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Acuerdo y Sentencia N° 470/2024

4 de noviembre de 2024

EXPEDIENTE N° 6173/2005: “Recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abg. Roberto Montiel en la causa “SANTIAGO LUIS BARRETO S/ HOMICIDIO DOLOSO”.-

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EXPEDIENTE N° 6173/2005: “Recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abg. Roberto Montiel en la causa “SANTIAGO LUIS BARRETO S/ HOMICIDIO DOLOSO”.

ACUERDO Y SENTENCIA En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, se trajo el expediente arriba individualizado a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abg. Roberto Montiel contra la S.D. N° 197 de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Ciudad del Este integrado por los Jueces Emilia Santos, Flavia Recalde y Milciades Ovelar, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 117 de fecha 2 de setiembre de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.-Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;-C U E S T I O N E S :¿Es admisible para su estudio el recurso extraordinario de casación interpuesto?-En su caso, ¿resulta procedente?-A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, LLANES OCAMPOS y BENÍTEZ RIERA.-A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA, DIJO: 1. El recurso de casación interpuesto debe ser declarado admisible, por los siguientes motivos: 2. A través de las constancias de autos, se observa que mediante la S.D. N° 197 de fecha 29 de noviembre de 2022, el Tribunal Colegiado de Sentencia de Ciudad del Este integrado por los Jueces Emilia Santos, Flavia Recalde y Milciades Ovelar, resolvió entre otras cosas condenar al acusado Santiago Luis Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

Barreto a la pena privativa de libertad de quince años, por los hechos punibles de Homicidio Doloso y Homicidio Doloso en grado de tentativa, calificando su conducta dentro de las disposiciones de los artículos 105 inciso 1°, en concordancia con los artículos 26, 27 inciso 3 y 29 inciso 1° del Código Penal. Esta sentencia fue impugnada por el Abg. Roberto Montiel mediante recurso de apelación especial, resuelto por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, que a través del Acuerdo y Sentencia Nº 117 de fecha 2 de setiembre de 2022, resolvió confirmar la sentencia apelada. Ante este resultado jurisdiccional, el citado profesional interpone el recurso extraordinario de casación hoy traído a la atención de esta Sala Penal.-3. Ante esta presentación, corresponde verificar su adecuación a las condiciones legales establecidas para la modalidad recursiva empleada, tales como plazo, legitimidad para recurrir, objeto de impugnación y fundamentación del escrito.- 4. En primer lugar, se debe determinar si el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de ley, es decir, dentro del término de diez días hábiles posteriores a la notificación, condición procesal impuesta por el Art. 468 C.P.P.1, aplicable a esta modalidad recursiva por remisión del Art. 480 del mismo cuerpo legal2.- 5. En este contexto, se observa que el recurrente ha presentado su escrito de interposición ante la Secretaría de esta Sala Penal en fecha 4 de octubre de 2022, y adjunta copia de la cédula de notificación cursada a su parte; practicada en fecha 19 de setiembre de ese mismo año. De esta forma, el recurso bajo análisis ha sido presentado dentro del plazo establecido por ley para ejercer este derecho, teniendo en cuenta el feriado nacional por la Victoria de Boquerón, de fecha 3 de octubre.-6. Con referencia al derecho a recurrir, el Abg. Roberto Montiel ha sido designado como defensor técnico por el acusado Santiago Luis Barreto, y en ese carácter está habilitado para implementar los medios de impugnación que estime convenientes a los derechos de su defendido, por considerar que les causa agravio el fallo en cuestión, como lo establece el Art. 449 del C.P.P..-7. En cuanto a la impugnabilidad objetiva correspondiente a la modalidad recursiva empleada, el recurso extraordinario de casación, el Código 1 Art. 468. Interposición. El recurso de apelación se interpondrá ante el juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días luego de notificada, y por escrito fundado, en el que se expresará, concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.2 Art. 480. Trámite y resolución. El recurso extraordinario de casación se interpondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el trámite y la resolución de este recurso serán aplicables, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia, salvo en lo relativo al plazo para resolver que se extenderá hasta un mes como máximo, en todos los casos.

