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Acuerdo y SentenciaSala PenalPenal

Acuerdo y Sentencia N° 86/2024

5 de abril de 2024

EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO EN YATYTAY".

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EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS SI ROBO Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala

CUESTIONES:

En u caso, ¿resulta procedente? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente ltado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES y A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. LUIS MARÍA Í EZ RIERA DIJO: En la presente causa, la defensa de Roberto Carlos Ortega Per lt interpuso el recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 1 /2020/T.A.P.02 del 7 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Ap 1 ción, Segunda Sala de la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa.

ualiza en sus tres incisos, los a. Carot. Llenes O.

Ministra únicos y exclusivos motivos que hacen a la procedencia de la casación, y a ese respecto dispone: "El recurso extraordinario de casación procederá exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad de diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional, 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia y 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados".

Sobre la forma de interposición, el art. 480 del C.P.P., en concordancia con el art. 468 del mismo cuerpo legal, dispone que el Recurso Extraordinario de Casación debe interponerse en el término de diez días de notificada la resolución que se impugna, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

No debe olvidarse que el Recurso de Casación es de carácter extraordinario, lo que implica que las normas que lo regulan son de interpretación estricta, sin posibilidad de ampliar lo que ellas expresan ni entenderlas analógicamente, más aún cuando las mismas son tan claras, transparentes y terminantes, como lo son los las Una vez establecidos estos parámetros y cuestiones relevantes al tema, corresponde iniciar el análisis de admisibilidad del recurso de casación deducido.

ANALISIS DEL RECURSO PLANTEADO POR LA DEFENSA DE Corresponde observar primero las condiciones de interposición del recurso, y vemos que el mismo ha sido presentado ante la Secretaría Judicial Número Tres de la Sala Penal dentro del plazo legal de diez días, contados a partir de la notificación del Acuerdo y Sentencia en cuestión. En ese sentido, la notificación a la defensa técnica fue practicada el 21 de diciembre de 2020, y el planteamiento recursivo fue presentado el 31 de diciembre del mismo año, cabe decir, dentro del plazo legal de Sobre la impugnabilidad subjetiva, se puede observar que la representación de Roberto Carlos Ortega Peralta tiene intervención legal en la presente causa conforme constancias de autos, se halla acreditada su personería, hallándose debidamente legitimada para recurrir en casación conforme a lo dispuesto por el art. 449 del Sobre la impugnabilidad objetiva, vemos que la Sentencia Definitiva recurrida se trata de una resolución que pone fin al procedimiento, tal como lo establece el artículo 477 del C.P.P., ya que la misma confirma la sentencia del Tribunal de Sentencia que, entre otras cosas, impuso al acusado condena a pena privativa de EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS S/ ROBO ce al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo Luego de revisar el escrito de casación es posible deducir que su fun amentación es defectuosa e insuficiente pues, se trata de una reedición del escrito de a apelación especial interpuesta por esa representación contra la S.D. Nº 60/ 0/TS. de fecha 30 de julio de 2020, dictada por el Tribunal de Sentencia en estos aut s. En ese sentido, la defensa de Roberto Ortega, en el escrito de apelación esp cial había reclamado la nulidad del proceso por el hecho de que el Juicio Oral y Púb ico se ha celebrado por medios telemáticos, y a tal efectos invocó garantías pro esales establecidas en el Código Penal de Forma, y además citó las disposiciones de a Ley Nº 6495/2019. No obstante lo dicho, en ninguna parte del escrito de ape ación especial ni en el de casación ha indicado cuál fue el perjuicio concreto que oca ionó a su defendido en relación al derecho a la defensa la utilización de medios tele áticos para la celebración del juicio oral y público, por lo que no ha dado cu plimiento a lo establecido en los artículos 449, 450 y 468 del Código Procesal Asimismo, con relación al cuestionamiento del valor probatorio que el Tribunal cía otorgó a las pruebas producidas en el juicio oral y público, en que los c rren es hicieron referencia al reconocimiento de persona efectuado por las víct ma y a supuestas contradicciones en las declaraciones que rindieron los testigos res ect a cómo ocurrieron los hechos, tales reclamos ya habían sido planteados en 1 e cri o de apelación especial, lo que revela por un lado, que en realidad el recurso g. Karin ¡IS'fi'i'(,'>flbión va dirigido contra la sentencia definitiva de primera instancia y no contra s eª rdo y sentencia recurrido, y por otro lado, que lo que realmente pretenden los nistas es que la Sala Penal proceda a revalorar las pruebas producidas en el oral y púj li lo cual es facultad privativa del tribunal de sentencia, por el ipio d media i por el diseño del Código Procesal Penal en cuanto al aordin asacion, delimita a la Sala Penal a controlar la remisión que hace el artículo 480, todos del C.P.P., por lo que debe ser declarada su Voto de la ministra María Carolina Llanes Me adhiero a la solución propuesta por el ministro preopinante Luis María Benítez Riera de declarar la inadmisibilidad del recurso formulado por los Abgs.

Keiko Kanazawa Arrúa y Luis María Careaga (h) en representación de Roberto Carlos Ortega Peralta. Comparto los mismos argumentos expuestos por el colega, a los que La presentación recursiva del litigante es improcedente, porque se ha limitado a exponer que el fallo impugnado no contiene motivación alguna y que ensaya una fundamentación vaga y aparente porque el Tribunal de Apelaciones ha omitido estudiar los reclamos expresados en el recurso de apelación especial. En cuanto a la exposición del agravio "inobservancia de la Ley N. º 6495/2020 (arts. 2 y 7)" simplemente expuso que el Tribunal de Sentencia arbitrariamente dispuso la realización del juicio oral por medios telemáticos, sin fundamento alguno ni previo aviso a la defensa; pero, al desarrollar esta idea no mencionó por qué ha considerado que el razonamiento del Tribunal de Apelaciones se halla viciado, ni refirió en qué hechos se ha sustentado lo aducido, cuando su único objetivo debió ser demostrar que el fallo es manifiestamente infundado; por lo tanto, este Lo mismo ocurre, en la exposición del cuestionamiento "falta de fundamentación manifiesta en la interpretación de la sana crítica" al señalar de forma genérica que la sentencia dictada por el órgano juzgador no es objetiva, no buscó la verdad y que no valoró los medios probatorios ofrecidos por la defensa, pero en ninguna parte explica cuál fue el error concreto del Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración de los medios de prueba, qué reglas del razonamiento lógico fueron inobservadas, y tampoco menciona qué medios de prueba ofrecidos en favor de su defendido no fueron tenidos en cuenta o si fueron incorrectamente valorados; por lo tanto, este agravio no cumple con las exigencias de fundamentación previstas en la ley y debe ser rechazado.

Como tercer agravio expuso "inobservancia de las formalidades previstas en los arts. 227, 229 y 230 del CPP" sin embargo, en el desarrollo de este apartado cuestiona la credibilidad de las declaraciones testificales, lo cual no guarda relación con las reglas del "reconocimiento". Debe recordarse que a través del sistema recursivo el recurrente no puede pretender que la máxima instancia judicial den un nuevo valor probatorio a los elementos ya contrastados en el contradictorio. Lo que sí puede hacerse ver en esta instancia es el producto de la valoración ya realizada CORTE i SUPREMA USTICIA EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO EN de Sentencia, y basándose en el de En conclusión, lo que se colige es la mera disconformidad del recurrente con lo r suelto por los órganos jurisdiccionales competentes en las instancias anteriores, mo ivo que no justifica la viabilidad de un recurso extraordinario de casación. Es mi VOTO DEL SR. MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA.

ADMISIBILIDAD. / l. Los Abogados Keiko Kanazawa Arrúa y Luis María Careaga (h), en rep esentación de ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA interponen los recursos de Cas ción en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 18 de fecha 7 de diciembre de 2020, dict do por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Jud ial de ltapúa. Dicha resolución ha confirmado íntegramente la 5.0. Nº 60 de fec a 30 de Julio del 2020, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jue es Penales Julio Cesar Acuña, en calidad de Presidente, Bernardino Ramón Gus avo Arzamendia y Diana Catalina Elizabeth Arana de Uzuca, como miembros titu ares. Este último fallo ha condenado a ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA y EG ER OSMAR RIOS GALEANO, a la pena privativa de libertad de 10 años por el . aPe oái especto a la recurribilidad objetiva, se constata que la resolución gn da es un Acuerdo y Sentencia dictado por un Tribunal de Apelaciones, por u se encuentra satisfecho el requisito previsto en el Art. 477 del C.P.P. en su alternativa1, en el caso de ambos recursos. Asimismo se verifica que el eseectivos representantes, tienen intervención legal en la presente p cedentes, por lo que se encuentran subjetivamente sición de los presentes recursos. Además, consta que la tro de los diez días hábiles de haber sido notificado fehacientemente del citado Acuerdo y Sentencia, por lo que el recurso ha Recu rso de Casación interpuesto por la defensa de ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA 3. En este caso el recurrente ha invocado como motivación del recurso de casación a las disposiciones del Art. 478 inc. 3 del C.P.P.2 , argumentando la inobservancia y errónea aplicación de los preceptos constitucionales que garantizan el ejercicio pleno de la defensa en juicio, previstos en los artículos 16 y 17 inc. 5 de la Constitución3 ; peticionando la nulidad absoluta del juicio oral y público. En el escrito de interposición de recursos, el impugnante argumenta como fundamento la 4. Como PRIMER AGRAVIO el recurrente ha señalado, que el fallo ha incurrido en la inobservancia y errónea aplicación de preceptos legales y constitucionales referentes al "Derecho a la Defensa en Juicio", desatendiendo la supuesta nulidad absoluta en la que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, al sustanciar un juicio en vulneración a las disposiciones del Art. 2 de la Ley 6495/194 . Además, sostiene que el Tribunal de Apelación ha omitido toda consideración respecto a la supuesta ausencia de una resolución fundada sobre la pertinencia de la audiencia telemática conforme lo exige el Art. 7 de la citada Ley 6495/195 La fundamentación expuesta por el recurrente, es merecedora de un pormenorizado análisis, a efecto de verificar las circunstancias fácticas señaladas y la correcta aplicación del derecho, por lo que Artículo 478. MOTIVOS. El recurso extraordinario de casación procederá, exclusivamente: 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados.

ARTICULO 16 - DE LA DEFENSA EN JUICIO La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. ARTICULO 17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección; Artículo 2º Audíencias de Procesados y Condenados. El Juez o Tribunal, mediante resolución fundada, autorizará el uso de medios telemáticos para la realización de la audiencia en la que deba concurrir un procesado o condenado, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a. Se trate de hechos punibles relacionados con el crimen organizado, en cualquiera de sus formas o manifestaciones y exista la sospecha razonable de que pueda fugarse, huir o sustraerse de su custodia durante el traslado.

b. Tenga dificultades que le impidan comparecer físicamente ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, a causa de una enfermedad u otras circunstancias personales. c. Exista una distancia considerable entre la sede del Poder Judicial o del Ministerio Público y el establecimiento de reclusión. d. El traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por razón de seguridad personal de los Magistrados o del procesado o condenado. Estas audiencias se realizarán conforme a las Leyes vigentes y deberá asegurarse el cumplimiento de las garantías procesales y los principios de inmediación y contradicción. El abogado defensor, deberá estar físicamente al lado del procesado o condenado Artículo 7º La decisión que ordena la implementación de medios telemáticos deberá ser adoptada por resolución fundada, de oficio, a solicitud de cualquiera de los intervinientes en el proceso, o en su caso a petición de la autoridad administrativa encargada de institutos penales. La resolución será irrecurrible.

EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS 5/ ROBO AGRAVADO EN clarar la ADMISIBILIDAD del Recurso de Casación, respecto a este :-. SEGUNDO AGRAVIO manifestado por el impugnante, consiste en la esta ausencia de valoración de las pruebas de descargo, señalando que la ena se fundamenta en manifestaciones periféricas de los hechos relatados que estamente implicaban al recurrente, cuestionando la decisión del Tribunal de nda Instancia. Afirma que ante este agravio, dicho órgano se habría limitado a efe tuar afirmaciones dogmáticas y formularias, sin una referencia fundada que le per itiera confirmar el fallo apelado. A efecto de verificar las afirmaciones efe tuadas por el casacionista, corresponde declarar la ADMISIBILIDAD del recurso 6. Como TERCER AGRAVIO, expone el casacionista que el Tribunal de Ape aciones ha soslayado supuestos errores del Tribunal de Sentencia, al fun amentar la participación de ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA, en base a un rec nacimiento de personas que fue realizado en vulneración a las disposiciones de los artículos 227 y 229 del C.P.P.6 . Corresponde verificar las afirmaciones del rec rrente y consecuentemente declarar ADMISIBLE la presente vía recursiva, en 7. El CUARTO AGRAVIO, señalado por el recurrente consiste en la valoración cia ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA, efectuada respecto a la n ca-procesado, quien de esta manera pretendería descartar su en el hecho. Esta circunstancia y la respuesta jurídica adecuada, cen ser ealizadas al momento de analizar la procedencia del recurso, motivo 1 cual sulta pertinente declarar ADMISIBLE el recurso de casación, también en TOS. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al s I i utado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre 'tez Riera aría aen1 Ministro PROCEDENCIA.

8. Sintetizando el contenido del PRIMER AGRAVIO, expuesto por la defensa de ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA, se ha señalado que el fallo ha incurrido en la inobservancia y errónea aplicación de preceptos legales y constitucionales referentes al Principio de Defensa en Juicio. Afirma el recurrente, que se habría incurrido en una nulidad absoluta del fallo de primera instancia, que fuera tratado en forma equivocada por el Tribunal revisor en el fallo impugnado. En este sentido efectúan en primer término, un especial hincapié respecto a que el abogado defensor no se encontraba físicamente al lado de su defendido, en contravención a las disposiciones del Art. 2 de la Ley 6495/19. En segundo término, también señalan que corresponde dicha nulidad, debido a que no habría existido una resolución fundada, acerca de la pertinencia de la realización telemática de la audiencia de juicio oral, vulnerando el citado Art. 2 y el Art. 7 de la citada Ley 6495/19. Aunque no han señalado en forma específica, el perjuicio ocasionado por la forma de 9. En este punto, el Tribunal de Apelaciones ha señalado que el Juez de Garantías ordenó la apertura a juicio, en momentos en que la OMS había declarado la pandemia a causa del COVID 19, lo que motivó que el Gobierno Nacional, decretara el estado de emergencia en todo el territorio de la República.

