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Auto Interlocutorio N° 97/2024

25 de marzo de 2024

EXPEDIENTE: “RECUSACION: YOLANDA CATALINA MARIN MARTINEZ S/ CALUMNIA”.--

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EXPEDIENTE: “RECUSACION: YOLANDA CATALINA MARIN MARTINEZ S/CALUMNIA”.

AUTO INTERLOCUTORIOVISTA: la recusación deducida por el Abg. Carlos A. Zelaya, contra los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, yCONSIDERANDO: Que, se presenta el Abg. Carlos A. Zelaya, por la defensa de Yolanda Catalina Marín Martínez, a los efectos de recusar a los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, Magistrados José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez. A ese efecto, expresa cuanto sigue: Por el presente escrito, y por expresas instrucciones de mi defendida, vengo a plantear Recusación con causa, contra el pleno de los integrantes del Tribunal de Apelaciones de la tercera sala, sustentado en los arts. 50 inc. 13 del C.P.P.…Ciertamente la Cámara mantiene por antonomasia la línea discursiva del proceso inquisitorial, opuesto al art. 8 inc. del PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA…El Tribunal se caracteriza por su criterio inquisitivo, respecto a la posición de la defensa, por estar formado dentro de los parámetros del sistema impuesto por el Código de 1890, en comparación a los del acusatorio mixto y de lineamiento finalista que requiere la configuración plena de los elementos del tipo penal excluyendo cualquier presunción de dolo, sustituyendo cabalmente por la presunción de inocencia garantizada por el Art. 17 de fa CONSTITUCION NACIONAL…En ese sentido, este Tribunal de Apelaciones, ha pre-opinado en relación a un Recurso de Apelación interpuesto en casos similares por esta defensa, dejando establecido su postura, situación que ha puesto en un estado de desigualdad con la otra parte…Por esa razón creo comprometida gravemente la imparcialidad de los magistrados, formada en los paradigmas polarizadamente opuestos a los puntales del proceso acusatorio

A través del informe respectivo, los Magistrados José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Capital, manifestaron: el Abg.

Para conocer la validez del documento, verifique aquí. Carlos A. Zelaya, al plantear la recusación contra el Tribunal en Pleno, invoca el Art. 50 inc. 13 del C.P.P. que dispone: "13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia."…Al respecto, se puede afirmar que los fundamentos del recusante en nada se adecuan a esta norma, pues, es una cuestión intima que afecta al Magistrado y que solamente puede ser invocada por éste, cuando efectivamente siente en su interior algún rasgo de parcialidad o falta de independencia, por motivos especialesPor ende, el motivo invocado por el recusante no se ajusta ni se asemeja en lo más mínimo a lo invocado en el mencionado artículo…es importante mencionar que estas Magistraturas han actuado conforme a las facultades que le otorgan la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal y las demás normas vigentes, por lo que en caso de hallarse el recurrente en desacuerdo con lo resuelto, mal podría tenérsele al instituto de la recusación como una vía de obtención de la pretensión del mismo, ya que efectivamente el Código ritual establece los medios y recursos impugnaticios idóneos de los cuáles eventualmente podría hacer uso el agraviado que cuenta con la impugnabilidad subjetiva exigida…Por tanto, se solicita el RECHAZO de la recusación deducida, por su notoria impertinencia

Como cuestión previa cabe recordar que esta Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que el Instituto de la recusación constituye una figura que debe ser interpretada de manera estricta, con recta observancia al principio del Juez Natural, y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre sostenida con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. Contrario, los simples dichos de cualquiera de ellas, dirigidas contra un Magistrado determinado serían suficientes para provocar la separación, lo que conduciría a desnaturalizar el instituto. No debe permitirse que meras afirmaciones sin sustento probatorio, surjan como razones atendibles para provocar el alejamiento de un Magistrado, a cuya competencia se halla el conocimiento de una causa determinada.

Lo expuesto nos lleva a afirmar que las normas que regulan el Instituto de la Recusación exigen antes del estudio sobre su contenido un previo examen riguroso para discernir la admisión del incidente al procedimiento pues, el escrito correspondiente deberá estar rodeado del Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

cumplimiento de los presupuestos formales indispensables para ello, como ser: presentación por escrito, dentro del plazo señalado en la ley, a lo que se debe sumar las condiciones de fundamentabilidad, que se resumen en la demostración de la causal que se alega, apuntalada con los medios probatorios necesarios que demuestren o hagan verosímil su existencia.

