CORTE l5> SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACE RES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS SI PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS". AÑO: 'l. --EQ,Jª'iu de sunción, Capitade la Repúblia dI Paraquay, a los 1 "áel ae 6 r, 1 del ano dos mil V e".' t-1 u.;o..r-o , estando en la Sala de cufaos Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala .Q,¡{¡.l,ílW'ii;'IWl", Doctores CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y ALBERTO --....--- SIMÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACERES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS SI PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abog. Rafael Salomoni, representante convencional Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley, resultó el siquiente orden de votación: RÍOS OJEDA, DIÉSEL A la cuestión planteada, el Ministro Doctor VICTOR RIOS OJEDA dijo:
1. Se presenta ante esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abg.
Rafael Salomoni, representante convencional del Señor Nelson Cardozo Cáceres, a los efectos de promover acción de inconstitucionalidad contra el A.I. Nro. 293 de fecha 19 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, de esta 2. La resolución impugnada, en lo medular, resolvió: " ... DECLARAR LA NULIDAD del A. l. Nº 1179 de fecha 15 de noviembre de 2. 018, ado por el Juez Penal de Garantías Nº 10, Abg. RUBEN GUSTAVO A YALA BRUN, de contortti da los fundamentos expuestos en el exordio de la presente r!!solución, debiendo remitirse e os autos al Juzgado Penal de Garantías Nª 1 O a cargo e la eza Magdalena Narváez de Ro íguez ... ".
Dr. Víctor tos segunda instancia resolvieron anular el sobreseimiento definitivo porque el A. l. Nº 1179 de fecha 15 de noviembre de 2.018 adolece de fundamentación incongruente pues su decisión no es concordante con los hechos que constan en la causa y tampoco ha justificado el rechazo del sobreseimiento provisiona, y se han analizado pruebas no practicadas; (ii) los juzgadores hablan de incongruencia en los hechos, pero no se identifica en la resolución qué hechos son los incongruentes; (iii) sostiene que tras la investigación el Ministerio Público no ha logrado sostener de manera razonable una acusación en contra de mi representado, violando la garantía constitucional que todo ciudadano tiene derecho a un proceso penal con plazos razonables; (iv) refiere además la atipicidad de la conducta; (v) la inversión de la carga de la prueba, pues el Ministerio Público sostiene la imposibilidad de la desvinculación definitiva de los encausados por no existir suficientes elementos de descargo. Esta afirmación se traduce en inversión de la carga de la prueba (vi) los puntos iv y v no fueron analizadas por el Tribunal de Apelaciones, dicha omisión en el pronunciamiento vulnera la tutela judicial efectiva.
4. El agente Fiscal Abg. Juan Ledesma, en su escrito de contestación -fs. 33/40- tuvo dicho que: (i) se percibe sin esfuerzo que no existe una fundamentación adecuada en cuanto a los cuestionamientos dirigidos en contra de la resolución atacada de inconstitucional; (ii) con relación al plazo razonable, lo tildado como dilaciones indebidas, que podrían atentar contra el plazo razonable se encuentra alejado de la realidad y que por medio de los actos investigativos realizados e incorporados se evacuó todo tipo de dudas; (iii) en cuanto a la atipicidad de la conducta en este punto no se verifica agravios constitucionales; por tales motivos considera que la acción de inconstitucionalidad promovida deviene igualmente improcedente.
5. La Fiscal Adjunta Abg. Lourdes Samaniego González, al momento de contestar la vista conferida, dictaminó en que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser Análisis del caso: 6. A través del A.I. Nº 1179 de fecha Hde noviembre de 2.018, el Juzgado Penal de Garantías resuelve entre otras cosas SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a Nelson Cardozo Cáceres, con base a los siguientes fundamentos: El inciso 2) del Art. 359 del C.P.P. establece que, cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio, corresponderá el sobreseimiento definitivo. Sigue señalando que del requerimiento conclusivo del Ministerio Público no se puede verificar la existencia de nuevos elementos de prueba tal como exige la norma; refiriendo que el Ministerio Público ni siquiera ha tenido a la vista las facturas que considera no auténticas en su contenido, ya que como el propio representante de dicho órgano afirma en su requerimiento conclusivo, hasta el momento la SET no ha enviado tales documentos. Tal es el desconocimiento de los elementos que se pretende introducir al proceso que en el requerimiento referido se solicita que la pericia caligráfica de las facturas de venta se haga sobre la selección aleatoria de las mismas, esto demuestra que, hasta la fecha, no se tiene identificadas las supuestas facturas no auténticas.
