ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALID I 1 PROMOVIDA POR INSTITUTO DE PREVISI<D : SOCIAL (I.P.S.) EN LOS AUTp¡ CARATULADOS: "AMP!, CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR I DEFENSOR DEL PUEBLO : REPRESENTACIÓN DE CARMEN FIDELIN 1 MARTINEZ CONTRA EL INSTITUTO D1 -;,IS -La ción de inconstitucionalidad presentada por el Abg. Pablo Man '-'Ólri'l:°eo b atrocinio de los Abgs. César Gustavo Ayala y Gabriela Samaniego, en nombre St ...ar,,M-,,,.,,..., !?-12 y contra del Ac. y Sent. N.'.:. 34¡<lel 30 de.julio de 2019, dictado por el Tribunal ' ' I Asunción, de del z .024, -
CONSIDERANDO
QUE, el accionante manifiesta que el I.P.S. no obró de manera ilegítima pues se ajustó a todas las normativas legales y reglamentarias que le rigen. Refiere que la amparista no tiene derecho a la provisión de medicamentos debido a que la misma no cuenta con los aportes requeridos por la institución. De obrar contrario a ello, el I.P.S. estaría perjudicando gravemente a sus asegurados que sí tienen derecho, además de perjudicar su propio patrimonio, violando su reglamentación interna y principios del derecho público. Por tanto, aduce la QUE, el Art. 557 del C.P.C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para, deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantíao principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más . QUE, el Art. Ü de la Ley Nº 609/1995 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria".
QUE, la Acordada Nº 979 de fecha 04 de agosto de 2015, establece en su artículo 2º: "Disponer que tanto el trámite como el rechazo in limine de las acciones de inconstitucionalidad serán suscriptos por los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso en particular".
Q UE, analizado el escrito de presentación, se constata que se ha indicado la lesión constitucional alegada, como también ha citado las normas que considera vulneradas y las resoluciones impugnadas, ex oniendo con claridad su planteamiento, por lo que corresponde dar trámite a la acció de nconstitucionalidad y librar el oficio correspondiente, de r Ríos Ojeda con la opinión que antecede y expreso cuanto 1gue:
Código Procesal Civil, dispone cuáles son los requi tos pa a la 'establee uanto s1 e: "Requisitos de la demanda plazo ara 'de demanda el ctor constituirá domicilio e in ividuali ar ; Ministro CSJ.
Ministro claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además 'I la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más 2.- En efecto, la disposición legal norma que debe admitirse la acción de inconstitucionalidad cuando se verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que el accionante constituya domicilio; (ii) que individualice la resolución impugnada; (iii) que identifique el juicio donde recayó la resolución impugnada; (iv) que funde la petición en términos claros y concretos determinando el derecho, exención, garantía o principio constitucional que considera infringido y; (v) que presente la acción en el plazo de 9 días.
3.- La parte interesada no ha dado un efectivo cumplimiento al cuarto requisito arriba citado, en la especie, la que refiere al deber de fundamentación en forma clara y, sobre todo, concreta. En efecto, si bien se hace alusión a normas y principios constitucionales supuestamente conculcados, sin embargo, no se hace mención al perjuicio concreto que la decisión cuestionada, eventualmente, cause al accionante. Básicamente, hay ausencia de un 4. - Teniendo en consideración que los requisitos de admisibilidad deben cumplirse de forma concurrente, corresponde el rechazo sin sustanciación de la presente acción. Es mi voto.
Opinión del señor Ministro César Antonio Garay: El Código Procesal Civil en su Libro IV, al normar los Juicios y Procedimientos especiales, en el Título I, Capítulos I y 11, diáfanamente legisla Acción y Excepción de Es bien sabido que el Juez -de toda y cualquier instancia, jerarquía, especialidad, etc.- es quien dicta y suscribe las Providencias, Oficios, Mandamientos, Exhortos, para lograr así la En el sub examine para alcanzar lo denominado due process of law -anhelo, empeño, tesón, pertinencia y zenit de la Teoría, Ciencia y Derechos Constitucionales, como de sus equivalentes en el ámbito procesal-, es la Presidencia de Sala a quien corresponde y compete Las inobservancias, modificaciones, cambios, alteraciones de alguna disposición legal, por más leve, mínima o exigua, entre los varios efectos contra legem, llegan a cercenar, restringir, afectar y, por qué no, menoscabar la excelsa función que compete a la Presidencia de Tan es así que el Codificador ha previsto en el in fine del Artículo 558 la enhiesta e inconmovible posición jurídica en reflexión, resaltando que no le va en zaga el Legislador al prever -con holgada precisión y suficiente claridad- el trámite procesal, en armonía, equilibrio, relación y consonancia con la más depurada Técnica Forense.