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Procesal Penal regula cuáles son las resoluciones pasibles de impugnación por este medio en el Art. 4773, y conforme al mismo, solo son atacables por este medio resoluciones dictadas por un Tribunal de Apelación, por lo que resulta inadmisible el presente recurso contra la S.D. N° 197, máxime cuando el propio recurrente ya optó por impugnarla mediante apelación especial. Ahora bien, en relación al Acuerdo y Sentencia Nº 117, también impugnado por el recurrente, este sí se halla dentro del catálogo legal mencionado. La norma citada hace referencia a varias alternativas, las que se encuentran separadas por la conjunción disyuntiva “o” por lo cual, cada una de ellas está habilitada para impugnarse por la vía de casación. La primera de ellas es la sentencia definitiva emanada de un Tribunal de Apelaciones, sin que se encuentre ningún requisito adicional en relación a ellas. Así, al verificarse que la decisión atacada es una sentencia definitiva dictada por este órgano jurisdiccional no queda más respuesta jurisdiccional que la de considerar objetivamente impugnable por esta vía.- 9. A continuación corresponde analizar si el recurso presentado cumple con el requisito de fundamentación, según lo establecen los artículos 449, 450, 468 párrafo primero y 478 del C.P.P..-10. En este sentido, el recurrente basa su recurso en la causal prevista por el Art. 478 numeral 3 del C. P.P. en concordancia el Art. 403 numeral 4 del mismo cuerpo legal, y con el Art. 256 de la Constitución, desarrollando su recurso en torno a los siguientes argumentos:-11. Como primer agravio, relata el recurrente que la defensa había planteado excepción de extinción de la acción penal de conformidad al Art. 329 numeral 3) concorde con los artículos 25 numeral 3) y 137 del C.P.P.. En este sentido, señala que a fojas 49 consta el A. I. N 377 de fecha 08 de abril de 2009, por el cual se levanta la rebeldía del señor Santiago Luis Barreto y se decreta su prisión preventiva, dando continuidad a la causa, y agotándose luego las diligencias y etapas respectivas. Sigue detallando que a fojas 94 se lee la S.D. N° 44 de fecha 13 de noviembre de 2009, por la cual el mencionado acusado ha sido condenado en el marco del presente proceso, resolución que ha sido objeto de recursos por las partes; a fojas 226 obra el A. I. N 65 de fecha 10 de junio de 2014, por el cual se declara la rebeldía del procesado de autos. La causal de extinción de la acción penal que invoca la defensa se encuentra reglada en el Art. 136 del C.P.P., que establece como duración máxima del procedimiento cuatro años, pero en el tercer párrafo se extiende doce meses más el plazo en el caso de que exista sentencia condenatoria para 3 Art. 477. Objeto. Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Para conocer la validez del documento, verifique aquí. la tramitación de los recursos. Es decir, el plazo que rige para la duración del procedimiento en el caso concreto es de cinco años.- 12. Así, sostiene el recurrente que, realizado el cálculo matemático, el plazo empieza a correr desde el momento que el indiciado es sometido al proceso, el 8 de abril de 2009, y termina con la condena en fecha 08 de abril de 2014, es decir, que al momento de decretarse la rebeldía en fecha 10 de junio de 2014, la acción penal ya se encontraba extinta, por lo que las actuaciones posteriores quedan totalmente sin efecto, si se tiene en cuenta que los plazos son perentorios e improrrogables.- 13. En este contexto, la defensa invocó dos circunstancias previstas en el Art. 136 del C.P.P.. En primer lugar, menciona el segundo párrafo que versa sobre la suspensión automática del plazo por recursos planteados. Conforme a la interpretación sostenida por la Corte Suprema de Justicia, cuando existe sentencia de condena no rige dicha suspensión, sino en ese caso debe tenerse en cuenta el tercer párrafo de la norma. Dicha interpretación, señala, ha sido plasmada por la Sala Penal en Acuerdo y Sentencia N° 528 del año 2014 dictado en la causa “Recurso de casación interpuesto por el Abg. Abel González y Pedro Ben Romero en: D.P.V.P. y otros s/ Homicidio Doloso”, donde establece: “En relación al art. 136 del CPP (modificado por la Ley 2341/03, sobre duración máxima del proceso penal) una vez dictada la sentencia de primera instancia, el plazo para los recursos (Apelación Especial y Casación) sólo puede extenderse por doce meses más, periodo dentro del cual va no cabe la suspensión automática del plazo, según se infiere del propio texto de la norma”.-14. En segundo lugar, el recurrente se refiere al reinicio del plazo por rebeldía. Dicha situación, a su criterio, de ninguna manera puede tenerse en cuenta, atendiendo al principio de preclusión de los plazos, y por ende no puede reiniciarse un plazo que feneció. En consecuencia, la defensa en base a las consideraciones previas, solicita se haga lugar a la excepción de extinción de la acción penal y se disponga el sobreseimiento definitivo del señor Santiago Luis Barreto.- 15. Las circunstancias así denunciadas, de verificarse, constituirían un vicio de la sentencia que habilitaría su casación, pues, de verificarse, afectaría la garantía constitucional del plazo razonable, consagrada por el Art. 17, inc. 10 de la Constitución y eventualmente provocaría la extinción de la acción penal, por tanto, este agravio debe ser admitido para su estudio. Consecuentemente, corresponde a esta instancia analizar este reclamo.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

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16. Como segundo agravio, la defensa trae a consideración de esta máxima instancia el motivo que es la falta de abordaje de la cuestión de su reclamo recursivo denominado “errónea aplicación de precepto legal y calificación improcedente”. En este contexto, explica que la representación de la defensa al momento del alegato final expuso que coincide de manera positiva sobre la existencia del hecho punible objeto del debate, como también la participación de Santiago Luis Barreto, pero no conforme a la hipótesis fáctica que sostiene la acusación. En tal sentido, la defensa disiente con la calificación que pretende el Ministerio Público como el representante de la Querella Adhesiva, y más aún discrepó con la sanción penal que peticionaron. El recurrente rechaza la calificación pretendida por la acusación en razón de que tal pretensión no tiene sustento probatorio. En efecto, explica, los elementos en que se basó la parte acusadora consisten en declaraciones testificales producidas en el juicio oral, donde se pudo constatar que cada uno de esos testigos expresó ser amigo y vecino de la víctima. Basados en ese vínculo, los testigos sindicaron de manera vehemente a Santiago Luis Barreto, pero en esas declaraciones existieron muchas divergencias, incoherencias en la forma que se inició y se materializó el hecho, en fin, los testigos no arrojaron claridad al suceso en sí, a criterio de la defensa.- 17. Seguidamente, el recurrente reseña y cuestiona los contenidos de las declaraciones testificales, por ejemplo, el testigo Jorge Miguel refirió que supuestamente el acusado circulaba a bordo de su vehículo y se detuvo a unos diez metros hacia atrás donde se encontró con Edgar y que unos minutos después realizó el disparo desde el rodado; al respecto sostiene la defensa que esa relación no se condice con la lógica, pues no se explica que estando unos metros atrás se pueda realizar el disparo desde el vehículo sin dañar el parabrisas del mismo. Luego explica que la testigo Nidia Noguera manifestó que el vehículo llegó al lugar y sin mediar palabra el ocupante realizó el disparo desde el rodado, contradiciendo así la versión de Jorge Miguel. La testigo María Mercedes manifestó que coincidentemente llegó al lugar cuando también llegó el vehículo del cual se realizó el disparo. Igualmente, el recurrente cuestiona que el testigo Javier Cardozo, con visibles signos de nerviosismo, manifestó que vio cuando el conductor del vehículo apuntaba su arma a Edgar, lo cual, afirma, es una versión que vuelve a contradecir a las declaraciones anteriores, con lo cual, de los cuatro testigos ninguna coincide en la forma en que supuestamente ocurrió el hecho, situación conducida con la firme intención de agravar la situación de Santiago Luis Barreto.- 18. En ese contexto, señala el casacionista que el Tribunal de Apelaciones aborda las cuestiones reclamadas por la defensa, pero de la lectura del Acuerdo y Sentencia N° 117 se constata que en ningún momento abordaron lo referente a la incorrecta aplicación de precepto legal, existiendo por ende una Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