El Ministerio Público a estas alturas debería haber individualizado todos y cada uno de los elementos que pretende someter a pericia. También, el Juzgado de Garantías sostiene que en la presente causa penal el Ministerio Público tuvo los seis meses, que establece la ley, para investigar, sumado a ello la prórroga extraordinaria solicitada por el mismo, y luego requiere el ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACE RES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS 5/ PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS". AÑO: 'Jrffjfl.Sl';Jl.Mtr.1J :-. entos de convicción; es decir, ha realizado una valoración de las pruebas, sin ' t s se hayan producido y esta labor pertenece a la etapa de juicio oral y público. En ese sentido, cabe señalar que, solo pueden ser valoradas aquellas pruebas admitidas, actuadas y sometidas al contradictorio en un debate oral, llevado a cabo por jueces competentes, independientes e imparciales, situación que no se dio en la presente causa, lo que conlleva de manera inevitable la nulidad del fallo ... ". Esta aseveración realizada por los miembros del Colegiado, no se compadece con la verdad, pues de la simple lectura podemos concluir que el Juzgado de Garantías no valoró ningún elemento probatorio, menos aún pruebas que no fueron puestas a conocimiento del Juzgado, para evaluar la pertinencia o no de las mismas, 8. Siguiendo con el razonamiento, se observa claramente que lo hecho por el Juzgado de Garantías, fue evaluar el pedido de sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público, obrante a fojas 22/25 del expediente judicial; y ante dicho planteamiento, es que el Juzgado de Garantías consideró que el Ministerio Público desconocía los elementos que pretendía introducir al proceso, pues del requerimiento no se demuestra que se tenga identificadas las supuestas facturas no auténticas y, en base a estas consideraciones y a lo dispuesto por el Art. 359 inc. 2 del C.P.P. el juez consideró oportuno que correspondía el sobreseimiento definitivo, hecho que constata ,91 actuar del Juzgado de Garantías enmarcado en los límites de discrecionalidad que la Ley confiere para el ejercicio de su labor.
9. De lo que se sigue, la exposición del Tribunal de Apelaciones contradice la verdad de la causa y las constancias de autos pues, en rigor de verdad, en la instancia original - Juzgado de Garantías- no se valoró prueba alguna. La labor del Juez de Garantías se limitó en señalar que hasta el propio Ministerio Público desconocía el alcance de la prueba que intentaba introducir, con lo cual no puede sostenerse con seriedad que aquél haya realizado estimaciones, apreciaciones o evaluaciones sobre prueba alguna, ya que siquiera fueron individualizadas en tanto que en la solicitud de obreseimiento provisional fue realizada de trata de una Cesar M. Diesel Jun Ministro CSJ.
, o,eda D .. Víctor Rws rvlint1 porque estas aún no fueron producidas al estar el proceso en la etapa de audiencia preliminar. , En segundo término, resulta un error sostener que, al no producirse aún las pruebas, el juez de garantías no pueda realizar ninguna valoración, ya que es imposible que este Magistrado - Juez de Garantías- cumpla con su rol de control de cumplimiento de las garantías procesales sin realizar valoración alguna. El argumento dado por el Tribunal de Apelaciones (Tercera Sala), revela un grave desconocimiento del razonamiento probatorio en las distintas etapas del proceso. En efecto, la evolución del proceso penal condiciona el umbral del razonamiento probatorio, que es muy distinto a No realizar valoración alguna, es decir, el nivel necesario de demostración de un hecho es distinto para imputar, para acusar, para la apertura a juicio oral y público y para condenar; pero todos estos actos procesales requieren una previa evaluación de los materiales probatorios, del denominado por el Profesor Zaffaroni, pragma conflictivo. - 11. De lo señalado, podemos advertir que el A.I. Nro. 293 de fecha 19 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, es inconstitucional por su manifiesta arbitrariedad derivada de su argumento producto de la nueva convicción fundada en prejuicios que modulan la práctica procesal sin ningún sustento en nuestra Carta 12. Esta forma de fallar, contiene los clásicos elementos de la sentencia arbitraria, en las modalidades de contradecir las constancias de autos y despreciar la verdad.