Se reitera que las previsiones legales concernientes desconocen necesidades axiológicas y carecen de las empíricas, sustentándose -irrefutablemente- en el tipo de logicidad inmanente César Garay nos ilustra: "La escuela de la libre investigación científica auspicia la idea de que al Juez incumbe la creación de la norma, y así Geny estimaba que debe hacerlo basado en una investigación libre y científica que contemple los elementos racionales -justicia, igualdad, etc.- y los objetivos que derivan de la naturaleza positiva de las cosas sobre las cuales "En nuestro país el juez carece de tal atribución, y en manera alguna podría actuar como legislador, a tal punto que el Artículo 183 del Código Penal establece que comete prevaricato el juez que expide sentencia definitiva o interlocutoria o cualquiera resolución que pueda causar perjuicio irreparable, contra el texto claro y expreso de la ley, y el que para fundar una resolución contra .l derecho de un litigante cita leyes falsas, supuestas o derogadas, extendiéndole la aplicación, a los jueces árbitros y arbitradores, a los miembros del ministerio público, a los asesores, peritos, tasadores, etc., que con manifiesta violación de la ley y de sus deberes oficiales, y menoscabo de los derechos de un litigante, dieren lugar a una condenación civil o criminal injusta" (Técnica Jurídica, Tomo I, Segunda Edición, páginas 25 y sgtes.).
.1 ACCION DE INCONSTITUCIONAL , PROMOVIDA POR INSTITUTO DE PREVI, SOCIAL (I.P.S.) EN LOS AlJ , q CARATULADOS: "AMP¡' 1 CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR!! 1 F;f 't::.t::. o, 02, JUO::--. DEFENSOR DEL PUEBLO Ji E -, , ,,,'3> MARTIN;z CONTRA EL INSTITUTO , .., , "Cossio, iguiendo a Kelsen y a Merkl, asevera: el juez no puede crear n : , ,1, srréiiles :.'.' ,e:'.-; z no legisla ni suple a la ley' pero dentro del espacio que le señala la lb ,:!:.', í 'I St ¡ '?t nánime y fundada la preocupación que reina en tomo al ideal o aspiración M un justicia rápida, económica e insospechable, y a lo que denominaríamos condiciones de un!lbµ11 régimen procesal, capaces de asegurar una administración de justicia que inspire Wred confianza y que brille por su rectitud, imparcialidad, honradez, contracción al trabajo y hasta renunciamiento a comodidades, especulaciones y beneficios no ortodoxos. O, dicho de otro modo: un Poder Judicial solvente, laborioso y respetable, singularizado por la dignidad, el . prestigio merecido y las grandes virtudes cardinales, y, por ello mismo, sin mancha de impudicia y sin el estigma de las dudas y perplejidades, ni de la degeneración o el La decisión de "dar trámite" a la Acción de Inconstitucionalidad forma, establece, funda e instituye determinación básica de los procedimientos judiciales que asumen la forma de Providencias de meros trámites (Artículo 157, Código Procesal Civil), en el sentido de disponer actos de mera ejecución o de impulsión del proceso, lo que no requiere el pronunciamiento de Autos Interlocutorios que -conforme al Artículo 158 del Código de rito- corresponde adoptar para la decisión de cuestiones incidentales, es decir, de aquellas que requieren sustanciación.
Pero no ab initio por Fallo del Colegiado Jurisdiccional que atiende la Garantía Constitucional incoada, en razón de lo cimentado en las enhiestas y sólidas fundamentaciones que preceden.- En las expresadas circunstancias, la Magistratura signa con esos alcances en disentimiento, por las motivaciones pergeñadas ut supra, todo ello sin olvido ni desconocimiento de la Acordada Número 979, con fecha 4 de Agosto de 2.015, que en su estricta y cabal observancia de los Artículos 137 de la Constitución Nacional y 104 del Código Procesal Civil, no puede imponer, someter y, menos todavía, prevalecer.
POR TANTO, la¡
SALACONSTITUCIONAL
RESUELVE
DAR TRAMITE a la acción presentada el Abg. Pablo Manuel Olmedo, bajo patrocinio de los Abgs. César Gustavo Ayala y Gabriela Samaniego, en nombre y representación del I.P.S, contra la S.D. N51,,del 19 dej .. de 2019, dictada por el Juzgado de Garantías Nº-12 y contra del Ac. y Sent. N34¡lel 30 julio e 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal,