Conrs SupRe rr,tRuaRríruez rc LA LEY N'16OSTA C/ARTS. 16lNC. F) y 143 DE 25t2000, MoDtFtcADos PoR LA o,)ustlclnLEY N'3989/10.Y CONTRA EL ART.25I .DE LA ,i ..CUERDO Y SENTENCt, A NUMERO .AUQJ? dÍasnlaiuda0de Asunción,apital de la República del I l ¿vrr*Paraguay, a los , estando en la Sala de Acuerdos bc'ldelOo dot .¡l .rn- t'" rema de J ustiia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, JUNGHANNS, VTCTOR RíOS OJEDA y GUSTAVO , el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente NCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIAAR DIESEL SANTANDER DANS, ante m caratulado: "ACCION DE TERESA MARTíNEZ ACOSA c/ ARTS. 16 lNC. F) y 143 DE LA LEY N'1626/2000, MODIFICADOS POR LA LEY N'3989/10 Y CONTRA EL ART. 251 OE LA LEY 2211909'' , A fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora Porfiria Teresa Martínez Acosta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTIÓN: Es procedente la Acción de lnconstitucionalidad deducida?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RíoS oJEDA, DIESEL JUNGHANNS y SANTANDER DANS A la cuestión planteada, el Doctor D|ÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Corte la señora Porfiria Teresa Martínez Acosta, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra los Arts. 16 lnc. f) y 143 de la Ley N" 1626/2000-modificados por el Art. 1" de la Ley N' 3989/2010-, y el An.251 de la Ley de Organización Administrativa del 22 de junio de 1909 Manifiesta la accionante que prestó servicios a la Administración de Justicia por el tiempo previsto en la Ley, acogiéndose a los beneficios jubilatorios en el año 2018, conforme lo acredita con la resoluc¡ón obrante afs.4l5 de autos, y que posteriormente fue nombrada como Secretaria Ejecutiva de la Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia por Decreto N" 8 del 15 de agosto de 2018 (f.3). Aduce que las normas hoy impugnadas vulneran su derecho de volver a la carrera pública por el hecho de haber accedido al régimen de jubilaciones, lo cual es violatorio de los articulos 47, 86, 88 y 105 de la Constitución En el caso de autos se plantea el escenario del servidor público pasivo (jubilado) que vuelve a ocupar un cargo público a servicio del Estado, de allí que, la cuestión fáctica expuesta, guarda relación con la aptitud legal de desempeñar la Función Pública por quienes gozan del beneficio de la jubilación en el Sector Público.
En primera, respecto del artículoLey N' 3989/2010, que modifica los 16 lnc. f) y 143 de la Ley N' pública, advierto que pone legislativo para el acceso a I nabilitan al jubilado para el ingreso a la funci pretensión de constituirse en un obstácu los jubilados, lesionando lo dispuestopor der DansCesar M. Diesel Jun Gustavo E. Santan MinistroI íctl Drque rn públicadel hannse func tacrat¡Fi0s.ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIA TERESA Art.47 de la Constitución Nacioral, que exige como sola cond¡ción lil "idoneidad" para el acceso a las funciones públicas no electivas.-- Sensatamente, podemos sc,stener que tal ley no puede conferirle s, prerrogativas a las autoridades que, en los hechos, ttaduzcan el marginamiento de un princ fundamental como lo es la vige,ncia de la igualdad, principio éste a consagrado en el preámbulo de nuestra carta magna con la finalidad de proteger la dignidrlJ humana, as como en el Art. 33 de la Ley Suprerna, puesto que de no observar ), d:clarar la manifiesta inconstitucionalidad contenida en la nueva redacción del artícul«r " 6 lnc l; de la Ley 162612000, estariamos socavandr¡ la dignidad humana de los jubilados, ¿s,ícomo concu cando su derecho al trabajo. lgualmenle, éstos derechos citados son erigid rs a la categcría de derechos humanos, sltuación éster que nos impide pasarla por alto, aclenriás de tener presente que el Estado Paraguayo está obligado a cumplirlos por ser signatario d: varios instrumentos internacionales en materia de derachos humanos.