12.1 Para la primera, la Corte ha dicho que se configura cuando "El único argumento contendido en el considerando contradice las constancias de autos ... Es decir, nos hallamos ante una sentencia arbitraria por falta de motivación y fundada en una interpretación caprichosa de las constancias de autos 1 12.2 En cuanto a la segunda, se tuvo dicho que: "La sentencia que me parece inconstitucional, en el sentido más clásico de la palabra es la de segunda instancia en la que el magistrado se limita a relatar el expediente excusándose de no hacer un mayor esfuerzo por la búsqueda de la verdad. Me parece un imperdonable desprecio al principio de la verdacf2" .- 13. En definitiva, lo que el Tribunal de Apelaciones debió observar, de acuerdo a las constancias del expediente y la verdad del proceso llevado hasta ese momento, es la previsión del artículo 359 numeral 2 del C.P.P. que respecto del sobreseimiento definitivo norma que debe concederse cuando: " ... a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la 14. A contrario, y sin justificativo normativo razonable o aplicable, la alzada se limitó en señalar que " ... esta Magistratura, en virtud a los deberes y atribuciones consagradas en la Constitución Nacional y nuestro Código de Forma, considera que si el titular de la acción pública estima que es posible incorporar en la causa nuevos elementos de convicción para sostener eventualmente una acusación, entonces correspondía hacer lugar a su requerimiento y no precisamente el sobreseimiento definitivo decretado por el A-qua"; todo ello, sin especificar a qué norma constitucional o legal hacía referencia.
Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 323/00. Voto del Dr. Lezcano Claude.
Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia Nº 789/02. Voto del Dr. Sapena Brugada. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACE RES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS SI PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS". AÑO: on esta forma de resolver se soslayó la disposición legal aplicable, en tanto de lo 1p , se verifica que los jueces ofrecieron como fundamento meras afirmaciones 15.1 Al respecto, la Corte expresó que se atenta contra el principio del debido proceso cuando el Juez se aparta de la solución prevista en la ley que rige la materia y en ese sentido señaló que: "El juez debe fundar sus resoluciones en forma lógica aplicando la ley referida al caso, circunstancia no acontecida en el interlocutorio examinado3 16. En definitiva, con lo brevemente señalado, se corrobora la vulneración de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, y; la violación del deber de fundamentación en la Constitución y las leyes, debiendo en consecuencia, declararse la nulidad del A.I. Nro. 293 de fecha 19 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, de esta Capital, por inconstitucional, con los alcances A su turno, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: El Abg. Rafael Salomoni, en representación del Sr. Nelson Cardozo Cáceres, promovió acción de inconstitucionalidad contra el A.I. Nº 293 de focha 19 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de la Capital, en la causa penal caratulada: "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS S/ PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO La resolución impugnada resolvió: "1) DECLARAR admisible el recurso de Apelación general interpuesto por el Agente Fiscal Abg. Luis A. Said Fragueda, en contra del A. l. Nº 1179 de fecha 15 de noviembre de 2018 ... ,3) DECLARAR LA NULIDAD del A.I. Nº 1179 de fecha 15 de noviembre de 2018, dictado por el Juez Penal de Garantías Nº 1 O, Abg. RUBEN GUSTAVO AYALA BRUN, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución, debiendo remitirse estos autos al Juzgado Penal de Garantías Nº 1 O a cargo de la Jueza Magdalena Narváez de Rodríguez. 4) ANOTAR, registrar, notificar ... ".
