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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 374/2024

4 de abril de 2024

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZÁLEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA C/ UNIVERSIDAD CATOLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ S/ COBRO DE GUARANIES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL Y MATERIAL" Expte. No 1.055/2017.

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las citadas sentencias Ies; es DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZÁLEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA Ci LTNNERSIDAD CATOLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ Si COBRO DE GUARANIES EN DTVERSOS CONCEPTOS LABORALES E TNDEMNIZACION POR DAÑO MORAL Y MATERTAL' Expte. No t.O55l2Ot7 .

ente contrarechazo del resarcimientoCORTE SupR¡rvt¡. ou)usltctn PracticAcuerdo y Sentencia Número .,f t U*ro,,l<¡,4l¿A^aralro CUESTIÓN: ado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Jiménez Rolón,En la Ciuiad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cva)¡ o días, del año dos mil veir:1.¡,,aioestando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Jüsticia, Ios Excmos. Señores lllinistros Eugenio Jiménez Ro[ón, Antonio Oathy.y Alberto Martínez Simón, originarios de la Sala Civil y comercial, quienes integran la Constitucional en razón a larinhibiciórrde sus [liembros originarios, lnte mi, el Secretario autorizante, se trajo al dcuerdo el expediente caratulado "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA C/ LTNIVERSIDAD CATÓLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ S/ COBRO DE GUARANÍES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACIÓN PON DAÑO MORAL Y MATERIAL,,, a Irn de resolver Ia foción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Juan Carlos Mendonga, en nombre y representación de las señoras Ana Manuela González Ramos y Beatriz Mabel Friedman de Almada.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Cofe Suprema de Justicia, Sala nstitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: Marlínez Simón v César Antonio Garav.

cuestiónplanteada, el Ministro Eugenio Jiménez Rolón dijo: Se trata aquí de constitucionalidad --o no- de las resoluciones impugnadas: a) Sentencia Definitiva ha 27 de setiembre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en [o Circunscripción Judicial de Guairá; y, b) Acuerdo y Sentencia N: l3 de fecha l4I 2017, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Laboral, de la Circunscripción Guairá, en eljuicio: "Ana Manuela González Ramos y Beatriz Mabel Friedmann de c/ Universidad Católica N.S.A. Campus Guaira s/ Cobro de Guaraníes en Diversos os laborales e indemnizacíón Por Daño Moraly Material " nla Sentencia Definitiva de primera instancia se resolvió hacer lugar a la demanda de 6Bro deíes en diversos conceptos laborales promovida por las actoras, Ana Manuela CZRamos y Beatriz Mabel Friedmann de Almada, contra [a Universidad Católica mismas. Pel Acuerdo y Sentencia de segunda instancia se resolvió confirmar en todas sus partes la sen El Abg. Juan Carlos Mendonga, enpresentaciónaMla González Ramos y Beatriz Mabel Friedmann dea,povió estade innstitucionalidad parcialcia defi nitiva recunida.

colr, eqlas resoluci liménez AIa 7deinar I ral, de porI moral reclamado o 9+,{iutrones impugnadas se lesionans.

las citadas sentencias Ies; es DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZÁLEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA Ci LTNNERSIDAD CATOLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ Si COBRO DE GUARANIES EN DTVERSOS CONCEPTOS LABORALES E TNDEMNIZACION POR DAÑO MORAL Y MATERTAL' Expte. No t.O55l2Ot7 .

ente contrarechazo del resarcimientoCORTE SupR¡rvt¡. ou)usltctn PracticAcuerdo y Sentencia Número .,f t U*ro,,l<¡,4l¿A^aralro CUESTIÓN: ado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Jiménez Rolón,En la Ciuiad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cva)¡ o días, del año dos mil veir:1.¡,,aioestando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Jüsticia, Ios Excmos. Señores lllinistros Eugenio Jiménez Ro[ón, Antonio Oathy.y Alberto Martínez Simón, originarios de la Sala Civil y comercial, quienes integran la Constitucional en razón a larinhibiciórrde sus [liembros originarios, lnte mi, el Secretario autorizante, se trajo al dcuerdo el expediente caratulado "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA C/ LTNIVERSIDAD CATÓLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ S/ COBRO DE GUARANÍES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACIÓN PON DAÑO MORAL Y MATERIAL,,, a Irn de resolver Ia foción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Juan Carlos Mendonga, en nombre y representación de las señoras Ana Manuela González Ramos y Beatriz Mabel Friedman de Almada.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Cofe Suprema de Justicia, Sala nstitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: Marlínez Simón v César Antonio Garav.

cuestiónplanteada, el Ministro Eugenio Jiménez Rolón dijo: Se trata aquí de constitucionalidad --o no- de las resoluciones impugnadas: a) Sentencia Definitiva ha 27 de setiembre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en [o Circunscripción Judicial de Guairá; y, b) Acuerdo y Sentencia N: l3 de fecha l4I 2017, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Laboral, de la Circunscripción Guairá, en eljuicio: "Ana Manuela González Ramos y Beatriz Mabel Friedmann de c/ Universidad Católica N.S.A. Campus Guaira s/ Cobro de Guaraníes en Diversos os laborales e indemnizacíón Por Daño Moraly Material " nla Sentencia Definitiva de primera instancia se resolvió hacer lugar a la demanda de 6Bro deíes en diversos conceptos laborales promovida por las actoras, Ana Manuela CZRamos y Beatriz Mabel Friedmann de Almada, contra [a Universidad Católica mismas. Pel Acuerdo y Sentencia de segunda instancia se resolvió confirmar en todas sus partes la sen El Abg. Juan Carlos Mendonga, enpresentaciónaMla González Ramos y Beatriz Mabel Friedmann dea,povió estade innstitucionalidad parcialcia defi nitiva recunida.

colr, eqlas resoluci liménez AIa 7deinar I ral, de porI moral reclamado o 9+,{iutrones impugnadas se lesionans.

derechos fundamentales, específi:amente, los afículos 132, 259, 5, 2r'(t y 256 de la Constitución. Explicó que en eljuicio ordinario quedó demostrado que sus mandantes suf¡ieroo acoso moral o "mobbing" y, no o'rstante, la indemnización por dicho da.ño f¿e lechazada de manera a¡bitraria, lo que afecta l,¡s derechos fundamentales relacionados al trabajo y a la dignidad humana de sus representaJas. Explicó que el Juez de Primera Instan,;ia se equivocó itl considerar no probado e[ daño moral; en ese sentido, sostuvo que fueron lehacientemente demostrados el acoso v la humilla,:ión sufridos por sus mandantes. Expresó (lue se encuentra probado en autos que: a) la Unive-sidad -unilateralmente- dejó de pagar el ''iático convenido contractualmente para cubrir los gastos de traslado, alimento y alojamien r) al Oampus de Guairá; b) la Universidad no pag(, las sumas adeudadas por docencia desd julio de 2010 a diciembre de 2013; c) la Universidad redujo, sin consultar e intempestivan rcnte, Jos días de clases y la cantidad de horas cáterlras de sus mandantes; y, d) nunca hubo e solución alguna justificativa de los actos de la Uni versidad, conforme con las constancia-s del habeas data que fueron agregadas. Reputó erróneo el fundamento del Juez de Primera InstanciiL, reli¡cionado con que el acoso moral al trabajador "no tiene antecedentes en nuestros lribunale ' , y citó fallos en los que se admitió dicha figura. Manifestó que los antecedentes menciorados autorizan a concluir que ninguno de los argunrentos utilizados en la Sentencia Definitir a del .luzgado de Primera Instancia, y acogidos tamrién en el Acuerdo y Sentencia del Tribu r,rl de Apelación, son juridicamente sostenibles. El accionante no abundó en argumento:, respocto de la inconstitucionalidad del fallo de s,:gunda instancia, pero concluyó que trrmi,ién virrla normas consagradas en la Constitución, al negar la admisibilidad del daño moral por coso en el ámbito del derecho laboral. Solicitó se haga lugar a [a presente acción de inconstitucionalidad Tanto la parte accionada, como la representante del Ministerio PúblLr:o, solicitaron r:l rechazo de la presente acción, en l()s términos de los escritos agregados a:s. - 8/52 y 57/62, p<tr los fundamenlos que ya han sido rt señados por el Ministro preopinante.