Seguidamente enumera las normas (Leyes y Decretos) que lo dispusieran, exponiendo que, ante esa nueva realidad, la modalidad de trabajo fue modificada apelándose a la utilización de medios digitales y al desarrollo de audiencias por medios telemáticos, en estricta observancia de las reglas de prevención, aislamiento e higiene. Indica que la Ley 6495/19, autorizó la implementación del sistema de audiencias telemáticas por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público, atento al Protocolo Sanitario conforme a la Acordada Nº 1373/20. Por estas razones, el Tribunal de Sentencia dispuso conforme se lee en el Acta de Juicio, la realización del juicio oral bajo esta metodología, con la participación de los acusados desde su lugar de reclusión, en salvaguarda de su salud y del derecho a la defensa.

10. Prosigue señalando el Acuerdo y Sentencia impugnado, que la falta de inmediación argumentada por los apelantes, no corresponde; porque del Acta de Juicio se desprende que la audiencia fue realizada con la presencia ininterrumpida de las partes y de los magistrados. Se indica que, aunque físicamente no se encontraban los procesados presentes, si concurrieron telemáticamente al juicio en todo momento, y que dicha circunstancia no fue negada por los recurrentes.

Respecto a la violación del Art. 2º de la Ley 6495/19, sobre la base de la ausencia de una resolución fundada, que justifique la necesidad de hacerlo de esta manera, se ha fundamentado que dicha crítica no se encuentra justificada, debido a que los fundamentos fácticos y legales (la emergencia sanitaria) ya fueron suficientemente explicados y la resolución ha sido adoptada antes del inicio del juicio y asentada en CORTE UPREMA STICIA EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN '-' ,1;.lf re tiva. Prosigue relatando el órgano revisor, que no ha existido 0-üiui.-: 1fraci' las disposiciones del Art. 75 inc. 6 del C.P.P.7, debido a que los n--1oJ-i:;_µ¡..n.,.:i,......,,.....,.."' an estado presentes desde el inicio hasta el final del juicio, efectuando

i!-4..i.u..!P-r'"" as diligencias inherentes a la defensa de los acusados. Finalmente, se pu ualiza la inexistencia de una transgresión a las disposiciones del Art. 385 del , debido a que las contingencias de la pandemia, exigían una máxima tol rancia a efecto de la adaptación a las medidas de aislamiento, prevención e higi ne en protección de la salud de los intervinientes en el juicio e indirectamente de oda la sociedad. Se indica que los acusados han aceptado participar desde su lug r de reclusión y los abogados desde la sala de audiencias, sin haber cuestionado omento alguno, dichas circunstancias, por lo que no ha existido impedimento GARCETE Y OTROS 5/ ROBO AGRAVADO EN 11. En un caso similar, plasmado en el Acuerdo y Sentencia Nº 736 de fecha 8 oviembre de 2022, recaído en los autos: ""Alfredo Alcides Villamayor Martínez omicidio Doloso". Nº 4081/2016", la Sala Penal entre otras consideraciones ha señ lado cuanto sigue: " ... En el contexto expresado, la norma transcripta en el pár afo que precede, en los casos previstos autoriza el uso de medios telemáticos par la realización de audiencias a un procesado, lo que se dio, pues el Tribunal de Sen encía dispuso la realización del juicio oral por medios telemáticos en razón de que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, lugar de reclusión del acusado Alfredo Alci es Villamayor Martínez, se encontraba en aquel entonces con cierre epi emiológico, dispuesto por Resolución Número 481 de fecha 28 de julio del 2020, A TADO. Al imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, y comprensible, por parte de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de los o a.D&ITTTiefensor esté pr, sente al momento de rendir su declaración y que rera su presen ia; EL IMPUTADO. En el curs de la audienc , el imputado podrá hacer las declaraciones empre que f refieran a su d fensa El rrnp do podrá en todo momento hablar con su audiencia semda;a tal ef etc se le ,b;c e a so lado.

. Caroljtí-a Llanes ú. Mlnistra su lado, y en caso de no encontrarse, el defensor debía haber establecido el perjuicio concreto que le ocasionó al ejercicio de su defensa (por ejemplo la imposibilidad de preparar su estrategia defensiva, o sus alegatos) ..... Igualmente, cabe mencionar que el Código Procesal Penal, en su Art. 3669 "Inmediatez", prevé el supuesto de que el juicio oral y público se pueda realizar inclusive sin la presencia física del propio acusado, cuando el mismo después de su declaración, se rehúsa a permanecer en la sala de juicio oral y público, por lo que será custodiado en una sala próxima, sin que ello represente la vulneración del derecho a la defensa y las garantías descriptas en la Constitución, porque el citado precepto legal autoriza al defensor a que lo represente para todos los efectos pertinentes, y sólo en caso de que la acusación sea ampliada el presidente del tribunal lo hará comparecer para la intimación correspondiente. Así también, en el citado cuerpo normativo, en el título V, Procedimiento para la aplicación de medidas de mejoramiento, en el Art. 429, se menciona en el numeral 4) '' ... que el juicio se realizará a puertas cerradas, sin la presencia del imputado ... ", posibilitando que se lleve a cabo el acto procesal de esa manera. En consecuencia, se denota que el propio código de procedimientos penales vigente permite que el juicio oral y público, y otros actos procesales en ciertos casos, se lleven a cabo sin que necesariamente el procesado se encuentre en forma física al lado de su defensor, y esto no representa la vulneración de los derechos y garantías 13. Prosigue señalando el citado precedente cuanto sigue: " ... Además, se debe realizar una interpretación acorde a lo dispuesto en nuestra Constitución, del Art. 2, in fine, de la Ley Nº 6495/20, que habilita la realización de audiencias por medios telemáticos (conocido por juicio penal digital). En ese sentido, lo que se pretende garantizar con esta norma, no es el derecho a la presencia física del defensor (a su lado), sino es el derecho a la defensa del procesado durante las audiencias, y que el defensor técnico pueda realizar el control e impugnación de las pruebas, según lo previsto en el Art. 17, inc. 8 de la CN10 , y el Art. 6 del CPP1 que se producen ante el Tribunal de Sentencia, y situarle en el mismo espacio físico que su defendido, en realidad empeoraría su situación al no poder controlar los medios de prueba En el juicio digital, que fue habilitado en nuestro país por la referida Ley Nº 6495/20, el hecho de que el procesado no se encuentre físicamente al lado de su defensor durante las audiencias, como se ha realizado tradicionalmente, no resulta relevante, en atención a que los defensores, los procesados, así como los magistrados, y los demás intervinientes en el proceso penal, se encuentran en un espacio común Art. 366. Inmediatez. " ... El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado por el defensor; sólo en caso de que la acusación sea ampliada, el presidente lo hará comparecer para los fines de la intimidación que corresponda ... ".- 10 Art. 17. De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: ... 8) que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas ... " Art. 6. Inviolabilidad de la defensa. Será inviolable la defensa del imputado y el ejercicio de sus derechos. Los derechos y facultados del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una reserva expresa en la ley o en el mandato.- EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS 5/ ROBO AGRAVADO EN s "el espacio virtua!", para llevarse a cabo el acto procesal para el convocados, pero salvaguardando el derecho a la defensa del /Yr',-K-!1."''P"V las demás garantías constitucionales, por medio del uso de las LIKil.,entas tecnológicas aptas para el desarrollo del juicio digital Al respecto, rata Nares expresa que con la irrupción masiva del COV/0-19, se originó un e aceleramiento del incipiente proceso de coexistencia entre los "estrados naticios" y los "estrados cibernéticos", cuyo futuro, va a generar un paulatino ava ce del último de los mencionados. Asevera el referido autor, que los juicios digi a/es o cyberjuicios han revolucionado al proceso penal, porque de las "salas de aud encías" lugar de natural de concurrencia personal de todos los que participan par la realización de cualquier trámite procedimental, se ha pasado a la "vir uoltdad", que es el espacio común donde abogados, fiscales, partes, imputados pro esados y jueces se encuentran, y llevan adelante el acto procesal para el cual han sido convocados (andruet), en un tiempo también común, y este fenómeno en ria/ pena tiene una especial relevancia en el juicio digital o cyberjucio12 13. Finalmente, sobre la cuestión referente a la inmediación y a la petición de nuli ad absoluta, el fallo citado contiene las siguientes aseveraciones: " ... Por otra par e, el hecho de que la audiencia de juicio oral y público, se llevó a cabo con la pre encía virtual del acusado, Fiscal y los órganos de prueba (peritos y testigos) ante el J ez, no implica una afectación del principio de inmediación, en atención a que, a 's de los diferentes medios tecnológicos utilizados, de igual manera se guardó el derecho a la defensa, y el desarrollo de la actividad probatoria (de car o t-e-,escargo) de los intervinientes, respetándose los derechos y garantías o esa/es est blecidos en la Constitución En ese sentido, debe mencionarse lo afir ado por ellian Cabañero", respecto a que, el principio de inmediación en su epción c úsica, implica la presencia física del Juez, acusado, Fiscal y órganos i os y eritos), de prueba en la audiencia; sin embargo, este principio tuvo que "'rn-o.<C:77"1.,rue con la aparición de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, que hab litan a que todos los sujetos intervinientes en el proceso puedan encontrarse de Abg. }tiMD!JU:l lffl'eltáne ente durante el desarrollo de las audiencias, a través de la seer ta a R na! digital. De los "Estrados tribunalicos"a los "Estrados cibernéticos", Editorial conexton por los medios tecnológicos. Al respecto, el uso de cualquier medio tecnológico (como videoconferencia), para llevar a cabo las audiencias telemáticas permite que exista una comunicación simultánea entre los participantes por medio de videos, audios, documentos, imágenes y otros elementos, por lo que no vulnera de forma alguna el principio de inmediación, sino por el contrario, contribuye en el cumplimiento de los fines del proceso, especialmente en aquellos juicios en los que por razones de fuerza mayor, no se pueda contar con la presencia física de los sujetos procesales ...... Por último, el Art. 166 del Código Procesal Pena/14 , establece de forma clara como causales de nulidad absoluta, además de los casos expresamente previstos, los que afecten la intervención, asistencia y representación del imputado o acusado, y que vulneren derechos y garantías previstos en la Constitución, y demás leyes vigentes aplicables a la materia, por lo tanto, esta situación no se verifica en el presente proceso, y no existe razón para declarar la nulidad del fallo por los motivos expuestos por el recurrente, en consecuencia, 14. En base a las afirmaciones contenidas en el precedente citado, se concluye que no ha existido una lesión al Derecho a la Defensa, por la realización de una audiencia telemática, aun cuando no se encuentren físicamente al lado defensores e imputados, salvo que se argumente algún impedimento efectivo en la realización de actos defensivos, declaraciones del imputado, producción de pruebas propias, la posibilidad de control efectivo o la impugnación de la producción probatoria de otro sujeto procesal. Circunstancia esta que no concurre en el caso en examen, por lo que no cabe considerar la nulidad absoluta, en base a la lesión al 15. No obstante lo expuesto, subsiste el cuestionamiento respecto a la supuesta ausencia de una resolución fundada para la realización de la audiencia telemática. En este sentido, analizando el Acta de Juicio Oral, se evidencia que concluida la tramitación de los incidentes previos, consta la siguiente afirmación: " ... Una vez abierto el juicio se hace saber a las partes ante la pandemia Covid, el Tribunal dispone que se hará uso de los medios telemáticos cuando fuere necesario de conformidad a la Ley 6495/20 que autoriza la implementación del sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, a lo que las partes manifiestan su conformidad, asimismo se hace saber a los acusados de dicha disposición ya por dicha vía. Luego de resueltos los incidentes planteados se da por iniciado la sustanciación del juicio oral y público ... ". Esta constancia en el acta, demuestra fehacientemente la existencia de una resolución judicial adoptada en audiencia, la que además fue aceptada por los intervinientes, cuyo contenido y Art. 166. Nulidades absolutas. Además de los casos expresamente señalados en este Código, serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el Derecho internacional vigente y este Código.

EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS 5/ ROBO AGRAVADO EN <o tan en acta, sin perjuicio de las ampliaciones verbales que hayan --,...J...-.-1-n este sentido, las disposiciones del Art. 370 In fine del C.P.P.15 , son claras ñalar que las resoluciones que se adopten en audiencia se dictarán verbalmente -sal o que, por su naturaleza extintiva o modificatoria de la relación procesal, req ieran las formalidades de un Auto Interlocutorio o Sentencia Definitiva que ando notificadas por su pronunciamiento. De ello se infiere, la existencia de una resolución que cumple con los requisitos de los Arts. 2 y 7 de la Ley 6495/20.

Ade ás, la situación de emergencia sanitaria, a raíz de la pandemia cumple sufi ientemente con el presupuesto establecido en el inciso d del Art. 2 de la Ley 649 /20 que torna viable la audiencia telemática en razón a que "El traslado al lugar de a audiencia encuentre dificultades por razón de seguridad personal de los Ma istrados o del procesado o condenado". En razón a los motivos pre edentemente expuestos el recurso de casacion debe ser declarado 17. El SEGUNDO AGRAVIO manifestado por la defensa de ROBERTO CARLOS EGA PERALTA, se sintetiza en la supuesta ausencia de valoración de las pruebas escargo, al afirmar que la condena se fundamenta en manifestaciones peri éricas de los hechos relatados que supuestamente implicaban al recurrente.

Seg idamente se cuestiona la decisión del Tribunal de Apelaciones, sosteniendo que spue ta a esta cuestión se habría limitado a efectuar afirmaciones dogmáticas rmular" s, sin fundamentar las razones por las que han confirmado el fallo ape ado. abe señalar que el recurrente no ha identificado en su escrito de casación, edi s probatorios supuestamente omitidos en su valoración.

18. A efecto de comprobar la supue-fa ta de fundamentación por parte del nal de Apelaci' , re una cuón so etida a su estudio, corresponde ente los os vertidos por e apelant en este punto, a efecto o un a, ecuado tra amiento por el órgano revisor. A Quienes no puedan hablar o no pueda hacerlo de anera inteligible en los idiomas tas o contestaciones por escrito o por me io de intérpre es, leyéndose o traduciéndose aciones. Las resoluciones del tribunal dur nte la audie ia se dictarán verbalmente, n el acta.

este respecto, de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación, obrante a fs. 226/228 de los autos principales, se evidencia que esta cuestión no fue planteada en el respectivo recurso. En el citado escrito, el apelante además de impugnar la forma de realización de la audiencia telemática -cuestión tratada en el agravio anterior- impugna las circunstancias de reconocimiento e identificación del acusado y la credibilidad de pruebas utilizadas por el Tribunal de Sentencia para sustentar la autoría, sin mención alguna a pruebas de descargo. Es decir, en ningún momento, ante el Tribunal de Apelaciones se ha impugnado el fallo de primera instancia en base a la omisión de valoración probatoria, por lo que no es lógico que el Acuerdo y Sentencia se expida sobre un reclamo inexistente. Al no haber sido cuestionado y tratarse de un vicio procesal hizo cosa juzgada. Por estas razones, el recurso de casación debe ser declarado IMPROCEDENTE respecto a este punto.

19. Como TERCER AGRAVIO expone el casacionista, que el Tribunal de Apelaciones ha soslayado supuestos errores del Tribunal de Sentencia al fundamentar la participación de ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA, en base a un reconocimiento de personas que fuera realizado en vulneración a las disposiciones de los artículos 227 y 229 del C.P.P., afirmando que no se han cumplido con las formalidades exigidas en el proceso penal para sostener que coinciden de manera clara y uniforme con las declaraciones de las víctimas. Se señala que no han existido diligencias que puedan justificar que denunciantes, víctimas y procesados se pudieran encontrar con anterioridad al juicio y consecuentemente le hayan permitido identificar al acusado. También indica que la manera en que las víctimas describen haber reconocido al acusado, no fue contrastada ni siquiera con algún reconocimiento realizado las formalidades del Art. 230 del C.P.P.

20. Respecto al cuestionamiento efectuado por el apelante ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA, el Tribunal de Apelación en mayoría, ha señalado: 11 EI Tribunal de mérito crea su convicción de la existencia del hecho punible acusado de "robo agravado'', ocurrido en fecha 21 de octubre de 2017, en el establecimiento Agro ganadera Dávalos", del Distrito de Yatytay, propiedad del señor José Damián Davalos, cimentando el convencimiento sobre circunstancias de hechos ocurridos, concatenados en tiempo y lugar, conforme a elementos de pruebas producidos en .

juicio, considerados válidos y valorados en forma conjunta y armónica de acuerdo a la sana crítica ... ". Como sustento de dicha afirmación, enumera las testificales producidas de las víctimas junto con el testimonio del señor Wilfrido Gómez Maidana, a los que califica como relevantes y coincidentes. Se ha manifestado que estas declaraciones aclaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueran realizados los hechos acusados. Prosigue indicando que el Tribunal de Sentencia, ha aclarado debidamente el grado de credibilidad de estos medios de prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, valorando el testimonio de Martín Garcete acerca de la receptación de objetos sustraídos y como llegaron a su poder.