-::-- Escenario homólogo se presenta en la nueva redacción del artícLrlo 143, la manifiesta inconstitucional¡dad subsiste al establecer que los jubilados solo podrán ser reincorporados a la función pública en situaciones excepcionales o por falta de recursor; humanos, situación que es, también, radicalmente r;ontraria al orden constitucional, '/a c ue de consentir lo estipulado se presentaría una situación discriminatoria con los demás ¡r,:stulantes al mismo cargo (Art.88 de la Constitución) Debe aclararse que la precedente afirmación no implica que se discense a los jubilados de que se sometan al concurso d: méritos en igualdad de condiciones, p revisto en el Art. 15 de la Ley N' 1626/2000, por el simple hecho de que cuenten con experieru:ia y especialización por ser jubilados. Simplemente cons¡dero que la nueva redacción del artículo 143, al establecer la referida restricción además de ser discriminatoria con,:ulca el principio de igualdad proclamado en el Art.4(i de la Constitución Nacional, que expr,3samente manda al Estado remover los obstáculos, e impedir los factores que martrlngan o propicien En cuanto al artículo 251 de la Ley de Organización Administr¿rtiva de 1909, éste contempla la situación del jubilad,: que vuelve a ocupar un empleo o c¿rrgo público rentado, caso en que obliga al mismo, para seguir prestando sus servicios al Estrdo, a optar entre su haber jubilatorio o la remuneración correspondiente del cargo o empleo. Esta disposición es inconstitucional, dado que obligar al jubilado a renunciar a su jubilaci,5n a su salario resulta una abierta contradicción al artículo 86 de la Constitución, que consagra la irren u nciabilidad de los derechos del trabajador.
Por las consideraciones qtte anteceden, corresponde hacer lugar a la accirin de inconstituciona lidad promovida y, consecuentemente, declarar inaplicab,es los Arts. 16 lnc. f) de la Ley de Organización Adminis,trativa del22 de junio de 1909, con rel¿rr;ión a la acciolante.
Asimismo, corrésponde el levanta.nliento de la medida de suspensión ce efecfos dictada ein esta qausa a través del A.l. N" 2146 del 19 de setiembre de 2018, bajo efecto t-'x nunc. ES Ml YACCTONDEINCONSTITUCIONALIDAD jubila presentarse, siquiera, a los concursos públicos. El aquí accionante es un jubilado del Magisterio Nacional conforme se desprende de la Resolución DGJP N' 1319/1 1; por lo que, queda de manifiesto su legitimación para la promoción de la presente acción.
3.- Constitucionalmente la idoneidad -An. 47 numeral 3- se constituye en único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los efectos de ser considerada constitucionalmente válida.
4.- Dentro de ese contexto, la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía «...mantengan una coherencia con las constitucionales, de suer/e que no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución nacional..»t. La inhabilidad aquí prevista es contraria a la garantía citada en el punto anterior toda vez que impide toda posibilidad de postulación a un concurso público de oposición evitando, de esa manera, que el ciudadano -inmerso en la categoría- puje por el acceso a un cargo público. Tal impedimento no responde, naturalmente, a un tratamiento igualitario, sino que, todo lo contrario.-- -reconocida constitucionalmente- de seguirciendo la actividad laboral de su preferencia.- 6.- Hay que requiere que toda reconocido en respaldo en otradestacar que el princi aquella regla icon cflo corarquía constitucional -art. 137 deCN.
que produzca una afectación a un dcho de la igualdad- reclama, al menos,lgún al. Así se exe la doctrinal referique ..uSiolOE.S P gP1.9 lleruat'dee5 ieúo icl0 oC.P Jdej ituciona -como stitucio chaenteSU a9ues,ar S6crotarlMartínezBuenos Aires, Argentinae§'1"¡Éir8r Df1II LA LEY TERESA IVARTINEZ Acción de TERESA POR LA propio y bajo cuestiona la:l Dostor ní$q o.reoa, Lapor contra la el ingreso para caso, éstos sepública a los'16 f); y 143 de la Ley Nro. del251'de la Ley de OrganizaciónAdministrativa deldel "1909.- inhabilitala en cuyoprivados de 5.- Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su art. 86 en concordancia con el rn fine del primer párrafo del art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad tafIIl0c restringidos sólo a través de, o sc,bre la base de, normas con rango con stitucional.. .>»2...
