EXPEDIENTE: RECUSACIÓN: NARCISO AYALA Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO). N° 7900; AÑO 2021. 1A.I.VISTA: La recusación planteada por los abogados Florencio Díaz Morales y César Cristóbal Gómez Gaona, por la defensa del Sr. Francisco Delosanto Ayala, contra los magistrados Bibiana Benítez Faría, Arnaldo Fleitas Ortíz, y Arnulfo Arias M., miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, de la Capital; y, CONSIDERANDO:Opinión de la ministra María Carolina Llanes Ocampos:Que, los recusantes invocan las causales del Art. 50 incisos 10 y 13 del Código Procesal Penal, manifestando como sigue: “...venimos a recusar a los Miembros de este Tribunal Especializado… por haber incurrido en causales previstas en el Art. 50 Inc. 10 y 13 del Código Procesal Penal al dictar arbitrariamente el A.I. N° 30 de fecha 27 de febrero del 2024 convalidando actuaciones irregulares de los integrantes del Tribunal de Sentencia Colegiado en Crimen Organizado N° 1… al dictar el A.I. N° 30 en la presente causa ha legitimado actos que de por sí son nulos al discriminar negativamente a un procesado por estar juzgado por la Ley 1.340 a ser enjuiciado y condenado conforme a las reglas que fueran propias de la inquisición en el pasado… nos surge una gran y legitima desconfianza sobre la independencia e imparcialidad de este Tribunal… lo cual nos obliga a solicitar respetuosamente que sean otros jueces penales quienes estudien y decidan sobre la procedencia o no de la Recusación con Causa bien fundada presentada contra el Tribunal de Sentencia…”. - Por su parte, los magistrados recusados, manifiestan en sus respectivos informes, que no se encuentran comprendidos en ninguna de las causales de separación, establecidas en el Art. 50 del Código Procesal Penal. -Expuestas las pretensiones de las partes, corresponde verificar si la cuestión aducida se ajusta o no a derecho. -Primeramente, cabe recordar que la recusación de jueces es un resorte procesal que la ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador, en aras de un juicio justo. Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia. -En ese sentido, la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al Principio de juez natural; y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: RECUSACIÓN: NARCISO AYALA Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO). N° 7900; AÑO 2021. 2esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. En consecuencia, las simples manifestaciones de cualquiera de ellas dirigidas contra uno o más magistrados no tienen la entidad suficiente para provocar la separación, puesto que ello desnaturalizaría el instituto en estudio. -Asimismo, cabe recordar que el Art. 50 incisos 10 y 13 del Código Procesal Penal reza: MOTIVOS. Los motivos de separación de los jueces serán los siguientes: 10) haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento, que conste por escrito o por cualquier medio de registro; 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia - Al respecto, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave. -Ahora bien, del análisis de la cuestión planteada, se puede inferir claramente que, los motivos aducidos por los recusantes carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que, del análisis de las constancias de autos se advierte, por una parte, la inexistencia de aval probatorio que demuestre la supuesta opinión, dictamen o prejuzgamiento respecto a la forma en que debe ser resuelta la cuestión de fondo o juicio de valor que hace posible entrever la decisión final que ha de tener el presente caso; no puede considerarse preopinión, cuando los magistrados judiciales dictan sus resoluciones, pues lo están haciendo dentro de las funciones jurisdiccionales que la ley les confiere (no se configura la causal invocada del Art. 50 inc. 10 del C.P.P.); en este punto cabe resaltar, que los recusantes no han siquiera identificado en qué consistió la supuesta preopinión, solo se quejan de las actuaciones del Tribunal de Sentencia (hablan de supuestas irregularidades), y del fallo A.I. N° 30 de fecha 27 de febrero del 2024, emanado del Tribunal de Apelaciones (resolución que tildan de arbitraria). Y, por otro lado, se verifica la inexistencia de aval probatorio que demuestre la supuesta pérdida de imparcialidad, por parte de los miembros del Tribunal de Apelaciones recusados, pues, no se ofrece ningún tipo de prueba pertinente al respecto -Art. 343 del C.P.P.