Pues bien, la exposición de los argumentos de la acción nos permite encuadriu nítidamente las causales de arbitrariedad que fueron alegadas. Respecto del aruerdo y sentencra una ley: el accionante postula que negar la admisibilidad de la reparación de laño moral en el fue¡o laboral viola derechos fundamentales. En cuanto a la sentencia defi ritiva de Primela Instancia, la causal es la arbitraria valoración de las pruebas producida; y la incorreca interpretación del derecho que rige a la valoración de la prueba del dañr moral; según el accionante, quedó demostrado in re ipsa, a lo largo del juicio principal, q ri sus mandantcs sufrieron acoso laboral y, en consecuencia, un daño a su dignidad.-- Recordemos que la motiva,:ión consiste en el deber fr,incional del órgano -'urisdiccional de expresar los motivos, razones )'lundamentos de su resolución. La labor.lt: fundar requiere que eljuzgador exponga de modo l,5gico las razones por las que ha decidido apIcar los preceptos legales, vinculándolos a los dr¡tos fácticos tenidos como probados c adnritidos. La fundamentación, a su vez, supone siempre que la resolución -definitiva o ,l,r otra índole- se dicte conlorme con la letra de la Constitución y las leyes.

El cont¡ol constitucional rle las resoluciones judiciales tiene por tjeto verificar su correspondencia o discrepancia con Ia Constitución, pero no puede avanzar scbre la correcci(rn juridica del razonamiento, ni sobre el criterio de interpretación o valoración, )les tal control no se halla dentro de los límites de la competencia de la Sala Constitucional. Por ello es que la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha subrayado innumerables vece i que la acción de debate sobre cuestiones que y'a he.n sido arduamente debatidas y resueltas r azonablemente cn instancias ordinarias.

ORTE I'REMA STICTA Tal cries no solo invariable, sino de larga data, tal como resulta de los siguientes.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA C/ LNryERSIDAD CATÓLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ S/ COBRO DE GUARANÍES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL y precedentesrudenciales, que se transc¡iben sólo a modo ilustrativo: a) "La Corte Suprema, 9ten el juicnconstitucionalidad, no es Tribunal de tercera instancia y, por tanto, no esta visar los fundamentos de la sentencia impugnada de inconstitucionalidad' (Ac. yt,e Sent. N' 123;22-X-1982); b) "La Corte no actúq en las acciones inconstitucionales como tercera instancia para decidir si son correctos o no los fallos dictados" (Ac. y Sent. N' 3; 22- II-1984); c) "No corresponde a la Corte entrar a considerar si la prueba de los hechos y la interpretación del derecho aplicado por los tribunales inferiores tienen fundamento valedero.

La Corte sólo debe examinar si se han observado las normas del debido proceso y garantizado el principio de la defensa en juicio" (Ac. y Sent. N" 286; 23-X-1987); d) "Los agravios invocados por la actora han sido examinados y resueltos en las ¡nstanc¡as anteriores y no pueden ser objeto de nueva consideración" (Ac. y Sent. N'399; 26-XII-1994); e) "La Corte Suprema de Justicia no puede realizar una nueva labor interpretativa suplíendo la efectuada strados inferiores en ejercicio de sus facultades legítimas y conforme a un criterio onab, en razón de no convertir la acción de inconstitucionalídad en vía de acceso a una bidarcera instancia" (Ac. y Sent. N" 414; 2-XII-1998); f) "La disconformidad con loe ueltor losjueces de las inslancias ordinarias o con el razonamienlo hecho por los mismos aar sus decisiones no amerita la procedencia de la acción de inconstitucionalidad sin eexa comprobación de violaciones de normas del móximo rango" (Ac. y Sent. N" 1140; -2001); g) "La acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada en tanto se preÍende ar cuestiones que yafueron objeto de debate y decisión en las instancias inferiores y que a la naturaleza de la acción cuyafinalidad se limita exclusivamente a la reparación de s de normas, garantías o principios de rango constitucional" (Ac. y Sent. N" 482,27- lviolSC geclara que una sentencia sea tildada de arbitraria no es suficiente que el accionante se encuendisconforme con los argumentos o conclusiones del órgano jurisdiccional, ni con el modo de iterpretar la ley o el análisis de los hechos, sino que ella debe contener una tal palmaria arbitrariedad que la descalifique como acto jurídico procesal válido y el absurdo jurídico que ella representa debe alcanzar entidad institucional, violando preceptos constitucionales explícitos o implícitos.

