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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalPenal

Acuerdo y Sentencia N° 343/2024

1 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A . (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS: ''INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO''. AÑO: 2021. Nº: 736.

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o -o~-~01~ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A . (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS: ''INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. S/CUMPLIMIENTO del mes e del año dos mil vr," t ~ t.. , estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y EUGENIO JIMENEZ ROLÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS ''INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO'', a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abog. Sergio Raúl Vargas Sánchez, en nombre y representación de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: DIESEL JUNGHANNS, A la cuestión planteada, el Ministro Do,ctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Corte el abogado Sergio Raúl Vargas Sánchez, en nombre y representación de la Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. (ASEPASA), promueve Acción de lnconstitucionalidad contra la S.D. Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno y contra el Acuerdo y Sentencia Nº de fecha 02 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, ambos de Se agravia la parte accionante señalando que los fallos impugnados devienen arbitrarios y violatorios de los artículos y 256 de la Constitución Nacional. Manifiesta que esta acción no pretende en absoluto abrir una tercera instancia que como lo señala la reiterada jurisprudencia de esta sala. Indica que se tiene la certeza de que las decisiones adoptadas en ambas Instancias ordinarias vulneran derechos constitucionales de su comitente, en especial en la aplicación objetiva de la ley a un hecho particular, como así también en cuanto a la flagrante desviación o prescindencia de la prueba producida en autos. Expone que la cuestión principal, para ver el sentido arbitrario del fallo, tanto de primera instancia como de segunda, radica en que existe una realidad fáctica de fácil aprehensión a la luz de las probanzas rendidas en autos. Señala que no pretende el reestudio ni la exigencia de interpretación distinta de la hecha por los anteriore ·udic ntes, sino más bien que se evidencie I omisión manifiesta de las pruebas mayorm'°"te apo adas por la propia parte actora. s~~tiene ue el cas0-il~ído a esta Excma. Sala 1ene un solución jurídica precisa en.~rca""c.a dentro de nor__, s no admit n -matice , 1 materi de seguros es una particula ra a el derec o que exige qu se la a lice b ·o más 1gur ecn1c o, cabe entu que no estamo ante na 1rienez ..l~ Cesar M. ,esel Juoghanns Ministro CSJ.

A g. Julio C. avón Ma ínez Scanned with CamScanner discordancia de lo que sería la sana critica o el leal saber y entender de los juzgadores, sino que nos hallamos entre varias cosas, ante un acto voluntario y omisivo de considerar las probanzas rendidas en autos, que ni siquiera fueron en gran medida aportadas por mi parte sino por la propia parte actora. Para las partes y para el Juez, la solución del caso también gira en torno a lo dispuesto en los Arts. 1589 y 1597 del Código Civil. Considera un desatino de la Interpretar la ley en forma distorsionada y equivocada, al abordar el análisis de estos artículos, se hace patente la ignorancia del juzgador (lo que no es disparidad de criterio) del negocio jurídico que constituye el "contrato de seguro". Sostiene que es evidente el desconocimiento de la ley de los magistrados intervinientes, desde el momento en que las normas aludidas en el párrafo anterior no establecen márgenes de discrecionalidad para optar por una u otra solución que no invalide el efecto de fallo. Indica que el A quo, a fs. 550 en su segundo párrafo, que la misma, considera que realizado por el asegurador al asegurado, desde el momento de la denuncia o comunicación de un siniestro, siempre debe ser tendiente a corroborar y verificar la existencia del siniestro y no la corroboración y verificación de los culpables del mismo. Continúa diciendo, que el A quo identifica los documentos peticionados por el liquidador al asegurado, de que los mismos no guardaban relación con lo dispuesto en la norma respectiva (Art. 1589) para corroborar la existencia del siniestro, sino que sólo fueron solicitadas para continuar con el trámite de liquidación de cobertura. Indica que la expresión de ''continuar con el trámite de liquidación" no importa una diligencia menor, significa principalmente establecer la procedencia o no del reclamo efectuado por el asegurado. Afirma que el fallo de primera instancia, es contradictorio al contraponer las pruebas rendidas en autos, tal es así, que la sentencia, a fs. 550 vito., dice en una parte; "Amén de ello, es importante recalcar que la cobertura suscrita se perfecciona con la mera denuncia del siniestro acaecido y no con la comprobación de los autores del mismo." Manifiesta que esta afirmación los deja atónitos con solo hojear el expediente desde fs. 20, donde claramente las pólizas establecen que existe un determinado número de personas bien identificadas que son las únicas que pueden configurar el siniestro. Indica que al ejemplo ya puesto más arriba, vale reiterar que Aseguradora Paraguaya SAECA no está obligada a pagar absolutamente ninguna indemnización en caso de que "Juan Pérez (no incluido en la lista) haya sido la persona que defraudó o robó, si ese fuese el caso, estaríamos ante una desnaturalización del contrato de seguro, porque para ofrecerlo, se debe hacer un estudio de los riesgos de modo tal a cotizar la prima. Manifiesta que la Aseguradora Paraguaya SAECA, no ha suspendido unilateralmente el plazo para expedirse sobre la cobertura del siniestro, sino que se ha amparado en lo dispuesto en el Art. 1597 para su cómputo, en el entendimiento de que la información complementaria solicitada es esencial a los efectos de la liquidación del siniestro. Considera que otro elemento probatorio que desnuda la arbitraria actuación de la magistrada que intervino en Instancia originaria, resulta la denuncia penal formulada por el IPS ante el Ministerio Público.