Sostiene el accionante la conculcación de los Arts. 9, 16, 17 incisos 1, 3 y 8, Art. 127, 132, 137 y 256 de la Constitución Nacional, orque la resolución de la Cámara impugnada contiene una fundamentación aparente, ilegíti e injusta, por lo tanto arbitraria. En ese sentido, manifiesta que fallo impugnado anuló, el s reseimiento definitivo argumentando que la decisión adolece de fundamentación incongruente or no ser concordante e n s hechos de la causa, lo que imposibili comprender si se refier a hechos en sentida de cu stiones fácticas de la imputación, ie en el sentido de actos p cesales del procee imiento, lo que impide entender el rnotiv de I nulidad de la resolución. Expresa que n la res lución impugnada se af m qu el Jue enal Garantías valoró pr bas, pero q e tal afir ación es incorrecta, d bido a q e n ueden ser v loradas pruebas qu aún no s han pro u ié:Jo; que el A quo s ha ex e ido e rea de la fiab lida y atendibilidad de rueba cuando ue el Votd' del Dr. Fernández Ga R' Qieda Dr- Víctor ws J M.i.nistro 5 mismo solo refirió que a la fecha de la audiencia preliminar no había aún el Ministerio Público ofrecido tales facturas, no existiendo la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de convicción, que además el Art. 356 ln:.10 del CPP dispone que el Juez Penal de Garantías admitirá o rechazará la prueba ofrecida para el juicio. Arguye también la violación de la garantía procesal del plazo razonable previsto en el Art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, situación que agravia en atención al tiempo al que ha sido sometido su representado al proceso penal; hace referencia igualmente sobre la atipicidad de la conducta atribuida al procesado (Art. 246 CP) y sobre la inversión de la carga de la prueba, los cuales manifiesta, Al traslado respectivo, el representante del Ministerio Público Abg. Juan Manuel Ledesma -asignado a la Unidad Nº 08 de la Unidad Especializada en Delitos Económicos. y Anticorrupción-, solicitó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada, por considerar que no existe una fundamentación adecuada respecto a los cuestionamientos dirigidos contra la resolución atacada de inconstitucional, y porque en la resolución cuestionada no se verifican transgresiones a principios de orden constitucional aludidos por el accionante, ni la violación de derechos o garantías que afecten al debido proceso.
Asimismo, la Fiscal Adjunta Lourdes Samaniego González -en la Vista corrida a la Fiscalía General del Estado-, se expidió en el Dictamen Nº 812 de fecha 27 de abril de 2023, por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por el accionante, por considerar que los fundamentos del accionante has sido expuestos de manera a demostrar el supuesto criterio errado en la decisión de los magistrados de alzada, al evidenciarse una insuficiencia de razones fundantes en la acción planteada, configurándose más bien en una simple El A.I. Nº 293 de fecha 19 de setiembre de 2019 impugnado expresó: " ... del análisis de la cuestión planteada se advierte que el Ministerio Público, luego de realizar varias diligencias de investigación, consideró que no contaba con elementos de convicción suficientes para sostener una acusación contra el imputado NELSON CARDOZO CÁCERES. Por esta razón el representante del Ministerio Público, planteó el sobreseimiento provisional del mencionado acusado, detallando en su requerimiento los elementos a incorporar en la presente causa que, a su criterio son conducentes para determinar con certeza la conducta del procesado .. ./1 .. sin embargo, el A-qua decidió no hacer lugar al requerimiento de sobreseimiento provisional y decretó el sobreseimiento definitivo del mencionado imputado (fs. 33/36 de autos)". Continuó diciendo: " .... si el titular de la acción pública estime que es posible incorporar nuevos elementos de convicción para sostener eventualmente una acusación, que entonces correspondía hacer lugar a su requerimiento y no el sobreseimiento definitivo decretado por el A-qua. En otro apartado expresó concretamente: " ... se advierte que, el Juez ha realizado un análisis acerca de la fiabilidad y atendibilidad de supuestas facturas que podrían constituir elementos de convicción; es decir, ha realizado una valoración de las pruebas, sin que estas se hayan producido y esta labor pertenece a la Etapa de Juicio Oral y Público). En ese sentido, cabe señalar que, solo pueden ser valoradas aquellas pruebas admitidas, efectuadas y sometidas al contradictorio en un debate oral, llevado a cabo por jueces competentes, independientes e imparciales, situación que no se dio en la presente causa, lo que conlleva inevitable, la nulidad del fallo. En el presente caso, se puede concluir que corresponde declarar la nulidad del A. l.
