ConrE Supnrue Jusrrcn ,/Iaccrór.¡ DE tNcoNSTtructoNALlDAD: "PROMOVIDA POR JORGE ANTONIO MEZA cot¡zÁlez c/ ART 41 DE LA LEy N'2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y FECHA 14 DE MARzo DE 2017". eño: zozz Pavóna los tntsros de vicron autorizante, 't lt'*Ini"'o csr'*"*li*ohCiudad de Asunción, Capital de la República del ,Parag,uay, días, del mes de arE¡i , del año dos mil vei^li¿./+b, la Sala de Acuerdos de la Cofte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ia SaIa Constitucional, Doctores CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, OS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario se trajo al acuerdo r:l expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ..PROMOVIDA POR JORGE ANTONIo MEzA GoNzÁLEz SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/9I Y 1802101, RESOLUCION N'26, ACTA N'I2, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017", A fiN de resolver la Acción de inconstitucionalidiad promovida por el señor JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ por derecho propio y brajo patrocinio de abogado.-- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el srguiente resuttado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VícToR RíOS oJEDA y GUSTAVo Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de lgualdad consagrado en los Arts.2O, 46, 47,86, 88,102,109 y 137 de la Constitución Nacional.
La disposición considerada agravia nte expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aporfes a los funcionarios que cuenten con una antigúedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesa Caja oblignfesue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La tar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su suscepflb/es de devolución /os aporfes patronales.--- o a solicitar la devolución de apoftes prescribirá después de treodel o de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caj,encu s serán aplicados a la amoñización o cancelación de su obligalon iene el accinte ques rerquisitos establecidos por la dispsrcron qu le privan dacceder al rero de sus aportes, cinstancia queulnera lo Gustavo E. Santa tot'No será s apoo aión.
pcasreti Abg.Jútio i.alioaftlnannB MinistroiDistrood¿Es procedente la Acción de inconstitucionalidad deducida?.
A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" Y la Resolución del Consejo De Administración n'26, acta n'12, de fecha principios de protección a la Propiedad Privadla y de lgualdad consag'ados de manera expresa en la Constitución Nac onal. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aoortante de la Caja de Jubilaciones Pensiones de Empleados de Bancos y Afines pcr los servicios prestados durante el riempc, en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que é,La establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devoluc¡ón de los aportes, realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar se establece la antigúedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de luncionarios que no tengan derecho a la jubilación c, que fuesen despedidos o, cesantes; ,r, que se retiren volunta riamente Tal y como lo ha relatado el accionante, el m¡smo no reún: las exigenc as establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro d: los apoñes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo qrrr: señala corno inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución "Artículo 47' -.De las garar,tías de la igualdad.- El Estado garanii;tará a lodos,bs habitantes de la República. 1 ") la igualdad para el acceso a la justic e, a cuyo efecto allanará /os obsfácu/os que la im¡>idiesen; 2') la igualdad ante las leye; 3") la iguaload para el acceso a las funciones púltlicas no elec:tivas, sin más requisitos 1ue la idoneidizd, y 4") la igualdad de opoñunidade:; en la particlpación de los benefictos cte la naturale:,:.a, de /os blenes materiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la prop a Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídir:a de los apcrtes realizados a la Caja ie Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por me clio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulc Primero "De la Formáción de Recur:.c,s ", artículo '1 primera parte: 'tos fondos y rentas que se obtengan de confr rmiclad con tas disposrciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarit¡:; de la Caja".--- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Prop edad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa srn l¡mitac¡ones que las establecidas en las ley>s..." (Cabanellas, G. "Diccionario [:nciclopédico de Derecho Usual", Editorral Heliasta. Buenos Aire's- República Argentina, 1()01, Tomo Vl PEn esta inteligencia debemr>s entender,lue d¡spon¡endo la prop¡,'l ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en Lreneficio de los empleados de la institLrr:ión, mal pod contradecir sus propias directivas r¡l establecer solapadamente, bajo cie 1os requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el m¡rntarlc princi¡rio constitucional para proceder a un ,Jespojo de nada menos que el total d 3 sus aportes 3n forma ilegítima. Así, acorde al cr:ncepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Cz ja, el accionarrte reclama la devolución considerando que aquellos se encuentran indebid ¡.nente en pooer de otros.
Nacional, el cual expresa: Del análisis de las cuestionr:s suscitadas y desde la perspectiva :onstitucional ,le las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: 'Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con as disposiciones de esfa Ley, son de exclusiva prc'piedad de los beneficiarios de la Cala", más por olro lado limita lo transcripto con cordicionam¡entos que, bajo pena de rrérdida de es,¡s derechos en caso de incumplimierlto, establecen. "Corresponderá la dcvolLtción dt; s,Lis aporles a los funcionaios que...";todo ello sin ,ctro perjudicado que la m Sma aportante a qu¡en la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- --- Conrr SupREtrterccróH DE tNcoNsTtructoNALlDAD: "PROMOVIDA POR JORGE ANTONIO MEZA coNález c/ ART 4i DE LA LEy N' 28s6/2006 ..QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y FEcHA 14 DE MARzo DE 2o't7". tño: zozz ASiciones apuntadas surger evidente, además, una afrenta al Principio de e implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados como en elcaso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad e no cuenten en consecuen,:ia con los años requeridos para acceder a la absolutamente ilegal ya que por el incump,limiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109' de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. . ."
Lo que en todo caso correspondc'ría entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución Nacional autoriza ciertas limitaciones de derechos En mi opinión, el interés general comprometido en la situación analizada sería siempre, con base al principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatoria, lo que se proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interés particular también involucrado, el del aportante, que al ser desvinculado no podrá acceder a los beneficios de una futura jubilación, entiendo que la limitación legal se halla suficrentemente justificada y que el plazo de tres (3) años se halla razonablemente dimensionado, por lo que no deviene incon stitucional arte del artículo la acción de inconstitucionalidad.
En loespecta a la impugnación de la Resolución del Consejo Admictse desprendede accros a partir de la no falta de desarrollo de agravios impide a esta Sala estudiar aal nolir Idisposiciones procesales previstas eel art. 5 I Civi6 Acta N' 12 del 14 de Marzo del 2017, e los supuestos agravios concretos generada atmpimp Cesa¡ IIJie sr'un üinisvo Gustavo E, Santan$r.$¡¡ [lor n¿r'a Minist!"oque o expo Así, e tncoanN" ódigognad gnac Secreghanns particulares. Por las razones expuestas, corresponde declarar la constitucionalidad del tercer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06, en la parte que dice "l...l El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá despurís de fres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os apoñes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación", quedando rechazada respecto a esta Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas leg ales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabil,Cad del 41' de, la LeyN'2856/2006"Quesustituye asleyesN'73/91 y1802101 delatJal adeJubilaciorres y Pensiones de Empleados Banc,arios del Paraguay", en la parte que :rndiciona a una antigüedad superior a diez años ;r los efectos de la devolución de apr rte lubilatorio ,Jel señor JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ, mantener incólume el últirrro pánafo del art 41 de la ley N'2856/06 al ser compatible corr los principios y nornlas constitucionales.