De dichas denuncias obrantes a fs. 92 y 152 de autos, se puede distinguir que el Acta de Corte Administrativo y Arqueo de caja fue de fecha 3 de septiembre de 2013. (Ergo, el supuesto "siniestro" debió ocurrir antes de esa fecha). En la misma denuncia que se indica lo anterior (fs. 93 primer párrafo) también se distingue que el IPS formula su hipótesis de quienes serían los responsables del faltante o fraude, diciendo que serían las siguientes personas, 1. Gustavo Franco, . Claudia Bedoya. Indica, que si miramos la póliza a fs. de autos, que invoca la Sra. Karen Vasconsellos para cobrar la indemnización, se distingue que efectivamente se hallan individualizadas esas personas, que en la foja inmediatamente anterior, se estableció contractualmente que dicha póliza tendría el periodo de vigencia DESDE el 18/11/2013 hasta el 18/11/2014, periodo de cobertura posterior al hecho acontecido, que como ya dijéramos y lo reconoce la parte actora, fue antes del 3 de septiembre de 2013. Esto denota la manifiesta arbitrariedad del fallo, ya que da a entender que la decisión trasunta por la Respecto al fallo del tribunal de apelaciones, señala como un dato no menor, que el ensayo de explicación o el exiguo razC?namiento acerca del daño patrimonial o la indemnización debida, se haya sintetizado en un párrafo de 8 líneas. Indica que el A quem, arrastrando por el error y desatino del inferior, sostuvo que ASEPASA no justificó la razón de los pedidos de Scanned with CamScanner aci~n c9 -mentaria. Considera, que en este punto no es necesario siquiera r 0 'ff ue como ya reiteradamente lo apunté el siniestro denunciado es eces te complejo porque requiere y conjuga la participación de varios elementos.

que bajo el análisis de los fallos traídos al examen de esta Sala por la vía de inconstitucionalidad, no se puede calificar a aquellos como actos jurisdiccionales válidos, cuando flagrantemente se apartan de aplicar la norma y de hacer valer en sus razonamientos los hechos que realmente fueron probados hartamente en juicio. Señala que motivación es aparente y efímera, carente de contenido sustancial. En autos se presenta un nada complejo, para que los juzgadores subsuman los hechos a la ley vigente, al punto de que podríamos en sentido práctico armar una matemática jurídica, basado en el hecho de que las normas aplicables (Art. 1589 y 1597 del Código Civil) no tienen margen de interpretación discrecional y dar una solución distinta considera, es dar una solución arbitraria. Finalmente solicita que se haga lugar a la impugnación peticionada, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

Se presenta a contestar el traslado el Abg. César G. Ayala Ruíz Diaz, por la representación del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), conforme a los términos del escrito obrante a fs.

64 a 68 de la acción. Sostiene que no existen méritos para que prospere esta acción de inconstitucionalidad. Que la adversa esté o no de acuerdo con el resultado del juicio no anula los fallos por inconstitucionalidad ni los vuelve arbitrarios. Los fallos impugnados contienen lo que Calamandrei llama "la génesis lógica de la sentencia, es decir, una razonada exégesis de las normas que fueron aplicadas a los hechos esgrimidos, teniendo como resultado uniforme que la Aseguradora Paraguaya S.A. no tiene excusas válidas para dejar de cumplir las pólizas de seguro que otorgó a favor del Instituto de Previsión Social (IPS). Finalmente solicita el rechazo de la acción y la imposición de costas al accionante.

La Agente Fiscal Abg. Lourdes Samaniego González, por Dictamen fiscal Nº 1665 de fecha 20 de octubre de 2023 (fs. 71 a 77), recomienda no hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, porque considera que el accionante repite argumentos ya esgrimidos en las instancias 'inferiores, por lo cual quiere convertir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema La cuestión gira en torno a la procedencia o no de una demanda de cumplimiento de contrato de seguro¡ que fue acogida favorablemente de dos instancias ordinarias conforme a las resoluciones impugnadas y cuya parte resolutiva paso a transcribir:

Según S.D.

Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, el A-quo resolvió: "/-HACER LUGAR a la presente demanda ordinaria de cumplimiento de contrato planteada por el representante convencional del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL contra la firma ASEGURADORA PARAGUAYA SA (ASEPASA) debiéndose, en consecuencia, condenar a la demandada a abonar la suma de guaraníes mil millones (GS. 1.000.000.000) más los intereses legales del 1, 5% mensual, a ser com1 JlUlraaos desde la fecha de la presentación ~~'irle manda hasta el efectivo pago de la d da, c nfonne a los términos expresados el co sida an'"''-" de la presen e reso/ució .

11. COSTi Sala perdidosa, de acuerdo es blecido n / Art. 1 del .P. C. lL.:. ANO •✓-R, registra , notificar por cédula en form topa e~ y remitir opa a /a Ex ma. ---ftt Jiménez ;; filii.stro ~esar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Abg. Ju lo C. Pavó Martinez s,a,etario pr. os (}jeda Ministro Scanned with CamScanner Por Acuerdo y Sentencia Nº 1 O de fecha 02 de marzo de 2021, el Ad-quem resolvió: "RECHAZAR el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada. CONFIRMAR la S.D. Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, acorde a Jo expresado con anterioridad. IMPONER las costas en esta instancia a la parte perdidosa. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma.

A continuación se transcribe la parte argumentativa en la cual se base el fallo del Tribunal ... Contestó la parte actora solicitando el rechazo con costas de la resolución asegurando que: 1) señaló que no existe teoría que valga contra la contra de la omisión de la compañía para expedirse sobre el siniestro dentro de 2) hasta la fecha de la demanda -30 de diciembre de 2014-pasaren más de once meses de la de11uncia y la compañía no se ha expedido sobre el derecho de mi los treinta días, mandante de cobrar la póliza, Afirmó que la norma es clara en tal sentido, por lo que, de no expedirse en la fecha referida, se presume que acepta el siniestro.

3) mencionó que el daño existió, fue determinado y comunicado a la compañía de seguros. Además, la cobertura contratada quedó fijada en Cs. 1. Toca determinar la sentencia que hizo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato fue elaborada conforme a derecho. Respecto al primer argumento, la quo no tuvo presente que el asegurado realizó la denuncia cuatro meses después de conocido el acto ilícito, debemos determinar si la comunicación al seguro fue dentro del plazo legal. A fs. 27 de autos surge que, en fecha 9 de enero de 2014, la actora comunicó a la asegt1radora que en fecha 8 de enero de 2014, la Dirección de Tesorería decepcionó una nota i11tema por la que se remitió el informe final N 7812013 de la Auditoria Interna sobre la AUDITORIA ESPECIAL BENEFICIOS A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013", por la que se comprobó la existencia de un faltante de dinero. El páffafo segundo, renglón tres en adelante señala textualmente: " ... la Dirección de Tesorería como administradora del Contrate de Póliza, comunica y denuncia a esa Compañía Aseguradora mediante el presente instrumento, el hecho registrado, que configura el siniestro amparado por el seguro contratado .... ": Luego en el páffafo siguiente dice: "En consecuencia solicitamos tomen las medidas necesarias y oportunas para proceder -conforme a la póliza individualizada más arriba-a la liquidación y cobertura del siniestro precedentemente descripto, sirviendo la presente de suficiente comunicación y denuncia de su ocuffencia ... ". Después, en fecha 21 de enero de 2014 -Fs. 32-, el Sr. Víctor Duarte, Director General de ET/CA, solicitó a la actora la presentación de documentación. Así, de las constancias de autos deducimos que, no sería posible determinar la existencia del faltante sin el informe de la Dirección de Tesorería, y, al momento de tomar conocimiento, inmediatamente el actor no comunicó el hecho a la aseguradora, es decir, dentro del plazo fijado en la primera parte del Art. 1589 del CCP. El tomador, o el derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo. Entonces, conforme a lo relatado, concluimos que la denuncia de la parte actora a la empresa aseguradora, fue efectuada dentro del plazo legal. ( ... ) Con relación al segundo argumento de que la A-quo entendió que el asegurador observó una conducta omisiva en la investigación del siniestro, al decidir si la Compañía Aseguradora se expidió dentro del plazo de ley. Tal como señaló la A-quo, si bien la compañía aseguradora solicito ciertos recaudos, no justificó la razón de dichos pedidos. Por otro lado, tampoco impugnó la validez de la denuncia remitida por la parte actora. Es decir, acorde a lo probado, no consta que la aseguradora se haya expedido dentro del plazo de 30 días como lo dispone el CCP, por lo tanto, dicha falta de pronunciación, equivale a la aceptación tácita de lo ocurrido y denunciado por la actora. Finalmente, respecto al tercer argumento no quedó probado el monto a indemnizar, tenemos que remitimos a la póliza a fin de determinar el monto a indemnizar. Es así que, en virtud a lo estrictamente señalado en la póliza de seguros, la suma asegurada fue Scanned with CamScanner ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS: ''INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. $/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO''. AÑO: 2021. Nº: 736.

nciados y desarrollados por el accionante es la fundamentación Debemos recordar que nuestra Constitución Nacional dispone en su art. 256 que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. De igual modo el Cód. Proc. Civ., exige que todas las resoluciones definitivas e interlocutorias estén fundadas conforme con el principio de congruencia, bajo pena de nulidad. Así, el art. 15, inc. b}, del Cód. Proc. Civ. reza: " ... Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme con la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad ...