También señalan que dichos testimonios, son los que llevan al reconocimiento por EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS 5/ ROBO AGRAVADO EN y oído a los perpetradores del hecho, identificando entre los ---.....4-(Prosigue el Tribunal de Apelaciones, en su voto en mayoría, aclarando que: ada obsta a que el testigo refiera en juicio todas las circunstancias de su con cimiento respecto al hecho o los hechos investigados, que le constara per onalmente, en este caso que le tocó vivir espontáneamente, sin caer en con radicción alguna ... ". Concluye señalando la inexistencia de vicios en la Sentencia y I no concurrencia de los presupuestos que tornen viable una apelación, ando que el Tribunal de mérito ha obrado conforme a los principios rectores de 22. Resulta evidente que la auténtica cuestión en estudio, radica en que el señ larniento efectuado por los testigos de haber oído y visto en momentos dist ntos a los acusados. Aclarando que no se ha llevado a cabo la prueba de rec nacimiento de personas, ni antes ni durante el desarrollo del juicio oral. Sin em argo, en etapas procesales anteriores uno de los testigos ya había indi idualizado en base a la voz, a uno de ellos (su vecino) y de haber coincidido dur nte la realización de declaraciones, en el caso del otro. En el caso de la testigo Gab iela Davalas, esta había identificado recién durante la audiencia de juicio a uno 23. En consecuencia, la impugnación no se realiza a una prueba de n,....,...,rüento que no se ha ofrecido ni producido en esta causa penal. El pedido ulidad corr sponde a los testimonios de dos víctimas y de un testigo tercero, redibili ad de esta manera estaría en entredicho. A este respecto pande clarificar conceptos: En primer término, un reconocimiento de 3p ra ser considerado tal, debe reunir los requisitos legalmente previstos ar los 229 y 230 del C.P.P., caso contrario no puede ser considerada una oa 'licia con el alcance propio de esta. Ello no implica darle un valor de prueba LA VERDAD. El juez, el tribunal y el Ministerio Público buscarán la verdad, con El tribunal formará tasada, en el sentido de otorgarle plena credibilidad, llevando a la conclusión forzosa de la participación del reconocido o a la no participación, en caso que este reconocimiento no se produzca, debido a que dicha credibilidad se encuentra siempre sujeta a la sana crítica racional del medio de prueba.

24. Este señalamiento efectuado por testigos presenciales de los hechos, resulta evidente que no tienen el alcance de un reconocimiento de personas en el ánimo del juzgador. Sin embargo, tal como lo indicara el Tribunal de Apelación en el fallo impugnado, el testigo debe referir todas las circunstancias de su conocimiento respecto al hecho que le consten personalmente, conforme lo señalara el Art. 203 del C.P.P.17, salvo expresa prohibición legal. Sobre este punto, no concurre la facultad de abstención o deber de abstención en dichos testigos, ni tampoco existe prohibición alguna de señalar hechos posteriores o indicar a la persona de los acusados como responsables de los hechos. En otras palabras, la impugnación no se encuentra basada en la legalidad o validez de estos testimonios, sino en la credibilidad de los mismos. Cuestión esta que salvo ilogicidad en el razonamiento, pertenecen al ámbito de valoración propia del Tribunal de mérito, que goza de inmediación con los sujetos procesales y con el material probatorio discutido en el juicio oral y público. Por estas razones, ambos recursos de casación devienen 25. El CUARTO AGRAVIO, señalado por la defensa de ROBERTO CARLOS ORTEGA PERALTA, consiste en la valoración incriminatoria hacia el acusado, efectuada en la declaración de un ca-procesado, quien de esta manera pretendería descartar su responsabilidad en el hecho. Sobre este punto, el mismo escrito de interposición del recurso de casación, admite que MARTIN GARCETE, ya fue condenado por el hecho de reducción, y por ende no se encuentra facultado a abstenerse a declarar conforme a la normativa constitucional. Al haber sido condenado, el veredicto en el presente caso no afecta su suerte futura en esta causa penal. Tampoco concurre en el mismo, las causales legales previstas en el ordenamiento procesal penal como facultades o deberes de abstención, recayendo en el mismo plena responsabilidad en el caso de declarar con falsedad, sin perjuicio de la mayor o menor credibilidad que le otorgue el Tribunal de Sentencia a su deposición, con arreglo a las reglas de valoración probatoria. Además tampoco existe prohibición para la valoración de la declaración del ca-procesado. El C.P.P.

26. Además, examinado los autos principales, el escrito de interposición del recurso de apelación, obrante a fs. 226/228 de los autos principales, se evidencia que esta cuestión no fue planteada en el respectivo recurso. Es decir, en ningún Artículo 203. DEBER DE TESTIFICAR. Toda persona tendrá la obligación de concurrir a la citación judicial y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley. EXPTE: "RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS AUTOS: MARTÍN GARCETE Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO EN 27. En base a los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, cor sponde NO HACER LUGAR al Recurso de Casación interpuesto por los Abogados Kei o Kanazawa Arrúa y Luis María Careaga (h), en representación de ROBERTO CA LOS ORTEGA PERALTA, en contra del Acuerdo y Sentencia N2 18 de fecha 7 de dici mbre de ,dictado po¿vTrib' nal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de I Cir scripción udicial de ltapúa p r su evidente improcedencia. Es Mi Voto.

ando S.S.E.E., todo por ante mí inmediatamente sig e:

os CIA NÚMERO --.. . aroj)na L[anes o. Mlzistra VISTOS: Los méri os del, acuerdo que antecede, la

RESUELVE:

INADMISIBILIDAD del recurso extraordinario de casación ,rr-,.,., defensa de Roberto Carlos Ortega Peralta contra el Acuerdo y 2020iJ.A.P.02 del 7 de diciembre de 2020, dictado por el , Segunda e la Tercera Circunscripción Judicial de Abg. arolinafanes Ministra