de agravio, el previsto en el inciso 3 del Art. 478 del CPP, que se refiere a la falta de fundamentación de la resolución objeto del recurso, en el sentido de que la misma no está acorde con la ley, es decir, que es ilegal porque atenta contra lo que la ley establece. - Al respecto, alega que el tribunal de apelaciones utilizó frases rituales para rechazar el recurso de apelación especial deducido. Explicó que había solicitado por esa vía recursiva, que la alzada realice el estudio sobre la falta de determinación de hechos respecto a su defendido y que dicho tribunal de apelaciones no lo hizo correctamente, pues solo respondió que dicho tribunal no puede realizar la revisión de pruebas que han sido producidas durante la fase del juicio oral y público. -Reclama que no se ha estudiado correctamente cuál ha sido la conducta desplegada por parte de su defendido dentro del hecho que ha sido debatido durante el juicio oral y público, pues el Ministerio Público no ha podido demostrar cuál ha sido la conducta desplegada por el acusado para que configure la comisión de los hechos punibles por los cuales ha sido juzgado y condenado. El A quo solo hace referencia a que se detuvo un vehículo de la marca Kia de color blanco en el que estaban los ciudadanos Joel Leiva y Osmar Zaracho. Finalmente, cuestiona el contenido de ciertas pruebas y afirma que las mismas son insuficientes para otorgar certeza sobre la existencia de la conducta punible. -Sobre lo anterior, cabe observar que el recurrente incurre en el mismo vicio que denuncia, pues sostiene que la resolución carece de fundamentación o es insuficiente sin aclarar suficientemente por qué lo afirma. Ante lo mencionado, no puede observarse si efectivamente el Tribunal de Apelaciones contestó de manera fundada el recurso interpuesto con respecto a su planteamiento. Al respecto, se debe advertir que el casacionista no ha indicado con claridad cuáles han sido los agravios expuestos en la apelación general, a los que el Tribunal de Apelaciones otorgó una respuesta insuficiente, sino que a lo largo de su presentación deja en evidencia que en realidad, la pretensión que subyace al recurso consiste en la revaloración de las pruebas, estudio que escapa al ámbito de competencia de esta Sala Penal. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017La mención genérica de que el Tribunal de Alzada ha dictado un fallo manifiestamente infundado resulta insuficiente para que la resolución sea revisada. Como fue explicado más arriba, afirmaciones como éstas, per se, no pueden ser equiparadas a una expresión de agravios, puesto que es necesario que el recurrente desarrolle los fundamentos fácticos y jurídicos de sus dichos. -Estas exigencias no son arbitrarias sino que provienen de la ley y el principio iura novit curia, pues permiten fijar la competencia y determinar el ámbito de control del órgano revisor, el cual se encuentra imposibilitado de suplir las omisiones o deficiencias del recurrente y al mismo tiempo, permiten el control ciudadano de las decisiones. -Bajo el examen efectuado y de acuerdo a los presupuestos legales expresados, cabe DECLARAR INADMISIBLE el presente recurso de casación interpuesto e imponer las costas en el orden causado.Casación Roberto Lezcano Martínez. -El recurrente Abg. Orlando Cuevas Casco, en representación del procesado Roberto Lezcano Martínez, planteó el recurso el 18 de julio de 2022 y a la presentación se acompaña copia de la cédula de notificación de fecha 11 de julio de 2022, lo que permite verificar el tiempo de interposición del recurso y concluir que la presentación fue realizada dentro del plazo establecido en la ley procesal. El defensor invoca como motivos de casación el art. 478, numerales 1 y 3. Al momento de analizar la admisibilidad del recurso planteado por el co-procesado Joel Leiva Acosta, ya he realizado consideraciones acerca del marco normativo y conceptual de estos preceptos normativos, por lo tanto, me remito a las mismas explicaciones a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias. Ahora bien, corresponde anticipar que el recurso planteado por el defensor del procesado Roberto Lezcano Martínez es inadmisible. Las razones que fundamentan esta posición son las siguientes:El casacionista afirma que la sentencia recurrida es infundada porque los camaristas se han limitado a formular manifestaciones de carácter extra legal y extra procesal que lesionan claramente las disposiciones atinentes a lo que exige el tratamiento del recurso de apelación especial. A esto agrega que el tribunal de alzada no ha realizado un examen exhaustivo de la resolución de primera instancia. Seguidamente, pone en tela de juicio la legalidad de la obtención de las pruebas y realiza críticas dirigidas al tribunal de sentencias y en este punto. hizo alusión a cuestiones fácticas, producto de la valoración probatoria del Tribunal de mérito, tópico que, efectivamente, escapa al ámbito de competencia de los Tribunales de Apelación y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; siendo estos recursos para corregir errores in iudicando, in procedendo o in cogitando, no redeterminaciones de hechos fácticamente ocurridos en el devenir histórico del caso.