". Concordantemente, el art. 159 del Cód. Proc, Civ. que textualmente expresa: .. La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además:[ ... d) los fundamentos de hecho y de derecho ... ".

Analizando la resolución de segunda instancia impugnadaJ conforme a las expresiones arriba trascriptas que dieron origen a esta acción, surge que dicha resolución es arbitraria por no encontrarse razonable ni mínimamente fundadas; al observar en su dictamiento incoherencias que inducen a afirmar que responde al capricho de los juzgadores. Claramente, el Tribunal de Apelaciones, en los fundamentos confirmatorios da una motivación inexistente como hemos podido constatar; pues dicho órgano se ha decantado en cuestiones harto complejas como la existencia o no de motivos jurídicamente relevantes para ampliar el plazo para que la Compañía Aseguradora se expida sobre el siniestro y cuya discusión es medular ante las pruebas ampliamente producidas -y a las cuales no hace ni mínima referencia-. Tampoco se puede entender, de la lectura de dicha resolución en que se basaron los Conjueces para determinar el monto del total asegurado, pues ni siquiera evaluaron el daño reclamado ni la extensión de la cobertura de la póliza; ello por demás es una falta total de fundamento y una omisión de la obligación de fundar las resoluciones judiciales en las probanzas de autos y en la legislación aplicable al caso concreto.

Sobre el punto, es oportuno señalar que el accionante en el escrito de fundamentación de agravios (obrante a fs. 564/583 de los autos principales}, ha cuestionado ampliamente el supuesto vencimiento del plazo de 30 días que tenía la aseguradora para expedirse, con el señalamiento de las instrumentales, testificales e informes ofrecidos en la etapa probatoria por ambas partes; lo cual no fue tenido en cuenta en el fundamento dé la confirmación realizada por el Tribunal de Apelaciones a la instancia inferior. El Tribunal ha dejado de lado el examen y decisión de este punto central de los agravios del apelante. Esta omisión en el pronunciamiento de los juzgadores se halla dentro del marco de las llamadas resoluciones Además de lo señalado, el Tribunal también nuevamente ha omitido mencionar el por qué de la determinación del monto de la pretensión indemnizatoria, donde a una cuestión tan gravitante, solamente se han expedido en cuatro líneas cuanto sigue: ..

Finalmente, respecto al tercer argumento no quedó probado el mo11to a indemnizar, tenemos que remitimos a la póliza a fin de detennioar--el monto a indemnizar. Es así que, en vi·rtHO a lo e rict" ....... ente señalado en la póli de s guros, la suma asegurada fue or 1. OO. O . 000 .. ". De esta mane a, los juzg3eores pro unciaron un fallo basado en s me-v. luntad, moti ado so en form aparen e incongr ente, ..H:l, o prescindi ron estudio de os agra ios Jiminu 0 'in.istro ' Cesar M. Diesel Jungh,:iinns Jlinistro C.SJ. , so V'ct r RtO Scanned with CamScanner esgrimidos por la parte apelante, en su escrito de fundamentación y de todas las pruebas Sobre el punto, conviene citar las palabras de Joan Pico i Junoy, quien advierte que " ... no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las parles, ni impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional; se trata de que la tutela judicial efectiva de anude con los extremos sometidos por las parles al debate ... ". (Picó i Junoy, Joan. Las Garantías Constitucionales del Proceso. Edit.

José María Bosch, Barcelona, España. 1997. Pág. 61).

Se ha pronunciado, la Corte Suprema de Justicia respecto al exceso ritual y la falta de motivación y sobre todo cuando ello afecta al estudio de recursos interpuestos ante el Tribunal de Apelación y ha dicho que .. Desde luego, es doctrina pacífica aquella según la cual, la mayor garantía de legitimidad democrática de las decisiones judiciales, constituye su motivación. Nuestra praxis judicial, desafortunadamente hasta el presente se reciente de esa deficiente motivación, hecho que priva a los justiciables de reales posibilidades de ejercer su defensa, con lo que, también, dicho sea de paso, se vulnera el principio del derecho a la defensa.