'.' 7.- No se constata la exist,-.ncia de otra norma con dicho rangc -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular r: ar:. '103 no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grLlpo sustancia mente relegado sino que todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edarj -la jubilación ordinaria se produce pc r ésta circunstancia-.
Sobre este punto, la doctrina tiene,dicho que se debe extremar, incluso, r3cursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerabkt «...pero jamiis una diferencia en perjuicio de esfe secfor...»3 8.- Cabe resaltar que Ia Cortr: lDH, ya ha puesto de manifiesto que , ...La Corte considera que la jubilación es un derecho ajerno a la condición de idoneidad para el :lercicio de funciones públicas...» . Recordemos que por imperio del arl.47 numeral 3 de la CN no hay más requisito que la idoneidad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la jubilación es un derecho ajeno a dicha condición tal como o indica dicho organismo internacicna 9.- Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, irr,ecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocuoar un determinado cargo en la fun<:ión pública quedará supeditada, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proce:rr: respectivo y sobre todo, a los criterios que exi.jan la naturaleza del cargo al cual se aspire. l-l.ay que tener en cuenta que el proceso de convocator¡a y contratación estarán basarlos en principios de eficacia y transparencia así como criterios objetivos como el mérito, la ec uidad y la aptilud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 'l de Ia Ley 2535 que Aprueb,a la Sonvención de las Naciones Unidas contra la Cc rrupción, que es una norma, desde luego de rango supra legal 10.- De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en t.'ste caso el inciso f) del artículo 16 de la Ley 162612000, nrodificado por el art. 01 de la Ley 3989''10, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser de,:lar¿rdo tal senlido.- 11.-Así también, sigue la misma suerte el art. 143 de la Ley 16:26/llOC), modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, por r:uanto que ésta norma establece una erxcepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso 0 recientemente anal¡z rdo. Esto es así, por cuanto que si la regla general pierrde vigencia, desde luego que la c.xcepciórr a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable s,lbre todo porque si asumimos la prem sa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo públic,r, cc)n mayor razón aún, está habilitado para celebrar t¡n contrato dentro de un régimen e:;pecial, cual es, la contratac¡ón por tiempo determin¿rdo. En consecuencia, el alcance de incr:nstitucion alidad aplica a la normativa citada.
12.- Hemos de aclarar que con tal determinación, esCorte nc está imponiendo, u ordenando que el jubilado, necesr¡riamente, ocupe una funciódentro r k: la hdministración, sino que se procura tutelar la garantía en el acceso a la funpúclir a, c rcunstancia que quedará, como debe de ser, a as resultas y bajo la cometenci¿r r xclusi'¡a del órgano respecti'¡¡o de la administración pú1:lica.- Pá9.60.-rechos v G¿r.,r!a BJer x 1,F.. A oer lr_a Astrea .A.,]Oireclor. 12A18). Tratado de conlral de con.t¡tuc¡anal¡dad y convenc¡onal¡dad foño 4.De.
IAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIA TERESA MARTíNEZ AGOSTA C/ARTS. 16 tNC. F)y 143 DE LA LEY N'1626/2000, MODIFICADOS POR LA LEY N'3989/10 Y CONTRA EL ART. 25í DE LA 13-Fiente, Iarte accionante solicita la inconstitucionalidad del ar1.251 de la Ley ntAdmintrativa yFinanciera del Estado de 1909, la que a la fecha de estudio apaccroninconstitucionalidad ya ha sido modificada por Ley N'6834izr. ccronfueentada con suma anterioridad respecto de Ia fecha de entrada en de la Ley N'1, sin embargo, debe extenderse la impugnación impetrada a lo fuera materia deodificación por cuanto que no sólo el enfoque de los argumentos rimidos quedan vinlados a dicha parte de la norma sino que, sobre todo, la casuística tal menester. De esta manera, haciendo un abordaje en la totalidad estaremos garantizando el pleno acceso a la justicia y la tutelaentada nos impon dla materia regulad jurisdiccional efectiva del justiciable.- 14.- Habiendo hecho esta aclaración, hay que traer a colación que la norma impugnada y su modificatoria, sigue disponiendo, básicamente, que el jubilado que ingresa de nuevo a la función pública debe optar entre percibir la remuneración de la jubilación o el salario que viene dado con el cargo correspondiente.