- En todo caso, una crítica al proceder del tribunal de mérito con respecto a la aplicación la sana crítica como método de valoración de pruebas y la existencia de pruebas soslayadas, implica demostrar primero que el resultado de la decisión sería distinto de haber considerado ésta última, justificando qué elemento específico de la punibilidad se descarta con la misma; y en todo caso, se debe exponer en qué parte del razonamiento judicial se ha incurrido en la Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017violación de alguna lógica (y especificar, cuál de ellas) o de las reglas de experiencia o de las ciencias.-Como fue explicado al concluir el análisis anterior, la mención genérica de que el Tribunal de Alzada ha dictado un fallo arbitrario resulta insuficiente para que la resolución sea revisada, en virtud a las normativas que rigen el presente recurso extraordinario. Por todo lo apuntado, el recurso de casación debe ser declarado INADMISIBLE. En cuanto a las costas, considero que las mismas deben ser impuestas en el orden causado. -Casación Francisco Antonio Díaz Ibarrola.-Seguidamente, pasaremos a analizar el recurso deducido por el Abg. Gustavo F. Díaz, por la defensa del procesado Francisco Antonio Díaz Ibarrola. -El recurso fue planteado el 25 de julio de 2022 y junto con el escrito correspondiente fue presentada la cédula de notificación de fecha 13 de julio de 2022, lo cual permite verificar que el recurso fue planteado al noveno día hábil, es decir, dentro del plazo establecido en la ley.- El abogado defensor invoca como motivos de casación el art. 478, numerales 1, 2 y 3. Nuevamente, me remito a las explicaciones acerca del marco normativo y conceptual de estos preceptos normativos expuestas al momento de analizar la admisibilidad del recurso planteado por Joel Leiva Acosta. -Con respecto al primer motivo invocado, no se cumple con la segunda condición del art. 478, inc. 1 del CPP, pues el recurrente sencillamente se ha limitado a invocar el artículo 12 de la CN, alegando simplemente que la aprehensión de su defendido fue realizada sin cumplirse con los presupuestos de la norma constitucional porque según sus afirmaciones, al procesado no le fueron informados ni el motivo de la aprehensión, ni sus derechos procesales. - Luego cuestionó que su defendido fue acusado por una calificación jurídica distinta a la informada en la audiencia indagatoria. Más adelante, reclama que la interceptación telefónica fue realizada sin participación de su defensa. Con respecto a todo lo anterior, afirma que el tribunal de apelaciones no analizó cómo fue incorporada la prueba en el juicio oral. -Con respecto al segundo motivo invocado -artículo 478, inciso 2 del CPP- se debe señalar que tampoco se ha cumplido con los requisitos exigidos para la admisibilidad del recurso, porque el recurrente no ha demostrado que los fallos invocados traten respecto a una materia común, tampoco contiene una argumentación jurídica y un trabajo de exégesis entre el fallo atacado con los precedentes invocados a los efectos de desentrañar los aspectos comparativos que fundaron la contrariedad. - Por último, luego de analizada la presentación recursiva bajo los presupuestos del artículo 478, inciso 3 del CPP, se advierte que tampoco es posible admitir el recurso para el estudio de fondo, pues el recurrente ha omitido su deber esencial de fundamentar su pretensión: puntualizando cuáles fueron los agravios denunciados al tribunal de apelaciones y explicando -al respecto- cuáles fueron los puntos desatendidos o atendidos incorrectamente, en cuyo caso, además debería ilustrar a la Sala Penal en qué consistió la respuesta otorgada por la alzada y demostrar mediante argumentos ajustados a la ley, cual es la respuesta que estima correcta y cómo ésta provocaría el efecto de modificar la parte dispositiva de la resolución atacada por vía de la casación.