EXPEDIENTE: “RECUSACION: CUADERNILLO DE RECUSACION EN LA CAUSA RHP DEL ABG EDGAR EDUARDO BENITEZ SANTACRUZ EN LOS AUTOS ANALIA RAMONA SANABRIA Y OTROS S/CALUMNIA Y OTROS”.- AUTO INTERLOCUTORIOVISTA: la recusación deducida por el Abg. Javier Alejandro López, en representación del Sr. Juan Gustavo Rojas Caballero, contra los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central yCONSIDERANDO: Que, se presenta el Abg. Javier Alejandro López, en representación del Sr. Juan Gustavo Rojas Caballero, a los efectos de recusar a los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central, Magistrados Dionisio N. Frutos, Gustavo Bóveda y Alicia Orrego. A ese efecto, expresa cuanto sigue: vengo a recusar al Pleno del Tribunal de Apelaciones de la 2da Sala Penal (Dpto. Central) Dr. Dionisio Perez, Dr. Gustavo Boveda y Abg. Alicia Orrego conforme al Art. 50 inc. 13 del C.P.P.…En ese orden de ideas el Tribunal se caracteriza por dictar fallos judiciales sin detenerse a analizar detalladamente las peticiones realizadas por los recurrentes, quedando patente la falta de interés en brindar las garantías del debido proceso en el expediente de marras, además, VV.EE. dejan en claro que la premura del Tribunal es la de satisfacer la necesidad del Abogado Edgar Eduardo Benítez, quien en reiteradas ocasiones mi poderdante (lo ha visto salir del despacho de los miembros del tribunal recusado, cercenado el derecho al defensa garantizado en juicio…Así las cosas, los Magistrados Recusados se caracterizan por su criterio inquisitivo, respecto a mi posición, por dicho motivo se halla comprometida gravemente la imparcialidad que debe regir en el caso particular, configurándose de esta manera el presupuesto del Art. 50, inc. 13
A través del informe respectivo, los Magistrados Dionisio N. Frutos, Gustavo Bóveda y Alicia Orrego, Miembros del Tribunal de Apelación en lo Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central, manifestaron: En relación con la acusación de "criterio inquisitivo" de los Magistrados Recusados, por parte de incidentista, es fundamental aclarar acerca de la imparcialidad de los magistrados judiciales, que sus decisiones se basan en hechos y argumentos legales susceptibles de controlnegamos los extremos señalados, reiterando que las actuaciones y decisiones judiciales sobrevenidas fueron consecuencia del ejercicio de las competencias propias de los magistrados judiciales…Los argumentos sostenidos, no se subsumen en ninguna de las condiciones recogidas en la norma procesal que regula los motivos de recusación, pues no tienen sustento legal de conformidad al Art. 50 del CPP…En cuanto al agravio de denunciar parcialidad, por recibir a profesionales abogados, debe señalar el apego estricto de nuestra actuación a lo señalado en el artículo 21 del Código de Ética Judicial inciso 3 que dice "Salvo norma legal que lo permita, le está prohibido al juez recibir en audiencia privada en su despacho a una de las partes o sus representantes, sin la presencia de la parte contraria para tratar cuestiones vinculadas con los litigios. En casos excepcionales, de urgencia o necesidad acreditadas, podrá hacerlo brevemente y siempre en presencia del actuario judicial”…La misma norma establece la excepción, cuando el profesional o el justiciable solicita una audiencia por razones atendibles o de urgencia, parámetro al cual se ajustan los pedidos de audiencia tramitados ante la Sala
Como cuestión previa cabe recordar que esta Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que el Instituto de la recusación constituye una figura que debe ser interpretada de manera estricta, con recta observancia al principio del Juez Natural, y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre sostenida con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. Contrario, los simples dichos de cualquiera de ellas, dirigidas contra un Magistrado determinado serían suficientes para provocar la separación, lo que conduciría a desnaturalizar el instituto. No debe permitirse que meras afirmaciones sin sustento probatorio, surjan como razones atendibles para provocar el alejamiento de un Magistrado, a cuya competencia se halla el conocimiento de una causa determinada.
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Lo expuesto nos lleva a afirmar que las normas que regulan el Instituto de la Recusación exigen antes del estudio sobre su contenido un previo examen riguroso para discernir la admisión del incidente al procedimiento pues, el escrito correspondiente deberá estar rodeado del cumplimiento de los presupuestos formales indispensables para ello, como ser: presentación por escrito, dentro del plazo señalado en la ley, a lo que se debe sumar las condiciones de fundamentabilidad, que se resumen en la demostración de la causal que se alega, apuntalada con los medios probatorios necesarios que demuestren o hagan verosímil su existencia.
La presentación que nos ocupa carece justamente de dicho presupuesto formal pues, se formula sobre la base de suposiciones carentes de contenido que no son más que meras conjeturas. Esta palpable deficiencia en la formulación del incidente de recusación planteada, en términos carentes de prueba, impiden la consideración de los argumentos expuestos por el recusante. En efecto, la pretendida separación en contra de los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central, carece de argumentación en torno a la demostración de la causal de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia pues, el escrito hace más bien alusiones a presuntas anormalidades, por las cuales el Tribunal de Apelaciones, supuestamente bajo premisas arbitrarias y con intención, fallaría contra los intereses del procesado; no obstante, no se puede deducir la existencia de irregularidad alguna, de la que se pueda inferir parcialidad o falta de independencia. Estas circunstancias se traducen en un obstáculo insanable para considerar admisible la causal alegada.
Cabe apuntar que, el artículo 343 del C.P.P. prescribe: “La recusación se interpondrá por escrito, en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave”.
Todo ello no hace sino incidir negativamente en la presentación efectuada por el recusante y, conducir indefectiblemente a la declaración de inadmisibilidad de la recusación promovida por el ostensible Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
incumplimiento de las formas indispensables en su presentación. Es mi opinión.
VOTO DEL SR. MINISTRO MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA. Me adhiero al voto del Ministro Luis María Benítez Riera, en el sentido de declarar la INADMISIBILIDAD de la presente recusación por los mismos fundamentos.
OPINIÓN DE LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: Considero que corresponde NO HACER LUGAR a la recusación interpuesta por el Abg. Javier Alejandro López, en representación del Sr. Juan Gustavo Rojas Caballero, contra los magistrados Dionisio N. Frutos, Gustavo Bóveda, y Alicia Orrego, miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Central, por los siguientes fundamentos: Sobre el punto, cabe recordar que la recusación de jueces es un resorte procesal que la ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador, en aras de un juicio justo. Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia.
En ese sentido, la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al Principio de juez natural; y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. En consecuencia, las simples manifestaciones de cualquiera de ellas dirigidas contra uno o más magistrados no tienen la entidad suficiente para provocar la separación, puesto que ello desnaturalizaría el instituto en estudio.
Asimismo, cabe recordar que el Art. 50 inc. 13 del Código Procesal Penal reza: MOTIVOS. Los motivos de separación de los jueces serán los Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
siguientes: 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.” Al respecto, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: “La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave.”
Ahora bien, del análisis de la cuestión planteada, se puede inferir claramente que, los motivos aducidos por el recusante, carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que, del estudio de las constancias de autos se advierte, la inexistencia de aval probatorio que demuestre el supuesto motivo que compromete gravemente la imparcialidad de los miembros del Tribunal de Apelaciones recusados.
El incidentista refiere una falta de imparcialidad por parte de los juzgadores de Alzada; manifiesta que los mismos no se detienen a analizar detalladamente las peticiones realizadas por los recurrentes, y que la premura del Tribunal es la de satisfacer la necesidad del Abg. Edgar Eduardo Benítez (señala que fue visto salir del despacho de los miembros del Tribunal, cercenando el derecho a la defensa; pero, respecto a este punto, los miembros del Tribunal de Apelación, informan que se trata de audiencias por razones atendibles o de urgencia -Art. 21 inc. 3 del Código de Ética Judicial). El recusante sostiene, que los miembros de Alzada, indican un criterio inquisitivo respecto a su posición. Pero, todas estas aseveraciones, no se encuentran correctamente fundadas en elementos de prueba pertinentes (Art. 343 del C.P.P.).
Al no configurarse el Art. 50 inc. 13 del C.P.P., por basarse el recusante, en meras afirmaciones sin sustento probatorio, deviene improcedente la separación de los magistrados recusados.
No obstante, es importante mencionar que, en caso de verse el justiciable vulnerado en sus derechos y garantías, tiene a su disposición las herramientas que el Código de Procedimientos Penales le otorga para obtener su rectificación, instrumentos que no deben ser confundidos con Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
la figura de la recusación que está prescripta para casos puntuales y específicos.
Por todo lo expuesto ut supra, corresponde NO HACER LUGAR a la presente recusación. ES MI OPINIÓN.
POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENALRESUELVE:1.- DECLARAR INADMISIBLE la recusación contra los Magistrados Dionisio N. Frutos, Gustavo Bóveda y Alicia Orrego, Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2.- ANOTAR, registrar y notificar.
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