ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROBERTO CARLOS MORA Y JULIO FRANCO IRALA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MARIA EUGENIA ORTIZ DE FRETES C/ ROBERTO CARLOS MORA Y OTROS SI Asunción, de de 20Z½ .- cción de inconstitucionalidad promovida por los señores Roberto Carlos Mora y Julio
CONSIDERANDO:
Que, en la acción de inconstitucionalidad promovida, los accionantes manifestaron que las resoluciones vulneran sus derechos contenidos en los artículos 16, 17 numeral 9) y 256 de la CN .
Recordemos que el artículo 557 del C. P. C., en lo medular, dispone cuanto sigue: "Citará el actor además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición (..) En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
A su vez, el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sen tenc w e Puntualmente, al desarrollar sus argumentos expresaron que las resoluciones atacadas violan disposiciones constitucionales y son arbitrarias, en razón a que los juzgadores de primera y segunda instancia, se apartaron de las disposiciones legales y omitieron analizar las pruebas arrimadas en autos, conculcando con ello las garantías constitucionales de debido proceso, defensa enjuicio e igualdad de las paites.
Dicho extremo no se colige de las constancias anejas al escrito de postulación de la presente acción.
En efecto, las pruebas a las que alude la parte accionante -informe de la Junta de Saneamiento y de la Administración Nacional de Electricidad-, ciertamente, no fueron valoradas en juicio tal como lo refiere el órgano colegiado, pero, no es menos cierto que, según lo han referido sobre todo en la instancia de alzada, ello se produjo porque no se las consideró decisivas -ver fa. 12 de estos autos- por cuanto que se las contrastó con las constancias emanadas del juicio de usucapión que, como se sabe, resultan ser instrumentos públicos. Desde luego que la calidad de los eventuales derechos posesorios son estudiados y evaluados en unjuicio de usucapión dado que es un presupuesto de procedencia de ese tipo de demandas, en cuyo caso, queda de manifiesto que el instrumento público valorado resulta pertinente y conducente para resolver el caso.
Gustavo E. Santander Dans Ministro R, Oieda D Víctor ws J Ministro Así pues, en esencia, no se observa una infracción al deber de fundamentación que exige el art. 256 de la CN. En consecuencia, la calificación de "contra lege" efectuada por los accionantes no se ajusta al caso dado que éste cuestionamiento se sostiene a partir de una presunta conculcación a la citada norma constitucional.--- En rigor de verdad, se advierte que los juzgadores han fundado su decisión. conforme a la norma jurídica aplicable al caso y sobre la plataforma fáctica obrante en juicio. Naturalmente, esto nos lleva a tener En estas consideraciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas Se agravia la parte accionante contra la S.D. Nº 257 de fecha 16 de agosto de 2021 y su aclaratoria S.D. Nº 266 de fecha 25 de agosto de 2021, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la Ciudad de J. augusto Saldívar; y, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 1150, de fecha 04 de julio del 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Central. En Primera Instancia se resolvió: No hacer lugar, con costas, a la excepción de litis pendencia opuesto por los recurrentes, y, hacer lugar a la demanda de desalojo promovida contra los mismos, así como contra cualquier ocupante o tercera persona que se encuentre en el inmueble objeto de litis.
En Segunda Instancia se declaró desiertos los recursos de nulidad y apelación planteados y se confirman los fallos de Primera Instancia. Señalan que las resoluciones citadas infringen las disposiciones de los Arts, 16, 17 El artículo 557 del C. P. C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
El artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia Para la procedencia de la Acción de lnconstitucionalidad, el contenido del escrito en el que se plantea, debe abarcar una pormenorizada critica de los fundamentos en que se apoyaron los Juzgadores para llegar a las conclusiones que originan los agravios. En este sentido, la parte impugnante debe indicar la lesión concreta en forma clara, desarrollada de manera que se permita identificar la existencia de una vulneración de la normativa En ese sentido, estudiados los fundamentos de la acción incoada, surge que la parte accionante se ha limitado a exponer hechos y actuaciones procesales ya analizados por los Magistrados intervinientes, sin justificar la conexión con las normas supuestamente conculcadas. No se ha demostrado lesión concreta a normas constitucionales, en atención a que sus agravios únicamente traducen desacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Magistrados intervinientes, de tal forma a reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio.
En virtud a lo manifestado, esta Sala, conforme al criterio asumido en reiterados fallos y ante la pretensión esgrimida por los accionantes, considera que lo que se intenta es convertir a la Acción de lnconstitucionalidad en un recurso de revisión o apelación de la decisión judicial, lo cual está vedado en esta instancia extraordinaria. Ello, porque la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales o tercera instancia como se pretende en autos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROBERTO CARLOS MORA Y JULIO .FRANCO IRALA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MARIA EUGENIA ORTIZ DE FRETES C/ ROBERTO CARLOS MORA Y OTROS SI Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas legales, corresponde el rechazo de la acción sin más trámite. Es mi voto.
A su turno, el Ministro Gustavo E. Santander Dans manifiesta que se adhiere al voto del Ministro
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por presentado a los recurrentes en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el RECHAZAR "in limine'' la Acción de inconstitucionalidad promovida por los señores Roberto Carlos Mora y Julio Franco !rala, por sus propios derechos bajo patrocinio de abogados, contra la S.D. Nº 257 de fecha 16 de agosto de 2021 y su aclaratoria S.D. Nº 266 de fecha 25 de agosto de 2021, dictadas por el Juzgado de Primera Inst. en lo Civil y Comercial del Segundo Turno la ciudad de J. Augusto Saldívar, y; co el Ac. y Sent. Nº 115 de fecha 04 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civi Com cial y vtaor Ríos Ojeda Ministro