falta de fundamentación sobre la cuestión sometida a su consideración, lo cual de por sí amerita su nulidad.-19. Este agravio no puede ser admitido para su estudio, pues es un cuestionamiento que versa sobre la credibilidad y pretende un reexamen de las pruebas testificales, tema suficientemente debatido por las partes y el Tribunal de Sentencia en la etapa oportuna de juicio oral, donde existe inmediatez con los medios de prueba, así como en la instancia de apelación especial, ante el órgano de alzada competente.-20. A continuación, bajo el título denominado Elementos válidos que demuestran la verdad real”, el recurrente expone que la defensa argumentó, al inicio del juicio, que la conducta de Santiago Luis Barreto debe ser incursada dentro del inciso 3° del Art. 105 del Código Penal; ello basado en la declaración de la Sra. Transita De Caballero, quien era vecina del lugar, testigo presencial del suceso, quien de manera segura y firme expresó cómo se dieron los hechos y los motivos que llevaron a producir el desenlace fatal. Refiere que el rodado tipo furgón se encontró estacionado en el lugar indicado y en un momento dado aparece una motocicleta con dos ocupantes que roza al vehículo estacionado, el conductor desciende a reclamar dicha acción, se produce una discusión y en un momento dado Edgar extrae un arma, que dispara contra Santiago Luis Barreto y por fortuna no percutió, seguidamente este último, cegado por el susto y la desesperación se apodera de su arma y dispara a su atacante, a cuya consecuencia se produjo su muerte. Según el recurrente, esta versión es corroborada por la declaración de los testigos Dionisia Ferreira De Morínigo y Antonio Morínigo Ortiz, cuyas actas obran a fojas 46 y 48 de la carpeta fiscal, deposiciones que coinciden de manera creíble, ya que esa es la verdad real. Sigue diciendo que esto se robustece con la Nota J. I. N 308 de fecha 11 de noviembre de 2005 que obra a fojas 30 de la carpeta fiscal, que es una información recabada de manera inmediata después del hecho y con uno de los testigos presenciales, Antonio Morínigo Ortiz, quien dio detalles coincidentes con la versión brindada por la señora Transita De Caballero, y que dicha hipótesis tiene un sustento científico, ya que obra a fojas 35 de la carpeta fiscal, se trata de un informe de criminalística donde consta que en el arma incautada de la víctima se encontró un proyectil percutido y no servido. Ello implica, a criterio del recurrente, que la víctima Edgar tenía en su poder el arma, y en una discusión intentó disparar a Santiago Luis Barreto, realizó la percusión, pero el arma no disparó, lo cual ratifica la hipótesis sostenida en principio por la defensa.- 21. Como conclusión, el recurrente manifiesta que está demostrado que el hecho se desencadenó por la acción de la víctima, quien extrajo un arma de fuego y disparó contra Santiago Luis Barreto, y que, al no funcionar el arma, se Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

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produce la reacción del mismo para desviar el ataque y de esa manera salvar su vida. En consecuencia, a su criterio, se ha comprobado que Santiago Luis Barreto tuvo una excitación emotiva, pues al ver que la víctima desenfundaba su arma y la percute hacia su humanidad, él realiza la acción, motivado por ese estímulo externo provocado por la propia víctima, lo que alteró finalmente el dominio de sí mismo y su capacidad de comportarse conforme al conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, debiendo aplicar a su conducta las disposiciones del Art. 105 inciso 3 del Código Penal.-22. Este agravio no puede ser admitido para su estudio, pues se denuncia un supuesto error de subsunción, pero solo realizando una crítica al fallo en base a una plataforma fáctica distinta a la asentada por el Tribunal de Sentencia y sin argumentar suficientemente el vicio concreto de la resolución. Si el recurrente pretende emplear un agravio material sobre errónea calificación de la conducta, debe argumentar jurídicamente refiriéndose a los elementos del tipo y realizando el análisis de subsunción que considera correcto, pero sin modificar los hechos ya fijados por el Tribunal de Sentencia.-23. Finalmente, el recurrente solicita a esta instancia que declare la nulidad de los fallos impugnados y ordene el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio oral, o en su caso, que revoque lo respectivo a la calificación y por decisión directa califique la conducta del acusado Santiago Luis Barreto incursando dentro de las previsiones del Art. 105 inciso 3° del Código Penal y por ende aplicar la sanción legal de tres años de pena privativa de libertad.- 24. Expuesta de esta manera la pretensión recursiva, se debe recordar que el Art. 449 primer párrafo del C.P.P. establece que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. En forma concordante, el Art. 450 del C.P.P. exige que los recursos se interpongan con indicación específica de los puntos de la resolución impugnados, y el Art. 468 del C.P.P. requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende. Además, la competencia conferida a esta instancia por el Art. 456 del C.P.P.4 comprende exclusivamente los puntos de la resolución que han sido impugnados, de manera que si los pretendidos defectos no se hallan consignados concretamente en el escrito recursivo o si los motivos legales no están sostenidos por circunstancias procesales puntuales argumentadas por el impugnante, es imposible dar trámite al recurso en cuestión.-4 Art. 456. Competencia. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del procedimiento, exclusivamente en cuanto a los puntos de la resolución que han sido impugnados.

Para conocer la validez del documento, verifique aquí. 25. En este contexto, la confrontación del acto impugnativo con los requisitos previstos por la normativa citada permite concluir que el escrito presentado se halla debidamente fundado conforme a las exigencias legales, en relación al primer agravio expuesto. Esto es así porque el recurrente señala el motivo legal de casación en el cual basa su recurso -Art. 478 numeral 3) del C.P.P.-, y fundamenta esta causal con los vicios previstos por el Art. 403 numeral 4) del C.P.P.5 que habilitan la casación, relacionados a una fundamentación insuficiente o contradictoria; y expone una crítica al fallo impugnado, explicando de qué manera y qué parte de la resolución impugnada es portadora de un vicio que, de verificarse, habilitaría su casación y eventualmente la extinción de la acción penal. Por ello, el recurso presentado es admisible para el estudio del primer agravio expresado, dentro del alcance de la modalidad recursiva empleada y en el marco de la competencia de esta instancia.-26. En relación a los demás agravios titulados por el recurrente como “errónea aplicación de precepto legal - calificación improcedente y Elementos válidos que demuestran la verdad real”, el análisis realizado revela que los requisitos legales no fueron cumplidos en el escrito presentado, ya que el recurrente menciona un motivo legal de casación (Art. 478 numeral 3 del C.P.P.), pero no fundamenta cómo se ha materializado esta causal dentro de la resolución impugnada, sino que expresa su inconformidad con la sentencia condenatoria de primera instancia, en particular en lo relativo a la ponderación de las pruebas producidas en juicio, sin establecer por qué sería incorrecta, es decir, cuáles reglas de la sana crítica se han vulnerado en la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia, lo que tiene su consecuencia en una nueva versión de los hechos. De esta forma, el segundo agravio expuesto apunta a modificar los hechos fijados por el juzgador y no se refiere a los defectos que pueda tener el fallo del Tribunal de Apelación, el cual debe ser el objeto del recurso, y por ello, no puede ser admitido para su estudio .-27. En conclusión, bajo el examen efectuado y de acuerdo a las disposiciones legales citadas, corresponde DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del recurso interpuesto a fin de estudiar el primer agravio expuesto. ES MI VOTO.-28. A su turno, la Ministra LLANES OCAMPOS manifestó cuanto sigue:- 29. Primeramente, adhiero mi voto al del ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, en lo que respecta a declarar la admisibilidad parcial del recurso incoado por el Abg. Roberto Montiel, representante de la defensa 5 Art. 403. Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación y la casación, serán los siguientes: 4) que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal. Se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o se utilice, como fundamentación, el simple relato de los hechos o cualquier otra forma de reemplazarla por relatos insustanciales. Se entenderá que es contradictoria la fundamentación cuando no se han observado en el fallo las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo; ...

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técnica del procesado Santiago Luis Barreto contra el AyS Nº 117 del 2 de setiembre de 2022, siendo el único agravio admitido aquél que hace referencia al plazo previsto en el Art. 136 del C.P.P. Por otra parte agrego que, El Art. 477 del Código Procesal Penal establece: Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las Sentencias Definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.-30. En ese sentido, el cuantificador lógico solo denota la imposibilidad de interposición del recurso de casación contra las resoluciones que no pongan fin al procedimiento, teniendo en cuenta, el principio de taxatividad objetiva que selecciona algunas decisiones jurisdiccionales, dejando fuera del elenco legal a las demás.-31. En el caso del enunciado normativo contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, la “o” es utilizada para expresar equivalencia, entre las sentencias definitivas y otras resoluciones que ponen fin al procedimiento.-32. En síntesis, las resoluciones impugnables a través del recurso de casación, independientemente de su forma (S.D. o A.I.) son aquellas que contienen una decisión sobre el fondo del caso (condena o absolución) o las que sin contener un pronunciamiento sobre el fondo, igualmente conllevan la conclusión o cierre del procedimiento y por lo tanto, gozan de eventual aptitud para adquirir eficacia de cosa juzgada (sobreseimiento definitivo, decisiones sobre la prescripción, extinción de la acción, desestimación de la denuncia, entre otras). Es mi voto.-33. A su turno, el Ministro BENÍTEZ RIERA manifestó cuanto sigue:- 34. En primer lugar es facultad de esta Sala Penal pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso planteado, a fin de determinar si procede el estudio del fondo de la cuestión sometida a consideración.-35. En relación al recurso de casación (art. 479 y concordantes del Código Procesal Penal) interpuesto contra la S.D. N° 197 de fecha 29 de noviembre de 2022, voto en igual sentido que el Ministro preopinante por la declaración de inadmisibilidad.-36. Ahora bien, en relación a la casación contra el fallo de Cámara de Apelación, deben ser analizadas las disposiciones contenidas en los artículos 477, 478, 480 y 468 del Código Procesal Penal, los cuales consagran las condiciones genéricas de interposición del recurso de casación, estableciendo expresamente la conminación de inadmisibilidad, la que se hará efectiva cuando el acto se cumpla en violación a los requisitos formales o a su contenido. En este contexto, la inadmisibilidad es una sanción procesal que consiste en la imposibilidad jurídica de que un acto ingrese al proceso, debido a su irregularidad formal, por inobservancia de una expresa disposición legal.-37. Los aspectos sobre los que debe recaer el examen de admisibilidad son los siguientes: a) que la resolución impugnada sea recurrible Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

(impugnabilidad objetiva); b) que quien interponga el recurso tenga derecho, es decir, que el sujeto esté legitimado para recurrir por tener interés directo en la impugnación y capacidad legal para interponerlo con relación al agravio que la resolución le ocasiona (impugnabilidad subjetiva); y c) que concurran los requisitos formales de modo, lugar y tiempo que deben rodear al acto de interposición del recurso.-38. Que, en tal sentido, con relación a la IMPUGNACIÓN OBJETIVA, el Art. 477 del Código Procesal Penal determina el OBJETO “del recurso al señalar que: “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquéllas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.-39. Lo que se desprende de la lectura de la presentación del expediente caratulado “CASACION: CASACION INTERPUESTO POR EL ABG ROBERTO MONTIEL ARZAMENDIA POR LA DEFENSA DE SANTIAGO LUIS BARRETO EN LA CAUSA MP C/SANTIAGO LUIS BARRETO S/SHPC/LA VIDA HOMICIDIO DOLOSO N° 6173/2005, es el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto contra el ACUERDO Y SENTENCIA N° 117 de fecha 2 de septiembre de 2023, dictado en estos autos, que resolvió: “DECLARAR la competencia..; DECLARAR ADMISIBLE el recurso….; CONFIRMAR; ANOTAR…”. El recurrente impugna el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Apelación, está si evidencia el carácter de definitiva y extintiva del procedimiento, por lo que este fallo recurrido se torna pasible de ser revisado por la vía de la casación impetrada.-40. Por otro lado, y con relación a la IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA ella se refiere a la circunstancia de quien impugna tenga interés en recurrir. En tal sentido, recurre en casación es el abogado defensor Roberto Montiel Arzamendia, razón por la cual, puede decirse que se encuentra efectivamente cumplido este requisito de admisibilidad.-41. Con relación a las condiciones formales de lugar, tiempo y modo, conforme a lo dispuesto por el art. 480 del CPP., en concordancia con el art. 468 del mismo cuerpo legal, la impugnación debe interponerse ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un plazo de diez días de notificada la resolución. El recurrente ha presentado copia de la notificación, advirtiendo que el recurso fue planteado en tiempo, por lo que se halla dentro del plazo establecido.-42. Ahora bien, con respecto a las condiciones de modo, la ley procesal dispone claramente que el recurso debe ser interpuesto por escrito fundado, expresando concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Asimismo, el Art. 478 del mismo Código individualiza en sus tres incisos, los únicos y exclusivos MOTIVOS que hacen la procedencia del recurso extraordinario: “El recurso extraordinario de casación procederá exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad de diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional, 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia y 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados”.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

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43. En el caso de autos, el defensor mencionado, ha invocado el inciso 3 del Art. 478 del CPP., argumentando que el Tribunal de Apelación y el Colegiado de Sentencia, han aplicado en forma errónea la ley, en el estudio de la extinción de la acción penal, entre otros. Solicita finalmente se proceda a hacer lugar a la casación, declarando la nulidad del acuerdo y sentencia recurrido.-44. Debemos recordar que El acto impugnativo debe manifestarse por escrito y debe estar motivado en razones de hecho y de derecho que demuestren la existencia del vicio denunciado y la solución que corresponda al caso.-45. Al respecto, el Prof. Fernando de la Rúa, sostiene: “El recurso debe ser motivado y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como el derecho que lo sustenta” (La Casación Penal Depalma 1994).- Debemos señalar que la competencia del Órgano Juzgador queda limitada a los motivos invocados en el escrito de interposición del recurso, de manera que si los motivos no se hallan consignados en el escrito respectivo o simplemente si los mismos no son argumentados por la impugnante, es imposible dar trámite al recurso en cuestión tornándose así inadmisible el planteamiento. El acto impugnativo debe bastarse a sí mismo.-46. El impugnante en autos no ha dado cumplimiento a este requisito, por demás necesario. Es más, la casación no es una instancia más, por lo que indefectiblemente deben puntualizar las bases legales que sustentan, para seguidamente concretarse los errores jurídicos de las resoluciones que resultan perjudiciales. El casacionista en su escrito de interposición debió determinar el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta. Sin embargo, su exposición argumentativa versa más bien sobre desacuerdo con el criterio expuesto por los magistrados intervinientes en la causa sobre lo reclamado en su momento, siendo prácticamente un calco de su protesta ante el tribunal de apelación sin dar mayores razones lógicas que lleven a este alto tribunal de la república a percibir alguna conculcación de derecho y garantías o errónea aplicación de la ley, tanto por parte de los juzgadores primarios, como del tribunal de apelación que ha hecho el control de logicidad necesario, según lo determina ley.-47. En este orden, en lo que respecta al pedido de extinción de la acción penal (art.136 y stes. del C.P), esta no fue fundada adecuadamente, pues el recurrente, además de limitarse a solicitar la dicha figura, lo ha realizado mezclando un montón de situaciones, entrando como se dijo- a repetir lo expuesto ante alzada, sin explicar a este alto tribunal el error en la fundamentación de los mismos para rechazar dicho incidente. Además, el recurrente no ha hecho en su escrito énfasis en referir punto por punto del porque sería operativa (al menos no de forma correcta), las posibles causas de suspensión, interrupción etc., cuestiones que debió exteriorizar pormenorizadamente en su exposición recursiva ante esta Sala Penal y no simplemente repetir lo expuesto ente alzada. Por tal motivo, este agravio debe ser declarado inadmisible para su estudio en esta instancia. La postura sobre la extinción (la obligación que tiene el recurrente de realizar adecuadamente el cómputo) ya ha sido una constante en otros fallos anteriores.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

48. Finalmente, cabe destacar que esta Corte Suprema de Justicia, ya ha sostenido en fallos anteriores que el Recurso de Casación, no puede considerarse como una tercera instancia, es por tal razón que la ley exige de manera imperante la expresión de motivos del recurso de casación como una de las condiciones de admisibilidad, puesto que se debe individualizar en forma clara y específica el agravio. En ese sentido, la motivación debe ser requisito FORMAL de la presentación, ya que constituye el elemento primordial de contenido crítico, valorativo y lógico, por tal razón es obligación del casacionista demostrar la violación existente, el vicio o el error del que padece el fallo atacado, el modo en que afecta a sus derechos y la solución que se pretende, extremos que el recurrente no ha cumplido. En estas condiciones y sin entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada, se tiene que el recurso impetrado es notoriamente inadmisible, ya que no reúne todos los presupuestos formales de admisión, debiendo ser declarado en tal sentido.-49. Al no hallarse cumplidos los requisitos fijados en el Código Ritual en relación a la forma de interposición, no es necesario seguir con el análisis de los demás elementos formales, y corresponde declarar inadmisible la casación deducida con sustento legal en el artículo 480 en concordancia con el art. 468 del Código Procesal Penal. Es mi voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA, DIJO: Procedencia.50. Respecto a la segunda cuestión, procedencia del recurso presentado, corresponde no hacer lugar al mismo por los siguientes motivos:- 51. El Tribunal de Apelación está obligado, por imperio del Art. 467 del C.P.P.6, a examinar la observancia y la correcta aplicación del derecho por parte del tribunal de mérito, en el contexto de los agravios que hayan sido planteados oportunamente por el apelante. Además, su resolución estará sujeta en lo pertinente a las formalidades previstas para los autos y las sentencias, y en todo caso, será fundada, según lo establecido por el Art. 465 7, en concordancia con el Art. 125 del C.P.P.8. A raíz del recurso de casación interpuesto, corresponde 6 Art. 467. Motivos. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva sólo procederá cuando ella se base en la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho la reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta, o cuando se trate de los vicios de la sentencia.7 Art. 465. Resolución. La resolución del tribunal de apelaciones estará sujeta, en lo pertinente, a las formalidades previstas para los autos y las sentencias y, en todo caso, fundamentará sus decisiones.8 Art. 125. Fundamentación. Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. La simple relación Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

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esta Sala Penal examinar si esta respuesta jurisdiccional del inferior ha sido emitida conforme a derecho, en el marco de la pretensión recursiva planteada.- 52. El agravio principal planteado por la defensa técnica radica en que, desde que el imputado fue sometido al proceso, en fecha 8 de abril de 2009, se han cumplido los 5 años de duración máxima del procedimiento en fecha 08 de abril de 2014, atendiendo a que fue condenado bajo la figura del procedimiento abreviado, y que incluso antes de que se decrete la rebeldía del mismo en fecha 10 de junio de 2014 la acción penal ya se hallaba extinta por haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el Art. 136 del C.P.P. de duración máxima del proceso penal, señalando además que con el recurso de apelación (especial y casación) el plazo solo puede extenderse por 12 meses más en caso de condena.- 53. Así, el objeto principal de agravio es el cómputo del plazo previsto en el Art. 136 del C.P.P., modificado por la Ley 2.341/039 que regula la duración máxima del proceso. Para realizar este cálculo correctamente, se debe considerar como fecha de inicio del mismo el primer acto de coerción personal directo y efectivo, pues con él ya se afectan los derechos fundamentales del procesado. Estos actos pueden ser la detención, el allanamiento, el secuestro de bienes, etc10., y a partir de ese punto, verificar cuáles han sido las actuaciones procesales que suspenden el transcurso del plazo, para descontarlas del tiempo total y determinar si este ha vencido conforme a la citada norma.- 54. Además de las causales de suspensiones previstas expresamente en la citada norma, como se ha señalado, la misma prevé que, cuando exista una sentencia condenatoria como es el caso, se debe extender por doce meses más el plazo de duración máxima del proceso, a fin de permitir la interposición y tramitación de los recursos.-55. En este contexto, corresponde considerar como primer acto de procedimiento aquel definido por el Art. 6 del C.P.P., es decir, toda actuación del fiscal, o cualquier actuación o diligencia realizada después del vencimiento del plazo establecido de seis horas. En este caso en particular, el primer acto del procedimiento se configura con la detención de Santiago Luis Barreto, de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación.9 Art. 136. Duración máxima. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo que vuelve a correr una vez se resuelva lo plantado o el expediente vuelva a origen. Este plazo solo se podrá extender por doce meses más cuanto exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo.10 El acto de coerción personal directo como fecha de inicio del procedimiento fue adoptado por la Sala Penal en el Acuerdo y Sentencia N° 632 de fecha 5 de octubre de 2001 en la causa Zenón González s/ Incumplimiento del Deber Legal Alimentario Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

realizada en fecha 7 de abril de 2009 por personal de la División de Investigación de Delitos de Alto Paraná, en la Ciudad de Presidente Franco (fojas 44/46, tomo I del expediente judicial). En esa oportunidad, el procesado fue detenido por haber decretado el Juzgado su rebeldía y ordenado su captura por Oficio N° 1561 de fecha 3 de noviembre de 2005 en la causa N° 6173, y por Oficio N° 19 de fecha 5 de febrero de 2007, en la causa N° 5853/2004. Seguidamente, el Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Ciudad del Este, por A.I. N° 377 de fecha 8 de abril de 2009, decretó la prisión preventiva del citado imputado y dispuso dejar sin efecto el estado de rebeldía y reanudar los plazos procesales (fojas 49, tomo I del expediente judicial).- 56. Así, examinando el Acuerdo y Sentencia Nº 117 impugnado en relación a los términos del agravio admitido para su estudio, se advierte que el mismo presenta, en forma separada, un resumen de los fundamentos expresados en el recurso de apelación especial, más la contestación del Agente Fiscal interviniente y la querella adhesiva, para luego, bajo el título “ESTUDIO DEL RECURSO” fojas 497 del expediente judicial-, pasar a atender a los argumentos del recurrente, de la forma que a continuación se reseña:- 57. El plazo de duración máxima del procedimiento fue suspendido por una serie de actos, tales como: 58. Recurso de reposición interpuesto en fecha 07 de octubre de 2009 en contra de la providencia de fecha 07 de octubre de 2009, resuelto en la resolución S.D. N 44 de fecha 13 de noviembre de 2009, que en el numeral 2) resuelve tener por desistido del recurso de reposición interpuesto: 1 mes y 6 días de suspensión. - 59. Recurso de apelación general interpuesto en fecha 24 de noviembre de 2009, resuelto por Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 04 de agosto de 2010 y devuelto a origen en fecha 21 de octubre de 2010: 10 meses y 27 días de suspensión.- 60. Recurso extraordinario de casación interpuesto en fecha 01 de noviembre de 2010, resuelto por Acuerdo y Sentencia N 1536 de fecha 18 de noviembre de 2013. siendo devuelta a origen en fecha 27 de febrero de 2014: 3 años, 3 meses y 26 días de suspensión.- 61. Declaración en estado de rebeldía del acusado dictada por resolución A.J. N° 605 de fecha 10 de junio de 2014: el plazo es interrumpido, es decir, se comienza a computar de cero. Levantamiento de rebeldía e inicio del nuevo computo en fecha 03 de julio de 2014. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