El interlocutorio aquí impugnado, justamente es buena expresión de lo afirmado; no realiza ninguna valoración, no expresa cual es el fundamento de su decisión, se reduce a expresiones calificadas como "clisé" ... " (Vide, Acuerdo y Sentencia Nº 550 del 30 de setiembre de 1997); " ... con una motivación esencialmente formal, se privó a una de las parles del derecho a discutir en segunda instancia, en resguardo de sus derechos ... " (Vide, Acuerdo y Sentencia En concreto, en el sub examine, la carencia total de fundamentación de la resolución del Tribunal de Apelaciones, derivó en la vulneración del artículo 256 de la Constitución que impone a los Jueces y Tribunales fundar sus resoluciones en ésta y en las ley~s, por lo que corres.

pande la declaración de nulidad y el reenvío de la causa al Tribunal que sigue en orden de turno para que sea nuevamente juzgada, de conformidad al artículo 560 del Código Procesal Civil. Ello releva del análisis del fallo de Primera Instancia también impugnado, en atención a que con esta decisión, los agravios deberán ser estudiados en la instancia judicial ordinaria correspondiente, en estricto respeto de la función de esta Sala Constitucional, que en forma uniforme viene sosteniendo que no constituye una tercera instancia para el estudio de cuestiones las instancias ordinarias, pues no es una vía para corregir errores, sino para evitar arbitrariedades y conculcación de preceptos de rango constitucional.

Por las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Sergio Raúl Vargas Sánchez, en nombre y representación de la Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. (ASEPASA), y en consecuencia, declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº de fecha 02 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de esta Capital, y remitir los autos al Tribunal que sigue en orden de turno, conforme al Art. C.P.C. Costas a la turno, el Ministro Doctor EUGENIO JIMENEZ ROLÓN dijo: Cabe adherir al sentido del voto del Ministro preopinante por los fundan,entos que se exponen a continuación.

sub examine, se trata de determinar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Sergio Raúl Vargas Sánchez, en nombre y representación de Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. (ASEPASA), contra la Sentencia Definitiva Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Tercer Turno, de la Capital; y, contra el Acuerdo y Sentencia Nº de fecha 02 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Capital. Ambas resoluciones fueron dictadas en el juicio: "INSTITUTO DE Scanned with CamScanner ACCIÓN DI: INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS: ''INSTITUTC> DE PREVISION SOCIAL C/ ASEGURAC>ORA PARAGUAYA S.A. S/CUMPLIMIENTO DE ,r~f?..qf~ . ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. SI CUMPLIMIENTO DE Por Sentencia Definitiva Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, el Juzgado de Primera Instancia resolvió: "l.-HACER LUGAR presente demanda ordinaria de cumplimiento de contrato planteada por representante convencional del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL contra la firma ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. (ASEPASA) debiéndose, en consecuencia, condenar a la demandada a a/Jonar la suma de guaraníes mil millones (GS.

1. 000. 000. 000) más los intereses legales del 1, 5 mensual, a ser computados desde la fecha de presentación de la presente demanda, hasta el efectivo pago de la deuda, conforme a los términos expresados en el considerando de la presente resolución. 11.-COSTAS a la perdidosa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 192 del CPC. -111.-ANOTAR, registrar, notificar por cédula en formato papel y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia" (sic, fs. Por Acuerdo y Sentencia Nº 1 O de fecha 02 de marzo de 2021, el Tribunal de Apelación resolvió: "RECHAZAR el recurso de nulidad interpuesto por/a parte demandada. CONFIRMAR la S.D. Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, acorde a lo expresado con anterioridad. IMPONER las costas en esta instancia a la parte perdidosa. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema En su escrito inicial (fs. 18/25), la parte accionante refirió que la juzgadora inferior omitió el estudio de una prueba relevante y valoró las pruebas de forma deficiente al considerar que el Instituto de Previsión Social tuvo noticia del siniestro recién en fecha 08 de enero de 2014, siendo que la máxima autoridad de dicha entidad ordenó la instrucción de un sumario administrativo en fecha 12 de septiembre de 2013 para la averiguación y esclarecimiento de la comisión de supuestas faltas graves. Refirió que tampoco se tuvo en cuenta el hecho de que IPS comunicó a ASEPASA en septiembre de 2013, el reemplazo y actualización de beneficiarios de la póliza de seguros, lo cual cor1firmaba que la institución ya tuvo conocimiento del fraude patrimonial mucho tiempo antes de la denuncia del siniestro. Señaló que la A-quo interpretó erróneamente el art.

1589 del Código Civil al entender que los documentos solicitados al haber sido denunciado el siniestro fueron tan solo a los efectos de continuar con el trámite de liquidación de la cobertura y no para corroborar la existencia del siniestro. Refirió que la A-quo interpretó erróneamente el art. 1589 del Código Civil al entender que los documentos solicitados al haber sido denunciado el siniestro fueron tan solo a los efectos de continuar con el trámite de liquidación de la cobertura y no para corroborar la existencia del siniestro. Como así también, al no comprender que el plazo para expedirse sobre la cobertura se encontraba suspendida en virtud de lo dispuesto en el art.

1597 del Código de Fondo, por no haber sido proporcionado la información complementaria necesaria. Dijo que, para la determinación del supuesto daño patrimonial sufrido por IPS, la Juzgadora de Primera Instancia también se apartó de las constancias obrantes en autos, puesto que las pericias en las cuales se basó para determinarlo no fueron contables, sino simplemente fueron pericias del expediente judicial. Con respecto al Acuerdo y Sentencia dictado p el ibunal de Alzada, alegó que contiene los ·sm s vicios cometid<JS por el Juzga~de rimera In an ya que hace propios sus f , amento . Además, argun1entó que el A -qu m para de er inar monto a ind íll[lizar lo ' que refi 1ó fue que correspondía estars a lo e tableci la pó ·za del seg o, lo cual en ta la fun am ~ación ap ente con resp cto a µ'--te pun .

Jiminez~ ~ .

Cesar M. Diesel Junghan f.llini!itro CSJ. v n Martín z Scanned with CamScanner Los argumentos del escrito de contestación del traslado de la acción (fs. 64/68) y del Dictamen Fiscal (fs. 71/77), ya han sido amplie, y meticulosamente expuestos por el ministro César Diésel. Por consiguiente, a fin de omitir repeticiones innecesarias, corresponde remitirse Pues bien, la exposición de los argumentos de la acción permite encuadrar nítidamente las causales de arbitrariedad que fueron alegadas. Respecto del acuerdo y sentencia del Tribunal de Apelación, la causal es la fundamentación aparente para determinar el monto a indemnizar. Con relación a la sentencia definitiva de Primera Instancia, las causales de arbitrariedad son: errónea y deficiente valoración de las pruebas producidas en autos para determinar la fecha del siniestro y el monto a indemnizar y la errónea interpretación del derecho Sabido es que el control constitucional de las resoluciones judiciales tiene por objeto verificar su correspondencia o discrepancia con la Constitución. Además, la jurisprudencia, fundada en el art. 256 segundo párrafo de la Carta Magna, ha entendido que el control constitucional se extiende a aquellas sentencias que se han dado en llamar arbitrarias, esto es, que se dictan con prescindencia de la ley o de los hechos arrimados al proceso y las probanzas Claramente, la fundamentación no consiste únicamente en enumerar una serie preceptos jurídicos de determinado texto legal que se a cada case>, sino que la labor de fundar requiere además que el juzgador exponga de modo lógico las razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos, vinculándolos a los datos fácticos tenidos como probados o admitidos. Las arbitrariedades normativas -soslayar la disposición legal aplicable, aplicar disposición legal inaplicable, fallar sobre la base del mero capricho, etc. las fácti.cas -referentes a cuestiones de hecho expuestas en la fundamentación-, son causales de arbitrariedad por una anomalía en la fundamentación de las resoluciones.

Con respecto a la causal relativa a la interpretación irrazonable, incoherente, o ilógica una ley, dichas causales no siempre son fáciles de identificar, porque, como ya se ha sostenido en otras oportunidades, no toda interpretación errónea de una ley es arbitraria (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 111 de fecha 11 de junio de 2020). Desde el momento en que existe una fundamentación razonable, desarrollada de modo inteligible, no se configura el vici0 inconstitucionalidad, pues el ret:1uisito que exige la Carta Magna en su art. 256 se halla presente. Además, se debe recordar que la corrección material o jurídica de una resolución, es cuestión que hace a la motivación aparente invocada, esta Corte Suprema de Justicia, ha dejado establecido que la misma se configura cuando el órgano juzgador no da razones mínimas del sentido del fallo, no responde a las alegaciones de las partes, o porque intenta únicamente dar cumplimiento formal de la motivación amparándose en frases sin sustento fáctico ni jurídico: "En efecto, la inexistencia de motivación o motivación aparente existe cuando esta no da razones mínimas del sentido del fallo, que a las alegaciones de las partes, o porque intenta únicamente dar cumplimiento formal de la motivación amparándose en frases sin sustento factico ni jurídico. Este tipo de fundamentación, normalmente contiene una exposición que apoya o justifica la decisión; pero la misma en puridad elude dar cuenta de las razones de esta, de manera que el argumento no se condice con Jo decidido, o es puramente superficial y no explicativo. La motivación aparente se presenta, en muchos casos, en materia de valoración de pruebas que tienen por acreditados ciertos hechos, cuando dicha apreciación es evasiva y presenta que la conclusión obtenida a partir de dichas pruebas es una obviedad. Igualmente, se presenta en materia de fundamentos de derecho, cuando se opera por yuxtaposición, es decir, cuando junto a la simple afirmaciónde lo que se entiende probado se coloca una afirmación igualmente simple de que ese hecho probado tiene Scanned with CamScanner O -C'i101 ~ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS: ''INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. 5/CUMPLIMIENTO Vflt 1111 .. m O" ncias jurídicas." (Voto del Ministro Raúl Torres Kirmser, Acuerdo y Por ~u e, en lo que respecta a la supuesta interpretación caprichosa e insuficiente de las constancias de autos o de las pruebas rendidas; más específicamente, la falta de valoración de pruebas que devendrían decisivas en la resolución del conflicto, se ha dejado sentado que esta circunstancia puede configurar una arbitrariedad siempre que la fundamentación de la sentencia se construya en base a distorsiones fácticas y que éstas decidan la suerte de la solución de la acción: "De las consideraciones que anteceden resulta evidente que las sentencias atacadas por medio de la acción que se tiene en estudio no se hallan fundadas en simples errores de apreciación de las pruebas aportadas por las partes, hipótesis en la cual no sería procedente esta acción. En ellas encuentro una verdadera distorsión de los hechos alegados y probados en los autos principales y, además, en la falta de consideración de elementos de convicción de máxima importancia para la resolución de la demanda promovida" (Voto del Ministro Raúl Sapena Brugada, Acuerdo y Sentencia Nº 1113/2002); "Si bien es cierto que la acción de inconstitucionalidad no debe ser usada como vía para verificar la valoración de pruebas realizada por los juzgadores de las instancias ordinarias, cuando tal valoración ha sido realizada dentro de los parámetros normales y la discrepancia de la Corte sólo se basa en meras diferencias de criterios. Sin embargo, la doctrina ha considerado viable la acción en aquellos supuestos en que se ha omitido toda consideración sobre pruebas evidentemente decisivas para la solución del caso, o cuando se las ha interpretado de manera caprichosa. Comprobándose este hecho al analizar los fallos, los mismos son considerados arbitrarios, y en ese sentido cabe acotar que en su caso se produce la violación del principio constitucional contenido en los artículos 16 y 256 in fine respectivamente de la Constitución Nacional, en efecto, se estaría soslayando el debido proceso y lógicamente el derecho a la defensa en juicio" (Voto del Ministro José Altamirano, Acuerdo y Sentencia Nº 1623/2004).--- Dicho esto, corresponde precisar que el control constitucional debe hacerse detalladamente respecto de las causales invocadas por la parte accionante, primeramente, respecto del Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelación y luego, según sea necesario, de la Sentencia Definitiva del Juzgado de Primera Instancia. Lógicamente el análisis debe realizarse en ese orden, pues la resolución del Tribunal de Apelación es la que causa estado.