Nº 1179 de fecha 15 de noviembre de 2018, por adolecer de fundamentación incongruente, pues su decisión no es concordante con los hechos que constan en la causa y tampoco ha justificado racionalmente el rechazo de los requerimientos Conclusivos de Sobreseimiento Provisional del imputado NELSON CARDOZO CACE RES presentado por el representante del Ministerio Público. Además el A-qua ha analizado pruebas no practicadas y en una etapa ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACE RES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS SI PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICO". AÑO: En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que los magistrados fundaron la decisión de nulidad de la resolución dictada por el Juez Penal de Garantías, en que la decisión adolece de fundamentación incongruente, que la decisión de sobreseimiento definitivo decretado por el mismo, no es concordante con los hechos que constan en la causa y tampoco justificó racionalmente el rechazo del requerimiento conclusivo del Ministerio Público, pero sin haber desarrollado un análisis argumentativo más explicativo y específico de los motivos que justifiquen lo afirmado. En el mismo párrafo, el órgano en alzada además consideró que "el A-quo ha analizado y valorado pruebas no practicadas" en una etapa Con relación a la afirmación de valoración de pruebas no practicadas, el órgano en alzada revisor líneas arriba también expresó: " ... se advierte que, e/juez ha realizado un análisis acerca de la fiabilidad y atendibilidad de supuestas facturas que podrían constituir elementos de convicción; es decir ha realizado una valoración de pruebas, sin que estas se hayan producido ... " -las negritas son propias-, pero observado los argumentos medulares de la resolución emitida por el A quo -A. l. N' 1179 de fecha 15 de noviembre de 2019 - (fs. 33/36 de los autos), se colige que el mismo no realizó ninguna valoración de pruebas, sino se limitó en señalar que desde el inicio de la investigación con la imputación, el Ministerio Público había afirmado que los hechos versaban sobre ciertas facturas de contenido falso, y que pese a haber tenido tiempo suficiente para investigar, más la prórroga extraordinaria que se le había concedido para recolectar los elementos de convicción para sustentar su acusación, que éste no había logrado conseguir tales facturas, que ni siquiera sabía cuáles eran, cuando que a esas instancias del proceso ya debería tener información más acabada sobre los hechos; que en la audiencia preliminar se limitó a ratificarse en su escrito solicitando el sobreseimiento provisional, sin justificar de manera clara y precisa la importancia, pertinencia y necesidad de los elementos que pretende incorporar, tal corn ,o exige la norma procesal aplicable. Por lo que de acuerdo esto, se deduce que la afirmación los magistrados en alzada -al sostener que el Juez Penal de Garantías valoró pruebas -, no s e de las constancias de autos sino de la mera voluntad de los juzgadores, por lo tahto, han in rido en arbitrariedad.
En dichas condiciones, se concluye que el referido o ha vulnerado el deber constitucional que tienen los gist dos, de fundar debidamente de la Constitución Nacional. -
o». Víctor Ríos 1e ifüüstro 7 Por las consideraciones expuestas, considero que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante, y en consecuencia, declarar la nulidad del A.I. Nº 293 de fecha 19 de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Capital, por ser arbitraría y atentar contra derechos, principios y garantías consagradas en la Constitución Nacional, consecuentemente disponer el reenvío de los autos, a los efectos del cumplimiento del Art. 560 del Código de Procedimientos Civiles. Es A su turno, el Ministro Doctor ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN dijo: Disiento respetuosamente con lo expuesto por los ministros que me anteceden en orden de votación, en el sentido que considero que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad en estudio, sobre la base de los fundamentos que serán expuestos a En primer lugar, nos encontramos ante una acción de inconstitucionalidad promovida por Nelson Cardozo Cáceres, por medio de su representante convencional Abg. Rafael Salomoni (matrícula Nº 3.400), en contra del A.I. Nº 293 del 19 de septiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Tercera Sala, integrado por los magistrados Delio Vera Navarro, Cristóbal Sánchez, y José Waldir Servín (fs. 3/5). Por medio de esta resolución, se declaró la nulidad del A. l. Nº 1179 del 15 de noviembre de 2018, por medio del cual el Juzgado Penal de Garantías Nº 1 O de la Capital, en dicho momento a cargo del juez Rubén Gustavo Ayala Brun, sobreseyó al Sr. Nelson Cardozo Cáceres del proceso penal en el que se le investiga por la supuesta comisión de un hecho punible calificado como producción de documentos no auténticos, de conformidad con el art. 246 del C.P.