-, quedando los dichos de los incidentistas en meras afirmaciones sin sustento (tampoco se configura la causal invocada del Art. 50 inc. 13 del C.P.P.); más bien, se observa la disconformidad con lo resuelto por el Tribunal de Alzada (específicamente con el A.I. N° 30 del 27 de febrero del 2024), y en ese sentido, es criterio de esta Sala Penal que el desacuerdo con resoluciones judiciales no configura motivo de separación de los magistrados; razón por la cual, deviene improcedente la separación de los miembros de segunda instancia recusados. -No obstante, es importante mencionar que, en caso de verse el justiciable vulnerado en sus derechos y garantías, tiene a su disposición las herramientas que el Código de Procedimientos Penales le otorga para obtener su rectificación, instrumentos que no deben ser confundidos con la figura de la recusación que está prescripta para casos puntuales y específicos. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: RECUSACIÓN: NARCISO AYALA Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO). N° 7900; AÑO 2021. 3Por todo lo expuesto ut supra, corresponde NO HACER LUGAR a la presente recusación interpuesta. ES MI OPINIÓN. -Opinión del ministro Luis María Benítez Riera:Me adhiero al voto de la ilustre colega preopinante, Dra. María Carolina Llanes Ocampos, por compartir sus mismos fundamentos. ES MI OPINIÓN. -Voto del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia:Corresponde NO ADMITIR el estudio de la presente recusación interpuesta por los abogados Florencio Díaz Morales y Cesar Cristóbal Gómez Gaona, en representación del Sr. Francisco Delosanto Ayala, contra los Magistrados Bibiana Benítez Faría, Arnaldo Fleitas Ortiz y Arnulfo Arias, con base en las siguientes consideraciones: - La causal de excusación de un magistrado por haber intervenido anteriormente en una causa, es la prevista en el artículo 50 numeral 6 del C.P.P. en su primera alternativa, que dice: “haber intervenido anteriormente de cualquier modo …en la misma causa”. Por lo tanto, el motivo indicado en el escrito de recusación, no se corresponde con el supuesto previsto en el artículo 50 numeral 10 del C.P.P., sino que debería ser analizado según la causal prevista en el artículo 50 numeral 6 del C.P.P.; sin embargo, los recusantes no han explicado ni detallado concretamente cómo se configuraría la causal del numeral mencionado, y tampoco ha presentado aval probatorio que permita constatar que la actuación de los magistrados recusados se halla encuadrado a la causal mencionada. - Con respecto al artículo 50 numeral 10 del C.P.P. que dice: “haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento que conste por escrito o por cualquier medio de registro”; esta se refiere a los supuestos en los cuales exista un peligro de parcialidad de parte de los Magistrados, porque han emitido opinión o consejo respecto al procedimiento, pero esto debe darse en un ámbito extra procesal. - Además, en lo que concierne al numeral 13 del Art. 50 del C.P.P., los recusantes no han invocado alguna circunstancia fáctica concreta de la que se puede deducir que la imparcialidad e independencia de los recusados se encuentren afectadas; más bien basa su recusación en la disconformidad con lo resuelto en la presente causa por los recusados, lo cual no configura ninguna de las causales establecidas en el Art. 50 del Código Procesal Penal, por lo que tampoco corresponde la separación de los miembros recusados por este motivo. ES MI VOTO. -Bajo las consideraciones expuestas precedentemente, la Excelentísima; -CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENAL Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: RECUSACIÓN: NARCISO AYALA Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO). N° 7900; AÑO 2021. 4RESUELVE:1-NO HACER LUGAR a la recusación planteada por los abogados Florencio Díaz Morales y César Cristóbal Gómez Gaona, por la defensa del Sr. Francisco Delosanto Ayala, contra los magistrados Bibiana Benítez Faría, Arnaldo Fleitas Ortíz, y Arnulfo Arias M., miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, de la Capital; por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución. 2-ANOTAR, registrar y notificar. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.