15.- La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonio adquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el art. 102 de la CN, establece en su in fine el resguardo de «los derechos adquiridos» ni dilatarle...
17.- En cuanto al salario, el art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización lnternacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro.935i64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes a obtener o conservar un empleo. 18.- Desde luego que nuestra ConNacional protege el salario de I trabajadores en su Art.92, aplicableidad a la remisión efectuadapor el a a,co@,Wtayefe Isuncton.Paraguayídot er Dans esarf idS;¿;d$nldo Rodrí g. Julio C. Pvón Martíne SeCr€tÉrlOaboral. Tomo l¡. Buengs'Aids. Arú'ent¡na. Heliasta. Pá9. 992.- e confotitució uez, B.E iodeD4 Cristaldo Montamn* Cabanellas de Torres,0./ 16.- En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que «...El bloque de constitucionalidad en materia laboral está bajo el imperio de la progresividad y la ineversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador... La normativa inconciliable con la profección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabajadores, deben considerarse inapl¡cables... »a. Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que ...1a jubilación no es un beneficio graciable; sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que ha reunido requisitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, 19.- Y que no se diga que, rJe esa manera, se está conculcando l,) dispuesto por el art.
105 de la CN. En efecto, lo que e::ta norma constitucional impide es la d:ble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción dr: haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturalez;l esta percepc¡ón no constituye un salario.--- 20.- Queda visto, pues, qur-' la norma examinada -an. 251 de la [-ey de Organ zación Administrativa y Financiera del Estado de 1909- conculca el pri¡16ip¡e de prelación constitucional por atentar contra las previsiones emanadas del citado C ¡nvenio 95 de la OlT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el art. 92. Deb': pues, decretarse su inaplicabilidad por ser inconstituc onal.---: 21 .- En conclusión. crrresponde hacer lugar a la pesente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respect() del acc¡onante la inaplicabilidad de la Ley 3989/10, en la parte que refiere al inc. f) del Añ. 16 y 143 de la Ley 162612000, así como el Artículo 1" de la Ley N' 6834/21 que modifica el Artículo 251 de la Ley N' 2211909. Asimismo, corresporde levantar la medida cautelar de s.rspensión de efectos dispuesta en autos. ES Ml VOTO A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo La señora PORFIRIA TERESA MARTINEZ ACOSTA, pr,r"nueve Acción de lnconstitucionalidad contra los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley No 1626/)0 "DE LA FUNCION PUBLICA" yel Art.251 dela"LE',(DEORGANIZACIÓNADMINISTRA7 IVA"de 1909.
Obra en autos la constancia que la accionante tiene la calid ld de jubilada como funcionaria de la Administración de Justicia, mediante la Resolución D(i,JP-B N" 4339 del 31 La parte recurrente sostierre que las disposiciones objetadas vulrreran los Arts. 47, 86, 88 y 1 05 de la Constitución Nacional, al encontrarse vulnerado en su de'echo de acceder a la función pública De la revisión de las documentaciones acompañadas a estos autos, surge que la accionante ya se encuentra designada como Secretaria Ejecutiva de l¿r Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, dependiente de la Presidencia de la República. Esta circunstancia constituye motivo suficiente para no atender las objeciones L'nunciadas respecto a los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Lr:y N' 1626100 En cuanto a las objeciones contra el Art. 251 de la Ley de Organi;:ircion Administrativa, si bien fue modificada por la Lr:y N' 6834/2021 , los agravios enunc i¿ados no queclan en imposibilidad de ser estudiados. La nueva redacción dispone: "Añ. 251 .- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional c municipal, deberán ' optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilac¡ones y pens¡ones el impoñe de retribución que dejen rte percibir.