En este sentido resulta esclarecedora la doctrina comparada respecto a esta extrema gravedad a la que aludimos: " ...1a sentencia arbitraria no es aquella que contenga un error o equivocación cualquiera. Es frecuente, al respecto que el tribunal deseche planteos de arbitrariedad 'más allá del acierto o error' que pueda contener el fallo impugnado. Es la que pace, según se indicó, de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que la descalificane coonunciamiento judicial válido. De ahí que el recurso extraordinario por orbitroriedad de la seia, como el mismo alto fribunal lo observa, reviste carácter excepcional y no tiene por objeto abund tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas. Por tanto, no pretende esta varianle del el criterio de los jueces propios de la caua, por el de Iorlese ,2016. El Recurso Extraio. TmoAires. App. 111/1 12).

extraordinario sust¡tuir rna" (SAGÜÉS, Néstor noervista queprudencialmente se tiene o se sustenta enA más de lo mani lecido que unapreci m¿nezuBe ltL.sttoaiones dogmáticas o en fundamentos sólo aparentes, así como cuando no constituye una derivación ¡azonada del derecho vigente, sino que es una interpretación antojadiza de Ios mismos, apartándose de las prescripcione; legales.

El control constitucional debe hacerse, primeramente, respecto del ac,rerdo J'sentencia del Tribunal de Apelación; y luego, según sea necesario, de la sentencia defiritiva del Juzgado Lógicamente el análisis debe realizarse en ese orden, pues la resolucit del l'ribunal de Apelación es la que causa estado. iii la resolución del órgano jurisdiccional ,L: segtrndo grado es constitucional. ya no será procr:dente el estudio de la constitucionalidad ,le la resolución originaria; y, por el contrario, si aqr.rella fuese inconstitucional, se deberá jr-rzg r la arbitrariedaC de ésta. Ello es así puesto que no se puede concebir que la sentencia de segr rda instancia sea válida y constitucional, y, a su vez, que la sentencia de primera instancia se¿r ,leclarada nula y privada de efectos. Esta sería, naturalmente, una hipótesis procesaln ente absurda, e incompatible con el carácter excepr:ional de lajurisdicción constitucional 3n rnlestro sistema.-- Luego, debemos señalar qur: no toda interpretación errónea de una ley ,:s arbitraria (vidc: Acuerdo y Sentencia N' 111 de fecha I I de junio de 2020). Desde el mome rto en que existe una fundamentación razonable, desarrollada de modo inteligible, no se r:on Sgura el vicio de inconstitucionalidad, pues el requisito que exige la Carta Magna en su art. 256 s;e halla presente.

La línea divisoria entre una sentent:ia equivocada y una inconstitucional ha si lc demarcada por la doctrina comparada y la jurispnrdencia de la mayoría de los órganos conrtitucionales. Esla línea divisoria -en el ¿irnbito del clerecho constitucional- fue destacada por el célebre jaslfu e Oliver Wendell Holmes en el casrr Chicago Life Insurance et. al. v. Chen. (244 US 25), al expresar: "...cada vez que se dictLt una sentencio equivocada contra unú pt,t'sono, estI se re privada de su propiedad cuando en derecho no debió haber ocurrido así, pe',t cualquiera sea fundamento, si la equivocaciór,' no es tan grosera que aporezca conn th:go inconcebible dentro de una racional administración de justicia, la misma no es otra a)sa que inrperfección humana y no una negación de derechos constitucionales... " (VANOSS , Jorge. Teona Constilucional. Tomo I. Buenos Aires: Abeledo Perrot. p. 774).

Sin ignorar las ma¡cadas dile¡encias entre nuestro sistema de contnrl c,rnstitucional y los extranjeros, no podemos negar qu(l las pautas y reglas a seguir para juzga¡ la arbitrariedad de una resolución judicial se han determinado pretorianamente; mrixime, aquellius que se basan en interpretaciones distorsionadas o er¡uivocadas de una ley. La Sala Constitucional de esta Excma.

Corte Suprema de Justicia, en sus imtecedentes, ha dicho que se conculca lo c.ispuesto en el art. 256, cuando: "la disposíción legai citada como fundamenlo para resolver e' co4flicto ha sitlo interpretada y aplicada en forma incoherente y contraria a la lógica y a la aloclrina existente en la materia" (Voto del Doclor Luis Lezcano Claude, S.D. N" 882/02); t' curndo ' ...1a nornru legal mencionada resulta clara y explícita y no ofrece duda alguna I' sin embargo l,ts juzgadores se han aparlado de elh para la solución del caso sometido a su tte'cisión, habientlo realizado una interpretación errónea, distorsionado, no ajustdda a las constancids procesales, haciendo viable de este modo urut defensa (excepción de inhabilidad dtt título), visiblemente improcedenle"; o "al carecer de f,mdamentos razonables y lógicos, fundudo.' en la ley que rige la materia" (Voto del Doctor 'Víctor Núñez, S.D. N" 111/04); o cuatuio "a la nornm constitucional se le ha dado un ulcance que no tiene. Se ha configurado e' típico caso de la sentencia arbitraria, fundada en tl exclusivo parecer de los magistrados". )n este sentido, se ha dicho también que " La faculta,C interpretativa de los magistados de la i'epública debe ser realizada conforme a los lineamientos generales establecidos en la Const tución. La nornta debe ser interprefada en el marco o en el contexto quefue dictada. Una inter¡ retación exten.eiva no hoce sino desnaturalizar el fin para la cual fue dictada" (Voto del Doctlr Antonio Fretes, Y<z;ORTE.ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA coNzÁt-ez RAMos y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA C/ UNTVERSIDAD CATOLICA N.s.A. cAMpus cuenÁ s/ coBRo oe cuana¡rirs DIVERSoS coNcEpros LABoRALES e rruoptr¿NtzRcróNUPREMA onÑo MoRAL Y MATERTAL" Expte. N" 1.055/2017.

) (MENDONCA, Daniel y SAPENA, Josefina. 2006. Sentencia Arbitraria.

Asunción. Inlercontinental. p. 5 7/5 8) cuanto al caso de marras, el Tribunal de Apelación fue tajante respecto al rechazo de pretensión de indemnización de daño moral en el fuero laboral. Explicó que la ley laboral es una normativa de ca¡ácter especial y su interpretación debe ser restrictiva. Dijo que en la legislación del trabajo no está expresamente prevista la indemnización por daño material o moral, sino para el supuesto de imputación de causales de despido no demostradas por el empleador (art. 82 del Código del Trabajo). Bajo ese fundamento, sostuvo que la indemnización por daño moral no está prevista de manera taxativa en la ley laboral. Entendió que las lesiones a la honra, tranquilidad y descrédito, que fueron denunciadas por las actoras, no pueden ser reparadas en el fuero del trabajo. Por último, manifestó qre "la pretensión en recurso, al no enmarcarse dentro de las disposiciones legales pertinentes, puede estar confgurada como causal de terminación del contralo de trabajo, pero no como rubros más a ser indemnizados".- Pues bien, tras un análisis exhaustivo del Acuerdo y Sentencia N: 13 de fecha 14 dejunio de 2017 cuya inconstitucionalidad -parcial- predica la parte accionante, observamos que el órgano jurisdiccional ordinario estudió y desarrolló, fundadamente, la cuestión concretamente planteada, yjustificó suficientemente las razones por las que consideró rechazar de Ia pretensión indemnizaloria por daño moral en el ámbito del trabajo.

terpretación del Tribunal de Apelación, sobre la incompetencia material parajtzgar los,,:es en el fuero laboral, fue reputada arbitraria por quienes me preceden en voto olcha postura. No considero que la misma constituya una interpretación irrazonable ue amerite la descalificación de la resolución impugnada por arbitrariedad de sus De hecho, la posibilidad de reclamar daño moral en lajusticia del trabajo no es unlforme en la jurisprudencia de nuestros tribunales; y, por eso mismo, cualquier respecto no puede considerarse inconstitucional, siempre que sea fundada yUSTICTA ien, la disidencia con los votos que anteceden se circunscribe a la perspectiva to control constitucional; y no ordinario. Aunque escapa al rímbito de esta acción, considpertinente aclarar, por la trascendencia exegética de este asunto y meramente en carácter dobiter, qu,e coincido con los fundamentos que me precedieron en cuanto han asentado de manera y no por eltegórica que la competencia laboral se determina por el orígen de la controversia Deo, aslo he juzgado desde la Sata Civil de esta Excma. Corte Suprema de Justicia; plurimisuerdoy Sentencia N: 3 3 de fecha I 3 de mayo del2020, y el Acuerdo y Sentencia N:46 de fecha 2unio de 2020.

La solución del laborales y erró lncotucional. Repito: la instanc lmpoe1._uncriterio de interpretaciunalde Apelación deriva de una in nea desus prlnplos,dicho e-por sl1S stionalnopser utilizión restrictiva de las mo- no toma al fallo como un medio para strn gadoresrdinarios,estosS .1iménez pyosm to con posibleamentos resuelde manera fundada yC tu[in¡stro .ú,,1r,.,*fde daño sufrido o los intereses tutelados (patrimoniales o extrapatrimoniales). ElAcuerdoySentenciaN:3defecha14dejuniode2017esconstitucional.Envista¡ ello, y por los motivos señalados, no corresponde estudiar la constitucionalid¿ ci de la Sentencir Definitiva Nl 127 de fecha 27 de st{iembre de 2016. En estos términos, voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad incoada, con costas a la pafe accionante, de confbrmidad a l,r dispuesto en el articulo 192 det Código Procesal Civil A su turno, el Ministro Altrerto Martínez Simón dijo: Me adhiero al roto del Ministr,¡ preopinante, por compartir idéntico s fundamenlos.--- .:sVrP.

A su turno, el"Ministro (lésar Antonio Garay dijo: La cuestrón a dilucidar es si corresponde o no hacer lugar a la lrcción de Inconstitucionalidad promovida contra la S.D. Ns 127, del27 de Septiembre del 2.01ti, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en 1o Laboral, de la Circunscripción Judicial Guairá y el Acuerdo y Sentencia Número 13, d: l4deJunioderl 2.017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Laboral, de la Circun: cripción Judicial El Abogado Juan Carlos Mendonga, en representación de Ana Manuela (ionzález Ramos y Beatriz Mabel Friedmann de Alrr.ada, sostuvo que dichas Resoluciones resullaban lesivas a la digridad humana, consagrada y protegida por la Constitución en sus Artículos le,23,46,6ti, 86, 129 y en el Artículo le, de la D,eclaración Universal de De¡echos Human rs, señalando que la Acción de Inconstitucionalidad se promovía según Artículos 132,259, num eral 5).260 y 256 Constitución de la República. Aseveró que fue demostrado *en Juicio l,¡borat- acoso y humillación del que fueron r'íctim¿,s sus mandantes, con lesiones a sus dignir ades, razones por las cuales no podían negarse el abuso y hostigamiento cometido contra ellas p rr la Universidad.

En tal sentido, hizo referencia a hr:chos -que según él- conculcaron Derechrrs Frmdamentalers fuL_gt: la Universidad dejó de pagar viático -convenido contractualmc nte- sin ninguna explicación; no pagó sumas adeucladas por docencia; reducción inconsulta : intempestiva de horas de clases; lraslados de días de clases, etc.). Esgrimió que en nuestros'l ribunales existían antecedentes Jurisprudenciales respecto del acoso laboral, por lo que c rnsitleró que lc,s argumentos usados en la Sentencia de Primera Instancia y acogidos por la de Segunda Instancia, eran jurídicamente insostenibles 1f ;. 29l33 ).

A su vez. la accionada solicitó el rechazo de ésta Acción de lnconstitr cionalidad. en los términos del escrito obrante a ts.43/52.

La Fiscal Adjunta en lo Tutelar, Abogada Patricia Rivarola, en su Dicl r:¡en de fs, 5716'.2, peticionó el rechazo de la Acción promovida, conforme al Dictamen Fiscal irle 123, del 12 de Revisadas constancias del expediente formalizado en Fuero Labo'al, agregado p{)r cuerda, se aprecian que -en la tramitación del Juicio- ambas Partes ejercieron ;us Derechos a li¡s defensas, en igualdades procedime ntales. De lecturas de Fallos atacados de lnconstitucionales, se aprecian que los Juzgadores rechazaron el rubro por daño moral, según srts leales saberes y entenderes, basados en lo alegadc, y probado, sin que dichas Resoluciones sean a¡bitra¡ias e infundadas, quedando en el antípoda las invocaciones de las accionantes. En efecto, el Juzga<to de Primera Instancia en lo Laboral sentenciante }uzgó " ,,,En dutos no exi.:le prueba alguna producida por lo parte actora, qut: demuestre la cueslión alegada, es más ni siquiera se volvió a mencionar la cuest¡ón de daño n,oral durante todo el proceso, repito las o(''oras simplemente se restringieron a expresarlos en escrito de demanda, quedando faltos de prq¿'6o. Siendo el daño moral una cuesÍión muy grove no puede inferírse que por el hecho Jel despido pueda existír directamente daño moral, situación que debe ser probada en formL concluyente, p,tr tanto esla Magistratura finiquilo que al no haber pruebas conlundentes (jue el doño morol mandestado existió, la misma debe ser rechazada..." (fs. 18 vlta.).

ORTE.ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRIEDMANN DE ALMADA C/ LINIVERSIDAD CATÓLICA N.S.A. CAMPUS GUAIRÁ Si COBRO DE GUARANIES EN DTVERSOS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL Y MATERIAL" Expte. N" 1.05512017 .

PREMA TICTA EI Aden lo Laboral, Circunscripción Judicial Guairá, confirmó ese rechazo delll tRJq daño moral, jdo: "No está expresamenle prevista en forma tdxaliva la indemnización por moral, sino en la forma como lo hace al establecer una indemnización del a impulación de causales de despido no demostrada por el empleador (Art.

82)... En la legislación laboral enforma clara y expresa, ya estan contemplados los casos y de manera específica las indemnizaciones que surgen de un confliclo enÜe trabajador y empleador y por ello escapa a la materia y competencia una pretensión al margen de sus previsiones. Las lesiones en la honra, tranquilidad, descrédilos, denunciados como sufridos por las acloras, puede causar daños personales, pero no están expresamente tipirtcados por el C.T. para exigir o demandar su reparación anle el fuero del Trabajo, donde las disposiciones reitero son de carácter especial, que deben interpretarse restrictivamente... " (fs. 7 vlta.)

Aquí, cabe puntualizar que en su escrito inicial, no se denunció -+xpresamente- la inconstitucionalidad de la interpretación ¡ealizada por el Tribunal de Apelación, en relación a la competencia del Fuero Laboral para entender el daño moral, en relación al ¡imbito del traba.io. Por lo demás, tal interpretación no resultó -ni por asomo- caprichosa, arbitraria o desprovista de fundamentos razonables. Otra distinta posición jurídica -irremediablemente- conllevajuzgar aquí las pretensiones, "convirtiendo" la garantia Constitucional que nos ocupa en Tercera Instancia (especialísimo), vedado in totum Es menester evocar -memorables y pioneros- Fallos que preceden -muchísimocronológicamente a los citados por el distinguido Ministro que abarcan décadas del 80 y 90, que han iniciado su estudio en nuestro Sistema Jurídico, a partir de la Ley Fundamental (1.967) que por vez primera en su Artículo 200 instituyó: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y ta inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a ésta Constitución.. .", los cuales citamos a continuación: I Derecho Procesal contempla y atforiza, para cada estadio o situación, los remedios a corregir defectos y a impedir irregularidades e injusticias. El Art. 200 opera en un nte y se inspira en ideas, miras y designios muy bien determinados. Una simple ental nos está revelando que las previsiones del Art. 200 no pueden abarcar las señala el accionante. Y que si concordáramos en la inexactitud de esta última todos los Juicios, grandes o pequeños, llegarían ya normalmente a Tercera con el argumento de que en ellos se cometió una injusticia -a criterio del perdidoso- o eslizaron equivocaciones en lo resuelto o actuado por los Magistrados allí intervinientes aplicabilidad del Art. 200 presupone un caso de "violación constitucional",y no las IITegularidades procesales que pudieran suscitarse en las diversas contiendas iales,perd.gue no revisten la categoría de un problema Constitucional" (César Garay, Votoy Sentencias, Tomo II, El Foro, 1.987, págs. 65/6) A la Corte no le esteria permitido confiar nl revoeclslos sobrevenidas en otras , sino considerar ede lapresuntaconstituciidad. Lo único que e averiguar es siseado louelencente vmos designando como "viorl constitucional", vale siones o avasallamientosen el er a mutilacisen'existen abusos, defectos, o desconocimiento de unagrc liménez flbito di ica el ótesis rvacl tancinado Abgulio transle u8,nt daño norma, libertad, Derecho, principio o garantía proclamados en [a Constitucir»r (...)" (Op. cit, "No puede llevarse a la Corte Suprema cualquier reclamo contra la Lnjr.sticia, sino el que basta que se compruebe una violación constitucional puesto que es imprescindible que directamente de esa violación surja un perjuicio para el litigante (...)" (Op. cit , pág. 457).