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017En este sentido, la mera transcripción de los argumentos esgrimidos por el tribunal seguido de meras críticas -como ocurre en este caso- no constituye de modo alguno una fundamentación recursiva. Consecuentemente, el recurso debe ser declarado INADMISIBLE y las costas deben ser impuestas en el orden causado. -Casación Hugo Cesar Ortiz RodríguezPor último, pasaremos a analizar el recurso deducido por el Abg. Juan Carlos Rolón, por la defensa del procesado Hugo Cesar Ortiz Rodríguez. -El recurso fue planteado el 21 de julio de 2022 y junto con el escrito correspondiente fue presentada la cédula de notificación de fecha 12 de julio de 2022, lo cual permite verificar que el recurso fue planteado al séptimo día hábil, es decir, dentro del plazo establecido en la ley. - El abogado defensor invoca como motivo de casación el art. 478, numeral 3. Al respecto, a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias me remito a las explicaciones acerca del marco normativo y conceptual de este precepto normativo brindadas al momento de analizar la admisibilidad del recurso planteado por Joel Leiva Acosta. -Con el propósito de sustentar su recurso, el defensor técnico argumentó que por vía de la apelación especial reclamó que la sentencia de mérito, no se compadece con la conducta desplegada por su defendido (aunque no explica a qué se refiere), luego señala que reclamó la mala aplicación del artículo 65 del CP, sin especificación de los incisos ni de los numerales, menos aún indicó si explicó convenientemente a la Cámara las derivaciones concretas que tuvo en el fallo el aludido “error”. Luego afirma que existe un error en la calificación jurídica pues a su criterio el artículo 40 de la ley 1340/88 se encuentra implícitamente derogada por el art. 301 del CP.-A criterio del recurrente, las respuestas otorgadas por la alzada adolecen del vicio de fundamentación aparente y al respecto, reedita los agravios antes expuestos. -Como primera cuestión corresponde advertir que los reclamos que el recurrente afirma haber realizado en su apelación resultan absolutamente genéricos, así las cosas -a modo de ejemplo- no resulta claro si la aludida “mala aplicación” se dio en la determinación del marco penal aplicable, o bien, en la determinación de la pena concreta, para lo cual, previamente debió identificar cuáles fueron los errores en la valoración de circunstancias particulares, luego, referir si estos guardan relación directa con el hecho y el grado de reproche (num. 1 al 6) o con el principio de prevención (num. 7 al 10) y finalmente, debió concatenar los errores con el resultado, por ejemplo, en la elevación del quantum de la pena.- Por lo expuesto, tampoco es posible admitir el recurso para el estudio de fondo, pues el recurrente ha omitido su deber esencial de fundamentar su pretensión: puntualizando cuáles fueron los agravios denunciados al tribunal de apelaciones y explicando -al respecto- cuáles fueron los puntos desatendidos o atendidos incorrectamente, en cuyo caso, además debería ilustrar a la Sala Penal en qué consistió la respuesta otorgada por la alzada y demostrar mediante argumentos ajustados a la ley, cual es la respuesta que estima correcta y cómo ésta provocaría el efecto de modificar la parte dispositiva de la resolución atacada por vía de la casación.- En este sentido, la mera transcripción de los argumentos esgrimidos por el tribunal seguido de meras críticas -como ocurre en este caso- no constituye de modo alguno una Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017fundamentación recursiva. Consecuentemente, el recurso debe ser declarado INADMISIBLE y las costas deben ser impuestas en el orden causado. -En resumen: bajo el examen efectuado y de acuerdo a los presupuestos legales expresados, cabe DECLARAR INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos. En cuanto a las costas procesales generadas en esta instancia por los cuatro recursos presentados, considero que deben imponerse por su orden, por imperio de los Arts. 261 y 269 del Código Procesal Penal. Es mi voto. - A su turno el ministro Luis María Benítez Riera dijo: adherirse a la INADMISIBILIDAD de los recursos de casación planteados, por los mismos fundamentos. -A su turno el ministro Manuel Ramírez Candia dijo: 1. Comparto los fundamentos de la ministra María Carolina Llanes Ocampos en lo referente al análisis de impugnabilidad subjetiva y temporalidad de las interposiciones. En cuanto al objeto de los recursos de casación, se observa que los recurrentes utilizan este medio de impugnación contra una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones que confirmó la condena de los procesados. En este contexto, el objeto de casación se adecua a los presupuestos del art. 477 primera alternativa- CPP1, que para el caso de las sentencias definitivas no exige que pongan fin al proceso. - 2.En el siguiente presupuesto de admisibilidad de la casación, corresponde analizar si las presentaciones recursivas planteadas cumplen con los requisitos de fundamentación del recurso, según lo establecen los artículos 449, 450, 468 párrafo primero y 478 CPP. 3. Recurso de casación interpuesto por el Abg. Francisco Antonio Acevedo Morel por la defensa de JOEL LEIVA ACOSTA. - 4. Me adhiero al voto de la ministra María Carolina Llanes en lo que respecta a la INADMISIBILIDAD del recurso debido a que el mismo se encuentra desprovisto de fundamentos. No obstante, en cuanto a las causales del Art. 478 inc. 1 y 2 del CPP, considero importante mencionar que el recurrente no ha desarrollado agravios respecto a estos motivos. Solamente los ha citado y no ha realizado el trabajo de fundamentación requerido para los mismos: no ha expuesto violación a derechos o garantías constitucionales y únicamente trajo a colación jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sin elaborar el análisis correspondiente de por qué considera que la resolución impugnada es contraria a fallos anteriores.