Fundamentos para el rechazo de la acción De las constancias de autos, se puede entender que el motivo esencial que motivó la presentación de la acción, es que el demandante considera que el tribunal de apelación incurrió en arbitrariedades al fundar la decisión de anular la resolución de primera instancia. Al respecto, el accionante menciona dos motivos principales por los que considera que es nula la decisión del tribunal de alzada: por un lado, no ha fundado suficientemente el vicio de incongruencia en el que supuestamente ha incurrido el juzgado de primera instancia y, por otro lado, tampoco ha explicado de forma adecuada por qué considera que el juzgado ha realizado En los siguientes párrafos, procederé a analizar los puntos principales de forma 1. Supuesta incongruencia en el rechazo del sobreseimiento provisional. De la lectura del A. l. Nº 293 del 19 de septiembre de :2019 dictado por el tribunal de apelación, cuya copia autenticada se encuentra agregada a fs. 3/5, se puede observar que el Tribunal ha realizado un análisis detallado de los motivos por los que consideró incongruente la decisión del juzgado de primera instancia. Al respecto, sI3 puede observar que el Tribunal entendió que el órgano de la instancia previa incurrió en un vicio de nulidad en su fundamentación, al haber rechazado un pedido de sobreseimiento provisional sobre la base de supuestas "dilaciones indebidas" del Ministerio Público en su investigación. De la lectura del A. l. Nº 1179 del 15 de noviembre de 2018 dictado por el Juzgado Penal de Garantías Nº 1 O de la Capital, firmado por el juez Rubén Ayala Brun, se puede observar que, efectivamente, se ha rechazado el sobreseimiento provisional por la supuesta dilación indebida de la Fiscalía; por la falta de fundamentación del pedido del sobreseimiento provisional; y con el argumento de que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sobre la base de la CORTE SUPREMA DEJUSTICIA t>s/4 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACE RES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS SI PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICO". AÑO: 0,¡:eí'Sfñ e rgo, a pesar de lo expuesto por el juez de primera instancia, considero que fue cval'été a «11 echo la decisión del tribunal de apelación de anular la resolución de primera instan " bien es cierto que el Ministerio Público ha pedido prórroga extraordinaria, de la fl ' cho uso y que, como consecuencia de dicha prórroga, efectivamente se ha generado a prolongación de la investigación, de ninguna forma se observa que se haya violado el principio de plazo razonable alegado por el magistrado de primera instancia. Por un lado, tanto la prórroga extraordinaria como el sobreseimiento provisional son mecanismos legales, válidos y reconocidos para la búsqueda de la verdad en los procesos penales, y el Ministerio Público tiene la facultad de solicitarlos ante las autoridades judiciales competentes cuando considere que son necesarias para el esclarecimiento de los casos, siempre y cuando dichos En el asunto en estudio, se observa que la Fiscalía, por medio del agente fiscal Martín Cabrera, de la Unidad Penal Nº 4 especializada en delitos económicos y anticorrupción, explicó que aún no pudo colectar elementos de prueba suficientes con los que se pueda sostener una acusación o un sobreseimiento definitivo de los procesados, por lo que solicitó hacer uso del art. 362 del C.P.P. y, en consecuencia, solicitó se aplique un sobreseimiento provisional para intentar obtener más elementos probatorios. En el escrito de solicitud, se puede observar que la Fiscalía indicó que se trata de un caso complejo, de producción de documentos no auténticos, que involucraría a 285 contribuyentes que habrían utilizado facturas de contenido falso, lo cual a su vez habría provocado un perjuicio de aproximadamente G.
debido a esta alta complejidad y magnitud, aún no había podido colectar elementos probatorios suficientes para fundar su requerimiento conclusivo. Asimismo, el fiscal indicó en su escrito cuáles serían las pruebas específicas que buscaría generar durante el periodo de duración del sobreseimiento provisional, entre las que se pueden observar pruebas de informes, resoluciones de determinación y actas finales de Style Arts Xtras S.A. y Jtec Informática.
A pesar de lo expuesto en los párrafos anteriores, el juzgado de primera instancia consideró que fue infundado el pedido del Ministerio Público, por lo que, previa audiencia preliminar establecida en el art. 352 del C.P.P., rechazó el sobreseimiento provisional y ordenó el sobreseimiento definitivo del Sr. Nelson Cardozo Cáceres, de conformidad con el art. 359 inciso 2 del C.P.P.4 . Posteriormente, por su parte, el tribunal de apelación consideró incongruente la fundamentación de la decisié del Juzgado, porque no la misma no sería concordante con los hechos que constan en la usa ni se ha justificado racionalmente el rechazo del requerimiento usivo solicitadopor gente fiscal a lo que, ade , adujo el Tribunal que, si el titular e la ac ión pública considerab asible incorporar nue 1 os e mentas en la causa para soste r -event almente- una acusación, e debía otorgar el,robres irniento provisional- pu : én o, or ende, ar>licarse el art. 362 del C. P.-, lo cual serr contra io a la determinación del ju , quien plicar art. 35.9 inc. 2 del C .. P. considerd que no xistía más posibilid ble in orporació de nuevos elementos prueba.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR NELSON CARDOZO CACE RES EN LOS AUTOS CARATULADOS. "AHMAD BAHJAT NASSER Y OTROS S/ PRODUCCION DE l't;;,'- DOCUMENTOS NO AUTENTICO". AÑO: ,:l , ,.u,Io, si bien no sería correcta la motivación del Tribunal con relación a la supuesta v-.'fikottió ruebas, ello no es suficiente para desacreditar el primer motivo, por el cual el rib tificó debidamente un factor de nulidad de la resolución de primera instancia, que Ení ' sí sola, suficiente para sostener la declaración de nulidad finalmente asumida por el SUPREMA USTICIA Asimismo, se debe tener en cuenta que el segundo motivo que utilizó el Tribunal para anular la resolución -supuesta valoración de pruebas-, por más que sea erróneo, no afecta al primer motivo de nulidad, correctamente explicado -incongruencia en el rechazo del sobreseimiento provisional-. Esto es así, por un lado, en atención al principio de finalidad - establecido en nuestra legislación en el art. 1 '11 del C.P.C.-, que indica que no procederá la anulación de un acto procesal cuando este ha alcanzado su fin, incluso si fuere irregular, y por otro lado, en virtud del principio de conservación de los actos, que indica que, entre varias soluciones dirigidas a tratar un vicio, se escoja la que mantenga la validez del fallo y no la que I gua l mente, no podemos dejar de lado que cuando se trata de casos penales -como lo es el juicio ordinario en el que se han dictado las resoluciones impugnadas- debemos tener un cuidado especial, en el sentido de realizar un esfuerzo mayor en evitar rigorismos excesivos que podrían derivar en una prolongación innecesaria de los procesos, lo cual, eventualmente, podría a su vez resultar en la prescripción de las acciones, con todas las consecuencias Hago mención al término "rigorismo excesivo" en este caso porque, en el supuesto de determinar que existe un argumento válido del tribunal de apelación para declarar la nulidad de una resolución de primera instancia, pero que también existe otro, independiente, que no es válido, que genera la nulidad del acto en su totalidad, estaríamos provocando, indirectamente, que un nuevo tribunal de apelación dicte una nueva resolución, probablemente incluyendo el argumento válido ya expuesto por el tribunal que le precedió, y simplemente excluyendo el argumento que esta Corte consideró inválida. De esta forma, con la nueva resolución del tribunal de alzada, ya sin el vicio aquí identificado, estaríamos arribando, finalmente, al mismo puerto al que llegaríamos n que aquel hubiera existido en primer lugar, es decir, a la confirmación de la declaración de nu d. Sin embargo, es lo más probable que esta decisión, ya sin vicio alguno, pero con el mismo r ltado, resulte de un gasto de tiempo significativamente superior, lo cual en este caso es fáci ente evitable, si mantenemos la validez del acto total sustentados en la existencia de un p er motivo válido de nulidad, R, Qieda V, tor tos J Con lo que se certifico, quedando a esar M. Diesel Jimghanns Ministro CSJ. " Dr. Víctor Ríos Oeda ln1;,rú Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, Sala Constitucional RESUEL HACER LUGAR a la Acción de lnconstitudpnalid romovida por el Abg. Rafael Salomoni, en y representación del Señor Nelson ardozo . Cáceres y, en consecuencia, declarar la nulidad del A.I. Nº 293 de fecha de setiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Ape iones en lo Penal, Tercera Sala, e la Capital.
ORDENAR el reenví al Tri unal que le sigue en el orden de t no, CJ e a A Dr. Víctor Ríos OJet-h Ministro