Si la resolución del órgano jurisdiccional de segundo grado es constitucional, ya no será procedente el estudio de la constitucionalidad de la resolución originaria; y, por el contrario, si aquella fuese inconstitucional, se deberá juzgar la arbitrariedad de ésta. Ello es así puesto que no se puede concebir que la sentencia de segunda instancia sea válida y constitucional, y, a su vez, que la sentencia de primera instancia sea declarada nula y privada de efectos. Esta sería, naturalmente, una hipótesis procesalmente absurda, e incompatible con el carácter excepcional de la jurisdicción constitucional en nuestro sistema.

Pues bien, en lo que hace al fallo dictado por el Tribunal de Apelaci s tie e que, al juzgar el asunto conc.r-J. te al monto a ser cubierto, el órgano juri iccio al úni amente expresó: "tenemo ue re itimos a la póliza a fin de determin!:lJll-!&J mo to a in mniza Es así qu , en virtud ... .,,o estricta ente señ ado en la póliza de se uros, a uma a gurada ue por Scanned with CamScanner De este modo, en coincidencia con el Ministro preopinante, se considera que el Tribunal de Alzada no se ocupó de analizar, ni siquiera mínimamente ninguna de las pruebas ofrecidas ni proporcionó argumentos que justifiquen por qué se debía otorgar el monto máximo de la suma asegurada. Por estos motivos, resulta imposible entender los motivos -siquiera mínimos­que indujeron al órgano a tal conclusión. De esta suerte, existen suficientes razones para determinar que, el Acuerdo y Sentencia de segunda instancia es arbitrario.

En cuanto a la Sentencia Definitiva del Juzgado cle Primera Instancia, de un exhaustivo análisis, en primer lugar, surge que la juzgadora entendió que la comunicación a la aseguradora fue comunicada dentro del plazo, al referir que: " ... tenemos que la Tesorería del Instituto de Previsión Social, de conformidad a la prueba documental consistente en una nota obrante a fs. 27 de autos, comunica a la aseguradora en fecha 09 de enero de 2014 que, Juego de una auditoría interna dependiente de la tesorería de la institución, se percató de un siniestro ocurrido el 03 de septiembre de 2013. Dicha aL1ditoria comunica a la Tes0rería del Instituto el respectivo siniestro en fecha 08 de enero de 2()14" (sic, f. 549 vita.). En ese sentido, a criterio de la A-qua era la Directora de la Tesorería y no otra la que debía comunicar a la Aseguradora acerca del siniestro. Por consiguiente, consideró que, al haber sido comunicado el siniestro en fecha 09 de er,ero de 2014, tras haber transcurrido un día desde que se tuvo conocimiento, IPS cumplió con el plazo establecido en el art. 1589 del CC. De esta forma, bien o mal, justificó los motivos que la condujeron a sostener que la comunicación del siniestro fue realizada en tiempo y forma, de conformidad a la citada disposición normativa.