- 5.Recurso de casación interpuesto por el Abg. Orlando Cuevas Casco por la defensa de ROBERTO LEZCANO MARTÍNEZ. - 6.Comparto la decisión y los fundamentos de inadmisibilidad del recurso de casación por escrito infundado, emitido por la ministra pre opinante. Además considero importante agregar que la defensa del acusado Roberto Lezcano, al fundamentar su agravio, confunde el principio consagrado en la Constitución sobre la prohibición de auto incriminación y la legalidad de las escuchas telefónicas realizada por la SENAD, al expresar que dicha intervención telefónica se realizó sin su consentimiento y sin estar imputado, lo que no es 1 El art. 477 CPP dispone “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquéllas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017presupuesto para ordenar la intervención de comunicaciones que claramente no requiere su “consentimiento” ni estar imputado.-7. La Constitución establece en su artículo 18 la prohibición de autoincriminación, que impide al Estado obligar a una persona a “declarar en su contra”, extendiendo esta protección a declarar contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive. Este principio está en la base del derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. La garantía solo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba, esto 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. es, como quien, con su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable sobre un objeto de prueba2. Es decir, no se le puede obligar a producir prueba en su contra como una declaración (acto voluntario por el que se exterioriza lo que está en su mente), pero sí a soportar ciertos actos de investigación autorizados legalmente como: obtención de muestra de sangre, intervención de comunicaciones, reconocimiento de personas, etc.- 8.En lo que respecta a las escuchas telefónicas, la garantía constitucional que violaría en caso de realizarse ilegalmente es el derecho a la intimidad, el cual no se ve afectado cuando la orden de intervención se realiza a través de un juez y de manera fundada, bajo los preceptos del artículo 200 del CPP y concordantes. Como puede observarse claramente, existe una confusión por parte de la defensa en cuanto a su agravio específico. -9. Es ilógico pensar que para intervenir las comunicaciones de un sospechoso se requiera una imputación y su consentimiento, ya que este medio auxiliar de prueba perdería su eficacia.- 10.Las razones expuestas precedentemente confirman la errada fundamentación del recurrente que pretende la admisibilidad del recurso de casación cuando sus argumentos se encuentran desprovistos de fundamentos suficientes para el estudio de su procedencia. -11. Recurso de casación interpuesto por el Abg. Gustavo F. Díaz por la defensa de FRANCISCO ANTONIO DÍAZ. - 12.Adhiero mi voto a la opinión de la Ministra Preopinante en cuanto las razones por las cuales considera que el escrito de casación es infundado y por tanto el recurso deviene inadmisible. -13. Recurso de casación interpuesto por el Abg. Juan Carlos Rolón por la defensa de HUGO CÉSAR ORTÍZ RODRÍGUEZ. - 14.Manifiesto la adhesión, por los mismos fundamentos, al voto de la Ministra Preopinante en el sentido de que el escrito presentado por la defensa de Hugo César Ortiz se encuentra desprovisto de fundamentos, lo cual torna inadmisible al recurso de casación interpuesto. Es mi voto. - Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: 2 MAIER, Julio B. Derecho Procesal Penal, t. I, “Fundamentos”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015. p. 635.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
CASACIÓN: ROBERTO LEZCANO MARTINEZ Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 N° 3510/2017A C U E R D O Y S E N T E N C I A VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo que antecede y sus fundamentos, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, R E S U E L V E:1.DECLARAR INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por las defensas de los procesados Joel Leiva Acosta, Roberto Lezcano Martínez, Francisco Antonio Díaz Ibarrola y Hugo Cesar Ortiz Rodríguez, contra el Acuerdo y Sentencia N° 37 del 24 de junio de 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la capital, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. -2.IMPONER COSTAS, en el orden causado.3.ANOTAR, notificar y registrar. Para conocer la validez del documento, verifique aquí.