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62. Recurso de Apelación interpuesto en fecha 23 de julio de 2014, devuelto el expediente a origen en fecha 19 de noviembre de 2014: 3 meses, 27 días de suspensión.- 63. Recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto en fecha 24 de diciembre de 2014 en contra del proveído de fecha 17 de diciembre de 2014, remitido a alzada en fecha 23 de febrero de 2015 y devuelto a origen en fecha 11 de marzo de 2016: 1 año, 2 meses y 18 días de suspensión.- 64. Declaración de estado de rebeldía del acusado Santiago Luis Barreto, dictada por A.I. N° 628 de fecha 4 de julio de 2016, el plazo es interrumpido (fojas 308, tomo II expediente judicial).- 65. A.I. N° 1098 de fecha 23 de septiembre de 2019 dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Ciudad del Este, levantamiento de la rebeldía y reanudar los plazos procesales, dando inicio nuevamente al cómputo del plazo previsto en el Art . 136 del C.P.P. (fojas 318, tomo II expediente judicial).- 66. Recurso de Apelación interpuesto en fecha 23 de diciembre de 2019, devuelto los autos a origen en fecha 09 de diciembre de 2020: 11 meses y 16 días de suspensión.- 67. Recurso de apelación especial interpuesto en fecha 23 de diciembre de 2021, fecha desde el cual también el plazo se halla suspendido.- 68. Además de lo reseñado precedentemente, el Tribunal de Apelaciones señala a través del fallo impugnado, que en la presente causa existieron varias suspensiones provocadas por planteamientos de las partes, inclusive dos interrupciones por la declaración de rebeldía del procesado, las cuales iniciaron nuevamente el cómputo del lapso de duración del procedimiento a partir de su captura. En este contexto, la norma que obliga de manera expresa a reiniciar el cómputo del plazo es el Art. 136 del C.P.P. in fine, que establece: “cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo”. De esta manera, los efectos de la rebeldía son: interrumpir el plazo de duración máxima del procedimiento, y suspender la investigación en los términos del Art. 83 del C.P.P..- 69. En resumen, desde el primer acto del procedimiento, verificado en fecha 7 de abril de 2009 hasta el dictado de la S.D. N° 197 de fecha 29 de noviembre de 2021, han transcurrido en total 12 años y 7 meses, lapso al cual hay que descontar el tiempo en que la causa estuvo suspendida por efecto de las actuaciones detalladas más arriba.- 70. A ello, hay que sumar que el progreso de la causa y sus plazos habían sido interrumpidos por varias declaraciones de rebeldía - la última de ellas ordenada por A.I. N° 628 de fecha 4 de julio de 2016. En efecto, con posterioridad a esta declaración, el imputado Santiago Luis Barreto fue nuevamente aprehendido y levantado su estado de rebeldía por A.I. N° 1098 de fecha 23 de septiembre de 2019, ordenando el Juzgado la reanudación de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

los plazos procesales y el reinicio del plazo máximo de duración del procedimiento, con lo cual, el plazo efectivo de duración del mismo es de 2 años y 2 meses, y así, la sentencia definitiva de primera instancia fue dictada antes de los 4 años, y por tanto, dentro del plazo razonable dispuesto en el Art. 136 del C.P.P., hallándose en ese momento vigente la acción penal, como correctamente lo declara el Tribunal de Apelación en el fallo impugnado (fojas 497 vuelto del expediente judicial). En relación a la jurisprudencia invocada por el recurrente el párrafo 13 - según la cual que no cabe la suspensión automática del plazo para el trámite de los recursos contra la sentencia de primera instancia-, corresponde mencionar que esa postura corresponde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia anterior, y esta Magistratura tiene la asumida opinión de que el plazo se suspende al plantearse recurso contra la sentencia de primera instancia .- 71. Justamente, al interponerse en fecha 23 de diciembre de 2021 el recurso de apelación especial por la defensa contra dicho fallo, se produce también la extensión del plazo de duración máxima del procedimiento previsto en la ley, por lo que el fallo del Tribunal de Apelaciones, Acuerdo y Sentencia Nº 117 de fecha 2 de setiembre de 2022, también fue dictado dentro del plazo razonable establecido en la ley11.-72. En las condiciones señaladas, el agravio planteado por la defensa técnica del procesado debe ser rechazado, en atención a que no se dan los presupuestos legales para declarar la extinción de la acción penal, y corresponde en derecho no hacer lugar al recurso de casación estudiado. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas en el orden causado, de conformidad al Art. 261, segundo párrafo del C.P.P. ES MI VOTO.-73. A su turno, la Ministra LLANES OCAMPOS manifestó cuanto sigue:- 74. Adhiero mi voto al del ministro preopinante en NO HACER lugar al recurso extraordinario de casación planteado por el representante de la Defensa Técnica del procesado Santiago Luis Barreto y confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 117 del 2 de setiembre de 2022, por los mismos fundamentos expuestos. Por otra parte me gustaría fundamentar cuanto sigue:-75. De la lectura del escrito presentado por la defensa se advierte el siguiente agravio admitido: 1) Extinción de la acción penal (Art. 136 C.P.P.).- 76. Previamente es oportuno recordar que el instituto de la extinción de la acción penal se erige como una limitación al poder represor y garantía procesal reconocida constitucionalmente en beneficio del imputado-12 de cuyo 11 Mismo criterio asumido en el Acuerdo y Sentencia N° 678 del 10 octubre de 2022 dictado en el expediente N° 526/2020, ”RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABG. ROBERT JAVIER GIMÉNEZ RAMÍREZ POR LA DEFENSA DE CLAUDIA ANALÍA BENÍTEZ BRIZUELA EN LA CAUSA OSCAR DAVID FINAMORE Y CLAUDIA ANALÍA BENÍTEZ BRIZUELA S/ HOMICIDIO DOLOSO, y en el Acuerdo y Sentencia N° 800 del 9 diciembre de 2022 dictado en el expediente Nº 208/2021 “MINISTERIO PÚBLICO C/FROILÁN GONZÁLEZ BRÍTEZ S/ HP C/ LA VIDA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO".-12 La Constitución Nacional en su art. 17 dispone: ...De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: inc.10 El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley…” Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica prescribe en Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