Lo mismo ocurre cuando se examina sus argumentos para determinar el daño patrimonial sufrido por el Instituto de Previsión Social. La Jueza Inferior refirió que los peritos de la parte actora y del Juzgado coincidieron en que los daños se estiman por más del valor de lo asegurado, por lo que correspondía otorgar el monto máximo establecido en la cobertura. De nuevo, se observa que, al menos de forma mír1ima, la jueza justificó las razones por las que consideró que debía abonarse Aquí es importante recordar que tanto la errónea como la deficiente valoración se configura cuando, tratándose de elementos esenciales y decisivos, se advierteuna ausencia absoluta de motivaciones que expliquen semejante proceder. Esta clisquisición es trascendental para diferenciar entre un error de jwzgamiento y una decisión arbitraria, que pueden tener límites difusos.

En el caso del fallo del Juzgado de Primera Instancia, como se ha visto, puesto que, a diferencia del fallo del Tribunal de Apelación cuando le cupo analizar el monto a indemnizar, este primero si se basó en las constancias obrantes en autos y, mínimamente, Por último, con respecto a la supuesta errónea interpretación del derecho para determinar que existió una conducta omisiva por parte de la Asegurada en cuanto al pronunciamiento acerca del derecho del asegurado, tampoco esta ~Aagistratura observa arbitrariedad alguna.

Sobre la cuestión, la Jueza de Primera Instancia refirió que la parte demandada, amparándose en el art. 1589 del Código Civil, por nota Nº 27888/18. 414/2013 (f. 32) de fecha 21 de enero de 2013, solicitó la presentación del parte policial, informe de auditoría interna, sumario administrativo, fotocopia del manual de funciones y procedimientos de los funcionarios involucrados, totalidad de documentos que respalden el dinero reclamado como defraudado y contrato de trabajo, entre otros. Sin embargo, a su criterio, las documentales requeridas no guardaban relación con lo dispuesto en la referida disposición para corroborar la existencia del siniestro, sino, como el mismo encabezado de la nota lo refiere, únicamente, para continuar con el trámite de liquidación de cobertura. Por consiguiente, concluyó que, al no haber sido solicitado ninguna información complementaria necesaria para corroborar la existencia del siniestro, correspondía encuadrar su conducta omisiva dentro de lo dispuesto en el art. 1597 del Código de Fondo y tener por aceptada la obligación de pagar la cobertura de la póliza.

Scanned with CamScanner - 1ecniCO , ~ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ''PROMOVIDA POR ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (ASEPASA) EN LOS AUTOS CARATULADOS: "INSTITUTO DE PREVISION De '/ ',, , em ficación de la Jueza para determinar que la información solicitada por la egu z : 0 - guardaba relación para "verificar la existencia del siniestro", si bien escuet , se encuentra cuanto menos, justificada; siendo una cuestión no menor que la misma Aseguradora cuando solicitó las referidas documentales lo hizo -según su propia nota -para continuar con el trámite de liquidación de cobertura. Con todo esto, 10 que se denota es que la parte accionante más bien pretende la corrección material y jurídica de la resolución, lo cual, tal como se ha explicado, ciertamente, la inconstitucionalidad no constituye la vía adecuada Entonces, se tiene que la solución del Juzgado de Primera Instancia se encuentra fundada en los hechos y en la ley; en consecuencia, se concluye que la misma no es En estos términos, corresponde HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad incoada contra el Acuerdo y Sentencia Nº de fecha 02 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Capital; y, RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad incoada contra la Sentencia Definitiva Nº 162 de fecha 27 de abril de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Tercer Turna, Finalmente, debe considerarse la existencia de vencimientos recíprocos, en razón a que la procede parcialmente, es decir, contra solo uno de los fallos impugnados. En consecuencia, las costas deben ser impuestas en un 50o/o a la parte actora y en un 50°/o a la parte virtud del art. 193 del Código Procesal Civil.

A su turno, el Minis. ::ir-H, ctor VICTOR RIOS OJEDA manifestó que, se adhiere al voto del Ministro preopinante Doct r DIESEL JUNGHANNS, por los mismos fundamentos,,._,

on. lo que e dio por erminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante í, de ue ertifi o, qued eda esar M. iesel Junghanns m1: inistro CSJ.

Scanned with CamScanner Asunción, o ~ de Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad presentada por el Abogado Sergio Raúl Vargas Sánchez, en nombre y representación de la Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. (ASEPASA), y en consecuencia, declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 10 de fecha 02 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segun da Sala, de esta Cap ita 0 R DENAR el reenvío de es s autos al Tribunal que sigue en orden de turno, conforme IMPO ER GQstas a perdid sa, en virtud a lo dispuesto en el Art. 192 del C.P.C.

L rg, nio Jinú 1,ez , ón Ma ·nez Julio C. p . g.

. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Scanned with CamScanner