"Si la Corte tuviera que mr:surar o evaluar la justicia o injusticia de las Sentencias en entredicho momentáneo, ello equivaldría a un nuevo análisis de los hechos r circurstancias y de las pruebas existentes en el exp,ediente finiquitado (...). Una mal entendi,l¡r flexibilidad en esta materia traería aparej ado el peligro de resucitar procesos fenecidos y. mrrs aún, de dar pcr extinguida la noción de Cosa Juz¡iada o de Sentencia firme, poniendo en acierta pugna a la Jurisprudencia con el texto expreso de la Ley escrita, lo cual pareco evidentemente inaceptable"lOp. cit.. págs. 320121 t.

Entonces, si bien las accionantes citaron Afículos de la Ley Fundamenral supllestamente vulnerados por dichos Fallos, sus reclamos estarían encaminados a instar r¡r otra nueva y revisora Instancia, para volver al e..,tudio y juzgamiento del daño moral, conf, rme se corrobora de sus expresiones: "...que en el c,tso se da lo que en doctrina se llama pruzba in re ipsa, es decir por los hechos mismos incor¡torados en el expediente se prueba lo afin utdo" i'fs. 31). Se aprecia, pues, que la Acción de inconstitucionalidad entablada no tiene entidr.d de Ley (exígua siquiera) para conmover las valíe.s jurídicas de las Resoluciones, que fu.ron fundadas en aspectos ampliamente debatidos en Juicio, en el que las accionantes -repetimo;. tuvieron plenas intervenciones, respetándose el debido proceso, como también sus irrestlictrLs. participaciones procedimentaies, sin que pueda constatarse ninguna conculcaciól de preceptos constitucionales Como es harto sabido, en la.A.cción de inconstitucionalidad no cabe nuevamente estudio del Fondo de la cuestión, ni controvertir las interpretaciones que de las nonnas realicen los Jueces y Tribunales de Instancias previas. Sólo proceden en casos excepci,»rales, cuando la conculcación sea demasiado letal y probada fehaciente e inequívocamente lxrr quien invoco, evitando así constituir a Sala Constitucional en una más de revisión o Terc,:ra Instancia para Juicios que tienen dos, por Ley expresamente. Por dicha razón,la Garantia ( c,nstitucional que juzgamos no comprende ni pued,: abarcar y menos asumir las meras di: c onfbrmidades o discrepancias con las sólidas motiraciones pergeñadas por los Jueces en sus I'Írllos atacados de inconstitucionalidades.

No es menos importante destacar que, en tiempo y forma de Ley el pror eyente se expidió pergeñando el juzgamiento respec,ivo, por lo que la tardanza en juzgar, no es nuestra, ni por asomo y al menos racionalmente.- Por tales motivaciones, corresponde en estricto Derecho, desestin.ar la Acción ce Inconstitucionalidad promovida co atra [a S.D. Ne 127 , del27 de Septiembre d,:l 2.C'l tí, que dictó el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, de la Circunscripción Juti:ial Guairá y el Acuerdo y Sentencia Número 13, del 14 de Junio del 2.017, resueltc, por el l'ribunal ce Apelación en lo I-aboral, de la Cirr:unscripción Judicial Guairá, con imposici,in de (lostas orden causado, al haber razón probable para litigar, según Artículos 1l)3 - 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto.

ue ,se dio por te certific do acordada la Se "ACClÓN DE fNCONSTITUCIONALIDAD EN: ANA MANUELA GONZÁLEZ RAMOS Y BEATRIZ MABEL FRJEIDMANN DE ALMADA C/ UNIVERSIDAD CATÓLICA N.S.A. CAMPUS GUAfRÁ SI COBRO DE GUARANÍES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES E INDEMNlZAClÓN POR DAÑO MORAL Y MATERIAL",.c,,_,_,..,., Nº io Jiménez !J.fo; . .;troSentencia Número: .

y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, - SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

No hacer 1 r a lación de inconstHucion idad promovid Mendonc;:a, en nombr representació d las señ ras Ana uela Gon · lez Ramos y Beatriz Mabel Friedman de Alm a, conform e en e lución. _ An t , registrar y notific Ante mí: (