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cumplimiento no puede sustraerse ningún órgano del Estado; de allí, la exigencia de analizar “la vigencia” de la causa considerando estos cuatro elementos a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. De esta manera, se garantiza la salvaguarda del debido proceso como del plazo razonable13, del cual, emerge categóricamente la obligación de observar los términos judiciales y presupuestos legales -que sean aplicables al caso concreto- sin dilaciones injustificadas a fin de beneficiar a quienes tienen asuntos pendientes o pretenden acceder a la administración de justicia.- 77. En ese mismo sentido, se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal en el art. 136 con sus modificaciones pertinentes por la Ley 2341/03 primer y tercer párrafo que reza DURACIÓN MÁXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen… La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado se reiniciará el plazo Por tanto, la mera interposición de un recurso ordinario o extraordinario o una excepción o un incidente por cualquiera de las partes del juicio, suspende automáticamente la prosecución de la causa, en vista de que, el plazo de duración máxima del procedimiento es único e indivisible.- 78. No obstante, cabe señalar que esta máxima instancia judicial, luego de realizar una interpretación armónica de los artículos que regulan la materia ha determinado que el cómputo del plazo máximo de duración se inicia a partir de la notificación al procesado de la resolución del juez de la causa, que luego de tomar conocimiento del acta de imputación tiene por iniciado el procedimiento, conforme a las previsiones del Art. 303 del Código Procesal Penal (Acuerdo y Sentencia Nº 1322 del 24 de septiembre de 2004).- 79. Del caso se marras se tiene que los hechos que se atribuyen al procesado ocurrieron el 23 de octubre de 2005. Posteriormente, en fecha 08 de abril de 2009 el Juez Penal de Garantías resolvió por A.I. Nº 377: 1. Dejar sin efecto el estado de rebeldía y 3. Reanudar los plazos procesales en la presente causa. Con la presentación del procesado ante el órgano jurisdiccional, oportunidad en que se le notificó de la imputación formulada por el Ministerio su art. 8: Garantías Judiciales. ...1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”.13 La Corte IDH, ha señalado que esta garantía que se desprende de la Convención Americana y de la jurisprudencia constante de este Tribunal: “no sólo es aplicable a los procesos internos dentro de cada uno de los Estados Parte, sino también para los tribunales u organismos internacionales que tienen como función resolver peticiones sobre presuntas violaciones a derechos humanos”. La demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales, por lo que corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular. (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, 2004. Párr 142).

Para conocer la validez del documento, verifique aquí. Público inicia del cómputo del plazo de duración máxima del procedimiento de conformidad a la jurisprudencia de esta máxima instancia judicial.- 80. Como se aprecia, el procedimiento penal recién inició el 08 de abril de 2009 con la notificación efectiva del acta de comunicación al incoado y acorde la normativa vigente en ese momento art. 1° de la Ley N° 2341/03 su duración máxima no podía sobrepasar los cuatro años.- 81. Precisadas estas consideraciones, corresponde identificar cuáles han sido las actuaciones procesales que produjeron las suspensiones e interrupciones del plazo establecido en el Art. 136 del C.P.P. Descontando los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, tenemos que el plazo de duración del mismo es de 2 años y 2 meses, tal como bien observan tanto el Tribunal de Alzada y el ministro preopinante, cálculo cotejado por esta Judicatura.- 82. Finalmente, la sentencia condenatoria (S.D. Nº 195) fue dictada por el Tribunal de Sentencia el 29 de noviembre de 2021, pese a varios estados de rebeldía14 que provocaron interrupciones del procedimiento. Por otra parte, el segundo párrafo del Art. 136 con sus modificaciones pertinentes por la Ley 2341/03 prescribe: ...Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos...”. De esta manera, se infiere claramente que el plazo de cuatro años de duración máxima no contiene al plazo de los doce meses en vista de que éste solamente puede prolongarse para la tramitación de los recursos ante una sentencia condenatoria y, en el caso particular, dicha resolución fue dictada ANTES de los cuatro años, razón por la cual deviene inconducente computar el lapso posterior enmarcado en la normativa toda vez que ella no haya acaecido con anterioridad a los recursos de apelación especial y casación más aún cuando la articulación de este resorte procesal suspende indefectiblemente el cómputo de plazo máximo de duración del proceso15[4].- 83. En cuanto a las costas, considero que deben ser impuestas en el orden causado, atendiendo lo dispuesto en el Art. 261 del C.P.P. Es mi voto.-Con lo que se dio por terminado el acto firmando VV.EE., todo por ante mí que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:- 14 Siendo la última rebeldía que interrumpió el plazo la de fecha 04 de julio de 2016, levantada por A.I. Nº 1098 de fecha 23 de setiembre de 2019 (obrante en fs. 227), reanudando los plazos procesales.-15 El alcance práctico de la referida ley, y la regla general que aplica se refiere al párrafo que textualmente dispone: "Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen". Lo que nos lleva a la conclusión de que a manera de interpretación la mencionada normativa modificatoria nos impone la suspensión del plazo ante la imposición de recursos, incidentes, etc. Por lo tanto, la articulación de este resorte procesal por las partes, suspende indefectiblemente el cómputo de plazo máximo de duración del proceso.

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Ante mí:VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la;--CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENALR E S U E L V E : 1.DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abg. Roberto Montiel contra la S.D. N° 197 de fecha 29 de noviembre de 2022 dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Ciudad del Este integrado por los Jueces Emilia Santos, Flavia Recalde y Milciades Ovelar, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución.- 2.DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abg. Roberto Montiel contra el Acuerdo y Sentencia Nº 117 de fecha 2 de setiembre de 2023 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución.- 3.NO HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación interpuesto, y en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 117 de fecha 2 de setiembre de 2023 impugnado, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución.- 4.IMPONER LAS COSTAS en el orden causado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 261, segundo párrafo del C.P.P..-5.ANOTAR, notificar y registrar.-Ante mí: Para conocer la validez del documento, verifique aquí.