EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-1A C U E R D O Y S E N T E N C I A En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, estando presentes en la Sala de Acuerdos los señores ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, se trajo a estudio el expediente caratulado: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” para resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor público Benicio Ruiz Román en representación del condenado José Manuel Duarte González contra el Acuerdo y Sentencia Nº 12 de fecha 28 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación Civil, Comercial, Laboral y Penal de la circunscripción de Paraguarí.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excma. Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear las siguientes: -C U E S T I O N E S:¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?En su caso ¿resulta procedente?Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, arrojó el siguiente resultado: Llanes Ocampos, Benítez Riera y Ramírez Candia.-A la primera cuestión planteada, la ministra María Carolina Llanes Ocampos, dijo: -El régimen recursivo vigente impone a este tribunal, verificar si el planteamiento escrito obedece íntegramente los requerimientos formales -condicionan la viabilidad- previstos en los Arts. 449, 477, 478, 480 y 468 del CPP1.- 1Art. 449, CPP. “Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, siempre que causen gravamen al recurrente. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas Art. 477, CPP. “Objeto. Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”Art. 480, CPP. “Trámite y resolución… se interpondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el trámite y la resolución de este recurso serán aplicables, analógicamente las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia…”Art.468, CPP.Interposición… en el término de diez días luego de notificada y por escrito fundado, en el que se expresará concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo…” Art. 478, CPP. Motivos… procederá, exclusivamente: 1) Cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años, y se alegue inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional; 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, o 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
En ese sentido, la presentación aducida cumple claramente las disposiciones de forma, atendiendo que la resolución recurrida es objetivamente impugnable la Cámara resolvió confirmar íntegramente la sentencia condenatoria fue planteado por la defensa técnica del condenado José Manuel Duarte González, quien se encuentra legitimado para recurrir impugnabilidad subjetiva cuando considera que la resolución impugnada es desfavorable a sus pretensiones jurídicas.-Respecto a los demás requisitos tiempo, lugar y modo se advierte que fue presentada en plazo (la defensa técnica fue notificada el 23 de mayo de 2022 e interpuso el recurso el 24 de mayo del mismo año) por el medio habilitado para su promoción mediante escritoinvocando el inc. 3 del Art. 478 en consonancia con los Arts. 125, 403 inc.4 y 456 del Código Procesal Penal.-En tal sentido, el recurrente adujo que el tribunal respondió infundadamente los siguientes agravios: 1.Omisión de la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por acreditado: El Tribunal A quo no realizó una conclusión concreta de las circunstancias fácticas que estimó probada, violando el art. 398 inc.3) del CPP que provoca el vicio establecido en el Art. 403 inc. 2) del CPP que impide el debido control del fallo en alzada.- 2.Violación del Art. 400 del CPP en la calificación del hecho: Debido a que el Tribunal de Sentencia agravó la calificación del hecho inicialmente debatida en juicio y que obra en la acusación y en el auto de apertura a juicio, que fue la prevista en el Art. 105 inc. 1° del CP; es decir, de homicidio simple pasó ser homicidio agravado o calificado, sin haberse realizado la debida advertencia al imputado para que prepare la defensa. 3.Error en la subsunción de la conducta y calificación: Debido a que el Tribunal de Méritos no ha explicado de qué hechos probados concluyó que el actuar del condenado fue por el mero placer de matar, para subsumir la conducta dentro del agravante de previsto en el numeral 8 del inc. 2° del Art. 105 del CP.-4.Error en la determinación de la pena: Se reclamó que la pena de 25 años impuesta es incompatible con el art. 20 de la CN y 3 del CP, y que el Tribunal de Sentencia sólo ha fundado la pena en el mandato constitucional de protección de la sociedad y no en la readaptación del condenado, dejando de lado el principio de la prevención especial positiva.- 5.Error en la medición de la pena referente a las siguientes bases de medición: Los móviles y fines del autor; La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho; LA importancia de los deberes…La relevancia del daño y del peligro ocasionado; La actitud del autor frente a las exigencias del derecho.infundados” Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-3En relación al primer agravio, se argumenta la omisión de la determinación precisa y circunstanciada del hecho por parte del Tribunal de Sentencias, en violación a los Art. 398, inc 3 y 403, inc. 2 del C.P.P,, sin embargo, no se especifica cuál fue el error del Tribunal de Apelaciones con relación a este agravio, es decir, no se explica si este órgano le respondió correcta o incorrectamente o si omitió dar respuesta, dirigiendo su agravio únicamente al fallo de primera instancia, por ende este agravio debe ser declarado inadmisible.-Seguidamente, el casacionista ha realizado una correcta argumentación en los demás agravios sobre las razones que amparan el análisis del pronunciamiento jurisdiccional, en qué consistió el daño inferido, cuál fue la norma transgredida como la solución pretendida, cumpliendo así los requisitos legales para ser atendido por esta máxima instancia, por lo que la admisibilidad del recurso es indiscutible.-A su turno, el ministro Luis María Benítez Riera, dijo: Comparto el voto de la preopinante por los mismos fundamentos. Es mi voto.-A su turno, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, dijo: ADMISIBILIDAD1. Considero que corresponde DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del recurso de Casación, interpuesto por el Defensor Público, Abg. Benicio Ruiz Román, en representación del acusado José Manuel Duarte González, contra el Acuerdo y Sentencia N° 12, de fecha 28 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, por los siguientes fundamentos: 2. En cuanto al plazo de interposición del recurso, y la capacidad para recurrir comparto el análisis realizado por la Ministra Preopinante en su voto.- 3. Respecto al objeto, a mi criterio, el objeto del recurso de casación está dado en los términos del Art. 477 del CPP, en su primera alternativa, porque el recurrente utiliza este medio de impugnación contra una sentencia del Tribunal de Apelaciones y el precepto legal citado establece que basta que el recurso de casación se interponga contra una sentencia a diferencia de los interlocutorios dictados por el órgano revisor que para ser recurribles en casación deben además poner fin al procedimiento.- 4. El Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 12, de fecha 28 de marzo de 2022, que CONFIRMÓ la Sentencia Definitiva N° 98, de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia, por la cual se condenó al acusado JOSE MANUEL DUARTE GONZALEZ a la pena privativa de libertad de VEINTICINCO (25) años por el hecho punible de Homicidio Doloso (Art. 105, inc. 1° y 2°, numerales 4 y 8, en concordancia con el Art. 29 del CP).- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
5. El Defensor Público, Abg. Benicio Ruiz Román, en representación del acusado José Manuel Duarte González, interpone recurso de casación contra el referido fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones, e invoca el motivo de casación dispuesto en el Art. 478, inc. 3° del CPP.- 6. Este contexto, el recurrente manifiesta que el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia manifiestamente infundada, porque a su parecer, no respondió los agravios que expuso en su apelación especial, que se basaron en: a. Omisión de la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por acreditado. El recurrente refiere que el Tribunal de Apelaciones no le respondió este agravio que planteó en su apelación especial, y en el cual explicó que “el Tribunal de Sentencia ensayó un extenso análisis de las cuestiones planteadas, pero en ninguna de ellas realizó una conclusión concreta de las circunstancias fácticas que estimó probada”, y por ello, a su parecer, el Tribunal de Mérito vulneró lo dispuesto en el Art. 398, inc. 3° del CPP, y provocó el vicio establecido en el Art. 403, inc. 2 del CPP.- b. Violación del Art. 400 del CPP en la calificación del hecho. La defensa sostiene que reclamó que el Tribunal de Sentencia agravó la calificación del hecho inicialmente debatida en juicio y que obra en la acusación y en el auto de apertura, que fue la prevista en el Art. 105, inc. 1° del CP, por lo que considera que el Tribunal de Sentencia pasó de homicidio simple a homicidio agravado o calificado, sin haberse realizado la debida advertencia a su defendido para que prepare su defensa material, vulnerando de esa forma el derecho a la defensa. Resalta el recurrente, que el Tribunal de Apelaciones no respondió este agravio en el fallo objeto de impugnación, y por esa razón lo considera infundado.- c. Error en la subsunción de la conducta y calificación. El impugnante señala que objetó en este agravio, que “el Tribunal de Sentencia no explicó cuáles fueron los hechos probados en juicio por los que concluyó que el actuar de su defendido fue por el mero placer de matar, para subsumir la conducta dentro del agravante previsto en el Art. 105, inc. 2°, numeral 8 del CP”. Además, el impugnante agregó que el Tribunal de Apelaciones no respondió este punto cuestionado.- d. Error en la determinación de la pena. Manifiesta la defensa que reclamó en su apelación especial que la pena de 25 años impuesta es incompatible con el Art. 20 de la CN y 3 del CP, y que el Tribunal de Sentencia sólo fundó la pena por el mandato constitucional de protección de la sociedad y no en la readaptación del condenado, dejando de lado el principio de la prevención especial positiva. Añade el recurrente, que el Tribunal de Apelaciones no se expidió con relación a este agravio.- e. Error en la medición de la pena (Art. 65 del CP). El casacionista señala que cuestionó que el Tribunal de Sentencia valoró de forma incorrecta los siguientes parámetros del Art. 65 del CP: e.1.Los móviles y fines del autor: La defensa técnica del procesado considera que, en este punto, el Tribunal de Sentencia emitió una fundamentación contradictoria, porque a su parecer, “el Tribunal de Mérito no probó en juicio el móvil ni los fines del autor”, “pero valoró en contra de su defendido este parámetro y volvió a analizar circunstancias del tipo legal, al afirmar que el acusado actuó y realizó el crimen en forma alevosa, e intencional ocasionándole la muerte a Alfredo Quiñónez”.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-5e.2.La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho: señala el recurrente que, en este punto, a su parecer, el Tribunal de Sentencia confundió la “fuerza física” con los obstáculos que debió sortear el autor al momento de la comisión del hecho, al afirmar que su defendido “…desplegó gran energía criminal…para llevar adelante su objetivo criminal atropelló y arrolló intencionalmente en reiteradas ocasiones (tres veces) a la víctima fatal…”, por lo que considera que la valoración del Tribunal de Mérito fue incorrecta.- e.3.La importancia de los deberes infringidos: El impugnante refiere que este punto fue valorado en contra de su defendido por el Tribunal de Sentencia, siendo esto incorrecto a su parecer, porque el hecho juzgado fue de acción y no de omisión o culposo, y agrega que tampoco existió posición de garante para valorar este punto.- e.4. La relevancia del daño y del peligro ocasionado: El casacionista menciona que en este punto el Tribunal de Sentencia incurrió en doble valoración, al mencionar que su defendido “atentó contra la vida ajena y que demostró desprecio hacia la vida”, siendo que éstas circunstancias pertenecen al tipo legal de homicidio doloso, y que fueron ya analizadas al momento del estudio de la tipicidad.- e.5.La actitud del autor frente a las exigencias del derecho: El recurrente refiere que el Tribunal de Sentencia incurrió en doble valoración en este punto, al afirmar que “existió conciencia plena del autor, no existió causa de justificación ni de irresponsabilidad penal y que no le importó el ordenamiento jurídico”, ya que según la defensa, “estas circunstancias ya fueron valoradas como elementos constitutivos del tipo legal enjuiciado al momento del estudio de los presupuestos de la punibilidad”.- 7. Como propuesta de solución, el recurrente solicita la nulidad del fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones, y por decisión directa, que se anule la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Mérito, y que se reenvíe la presente causa penal para la reposición del juicio, o en su defecto, que se modifique la pena y sea disminuida a 10 años de pena privativa de libertad.- 8. En este contexto, se entiende que la presentación recursiva cumple con las exigencias legales explicitadas respecto al Art. 478, inc. 3° del CPP, con respecto a los agravios: “a. Omisión de la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por acreditado”, “b. Violación del Art. 400 del CPP en la calificación del hecho”, “c. Error en la subsunción de la conducta y calificación” y “e. Error en la medición de la pena (Art. 65 del CP)”. Por consiguiente, corresponde declarar ADMISIBLE el presente recurso de casación. Es mi voto.-A la segunda cuestión planteada, la ministra María Carolina Llanes Ocampos, dijo: Inicialmente, se observa que corrido el traslado al Ministerio Público, la representante del ente acusador solicitó que se haga lugar al recurso, argumentando que efectivamente la Alzada no cumplió con su deber de fundamentación, por lo que la nulidad resulta insoslayable. Seguidamente, corresponde determinar si el fallo del Tribunal de Apelaciones es manifiestamente infundado distinguiendo si contiene una fundamentación ausente, Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
defectuosa, aparente o insuficiente pese al deber ineludible de formular una exposición lógicamente razonada de los argumentos en que apoya su conclusión2. -El Art. 403 inc. 4 del CPP prescribe cuales serán considerados vicios de la sentencia3, norma procesal que resguarda que las partes puedan conocer las razones de lo resuelto a fin de formular las impugnaciones en su caso y permitir el control social de la labor judicial. La fundamentación de una resolución judicial -sentencia o auto interlocutorio- implica señalar los motivos jurídicos que reflejan el nexo entre las cuestiones de hecho y de derecho. Basta que el juzgador omita la oportuna y adecuada ponderación de los argumentos expuestos capaces de gravitar en la decisión final, para considerarlo como un fallo carente de fundamentación, o con fundamentación insuficiente o aparente.-En este punto, adelanto que el fallo cuestionado debe ser anulado porque el Tribunal de Apelaciones no ha dado respuesta efectiva y específica a los agravios aducidos por la defensa, más bien ha expuesto conclusiones genéricas e inconducentes. Para sostener su decisión expuso: “...Que, tras realizar la labor consistente en el control correspondiente a esta alzada, encuentro que la resolución del Tribunal de Sentencia no adolece del vicio de fundamentación contradictoria, como la Defensa sostiene a lo largo de su impugnación pues se ha observado en la Sentencia Definitiva las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo…Que, el Tribunal Colegiado de Sentencia de esta Circunscripción, ha logrado la coherencia con las exigencias legales que condicionan la validez de toda decisión judicial, es decir, HA EXPRESADO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA EL NEXO EXISTENTE ENTRE: A) PRUEBAS, B) CONVICCIÓN, Y C) DERECHO APLICADO, por lo que se tiene que no existe fundamentación insuficiente o contradictoria... se advierte la labor jurisdiccional al tejer el ‘hilo conductor’ de la resolución pretensa de impugnación, donde: se han fijado los hechos iniciales, se produjeron las pruebas y en base a las mismas, se llegó a una determinación causal de lo que a criterio del Tribunal verdaderamente ocurrió, subsumiendo finalmente la conducta del procesado a la norma legal cuyo supuesto de hecho encuadre con dicho accionar. En este caso, la calificación jurídica fue la prevista en el Art. 105 inciso 1° y 2° numerales 4 y 8 en concordancia con el Art. 29 inc. 1° todos del Código Penal”.- Finalmente en relación a la determinación de la pena expresó: El sustento de la aplicación de las penas es la prevención y la protección de la sociedad, disposición legal establecida en el Art. 20 de la Constitución Nacional, donde establece el objeto de las penas 2 Respecto a la necesaria fundamentación que deben reunir los fallos judiciales, el Art. 256 de la Constitución paraguaya reza: Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta constitución y en la ley…” así mismo el Art. 125 del Código Procesal Penal establece: …Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba…” en concordancia con el Art. 398 inc. 2 y 3 del Código Procesal Penal que expresa: 2) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los fundan; 3) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima…”. Consecuentemente, la normativa exige al órgano jurisdiccional que al dictar resolución argumente los motivos y razones que lo llevaron a concluir de un determinado modo y no de otro, permitiendo así, la posibilidad de exponerlas a un control y someterlas a un eventual cuestionamiento, a fin de evitar la arbitrariedad judicial. 3Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación y la casación, serán los siguientes: ...que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal. Se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o se utilice, como fundamentación el simple relato de los hechos o cualquier otra forma de reemplazarla por relatos insustanciales. Se entenderá que es contradictoria la fundamentación cuando no se han observado en el fallo las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo… Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-7privativas de libertad tiene como fin la readaptación del condenado y la protección de la sociedad al igual que el Art. 3 del C.P. estableciendo el principio de prevenciónConsecuentemente, la decisión reviste una argumentación aparente. Es menester que la legalidad de una decisión sea demostrada con la enunciación de las razones que justifican la aplicación de la ley en el caso singular, ya que solamente mediante el control de ellas como resultado de una unión compleja de selecciones y valoraciones se puede establecer si lo resuelto deriva de la ley o del arbitrio del juzgador.-En definitiva, las omisiones y pasividades aludidas no solo suponen un quiebre de principios procesales, sino que una trasgresión de mayor radio en tanto proyecta sus efectos a categoría de indefensión de quien hallándose bajo la salvaguarda jurisdiccional y decisoria de un órgano judicial e independientemente del rol que ejerce en el proceso espera fundadamente que aquel emita una resolución razonada atinente a los extremos planteados. Esto es el de obtener la tutela efectiva de los derechos e intereses por el mecanismo de la doble instancia llamado a controlar la legalidad de una sentencia definitiva primaria. Ante esto, en virtud al Art. 474 C.P.P. decisión directa corresponde resolver el recurso planteado contra la SD Nº 98 de fecha 13 octubre del 2021, para lo cual resulta necesario examinar los cuestionamientos expuestos en apelación especial en contraste con la decisión de primera instancia.-Antes de referirme directa y concretamente a dicho análisis, cabe recordar aspectos básicos sobre el sistema recursivo vigente.-Los recursos, encuentran su fuente en el principio de igualdad consagrado en la constitución paraguaya. La apelación especial y la casación penal tienden a defender los intereses y derechos de las partes procesales, revistiendo funciones de preservación de las normas del ordenamiento jurídico y unificación de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. A través de estas impugnaciones puede lograrse un examen jurídico amplio, sobre la observancia de la ley sustantiva y las formas esenciales del proceso, lo cual no implica la modificación de los hechos ni la revaloración de las pruebas, pues revisar las actuaciones no es lo mismo que duplicar el juicio y producir de nuevo la prueba de los hechos (además, la sentencia a ser revisada fija los hechos en forma definitiva)4.- 4El jurista Javier Navarro Muñoz alega: Los ‘radicales’ afirman que el derecho del imputado a un segundo grado de jurisdicción para la revisión de la declaración de culpabilidad y de la pena impuesta no tolera que ese examen deba quedar necesariamente restringido a las llamadas tradicionalmente cuestiones de derecho, ni exige tampoco, que deba llegarse a la supresión del juicio oral y sus principios, como sostienen con exagerado dramatismo quienes defienden la restricción del recurso a las quaestia iuris. En lugar de ello, lo único que tal derecho reclama es una protección jurídica realista, frente a la posibilidad natural del error judicial; es una herramienta que amplifica el derecho a la defensa de la persona sometida a una acusación penal...ese derecho no puede detenerse frente a la barrera de la distinción entre cuestión de hecho y de derecho....la sentencia debe ser revisada a favor del imputado también en su juicio de determinación fáctica, de un modo que permita la integración del resultado otorgado por el segundo grado de jurisdicción,a los motivos de reprobación de juicio y el tribunal del recurso y ofrece, según sus seguidores, una solución aceptable para permitir la revisión amplia de la sentencia sin quebrantar los principios básicos del juicio oral penal, evitando el reenvío que tanto daño le hace al derecho de los imputados ser juzgados en un plazo prudencial. (Navarro, J. (2009). El recurso de casación penal (nuevos enfoques). IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, num. 24, 236-235).
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. Por consiguiente, el doble grado de jurisdicción, impone de forma necesaria que el tribunal superior pueda examinar cómo han quedado acreditados los hechos para determinar si las normas aplicadas se ajustan a estos y, en caso de encontrar errores deben aplicar el derecho como conocedores del mismo (principio iura novit curia) ya que si se limitaran a confirmar el fallo estarían no solo convalidando todos los vicios que posee sino también soslayando la aplicación de la justificación real5.-Dicho esto, prosigo con el estudio de autos. En cuanto al primer agravio admitido el recurrente, refiere la vulneración del principio de congruencia Art. 400, CPP porque el tribunal agravó la calificación del hecho señalado en la imputación, acusación y auto de apertura, sin realizar advertencia alguna. Ante tal manifestación, corresponde revisar cómo han quedado acreditados los hechos en el contradictorio público, lo que no implica la llamada incursión al terreno de los hechos pues este órgano simplemente examinará el razonamiento explícito e implícito de la sentencia como juicio de valor (previamente a la contrastación con las actuaciones transcritas en el acta de juicio que acreditan la realidad de lo acontecido).-El tribunal de mérito sostuvo: …José Manuel Duarte González, arrolló con un vehículo automotor la humanidad de la víctima quien se encontraba indefensa y desprevenida tendida en la capa asfáltica gravemente lesionado aún con vida y sin la más mínima posibilidad de evitar ser atropellado…”.-Sobre el punto, se observa claramente que la porción fáctica atribuida al procesado no sufrió ninguna variación se mantuvo incólume durante todo el proceso, por ende, deviene inconducente afirmar que los detalles e información específica (sobre el mismo hecho) que fueron conocidos por el tribunal en la substanciación del contradictorio produjo la modificación de la base fáctica “objeto del juicio”. Más aún, cuando en nuestro proceso penal la meta es “llegar a la verdad histórica” a través de la reconstrucción del pasado con base en las diversas teorías del caso que presentan las partes hasta llegar al convencimiento de que una de ellas es la versión real y verdadera de lo acontecido y es la que deberá ser encuadrada dentro de la norma penal prevista para el caso. Por ello, la conocida frase “Lo que no está en el expediente no está en el mundo”, definitivamente no se puede aplicar en este ámbito, puesto que la verdad histórica trasciende la verdad formal propia de sistemas escritos.-Por otra parte, cabe aclarar que el tribunal se encuentra autorizado a calificar de manera distinta a la realizada en la acusación y en el auto de apertura -principio iura novit curia- lo que no puede suceder es que la sentencia se sustente en una calificación correspondiente a hechos que no fueron objeto de la acusación; de ahí, los errores de subsunción o puramente jurídicos en el encuadramiento del comportamiento atribuido no dañan la defensa, ni limitan la decisión, mientras ésta se mantenga dentro de la acción u omisión descripta y sus circunstancias.-Así, se deduce claramente la facultad de los jueces en otorgar una calificación jurídica distinta a los hechos acusados en etapas anteriores, en vista de que, éstos recién quedan fijados y acreditados al culminar el contradictorio; por tanto, resulta improcedente creer que esto, trae aparejada el quebrantamiento de la inviolabilidad de la defensa -en el sentido de un dato, con 5A fin de mantener la estructura constitucional de la doble instancia representada por los Tribunales de Apelación, se ha considerado importante a los efectos de la racionalización de la tarea recursiva, otorgar también competencia casacional (además de su competencia tradicional en el conocimiento de los recursos de apelación general) al revisar cómo los jueces de primera instancia han aplicado la ley penal o procesal penal en el juzgamiento de los hechos.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-9trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir, cuestionarlo ni enfrentarlo probatoriamente- atendiendo que, el centro del principio acusatorio se halla constituido sobre los hechos, no sobre la calificación de los mismos. En definitiva, el principio de congruencia establece una limitación fáctica del objeto de debate y no de la calificación jurídica, pues es el juzgador quien finalmente decidirá sobre la calificación jurídica aplicable, conforme a la producción probatoria realizada en el debate oral.-En relación, al segundo agravio admitido, se observa que al momento de interponer el recurso de apelación especial la defensa expuso errores materiales en los que, según su apreciación, incurrió el Tribunal de Mérito. Primeramente, expone que el Tribunal ha calificado la conducta del acusado dentro de las previsiones del Art. 105 inc. 1 y 2 numeral 4) y numeral 8), en concordancia con el Art. 29 inciso 1 del Código Penal, para calificar la conducta como “alevosa” y por “el mero placer de matar”, pero no explica el Tribunal en que testimonios o documentos basa su conclusión obrando de manera arbitraria e infundada. En segundo término, menciona el casacionista que el quantum de la pena impuesta a su defendido es deficiente porque incurrió en una errónea valoración al sopesar varios de los ítems.- Del cotejo de la sentencia definitiva de primera instancia se observa que el tribunal concluyó que de las circunstancias fácticas y medios probatorios producidos en el debate se desprende claramente la autoría de José Manuel Duarte González en el ilícito penal de homicidio doloso (Art. 105 del C.P.) siendo este agravado por el inciso 2), numeral 4 que versa sobre la conducta alevosa del autor y numeral 8) que versa sobre el mero placer de matar. Sin embargo, no explica en forma ordenada y justificada el agravante de actuar intencionalmente y por el mero placer de matar, pues solamente se limita a mencionar qué: “..y por el mero placer de matar embistió en tres ocasiones pasando por encima del cuerpo de Alfredo Quiñonez quien se encontraba indefenso y absolutamente desprevenido…actúo intencionalmente y por el mero placer de matar, ya qué de forma cruel, salvaje e irracional atropelló con el rodado” a la víctima para finalmente concluir que la conducta del procesado es antijurídica y reprochable.-Tradicionalmente se sostiene que la alevosía se configura cuando el autor obra a traición y sobreseguro. Es característico el empleo de medios, modos o formas de ejecución que tiendan a asegurar la ejecución del delito, evitando posibles riesgos de una respuesta de la víctima. “La indefensión puede proceder de la inadvertencia de la víctima o de los terceros respecto del ataque (p.ej., disparar por la espalda) o de las condiciones en que aquélla se encuentra (parálisis, desmayo, sueño). Puede haber sido procurada por el autor (p.ej., ocultándose en acecho u ocultando sus intenciones criminales por medio de un acercamiento amistoso hacia la víctima), o simplemente aprovechada por él (quien mata a la persona que encuentra dormida)6. La doctrina también apunta: “...Los supuestos sobre los que se basa la alevosía son: a) El homicidio proditorio, en el cual al acto de matar precede el apostamiento, el acecho, la trampa, la emboscada, que aseguran una ejecución sin riesgo, ya que la víctima está desprevenida; b) el ímpetu o sorpresa, que es una agresión súbita, inopinada, inesperada 6 Creus C. (1998) Derecho penal. Parte especial, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Astrea, p. 20.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. ocultando el ataque; c) El aprovechamiento de una situación de indefensión del ofendido no provocada por el agente…7. Como se aprecia, la fundamentación del órgano jurisdiccional es infundada respecto al hecho punible de homicidio doloso con el agravante de obrar por el mero placer de matar por lo que deviene inconducente calificar la conducta desplegada por el autor en el tipo penal establecido en el Art. 105 inc. 1 y 2 num. 8 en concordancia con el Art. 29 del Código Penal, no así en la calificación de la conducta desplegada por el autor en el tipo penal establecido en el Art. 105 inc.1y 2 num. 4, debido a que el tribunal de mérito sostuvo fundadamente el agravante de la conducta alevosa del procesado.-Tras la verificación de la calificación jurídica atribuida a la conducta de José Manuel Duarte González homicidio doloso agravado con alevosía que prevé una pena privativa de libertad de 5 hasta 30 años corresponde realizar el estudio del marco punitivo aplicable. En tal sentido, para una correcta y adecuada determinación de la pena, debe recurrirse en primer lugar a los fines político-criminales delineados e impuestos como fines de la pena y a los principios y garantías consagradas en nuestra Constitución paraguaya. El recurrente menciona que el tribunal de mérito incurrió en error al momento de individualizar y medir la pena para el procesado, puntualmente en los ítems siguientes: 1. Los móviles y fines del autor; 3. La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho; 4. La importancia de los deberes infringidos; 5. La relevancia del daño y del peligro ocasionado; 10.La actitud del autor frente a las exigencias del derecho.-En primer lugar, ante la necesidad de preservar el principio de economía procesal y la garantía del plazo razonable, corresponde que la Sala Penal ejercite la facultad de decisión directa, contemplada en el Art. 474 del C.P.P., pues en atención a los agravios planteados resulta evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario ordenar el reenvío de estos autos a otro tribunal de mérito.-Al respecto, vale aclarar que de manera constante, esta Judicatura viene sosteniendo la posición de que los tribunales de alzada poseen competencia para revisar la pena impuesta por el tribunal de mérito, basándose en los hechos fijados comprobados por este mismo órgano, pues la determinación de la pena no pertenece a la cuestión fáctica, sino que forma parte de la aplicación del derecho y esto surge de una interpretación sistemática del Art. 474 (decisión directa) con el 475 del C.P.P. (rectificación), que habilita a los tribunales de alzada a dictar una nueva sentencia de primera instancia, en la que se corrigen errores de derecho, errores u omisiones formales y las que se refieran a designación o cómputos de las penas. Incluso, esta última disposición permite adicionar una fundamentación complementaria sin modificar el dispositivo.
Esta posición también encuentra apoyo en la doctrina, así por ejemplo, sobre las facultades del tribunal de casación de estudiar las cuestiones de la declaración de culpabilidad y de la pena, Roxin y Schünemann explican que “...es procedente en determinados casos una rectificación de la declaración de culpabilidad por medio del tribunal de casación en el caso de la revocación de la condena por un tribunal inferior sin eliminar las comprobaciones fácticas. Si, por ejemplo “A” es condenado por hurto, el tribunal de casación ve en el hecho determinado por el tribunal inferior, sin embargo, una estafa, entonces, el tribunal de casación puede modificar la declaración de culpabilidad, y condenar a “a” por estafa En el caso 7 Donna E. (Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I, Buenos Aires, Rubinzal - Culzoni Editores, p.41.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-11de un error de subsunción, un reenvío… solo traería una sobreabundante pérdida de tiempo(…) Una reducción de declaración de culpabilidad o un agravamiento es entonces admisible, cuando el tribunal inferior ha llegado a una condena…”.- En lo que hace al caso, si bien el casacionista ha reclamado únicamente los puntos 1, 3, 4, 5 y 10 del Art. 65 del CP, esta Sala Penal considera necesario para el caso revisar la totalidad de los puntos para poder aplicar una pena justa, puesto que si se cambiara solo los puntos alegados, la conclusión acerca del quantum estaría basado en una errónea fundamentación, todo esto en virtud al principio iura novit curia, presunción indicante de que el juez conoce el derecho y por ende está facultado a aplicarlo. Previamente, corresponde recordar que el tribunal de sentencias luego de la verificación de todos los presupuestos de la punibilidad ha calificado la conducta del acusado de acuerdo al Art. 105, inc. 1° y 2°, num. 4, del C.P. en concordancia con el art. 29, inc. 1º del CP y conforme a dicha calificación, el marco penal aplicable al caso es de 5 a 30 años de pena privativa de libertad. Ya establecido el marco penal, pasaremos a considerar los preceptos normativos previstos en el Art. 65 del C.P.- Conforme a la primera parte del Art. 65, inc. 1° del CP, se debe tener en cuenta que al determinar la pena, no se debe exceder el grado de reproche aplicable al autor. Aquí corresponde hacer un paréntesis a fin de aclarar que el inciso 2°, prevé circunstancias particulares que guardan relación directa con el hecho y el grado de reproche y éstas son las enumeradas del 1 al 6, en el inciso 2º del mismo artículo. Las valoraciones de estas circunstancias elevan o mantienen el quantum de la pena. Además, deben ser considerados los efectos de la pena en la vida futura del autor lo cual implica valorar circunstancias que se relacionan con el principio de prevención especial, éstas circunstancias particulares son las previstas en los numerales 7 al 10, del inciso 2º, se tratan de aspectos subjetivos relacionados con la persona del autor. Por lo tanto, se debe aclarar que aquellas circunstancias que hayan sido valoradas a favor permitirán atenuar la pena, mientras que las halladas en contra sólo pueden ser utilizadas para mantener el monto de la pena, nunca para agravar o elevar el quantum, pues conllevan una prognosis negativa de reinserción.
Seguidamente corresponde decir que, conforme al Art. 65, inc. 2° del CP, la dirección de valoración de los distintos factores a tomar en cuenta al graduar la pena es neutra. Esto significa que las circunstancias generales y las particulares en especial, han sido enumeradas sin que el legislador haya indicado de antemano, si cada una de ellas juegan a favor o en contra del autor, es decir, sin especificar en cada caso, si se tratan de agravantes o atenuantes que hacen oscilar la pena hacia el máximo o hacia el mínimo del marco penal aplicable al caso. Esta decisión, por lo tanto, dependerá en primer término de la información que haya sido corroborada en juicio, debiendo excluirse de la valoración (sea a favor o sea en contra) aquella circunstancia que no haya sido acreditada.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Precisamente, porque la dirección de valoración es neutra, resulta imprescindible que el juzgador haga mención expresa si realiza la valoración a favor o en contra y luego, justifique por qué. No está demás aclarar que serán válidos aquellos argumentos que se encuentren apoyados en valoraciones normativas, antes que en aspectos morales.A lo anterior, se debe precisar que -de acuerdo al Art. 65, inc. 3º, del CP- la prohibición de doble valoración significa en su forma más simple que los elementos del tipo legal, al igual que los criterios que se refieren a cada clase de delito, no pueden valorarse como agravatorios o atenuadores en la individualización de la pena, puesto que ya fueron tomados en cuenta por el legislador para trazar el marco punitivo . Ahora bien, en la SD N° 98 del 13/10/2021 encontramos que en cuanto a la determinación de la pena el tribunal de mérito argumentó lo siguiente: “1) Los móviles y fines del autor: No ha quedado demostrado en juicio los móviles y fines del acusado. 2) En cuanto a la forma de realización del hecho y los medios empleados: el acusado al mando del vehículo……el acusado desplegó una gran energía criminal para la consumación del hecho criminoso; para llevar adelante su objetivo criminal atropelló y arrolló intencionalmente en reiteradas ocasiones (tres veces) a la víctima fatal…el Tribunal sopesa en contra del acusado.3) La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho:…el acusado desplegó una gran energía criminal para la consumación del hecho criminoso; para llevar adelante su objetivo criminal atropelló y arrolló intencionalmente en reiteradas ocasiones (tres veces) a la víctima fatal…4) La importancia de los deberes infringidos: ha trasgredido intencionalmente los deberes morales básicos y esenciales del respeto hacia la vida del semejante…debe tenerse en cuenta qué el actuar doloso del acusado en el hecho criminoso es grave por el daño causado.-5) La relevancia del daño y del peligro ocasionado: quedó probado en juicio qué el daño ocasionado por el acusado es altamente relevante por la destrucción injusta de una persona joven…destacamos también qué el acusado intentó atropellar a un personal policial interviniente en el hecho…6) Las consecuencias reprochables del hecho:…con su obrar destruyó la existencia física de una persona joven…produce un perjuicio a la familia y a la misma sociedad… 7) Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor:.-8) La vida anterior del autor: quedó probado en juicio qué el acusado es una persona joven de 22 años de edad… Se ha demostrado que el acusado es una persona de condición económica humilde…no tiene antecedentes penales a favor9) En cuanto a la conducta posterior a la realización del hecho y especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima: Se ha probado en juicio que el acusado posterior al hecho criminoso juzgado fue detenido en la vía pública…no quedó demostrado en juicio qué el acusado haya prestado ayuda económica a los familiares de la víctima para intentar paliar en alguna medida el daño enorme causado. No realizó ningún intento de su parte para intentar resarcir el daño causado en contra. 10) La actitud frente a las exigencias del derecho y, en especial, la relación respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique la admisión de los hechos. Se ha comprobado en el debate que el acusado no ha tomado conciencia del grave hecho punible cometido al suprimir violentamente la vida de una persona sin motivo…no le importó al acusado el ordenamiento jurídico vigente.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-13Atendiendo a estos fundamentos, los puntos señalados deben ser corregidos de la siguiente manera, atendiendo que contiene vicios en la interpretación de ciertos puntos:1) Los móviles y fines del autor: Deben ser tenidos en cuenta los motivos que incitaron al autor a la comisión del hecho punible que pueden ser estímulos externos y/o estímulos internos. En cuanto a los fines debe ser considerado el propósito que llevó al autor a realizar el hecho punible. La mayor o menor contrariedad a la norma de los motivos que impulsaron al autor a la comisión del hecho resultará decisiva para establecer el grado de reprochabilidad. Como regla general, puede decirse que la reprochabilidad de la conducta será tanto mayor cuanto más se aleje la intención del autor a la protección de un bien jurídico. Estímulos externos: dificultades económicas, convicción de alguna índole (religiosa, cultural, política, etc). Estímulos internos: odio, celos, ira. En el presente caso, estos extremos no han sido determinados con claridad por el tribunal de sentencias, por lo cual, nos encontramos ante la imposibilidad de valorarlo.2) En cuanto a la forma de realización del hecho y los medios empleados: Debe ser tenido en cuenta si el autor ha realizado el hecho punible con mayor o menor violencia hacia la víctima, es decir, debe tenerse en cuenta el grado de violencia empleada. También debe tenerse en cuenta la intervención de varias personas en el hecho, pues esto representa un peligro mayor que el cometido por un autor único, ya que la existencia de un grupo facilita el logro de los objetivos delictivos. En esta casuística, tenemos que el condenado ejerció violencia con un machete y la amenaza de muerte, lo cual demuestra el alto grado de violencia empleada, por lo tanto se valora en contra.3) La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho: Este punto ha sido correctamente valorado por el tribunal, considerándolo en contra. 