Rechazar la impugnación de la Resolución del Consejo de Administraci,:rn N'26 Acta N" 12 del 14 de Marzo del 2017, todo ello de c,cnformidad al Art. 555 rerl C.t,.C. ES Ml VOTO A su turno el Doctor VlCTOft RIOS OJEDA 1.- El señor JORGE ANTONIO lvlEZA GONZáLEZ, por sus propios clerechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnr:onstitucionalidad contra -.1 Articulo 41 de la Ley No 2856/06 "QUE SUSTITI,YE LAS LEYES N' 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE Resolución del Consejo De Administración n'26, acta n'12, de fecha '4 de marzo de 2017. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acrec ira su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos i10,46,47,86, U8, 102, 109 y 137 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción marrifestando, entre otras cosas, que "(...)La norma contenida en el art. 41 de la Ley No 28f6/06 contraviene principios báslcos eslab/ecldos ei? /os arfs. 46 (igualdad de las persc.nas), 47 (de las garantias de la igualdad) y 109 (propiedad privada) de la Constitución A'¿tcional, al prirtar a todo aquel funcionario bancaric de la devolución de sus apoñes a aíz de no haÍter llegado a una antigtiedad superior a los 10 añc¡s. El agravio principal qtte protluce con la vigencia de la prohibición legal de devolver los apoñes jubilatorio:, a los afiliaoos bancarios que cuenten con una antigüedad infeior a los diez años, es ,.¡ue el patrimotio de los aportanfes es finalmenb confiscado no ofreciendo altern¿,tivas, limitanclo, discriminando y supeditando devolución de apoñes, únicamente aquellos funcionarios "...que cuenten con u1a antigüedad superior a los diez años ./ que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesanfes ,t que se retiren voluntariamente de las entidades donde prcstan serylcios-- El esrc¡blecmiento Ce diferenciación en función a /os de apoñes para "obtener" o suped tar la devolución de lo que legítimamente me pertenece, resulta intrínsecamente injusto t discriminatorio, pues dicho parámetro es arbitrario, injustificado y tiende a sacificar los de mer;or aporte (en años) en beneficio de aquellos con mayor cantidad de a¡.ctftes (en años), lesionando así el principio de iguatdad para todos los destinatarios de d)ha ley, es de<:ir, empleados bancarios.- Cabe prer:isar que LOS APORIES JUBILATOEIIOS QUE LOS tal me ampara el legitimo derecho de exigir y contar con su devolu )ión efect¡va sin limitación ni condicionamiento alguno (...)" 3.- El Artículo 41 de la Ley No 2856/06, impugrado dice: "Artículo 41 .- C 2rresponderá la devolución de sus apet¡úes a l<»s funcionarios que cuenten con )na antiqüedad despedidos, dejados cesanúes o gue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan seruicio. La Cajer podrá optar por Ia aplicación del cl¡tdo monto a la amo¡fización o cancelación de su obligación. No serán suscepfó/es d) devoluc¡ón lcs apoftes patronales. El detecho a solicitar la devolución de apo,les prescribtrá después de tres años del retiro del afiliado de sutrabaio.salvo qut el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aporles serán aplicados a l¿:t an¡ortización o cancelación de su obligación" (neg'itas y subrayados son míos)superior a los diez años v qut? no tenqan derecho a la iubilact iA,_SAg_JSesen ORTEACCIÓN DE INCONSTITUGIONALIDAD: ,,PROMOVIDA POR JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ C/ ART 41 DE LA LEY N'2856/2006 ..QUE SUST¡TUYE LAS LEYES N" 73/91 Y RESOLUCION N'26, ACTA N'12, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017". AÑO: 2022 TTCIA nGUala interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge aquellos funcionarios banc;arios con una antigüedad superior a 10 años dnar al recupero de sus aportres siempre y cuando no tengan derecho a la esendespedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual na manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N' 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3', 9' Y 10 DE LA LEY N' 2.345/03'DE REFORMA Y SOSIEN/8/LIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIOTVES y PENS/ONES DEL SECTOR PUBLICO", en su ArtÍculo 1o dice: 9".-(...)Aouéllos oue se retirende la función p ública sin reunir los requisitos.li ara acceder a unaubit,aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVIC/OS E/V LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N' 1626/00'DE LA FUNCIÓN PUEUCN",podrán solicitar la devolución del 90% (noventa por ciento)de sus aDO¡tes realizados. aiusfados por la variación del indicede Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca rle inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 'De la lgualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Su prema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: " Et derecho a solicitar la devolución de apoftes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; ersta característ¡ca permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criter¡o anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me perrnito exponer lo siguiente: 8.- Es importantecar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetiv actuantib protec oblig(oblig surgeorden forma Tablasttal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sila o ya sea de forma activa (obligación de hacer)pasr , por encontrarse delimitado por el interés gener scripción" creada por el Legislador como pilar funda con el prosito de mantener la calma entre los clud a la infludes romanas contenidas en la LeydDe ah ental del ra regulara convtvencrarjI pueblo romano.-anos. Su las Doce Dr. Víctot Ríos Ojedaa Cesar M' Diesead pa lela de respeta o hacer ela",ve ocono ción ción de la figura Secrflocs.lannsParaquav." (Negritas y subrayado son míos).
Mini§tt o 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efec c,s, regulando la "prescripción", como un elemr:nto creador de derechos que pe¡m¡te adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien t:omo un merlio de liberarse de una carga u obf igación (prescripción extintiva o libe,:rtoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tienr po y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivc Ce una relac jurídica no se encontraría son¡etido eternamente a un vínculo iurícico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: La prescripción extintiva se produce por la inaccictn del titular del derecho durante el t tnpo establec,ido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la nornra lroy impugnada, reuniendo los dos requisitos quer configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencic, del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos Ce l,a Cala bancaria que no reclamen la devolución de sus aporters (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtr alidacl jurídica. - 1 1 .- Como podemos aprec¡ar, l¿r norma imp,ugnada contempla la "¿u:tiv dad" que el legislador requiere, la cual implicer que el "pror:eso de solicitud o reclarno" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto 3n la ley". De lo contrario la obligación de la Caja l¡ancaria de devolver los aportes a los afilrados activos seguirÍa latente indefinidamente err el tiempo (sin término de prescripció r), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los derná; beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se en )uentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una ent¡dad prer. isional, por tanto sus recursos financieros están diril¡idos también a brindar amparo a los rr'iliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en reripuesta a dichas necesidades, para lo cual es impre,scindible conservar su liquidez. La do:trina tiene dicho que se debe extremar, incluso, re:ursos para la tutela de la ancianidaci en favor de esa franja considerada como vulnerable pero jamás una diferencia en secfor l... )"'. Es precisamente est¡ lo que justifica la prescripción ext¡nt va prevista en la norma impugnada, cuyo objetivrr es resguardar el "interés superi,). colectivo" Ce naturaleza obligatoria, entendido <:omo el derecho a la seguridad social c ue tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y n(, como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ;r la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y est;abilidad al patrimonio soc ¿rl de afectación, alejando a la Cai¡a de un clima de incertidumbre que podría originarse pc r la interposición tardía de las reclamaciones, lo c¡ue evidentemente alteraría el equilirrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comul3a con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por manrlato constitucional a establecer cielos Iimites qle resguarden el bienestar general. lJuestras norrnas garantizan y recono(En el derechc a la Seguridad Social y establece cr,áles derechos deben ser ejercidos er tiempo y fornra. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la pre scripción, por el mentado orden público que representa, atend¡,-.ndo a su vez a la segur ciad juridica que interesa a la sociedad misma. Estr¡ instituto encuentra su respaldo últirnc, y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de l¿t CN. No enciuentro, pues, razones jur clicas que hagan ' Araya. J. A.. Director. (2018). Tralulo tle control tlc ,:. onst ¡tltcionolielq.l t' cont'ent it clatl. Tt tmt I I)ar¿thr¡s y (iLu'unll¿¡s. Buenos Aires. Argentitra. Astrea. Pág. t,0.-contradictorio al interés particular.
ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ C/ ART 41 DE LA LEY N'2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 18O2IO,,1, RESOLUCION N"26, ACTA N'12, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017". AÑO: 2022 TICIA r que una conclusión conlo la arribada -prescr¡ptibilidad del derecho a lución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional. - este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ) Por todo lo es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucional¡dad respecto de las n<¡rmas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en pincipios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo. se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (. .)''
15.- De tal modo tenemos que el institutr¡ es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que 'En ningún caso el interés de los pafticulares primará sobre el interés general'l Si nos r-lbicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás. tamL¡ién dijo la Coñe que la irrenunciabilidad de Ios óeneficios propios de la seguridad social no es incompatible c^on el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die ( )"' (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arb¡traria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Resolución del Consejo de Administración N'26, Acta N"'12 DE FECHA 14 DE MARZO DE2017 vale aclarar que la misma no ha sido desarrollada en términos claros y concretos por el accionante en su escrito de promoción de la acción al no expresar concretamente el agravio que.. le ocasiona la misma, por lo que en atención al Artículo 552 DEL C.P.C /n fine se desesti sin más trámite su imp 20.- De esta manendo en consideración todo el fundamento aostenido, oprno quecorrerparcialmente a la presenteión de inconstituidaa; y en conencia, declarar respecto de la aonante I inaplicabilel4l de la Le uannsE. SantanderI llucnos Aires SaguJ. (¡008tr&*Elipción y Caducidad en et oerdbfrlfti§tfguajo. Abetedt Ministro Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- , teni onde promo rtícul Naloni, .lecrarlcMartí2 esúabrece como condición para la devolución de los aportes e/ rec uisifo, de contar con una antigüedad superior a 10 años, m¿rnteniéndose incólume lc iernérs en toclos sus términos ES Ml VOTO.- A su turno el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Que :l Señor JORGE ANTONIO MEZA GONZALEZ, por derecho propio y bajo patrocinio del ;tcg FERNANDO BRITEZ BAUDIN, se presenta ante esta instancia a promover Acción de lnconstitucionalidad en contra del artículo 41 de la Ley N' 2856/06 "(ttlE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONEIJ Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY' y la Resolución rjel Consejo de Administración N' 26, Acta N' 12 de fecha 14 de marzo de 2017 , :n razón de ser contrario a los Arts. 20, 46, 47 ,86, 88, 102, lQ9 y 137 todos de la Const lucion Nacional.- Que el Articulo 41 del Titulo Séptimc -DE LAS DEVOLUCI( NES Y DEMAS DEVOLUCIONES de dicha Ley establece: '...Conesponderá la devolución de s,us apoftes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejado:; cesantes o que se retiren voluntariamente de las '¡ntidades donde prestan sev¡cio. ,La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amoñización o cancelac¡ón de.,;Lt obligación. No serán susceptibles de devolución /os aporfes patronales. El derec tc a solicitar la devolución de apoñes prescribira después de tres años del retiro d)l afiltado de su trabajo, salvo que el mismo tengiz deuda con la Caja, en cuyo caso / )s aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación..."
Que el accionante justifica el pedido de declaración de inconstit r:iorralidad de la citada normativa y la resolución anteriormente citada, en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitado an:e la Caja Bancaria, según Nota RAP Nl' 212112022 de fecha 21 de febrero de 2022, obrante a fs. 05,, exponiendo como fund rmento de dicho acto el hecho de no haber acumulado la antigüedad exigida en la re r:rida normativa, atentando así contra derechos y principios consagrados en la Carta Mag I a.
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A fin de esclarecer este punto, es importante exam¡nar el artículo atacado desglosándolo por párrafos.-- El primero de ellos otorga e1 derecho a la devolución de los aporter;, a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios que hr.k,ieren fungido la calidad de funcionarios despedidr>s, cesados o retirado voluntarianlerte, linlitándolo a dos requisitos: a) que cuenten c()n una antigüedad mayor a diez añ,¡s; y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
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Al respecto, es importante resaltar que nuestra Carta Magna en s u Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándoler un espectro obligatorio e ¡ntegral p rra el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos lr>s sectores de la poblac¡ón. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seg rros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar dispcnibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la CeLja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus; afiliados los beneficios previstos :n ella, y, específicamente, el art. 11. confien: la titularidad exclusiva de los fondos y'de las rentas a los propios beneficiarios de la Cajar. Reconociéndose, entonces, la propi :dad en favor le los afiliados, en consecuencia, la limitación en cuanto a los años de.trtigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derer;hos dominialers, contrario al espectro estatuido en erl Art. 109 de la Constitución Nacional ORTE DECI.AACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: ,.PROMOVIDA POR JORGE ANTONIO MEZA GONZÁLEZ C/ ART 41 DE LA LEY N'2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y RESOLUCION N'26, ACTA N'12, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017". AÑO: 2022 nmplementar la idea exp,uesta, es dable recordar que la Constitución ce la dignidad humana, así como otros valores a saber, la libertad, la ualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece ax¡omas de un rico eológico y social que sirven dr: directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo, por ende, todas y,oada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos, asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 tampoco admite discriminación alguna entre trabajadores. Aqui debe admitirse que si bien el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Cabe recordar que la constitución de un Estado social de derecho Art. 1, impone en el Poder Público-Art. 3, en concordanc,ia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discorrjante con sus pares de otros rubros. V.g.
Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconoc¡miento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los kabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una ant¡güedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
Asimismo, ha sido impugnada la Resolución del Consejo de Administración N" 26.
Acta N' 12 de fecha 14 de marzo de 2017 . Al respecto, se observa que el accionante en su escrito introductorio, centró sus agravios en el primer párrafo del Art. recurrido, sin expresar claramente perjuicios constitucionales respecto de la citada resolución, requisito exigido por el Art. 550 del C.P.C. Recordemos que el principio de congruencia que rige en el marco formal, impide expedirse respecto de cuestiones que no han sido propuestas por las partes, conforme al Art. 15 inc. d) del mismo cuerpo legal, en consecuencia, cabe desestimar la demanda en cuanto al particular.-- En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, en base a las disposiciones normativas citadas y en conformidad a los términos del Dictamen Fiscal N" 1415 de fecha 14 de agosto de2023, obrante afs. 17119, corresponde Hacer Lugar a la Acción de lnconstitucionalidad y declarar la Inaplicabilidad del Art. 41, primera parte, de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS.73t91 Y 1.802t01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" al presente juicio, y, dejar subsistente el último párrafo del mismo por ser demrada por te rdSE andcompatible con los princ¡pilas normas const¡tuc¡onales vigentes Asimismo, cabe denegar la demanda insontra la Resolución del Consejo de lvjministración 26, Acta No 12 dea1o de 2017 por improcedente. ES Ml '/OTO Con lo qrinado eo, firmando SS.EE, todc por ante rní, de que certifico, qu Tsentenciaue inmediatamente Gustavo E Santander Cesar M. Diescl J unghanns Srelario SETENCIA NÚMER.
Asunción, i6 de o'Lr-il VISTOS: Los méritos del Ac;uerdo que anteceden, la excelentísim r Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialm«rnte a la Acción de lnconstitucion ali< ¿rd prcmovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41' de la Ley No 1285612006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 18021)1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiore,s de Empleados Bancarios del Paraguay", en la paÉe que condiciona a una antigüedar superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, mantener ir,:ólume el últirno párrafo del art 41 de la leyN'2t)56/06 al ser compatible con los prirroipios y normasAnte Julio. Pavón Mtnez constitucionales, con relación acot RECHAZAtoDr. Víctor RÍos Ojeda Ili n isrro denante JORGE ANTONIO MEZA GC'NZALEZ,.eio.
instau setarloda contra la Resolución del Consejo rle Administración 17,por improcedenteN'26, Acta N"12 d ANOTAR, Cesar lú'i. Dt J unghannsj.uitavoi. S inta Mirristro Ministro CSJ. Dt. Victor Ríos Oie.la Ministroeg¡strafechaafviinistro,;'- conformidad a lo establecido