La presentación que nos ocupa carece justamente de dicho presupuesto formal pues, se formula sobre la base de suposiciones carentes de contenido que no son más que meras conjeturas. Esta palpable deficiencia en la formulación del incidente de recusación planteada, en términos carentes de prueba, impiden la consideración de los argumentos expuestos por el recusante. En efecto, la pretendida separación en contra de los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, carece de argumentación en torno a la demostración de la causal de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia pues, el escrito hace más bien alusiones vagas, imprecisas y generales de supuestas anormalidades, por las cuales el Tribunal de Apelaciones, supuestamente bajo premisas arbitrarias y con intención, fallaría contra los intereses de la procesada; no obstante, no se puede deducir la existencia de irregularidad alguna, de la que se pueda inferir parcialidad o falta de independencia. Estas circunstancias se traducen en un obstáculo insanable para considerar admisible la causal alegada.

Cabe apuntar que, el artículo 343 del C.P.P. prescribe: “La recusación se interpondrá por escrito, en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave”.

Todo ello no hace sino incidir negativamente en la presentación efectuada por el recusante y, conducir indefectiblemente a la inadmisibilidad de la recusación promovida por el ostensible incumplimiento de las formas indispensables en su presentación. Es mi opinión.

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VOTO DEL DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA: Corresponde declarar INADMISIBLE la recusación deducida por el Abg. Carlos A. Zelaya, en representación de la Sra. Yolanda Catalina Marín Martínez, contra los Magistrados Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín Bernal y Cristóbal Sánchez, ya que si bien, el recusante invoca como motivo de separación, el previsto en el Art. 50 numeral 13 del C.P.P., alegando que el Tribunal de caracteriza por su criterio inquisitivo, respecto a la posición de la defensa, por estar formado dentro de los parámetros del sistema impuesto por el Código de 1890; sin embargo, de su escrito de recusación surge que se basa en una disconformidad con el criterio asumido por los magistrados recusados al momento de analizar cuestiones similares a la que deben de resolver en la presente causa, lo cual no configura ninguna de las causales establecidas en el Art. 50 del Código Procesal Penal. El código otorga al interviniente disconforme con las resoluciones judiciales, los resortes tendientes a su rectificación, no siendo la recusación uno de ellos. ES MI VOTO.

OPINIÓN DE LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: Considero que corresponde NO HACER LUGAR a la recusación interpuesta por el Abg. Carlos A. Zelaya, por la defensa de la Sra. Yolanda Catalina Marín Martínez, contra los magistrados José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete, y Cristóbal Sánchez, miembros del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de la Capital, por los siguientes fundamentos: Sobre el punto, cabe recordar que la recusación de jueces es un resorte procesal que la ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador, en aras de un juicio justo. Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia.

En ese sentido, la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al Principio de juez natural; y su utilización por las Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

partes en un proceso determinado debe ser siempre esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. En consecuencia, las simples manifestaciones de cualquiera de ellas dirigidas contra uno o más magistrados no tienen la entidad suficiente para provocar la separación, puesto que ello desnaturalizaría el instituto en estudio.

Asimismo, cabe recordar que el Art. 50 inc. 13 del Código Procesal Penal reza: “MOTIVOS. Los motivos de separación de los jueces serán los siguientes: …13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.”

Al respecto, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: “La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave.”

Ahora bien, del análisis de la cuestión planteada, se puede inferir claramente que, los motivos aducidos por el recusante carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que, del análisis de las constancias de autos se advierte, la inexistencia de aval probatorio que demuestre los supuestos motivos graves que afecten la imparcialidad e independencia, por parte de los miembros del tribunal de apelaciones recusados.

El incidentista invoca la causal del Art. 50 inc. 13 del Código Procesal Penal, manifestando que el Tribunal de Alzada se caracteriza por su criterio inquisitivo, respecto a la posición de la defensa, por estar formado dentro de los parámetros del sistema impuesto por el Código de 1890, y que ha pre opinado en relación a un recurso de apelación interpuesto en casos similares por la defensa; sin embargo, los dichos del recurrente son meras afirmaciones sin ningún tipo de sustento probatorio (Art. 343 el C.P.P.); más bien, se observa la disconformidad con lo resuelto por los miembros del Tribunal de Alzada (disconformidad con la valoración y postura de los camaristas recusados, en cuestiones similares, al recurso de apelación que Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

tienen pendiente de resolver en la presente causa), y en este sentido, es criterio de esta Sala Penal que el desacuerdo con resoluciones judiciales no configura motivo de separación de los magistrados; razones por las cuales, deviene improcedente la separación de los miembros del Tribunal de Apelaciones recusados.

No obstante, es importante mencionar que, en caso de verse el justiciable vulnerado en sus derechos y garantías, tiene a su disposición las herramientas que el Código de Procedimientos Penales le otorga para obtener su rectificación, instrumentos que no deben ser confundidos con la figura de la recusación que está prescripta para casos puntuales y específicos.

Por todo lo expuesto ut supra, corresponde NO HACER LUGAR a la presente recusación. ES MI OPINIÓN.

POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENALRESUELVE:1.- DECLARAR INADMISIBLE la recusación contra los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, Magistrados José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.

2.- ANOTAR, registrar y notificar.

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