CAUSA: SUMARIO INSTRUIDO AL SA SAN RODI LUIS ESPÍNOLA PAREDES, SOM COM GILBERTO OJEDA FRANCO Y SA SAN AMANCIO TORRES AGÜERO, SOBRE SUPUESTOS DELITOS DE ESTAFA, FALSEDAD, EXACCIÓN Y FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR, OCURRIDOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FFAA.
En Asunción del Paraguay, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Doctores LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARIA CAROLINA LLANES Y MANUEL RAMIREZ CANDIA, por ante mí la secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "SUMARIO INSTRUIDO AL SA SAN RODI LUIS ESPÍNOLA PAREDES, SOM COM GILBERTO OJEDA FRANCO Y SA SAN AMANCIO TORRES AGÜERO, SOBRE SUPUESTOS DELITOS DE ESTAFA, FALSEDAD, EXACCIÓN Y FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR, OCURRIDOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FFAA, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuesto por el abogado DERLIS MENDEZ GONZALEZ, por la defensa del Sgto. Ayudante SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES contra el Acuerdo y Sentencia 4 del 2 de junio de 2023, dictado por la Corte Suprema de Justicia Militar.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;
CUESTIONES: ¿Es nula la sentencia apelada?
En su caso, ¿se encuentra ajustada a derecho?
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARIA CAROLINA LLANES Y MANUEL RAMIREZ CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO: Antes de pasar a analizar el recurso de nulidad impetrado en autos, cabe efectuar algunas consideraciones vinculadas a la entrada en vigencia de la ley 4256/2011 “Que reglamenta el artículo 174 de la Constitución Nacional”, que ha establecido el modo procesal de realizar la impugnación ante la justicia ordinaria- de las resoluciones dictadas por los tribunales militares que pongan fin al proceso; esto es, por medio de recursos de apelación y nulidad, los cuales se tramitan ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo estatuye el art. 7 de la citada ley. Por su parte, el artículo 8 regula todo lo relativo a las Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
condiciones de modo, lugar y tiempo de interposición de los recursos de apelación y nulidad, disponiéndose por imperio del art. 9 la aplicación analógica de las disposiciones relativas al procedimiento de tercera instancia contenidos en el Condigo Procesal Civil.
De lo cual surge que la potestad revisora de la Sala Penal respecto resoluciones dictadas por los tribunales militares emana de la propia Carta Magna y el procedimiento a los efectos de su articulación se encuentra regulado en la Ley en ejercicio en la Ley 4256/2011, cuyas disposiciones normativas reglamentan la forma o modo de garantizar en el ejercicio de la garantía procesal de recurribidad de los fallos, tendientes a la plena vigencia del debido proceso conforme los más altos estándares nacionales e internacionales que deben regir todo proceso del cual pudiere derivar una pena o sanción; resultando la apelación y nulidad la vía recursiva más amplia e idónea por permitir el examen ex novo del caudal fáctico y jurídico.
Similar postura vigencia de la ley 4256/20111- ya ha sido sostenida anteriormente por este Sala Penal: Acuerdo y Sentencia 496 del 26 de abril de 2016.
En ejercicio de la potestad revisora conferida a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se procederá al estudio y resolución de los recursos impetrados en autos, sin desconocer la aplicación de las disposiciones normativas más arriba individualizadas y las disposiciones especiales que rigen la materia.
En dicho menester, pasando al estudio y consideración del RECURSO DE NULIDAD interpuesto en autos, corresponde ver si existe algún vicio de nulidad en estos autos, de acuerdo a lo previsto en el art. 269 del Código Penal Militar en concordancia con lo dispuesto en el art. 113 del Código Procesal Civil, en virtud a la cual el recurso de nulidad tiene lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas sustanciales prescriptas en dicho Código, o por omisión de formas esenciales del procedimiento, o por contener este, defectos que por expresa disposición de derecho, anulen actuaciones. Verificado el fallo impugnado no se constata pronunciamiento en violación de los extremos aludidos por la recurrente ni los contenidos en la norma citada que autorice la aplicación oficiosa del artículo 269 del Código Procesal Penal Militar; además por la vía de la nulidad articulada, se pretende tocar hechos sobre el juzgamiento propiamente dicho, por lo que en estas condiciones corresponde tener por rechazados dichos recursos.
VOTO DEL DR. MANUEL DEJESÚS RAMIREZ CANDIAA LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: 1. Me adhiero a la opinión del ministro preopinante, en sus afirmaciones referentes a la competencia de esta Sala Penal y la legislación aplicable. Corresponde en consecuencia analizar el Recurso de Nulidad planteado por el Abogado Defensor DERLIS MENDEZ GONZALEZ en representación del Sgto. SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 04 de fecha 2 de junio de 2023, dictado por la Suprema Corte de Justicia Militar. Y sobre este recurso en particular, el impugnante señala la existencia de dos agravios.
2. Como Primer Agravio, el recurrente cuestiona la aplicación del principio de legalidad sosteniendo que fue realizada en forma parcial, debido a que al analizar la conducta de los coprocesados en esta causa, tanto la resolución de Primera Instancia como el Acuerdo Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
y Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Militar, consideraron que los coimputados han realizados conductas atípicas respecto a las descripciones legales sobre la estafa y la falsedad. Argumentan al respecto que, el SOM COM GILBERTO OJEDA y el SA SAN AMANCIO TORRES, deberían ser considerados cómplices del hecho, tomando en cuenta la condena sufrida por el Sgto. SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES en calidad de autor. Prosigue afirmando el recurrente, que las disposiciones legales relativas a la autoría y participación del Código Penal Militar1, han sido vulneradas en este punto, debido a que solo calificaron la conducta de ambos como faltas contra la disciplina militar, pese a que en el libelo acusatorio fiscal sus respectivas conductas fueron consideradas como como delitos.
3. Sobre esta cuestión el fallo de la Suprema Corte de Justicia Militar, afirmó: no se advierte la existencia de indefensión procesal de ninguna laya, en contra de los derechos del procesado, sea de índole Constitucional o Legal, que amerite declarar la nulidad absoluta de las actuaciones en este proceso. En efecto y como bien lo argumenta la Fiscalía, en el sentido que habiendo sido analizada la conducta de los procesados SOM COM GILBERTO OJEDA y SA SAN AMANCIO TORRES, queda claro que los mismos no han participado como cómplices, en contraposición a la postura adoptada por la Defensa del condenado, habida cuenta que las conductas desplegadas por los mismos, no están encuadradas a las condiciones objetivas de punibilidad, por ende al no darse la misma, la conducta investigada no constituye hecho punible, pues no cumple con los presupuestos legales, conforme a lo establecido en nuestra legislación, en donde impera el axioma denominado principio de legalidad…”.
4. La naturaleza de este agravio es propia de un Recurso de Apelación y no de una impugnación por la vía de la nulidad, desde el momento en que no se encuentra relacionada a la afectación de las formas sustanciales inherentes al procedimiento o a la resolución dictada. Además no se visualiza un agravio hacia el recurrente, porque no se ha explicitado en que perjudica la solución aplicada hacia los otros coprocesados, a la posición asumida por la defensa. Esto es así, porque si se los hubiese encontrado responsables en calidad de cómplices al SOM COM GILBERTO OJEDA y al SA SAN AMANCIO TORRES, en el impugnante concurriría no solo la calidad de autor sino además la conducta de convencer a otros a participar en un hecho antijurídico doloso; en tanto que los Tribunales militares han condenado al Sgto. SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES como autor y concurrentemente por el aprovechamiento del error de los otros involucrados, que de todas maneras han transgredido la normativa militar en forma más leve por omitir verificar la falsedad en los exámenes médicos practicados a las víctimas. Ambas situaciones entrañan igual gravedad en la conducta del recurrente, por lo que se concluye la inexistencia de un agravio en este punto. En consecuencia, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de nulidad respecto a este agravio, puesto que no se observa afectación a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso.
5. Como Segundo Agravio, el impugnante indica que la Suprema Corte de Justicia Militar ha omitido declarar la nulidad de la S.D. Nº 04 de fecha 06 de junio del año 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar del Tercer Turno, a pesar que ya en fecha 1 Art. 17 “Son cómplices: inc. c) Los que sin prestar un inmediato concurso a la ejecución del delito, hayan de alguna manera ayudado o auxiliado directa o indirectamente, y a sabiendas, a los agentes principales o cómplices del delito en los hechos que lo hayan consumado.”Art. 18 “Los autores principales están sujetos a la pena ordinaria del delito, debiendo castigarse con igual pena a los cómplices, cuando su cooperación haya sido tal que sin ella no se hubiera consumado el delito. Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
17 de Diciembre del año 2021, el mismo Juzgado había dictado la providencia que textualmente dice: Llámese autos para sentencia Consecuentemente se habría transgredido el Artículo 231 del Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de Paz y de Guerra2. Prosigue argumentando que esta resolución infringe las reglas del debido proceso, vulnerando las disposiciones de los Artículos 3 y 226 del citado Código3; y con ello transgrede las disposiciones de los Artículos 9, 16 y 17 inc.9 de la Constitución4.
6. La Suprema Corte de Justicia Militar, en el fallo impugnado ha señalado que existen las vías procesales idóneas para subsanar eventuales errores in iudicando o in procedendo, no apreciándose ninguna violación de derechos y garantías constitucionales en la Sentencia de Primera Instancia, donde no se ha verificado situación alguna de indefensión que podría haber acarreado alguna nulidad absoluta. Afirmando que en el proceso llevado a cabo ante el del Juzgado Militar de Primera Instancia, se ha respetado y observado el debido proceso, velando por los derechos y garantías del personal militar encausado, recayendo una decisión judicial que observa el principio de congruencia procesal al valorar y analizar en forma objetiva y crítica los elementos de cargo y descargo, concluyendo que la S.D. Nº 04 de fecha 06 de junio 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar del Tercer Turno, se encuentra ajustada a derecho.
7. En primer término, corresponde señalar que el recurrente no ha señalado en que consiste el perjuicio sufrido por su parte al no haberse dictado el fallo en dentro del plazo previsto en la normativa procesal penal militar, debido a que no ha alegado indefensión u otra garantía constitucional. De hecho no se aprecia en esta impugnación alguna especial afectación a los derechos de libertad, de seguridad, de defensa en juicio, o la existencia de pruebas o actuaciones procesales nulas, pese a la invocación de los artículos constitucionales que hacen referencia a estas garantías.
8. En segundo término, a efecto de la nulidad de un fallo, es preciso que la resolución sea dictado en contra de las formas sustanciales prescriptas o mediante la omisión de formas esenciales del procedimiento, conminadas con la nulidad por expresa disposición legal, conforme la normativa del Artículo 269 del Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de Paz y de Guerra5. A este respecto, no se ha señalado la existencia de alguna transgresión expresamente conminada con la nulidad como es el caso del Artículo 229 del citado Código6. Tampoco se ha propuesto en tiempo oportuno el saneamiento de algún defecto del 2 Art. 231 “El juez dictará la sentencia definitiva dentro de diez días desde la providencia de autos”3 Art. 3 “Los Tribunales Militares no podrán aplicar otras disposiciones legales que las de la Constitución Nacional, las de este Código, las leyes militares vigentes y los Reglamentos y Ordenanzas Militares” Art. 226 “Vencidos los términos anteriormente indicados, con los respectivos escritos del Fiscal y del Defensor, se presentarán por el Secretario al despacho del Juez de Primera Instancia. El Juez llamará autos para Sentencia”4 Art. 9 “Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Art. 16 “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Art. 17 “En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a; 9) Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas”5 Art. 269.- El recurso de nulidad tiene lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas substanciales prescriptas a su respecto por este Código, o por omisión de formas esenciales del procedimiento, o por contener este, defectos que por expresa disposición del derecho, anulen actuaciones. 6 Art. 229.- Es nula la sentencia en que por insuficiente identificación de la persona quede incierto el acusado, o falten algunos de los requisitos mencionados en el artículo precedente.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. procedimiento, conforme lo exige el Artículo 273 de la legislación procesal militar7, a efecto de la viabilidad de alguna nulidad de orden procesal. Es así que el Acuerdo y Sentencia impugnado, ha efectuado un especial hincapié en que la Defensa no ha agotado las vías procesales, ante el retardo en el dictamiento del fallo de primera instancia.
9. El Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de Paz y de Guerra, ante la demora en el dictamiento de alguna resolución, prevé el recurso de queja por retardo de justicia en su Artículo 274 inciso b8, exigiendo previamente un requerimiento o urgimiento ante el Juez que entiende la causa, conforme la normativa de su Artículo 2779. Estas diligencias por parte del recurrente se encuentran ausentes, y consecuentemente todo defecto procesal ha sido subsanado conforme lo establece expresamente el mencionado Artículo 273. Por lo que corresponde NO HACER LUGAR al Recurso de Nulidad interpuesto en la presente causa.-A la primera cuestión la ministra María Carolina Llanes Ocampos dijo: me adhiero al voto del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia pues considero que corresponde NO HACER lugar al recurso de nulidad, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, prosiguió diciendo: El recurrente interpone el recurso en estudio contra el Acuerdo y Sentencia N° 4 del 2 de junio de del 2023, dictada por la Corte Suprema de Justicia Militar (escritos obrantes en el expediente electrónico) que en lo medular resolvió: “…CONFIRMAR la S.D 4 del 6 de junio de 2022, dictada por el juzgado de Primera instancia de Justicia Militar, en cuanto al condenados… SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES.---Entre los fundamentos de la resolución recurrida, se lee -en lo esencial- en lo pertinente a la apelación presentada por el recurrente, cuanto sigue: “no se advierte existencia de indefensión procesal de ninguna laya en contra de los derechos del procesado, sea de índole Constitucional o Legal que amerite declarar la nulidad absoluta de actuaciones en este proceso la defensa técnica debió articular en tiempo y forma los recursos establecidos en la Ley Procesal Militar en contra de las decisiones dictadas por el A-quo que considere injustas, circunstancia jurídica inobservada por el nulidicente, además no existe indefensión procesal alguna pues justamente para eventuales errores in judicando o in procedendo de los Jueces Militares, existen las vías procesales idóneas para reclamarlas, en el caso concreto, no se aprecia violaciones de derechos y garantías constitucionales en detrimento del personal militar condenado…”;habiendo previamente el Ad-quem hecho referencia a todo lo discutido en el juicio, teniendo en cuenta tanto la apelación como la contestación respectiva realizada luego de la sustanciación de los recursos propiamente dichos.
La contestación respectiva en referencia a los agravios expresados por el recurrente de parte de este alto Tribunal de la República se efectuará a continuación.
En relación al escrito de expresión de agravios presentado por el recurrente a favor de su representado se puede apreciar que los mismos se han centrado en las pruebas, en el moneto 7 Art. 273.- La nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada, sin embargo, siempre queno se reclame la reparación de aquellos en la misma instancia en que hayan cometido.
8 Art. 274.-El recurso de queja podrá interponerse:b) cuando deje transcurrir los términos legales sin pronunciar la resolución que corresponda.9 Art. 277.- La queja por retardo de justicia no podrá deducirse ante el Superior, sin que previamente los interesados hayan requerido del Juez de la causa el despacho, y éste dejare por cinco días sin expedir resolución. Para conocer la validez del documento, verifique aquí. de la pena impuesta, asi como a temas relacionados con el juzgamiento en sí mismo, para finalmente pedir, se haga lugar al recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia 4 del 2 de junio de 2023, dictado por la Corte Suprema de Justicia Militar y en consecuencia se revoque la misma y disponiendo la absolución de culpa y pena del SAN RODI LUIS ESPÍNOLA PAREDES.
Por su parte, obra la contestación de la Agente Fiscal Militar MY JM BETANIA ARNOLD BARUA que piden en lo sustancial el rechazo de los recursos de apelación y nulidad articulados en estos autos.
A los efectos de determinar las disposiciones legales aplicables para el trámite y resolución del recurso en estudio, y profundizando el análisis pergeñado en los párrafos que anteceden, el ya citado art. 09 de la ley 4256/ 11, dispone: “Para el trámite y resolución de los recursos serán aplicables, analógicamente, las disposiciones relativas al procedimiento en tercera instancia contenidas en el Capítulo II, Título V del Código Procesal Civil”. Remisión que torna aplicable los artículos 435 al 438 del Código Procesal Civil (Del procedimiento de Tercera Instancia) y las disposiciones de los artículos 417 al 423 (Del procedimiento de segunda instancia. De las disposiciones Generales) estos últimos- por expresa remisión legal contenida en el art. 435 del Código Procesal Civil.
Aclarando el procedimiento en cuanto a las disposiciones aplicables para el trámite y resolución del recurso impetrado, cabe proceder al análisis del RECURSO DE APELACIÓN formulado en autos.
En dicho menester, cabe señalar que el artículo 419 del Código Procesal Civil, dispone: Forma de la Fundamentación. El recurrente hará un análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose estos requisitos, se declarará desierto el recursoPor su parte el art. 437 del Código Procesal Civil en lo medular alude: Expresión de agraviosel apelante deberá presentar un escrito sintetizado de los fundamentos del recurso. Si no lo hiciere, la resolución quedará firme para él y, declarado desierto del recurso, se ordenará la devolución de autos…”.
En el presente caso, el recurrente sostiene que el fallo impugnado (Acuerdo y Sentencia N° 4 de fecha 2 de junio de 2023) adolece de una adecuada fundamentación razón por la cual solicita que la Sala Penal analice la sentencia recurrida y todas las actuaciones rendidas en autos a los efectos de dictar una sentencia ajustada a derecho. Expone en sustento de su presentación de argumentos que ya fueron planeados por su parte al fundar su recurso de apelación.
En este orden, si bien la recurrente arguye falta de fundamentación, sin embargo, en su presentación ante esta instancia en primer lugar- hace alusión algo ambigua sobre acontecido procesalmente en el juicio para terminar cuestionando nuevamente las pruebas presentadas y sopesadas en su momento procesal, así como la pena impuesta, que, finalmente el tribunal ha tenido en cuenta para darle valor a la acusación fiscal y condenar a su defendido.
Igualmente, siguiendo con el análisis de los argumentos vertidos por la recurrente, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 419 y 437 del Código Procesal Civil, se Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
advierte igualmente que, su expresión de agravios no reúne requisito exigido por estas disposiciones. No expone los motivos por los que considera acreditado el error que denuncia, más bien transcribe disimuladamente idénticos fundamentos a los empleados en ocasión de fundar su apelación ante la Corte Suprema de justicia Militar, pretendiendo que esta Sala Penal vuela a estudiar la apelación contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar, pretensión que no se compadece con lo que determina la ley para ese efecto.
Sobre lo último mencionado, se sabe que los agravios deben ir dirigido contra el fallo impugnado ante esta instancia, es decir, contra el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia Militar, debiendo concretarse en el escrito de fundamentación los errores que a su juicio contiene el mismo; circunstancia no acaecida en el presente caso, o al menos, no de la forma que requiere la norma, pues si bien menciona parte de la resolución atacada, no fundamenta adecuadamente al respecto de los agravios, mencionando simplemente un sinfín de supuestas irregularidades procesales introduciendo solapadamente la posibilidad de que esta alta magistratura como ya se ha dicho- revise nuevamente los mismos argumentos que sirvieran para cuestionar el fallo primigenio.
Reconocida Doctrina de nuestro medio alude que: “La fundamentación del recurso debe consistir en una crítica razonada y concreta de los fundamentos de la resolución recurrida, exponiendo los motivos por los que se considera que la misma es injusta o está viciada, y demostrando los errores en que incurrió. Los agravios deben exponerse en forma concreta y suficiente, evitando la generalidad y las remisiones a otros escritos (Hernán Casco Pagano. Código Procesal Civil. Comentado y Concordado; Segunda Edición. La Ley Paraguaya S.A. 1995).
Resulta sabido que la tarea examinadora del tribunal revisor, en este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resulta limitada a aquello que es materia de recurso, no pudiendo exceder los límites que el propio recurrente estableció en el recurso. El propio artículo 420 del Código Procesal Civil aplicable al presente caso por expresa remisión legal contenida en el artículo 435 del mismo cuerpo legal, dispone en lo medular, que: Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre …aquello que no hubiese sido materia de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 113”; En consecuencia, no existiendo fundamentación referente a los agravios que le pudo haber causado la resolución apelada al recurrente, y siendo los mismos la medida en que esta instancia puede examinar la misma, se encuentra en la imposibilidad jurídica de hacerlo.
En atención a los fundamentos expuestos precedentemente con sustento en las disposiciones legales invocadas, corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación planteado en estos autos por los recurrentes, por así corresponder en derecho. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: 10. Como PRIMER AGRAVIO de su recurso de Apelación, el recurrente sostiene que la condena recaída por la comisión de supuestos delitos militares es incorrecta, debido a que las víctimas son civiles y que la falsificación o estafa se trataría de un hecho punible previsto en el Código Penal ordinario. Argumenta que en consecuencia no resulta aplicable el Código Penal Militar, porque los supuestos estudios médicos no se realizaron en una institución militar y tampoco fueron expedidos por médicos militares. Afirma que la conducta Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
del SA SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES se encuadra en la descripción de los tipos penales de los Arts. 187, 254, 255 y 256 del Código Penal ordinario10. Por ello, conforme a la normativa del Art. 174 de la Constitución11, corresponde su juzgamiento ante la justicia ordinaria debido a que los hechos imputados no fueron realizados en el ejercicio de sus funciones castrenses. Sostiene que estos hechos al ser previstos tanto por la ley penal militar como por la ley penal común, deben ser considerados como delitos comunes. Prosigue señalando que el perjuicio patrimonial sufrido por las víctimas, constituyen hechos punibles previstos en la legislación penal ordinaria, razón por la que resulta inaplicable la legislación penal militar conforme a la citada disposición constitucional, afirmando que no se ha demostrado que los documentos falsificados fueron realizados como parte de sus funciones en la sanidad militar. Indica además que no consta algún perjuicio al servicio, a la Administración Militar o algún personal castrense.
11. El impugnante no ha planteado la Excepción de Falta de Jurisdicción, como de artículo de previo y especial pronunciamiento, pese a las disposiciones del Art. 201 inc. a) del Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de Paz y de Guerra12. Tampoco se ha señalado haberse interpuesto esta excepción en otra etapa procesal, acorde a la normativa del Art. 202 de la normativa procesal aplicable13, o por lo menos, haberse alegado al contestar el libelo acusatorio conforme el Art. 203 del citado código14.
10 Artículo 187.- Estafa1º El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, y mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien represente, y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.2º En estos casos, será castigada también la tentativa.3º En los casos especialmente graves,la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta ocho años. 4º En lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 y 172.Artículo 254.- Expedición de certificados de salud de contenido falsoEl que siendo médico u otro personal sanitario habilitado expidiera a sabiendas un certificado de contenido falso sobre la salud de una persona, destinado al uso ante una autoridad o compañía de seguros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.Artículo 255.- Producción indebida de certificados de saludEl que: 1. expidiera un certificado sobre la salud de una persona, arrogándose el título de médico o de otro personal sanitario habilitado que no le corresponda;2. lo hiciera bajo el nombre de tal persona sin haber sido autorizado; o3. falsificara un certificado de salud auténtico,y lo utilizara ante una autoridad o compañía de seguros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.Artículo 256.- Uso de certificados de salud de contenido falsoEl que, con la intención de inducir al error sobre su salud o la de otro, utilizara un documento señalado en los artículos 254 y 255 ante una autoridad o compañía de seguros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.11ARTICULO 174 - DE LOS TRIBUNALES MILITARESLos tribunales militares solo juzgarán delitos o faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria.Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo considerará como delito común. Sólo en caso de conflicto armado internacional, y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares retirados.12 Art. 201.- Las únicas excepciones que podrá oponerse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, serán las siguientes:a) falta de jurisdicción;13 Art. 202.- Las excepciones expresadas en el artículo anterior podrán oponerse en cualquier estado del sumario o del plenario.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. 12. Resulta indudable que el hecho no controvertido por la defensa, consistente en proporcionar certificados falsos del estado de salud a aspirantes a ingresar en centros de estudios para la formación de personales de las Fuerzas Públicas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), con conocimiento de esta situación por parte del acusado SA SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES. Por este motivo, se constituye en una lesión y/o puesta en peligro de intereses legítimos de las Fuerzas Armadas. Esta lesión surge por la condición de militar del sujeto activo de las conductas típicamente descriptas, que lesionaron la fe pública sobre documentos a ser presentados ante la autoridad militar (Capítulo XV del Código Penal Militar) y al patrimonio de aspirantes a ingresar a los institutos armados (Capítulo XXI del Código Penal Militar). Además concurre el peligro que conlleva hacia la institución, por la posibilidad del ingreso de personas no aptas para el servicio, con el consiguiente peligro hacia la salud de dichos aspirantes. A este respecto, el Código Militar en sus Artículos 1º y 3º15, así como el Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de Paz y de Guerra en su Artículo 31 incisos a y e16, prevén estas situaciones en su ámbito de aplicación. Consecuentemente este agravio en particular, resulta IMPROCEDENTE.
13. Como SEGUNDO AGRAVIO del Recurso de Apelación interpuesto, el recurrente niega la autoría directa de los hechos, señalando que es falsa la afirmación de haber realizado los hechos dentro de su horario laboral, debido a que se encontraba comisionado a cargo del Gral. (SR) SILVINO SOSA PAREDES, y por ello no tenía un horario laboral fijo. Prosigue el recurrente negando la afirmación que el acusado ofrecía la gestión de estudios médicos, ya que eran los coprocesados SOM COM GILBERTO OJEDA y SA SAN AMANCIO TORRES, quienes ofrecían estos servicios, afirmando que la ausencia de habilitación de la “Clínica Vicente Martínez”, es una cuestión particular de su propietario, no atribuible al SA SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES.
14. Argumenta en su escrito de expresión de agravios, que no se ajusta a la verdad el hecho de haberse presentado ante las víctimas como el “Dr. Luis”; negando el hecho de aparentar ante las víctimas, contar con la autorización de profesionales para la expedición de certificados médicos que contaban con sus respectivos membretes, Asimismo, afirma que no se ha probado la existencia del delito de FALSEDAD, debido a que no hay constancia que el SA SAN RODI LUIS ESPINOLA PAREDES haya falsificado en forma directa los estudios médicos, o extendido certificados con su firma o que lo haya firmado de alguna manera y tampoco se ha demostrado que dichos documentos los realizaba como parte de sus funciones en la sanidad militar.
15. El Agente Fiscal interviniente al contestar los agravios vertidos por el recurrente, ha expuesto cuanto sigue: “Que, en cuanto a este agravio, podemos afirmar con grado de 14 Art. 203.- Si concurriesen dos o más excepciones de las mencionadas, estando la causa en estado plenario, deberán ser propuestas conjuntamente. En el caso de no hacerse esto, solo podrán alegarse al contestar el líbelo acusatorio las que no se hubiesen deducido en el sumario ni en el plenario.15 Art. 1°.- Constituye delito militar toda acción u omisión que éste Código, las Leyes militares, los Bandos militares en tiempo de guerra y los Reglamentos, sancionan con una pena.Art. 3°.- Las disposiciones del presente Código se aplicarán a los delitos y a las faltas cometidas por el personal de las FF.AA. de la Nación, ya sea en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, aún encontrándose sus miembros en el extranjero.16 Art. 31.- La jurisdicción militar es especial y comprende en tiempo de paz;a) los delitos y faltas de carácter militar que afecten a las Fueras Armadas de la Nación o a la seguridad nacional;e) todos los demás casos de infracción.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. certeza, que los documentos (estudios médicos eran de contenidos falsos, teniendo en cuenta las múltiples pruebas que fueron valoradas por la Jueza de Primera Instancia Militar, obrantes a fs. 7, 8, 974, 976, 956 al 987, 09, 10, 958, 959, 11 al 17, 18, 19 al 23, 24, 25, 26 al 41, 42 al 57, 58, 71 al 78, 86 al 87, 88, 89, 90, 91 al 116, 122 al 127, 137, 171, 172, 173, 174, 175, 427 al 430, 442 al 444, 445 al 448, 596 al 821, 892 al 905, 946 al 953, 241 al 246, 1237 al 1245 de autos), a más de las declaraciones testificales que allí obran, con todos estos elementos probatorios quedó demostrada la falsedad o adulteración del documento utilizado por el SA SAN RODI LUIS ESPÍNOLA PAREDES, ya que ha hecho entrega de los mismos a postulantes para una Institución de Enseñanza, a fin de poder realizar las pruebas físicas de admisión, valiéndose de su profesión de enfermero y su vínculo con el Hospital Militar Central, a cambio de una suma de dinero por parte de los postulantes”.
16. Por su parte, el Acuerdo y Sentencia Nº 04 del 02 de junio del año 2023, dictado por la Suprema Corte de justicia Militar, ha sostenido que se encuentra plenamente acreditada por elementos de juicio idóneos, las afirmaciones contenidas en la Sentencia Definitiva Nº 04 de fecha 06 de junio del año 2022, consistentes en que si bien las víctimas directas: ARACELI FERREIRA y SUSANA VILLALBA, son civiles, han sido citadas en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y posteriormente trasladadas a la “Clínica Vicente Martínez”, no requiriéndose en los tipos penales de Estafa y Falsedad una condición o cualidad especial en el sujeto pasivo, dado que en los involucrados como sujetos activos del hecho punible descripto concurre la condición de militares en servicio activo, condición esta requerida por la normativa penal militar. El Acuerdo y Sentencia prosigue señalando que, de los elementos de juicio obrante en autos se desprende que los hechos punibles fueron cometidos en horario laboral, en el que deberían estar prestando servicios, habida cuenta del carácter permanente del personal militar al que se le exige una conducta correcta dentro y fuera del servicio. En tanto que el SA SAN RODI LUIS ESPÍNOLA PAREDES, ofrecía la gestión de estudios médicos para postulantes a la Academia de Policía como así también a otros Institutos de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, montando una Clínica para dicho efecto, afirmando contar con todos los profesionales habilitados para la realización de los estudios requeridos por los distintos centros de enseñanza de las fuerzas públicas. Esta operativa la realizaba en la Clínica Radiológica “Dr. Vicente Martínez”, aparentando contar con los profesionales médicos para la expedición de los certificados, figurando inclusive en el membrete de los documentos los datos de la supuesta “Clínica” de varias especialidades, ofreciendo evaluaciones en odontología, otorrinolaringología, dermatología, oftalmología, cardiología, traumatología, podología, podoscopía, clínica médica, ginecoobstetricia, radiología y ecografía. Quedando evidenciado que las evaluaciones de otorrinolaringología, oftalmología, dermatología y odontología no fueron realizados por los profesionales cuyas firmas y sellos figuran en los supuestos estudios médicos, quienes desconocieron las firmas que se les atribuyen, señalando que no realizaron evaluaciones a ninguno de los postulantes.
17. El Acuerdo y Sentencia recurrido, prosigue afirmando que el SA SAN RODI ESPÍNOLA se presentaba como el “Dr. Luis” a los postulantes. A fin de ejecutar su conducta utilizaba los servicios del SA SAN AMANCIO TORRES, y del SOM COM GILBERTO OJEDA, para la captar a los interesados, abonándoles una comisión por persona de aproximadamente 100.000 guaraníes. Las testigos Araceli Ferreira y Susana Villalba, quienes manifestaron que el SA SAN AMANCIO TORRES, les ofreció la gestión de la totalidad de los estudios médicos por la suma de 1.600.000 guaraníes, pero al llegar a la “Clínica”, el SA SAN RODI ESPÍNOLA les manifestó que el monto “para los pacientes de Torres” era de 1.800.000 guaraníes cada una. El perjuicio patrimonial sufrido por las víctimas del hecho asciende a dicho monto en cada caso, los cuales eran abonados en efectivo directamente al Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
SA SAN RODI ESPÍNOLA a cambio de los estudios que no fueron expedidos por los profesionales cuyas firmas y sellos figuraban en dichos estudios. Concluye la resolución impugnada afirmando que el Juzgado de Primera Instancia ha realizado un examen lógico/jurídico sobre la conducta del acusado subsumiéndola en el delito de FALSEDAD, debido a que el acusado, valiéndose de su profesión de enfermero y su vínculo con el Hospital Militar Central, a cambio de una suma de por parte de los postulantes, conseguía rápidamente los estudios médicos que debían presentar para la inscripción a los exámenes de admisión a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, asegurando la veracidad de los mismos e induciendo al engaño debido que los estudios eran falsos.
18. Del citado escrito de expresión de agravios del recurrente, surge la negación de la autoría directa y la consecuente atipicidad de la conducta del acusado SA SAN RODI ESPÍNOLA, sosteniendo que no se ha determinado que efectivamente el mismo fuera quien haya forjado los certificados médicos, que por otra parte no niega haber hecho entrega y el carácter de falso de los mismos. Tampoco niega haber percibido un beneficio económico por la entrega de los certificados apócrifos, señalando no haber sido quién captó en forma directa a las víctimas. A este respecto, el Código Penal Militar sanciona en calidad de autor, no solo al “autor directo” de los hechos, sino también al “autor moral y/o intelectual”, figura que en nuestro Código Penal ordinario se distingue entre instigador (el que determina a otro a realizar el hecho antijurídico doloso) y autor mediato (el que realiza el hecho valiéndose para ello de otro). Esto se infiere de las claras disposiciones del Art. 16 del citado código castrense17.-19. Por otra, parte la conducta del acusado sustentada en las evidencias arrimadas y en los hechos no controvertidos en su escrito de expresión de agravios, permiten subsumir su conducta en las disposiciones de los Artículos 183 y 221 del Código Penal Militar18. Esto es así porque no caben dudas, que el acusado ha proporcionado con conocimiento de la falsedad de los documentos, certificaciones falsas a los aspirantes a ingresar a las instituciones de enseñanza militar y policial, con independencia al hecho de haber falsificado personalmente o no dicha documentación. Asimismo, no es controvertida la situación de haber creado todo un mecanismo engañoso, tendiente a obtener un beneficio patrimonial indebido, aunque no fuera el mismo quien captase personalmente a las víctimas aprovechándose de la necesidad de las mismas. Por esta razón y conforme al diseño de la autoría en la legislación penal militar, corresponde NO HACER LUGAR al presente recurso de Apelación en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 04 de fecha 2 de junio de 2023, dictado por la Suprema Corte de Justicia Militar.
17 Art. 16.- Cuando una o varias personas concurren a la ejecución de un delito, son autores principales:a) los que hayan dado orden para cometer el delito;b) los que con dádiva, promesa, amenaza, abuso de autoridad o de fuerza, o de cualquier otro modo hayan inducido a alguien a cometerlo; y,c) los que por obra concurren inmediatamente la ejecución del delito, o que en el acto en que se ejecuta, presten ayuda eficaz para consumarlo.18 Art.183.- El militar que a sabiendas falsificare de cualquier modo, acarreando daño al servicio o a la administración militar o a persona perteneciente al ejército, la calidad de los casos concernientes al mismo, o alterarse de la propia manera, comunicaciones, boletos, pasaportes, licencia absolutas para el servicio militar, actos de procesamiento criminal, documentos, registros, libros, cuentas o estados, listas de revista o de situación, será castigado con prisión militar que no exceda de cinco años. La misma pena será aplicada a quienes en cosas dependientes de su mismo oficio o para las cuales tenga encargo especial, hubieren a sabiendas extendido certificaciones, declaraciones, o documentos cualesquiera el daño anteriormente indicado, o hubiesen cometido igual falsedad en alguno de los papeles enumerados en el primer inciso de éste artículo. Art. 221.- Comete delito de estafa, el militar que por artificio, maquinaciones u otros medios fraudulentos engaña a otra para sustraerle alguna cosa. Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
A la segunda cuestión la ministra María Carolina Llanes dijo: me adhiero al voto del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia pues considero que corresponde NO HACER lugar al recurso de apelación y nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 04 del 02 de junio de 2023, compartiendo los fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. por ante mí que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENALRESUELVE:1)NO HACER LUGAR al recurso de Nulidad.
2)NO HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto en autos y en consecuencia;
3)CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 4 de fecha 2 de junio de 2023, dictado por la Corte Suprema de Justicia Militar.
4)ANOTAR, registrar y notificar.
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