Se encuentran excluidos de esta disposición, fodos /os jubilt tlos clel régirten de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienta t¡ue ingresen. se qisterio Nacional o en >.sti g a c i n c i e nt ífica. ntestigación científica t optar entre apoñ4r t solicitar el reti¡o dg ra eleccrón entre rbilado que vuelva anuevamente a Ia Caja Fiscal o nc, hacerlo, pudiendo, en caso de h ocupar un empleo o cargo público rentado, nacional o municipal.- En este marco no puede d,:jar de observarse que una personu cilada. al realizar una hérneo, que son el dgencuentren o se encontraban, cotno contratados o nombrados, en el las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la Los jubilados nombrados para el ejerc¡c¡o de la docencia y/o en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, po /os aportes realizados según las leyes vigente" . La norma propon haberes .jubilatorios y la remune'ación en el cargo o empleo.a to 6actividad laboral, pone en marcila dos derechos que fluyen en si el origen de los montos a percibir es totalmente distinto. Sostenemos que el derecho a la igualdad se materializa solamente cuando ante una misma situación, se dispensa a todas las personas el mismo tratam¡ento, y en el caso de la disposición en estudio, queda evidenciada la inexistencia de tal tratamiento igualitario.:- No puede dejar de notarse, además, que la redacción actual de la ley realiza una exclusión, proponiendo que en el caso del ejercicio de la docencia ylo la investigación científica, la norma no se aplique a los jubilados del régimen de jubilaciones administrados por el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de EconomÍa), lo cual muestra una desígualdad insertada en la propia redacción, puesto que propone que la obligación de optar entre el salario y la jubilación en algunos casos no será necesaria, evidenciando así la existencia de un tratam¡ento distinto ante una circunstancia exactamente igual, que en este caso es la reincorporación de un jubilado. Estos razonamientos otorgan justificación a Ia declaración como inconstitucional de la norma en estudio, por vulnerar la supremacía constitucional.
Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de la"LEY DE ORGANIZACTÓN ADMINISTRATIVA" de 1909, en lo que afecta a los derechos de la señora PORFIRIA TERESA MARTINEZ ACOSTA,de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CPC. Corresponde así mismo el levantamiento de la medida cautelar disestap mediante el A.l N'2146 del l9 de septiembre de 2018. ES Ml VOTO.- Con lo que se dio por terminado el afirmando SS.EE., todopor ante mí, de certifico, quedando acordada la senctaed iatamsrgue Ante Cesar M. Diesel Jungh Ministro CSJ C,Petn 7uio learloMartínACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIA TERESA ctARTS. 16lNC. F)y 143 DE MODIFICADOS POR LA salario por la actividad laboral efectiva dos igualdades que son distintas: laLA LEY LEY N'3989/10 Y CONTRA EL ART. 251 DE LA que corresponde a la compensación por los años de aporte ya el otro, el de percibir el rqug Se jubilados, a quienes que se accedió portodosrealizanLa realidad propone realizados anteriormente. Si decimos que tódos los y a los mismos les corresponde percibir los montosun trabajo, respecto de los cuales, todos tienen derecho trabajo. También propone la realidad entre todos los trabajadores y los que les sonesta aseveración no debe ser distinta cuando la única circunstancia que varía es la deen uná sola persona la calidad de trabajador y jubilado, púesto queese el derecho a percibir el haber jubilatorio que es un delecho al añosaporte soniguales SENTENCIA NÚMERO:31G brr I Asunción, I de a Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalida,l promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 de la Ley N'39 39/1 0 que modifica los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley N'1626/00 y el Art. 1 de la Ley Nl'6334 21 que modifica el Art.251 de la Ley N'22l'909, en relación a PORFIRIA TI:RESA MARTÍNEZ ACOSTA, de conformidad a lo ,:stablecidort. 555 del CP(l ORDENAR el levantamien:o de la Muspensión dfe :ros, dispuesta por A.l. N' 2146 de fecha 1 ANOTAR, regist9 de septir:mbe lanotifio por es Guslavo §ant i Mitrtt ni!1l Ante gha¡ns SecrGtalioCesar lrll Diesel Jun Ministro u"Dt.0 Ma018, dictida de