4) La importancia de los deberes infringidos: Este punto ha sido incorrectamente valorado por el tribunal, no debiendo haber sido considerado. 5) La relevancia del daño y del peligro ocasionado: El tribunal ha incurrido en doble valoración al considerar este punto. Para establecer esta circunstancia debe ser tenida en cuenta la Teoría de la “Extensión del daño”. Se exige que sólo se otorgue relevancia a aquellas consecuencias que tengan alguna relación con el fin de protección de la norma. Pueden considerarse como consecuencias directas o indirectas de la realización del tipo legal en cuanto al dolo y el reproche del autor. Por tanto, lo mencionado por el Tribunal de Sentencias no tiene relación con lo descrito y en los hechos no se identifican cuestiones relacionadas a este punto, en consecuencia, esta circunstancia debe ser excluida de la valoración. 6) Las consecuencias reprochables del hecho: Este punto ha sido correctamente valorado por el tribunal, considerándolo en contra. 7) Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor: Este punto ha sido correctamente valorado por el tribunal, considerándola a favor. 8) La vida anterior del autor: Este punto ha sido correctamente valorado por el tribunal, considerándolo a favor. 9) En cuanto a la conducta posterior a la realización del hecho y especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima: en contra. En este punto debe tenerse en cuenta si el autor ha tratado de reconciliarse con la víctima y Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
realizado esfuerzos para reparar los daños, procurando disminuir por lo menos los efectos de la conducta delictiva. En este caso no se observa dicha circunstancia considerándolo en contra. 10) La actitud frente a las exigencias del derecho y, en especial, la relación respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique la admisión de los hechos. El tribunal no ha valorado correctamente no puede ser valorado. Se ha explicado inicialmente, que las circunstancias particulares previstas en los numerales 1 al 6, guardan directa relación con el grado de reproche mientras que los restantes 7 al 10 se refieren al principio de prevención especial. Resumiendo, en este caso, primeramente encontramos que se deben excluir de la valoración los puntos 1, 4, 5 y 10.-Luego, se advierte que los puntos 2, 3, 6 y 9 fueron considerados “en contra del acusado” por lo tanto sirven para justificar el aumento del grado de reproche y en consecuencia, para elevar el monto de la pena hacia el límite máximo del marco aplicable. Sin embargo, el ítem 7 que fue considerado “a favor del acusado”, sirve para justificar la reducción del quantum punitivo, ya que indican una prognosis positiva de reinserción.-En estas condiciones, en virtud a las rectificaciones realizadas corresponde imponer al acusado la pena privativa de libertad de 20 años. Finalmente, corresponde imponer las costas en el orden causado al no hallarse los requisitos exigidos para imponerlas a una de las partes, pues de conformidad al criterio de equidad, el cual implica no imponer las costas a quien sin temeridad ni mala fe ha instaurado la acción penal, situación que se ha dado en la presente causa, conforme a las constancias de autos; todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Art. 261 del Código Procesal Penal y en observancia a lo prescrito en el Art. 269 del mismo cuerpo legal.-En resumen, corresponde declarar la admisibilidad y hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 12 de fecha 28 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación Civil, Comercial, Laboral y Penal de la circunscripción de Paraguarí. Por otra parte, corresponde anular el fallo del Ad quem por los fundamentos expuestos, y de conformidad al Art. 475 rectificar la Sentencia Definitiva N° 98 de fecha 13 de octubre de 2021, integrando como fundamentación complementaria los argumentos expuestos en relación a los agravantes del Homicidio Doloso, modificando el punto 5), donde se resuelve CALIFICAR jurídicamente la conducta típica, antijurídica y reprochable del acusado dentro de las disposiciones legales previstas en el art. 105 inc. 1º) y 2º) numerales 4) y 8) en concordancia con el Art. 29 inc. 1º del CP debiendo excluirse de esta calificación el numeral 8) por los motivos ya expuestos. En relación al punto 6) donde se resuelve Condenar a la pena privativa de libertad de 25 (veinticinco) modificar por la de 20 (veinte) años de pena privativa de libertad por los motivos ya explicados, confirmando el resto del fallo. Es mi voto.-A su turno, el ministro Luis María Benítez Riera, dijo: Comparto el voto de la preopinante por los mismos fundamentos. Es mi voto.-A su turno, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, dijo: PROCEDENCIA9. Con relación a los agravios expuestos por el recurrente que fueron planteados en Apelación Especial, y que según la defensa técnica fueron respondidos de manera incorrecta Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-15por el Tribunal de Alzada, corresponde analizar el fallo impugnado, para verificar los extremos alegados por la impugnante.- 10. De la lectura del fallo impugnado, se verifica que el Tribunal de Apelaciones no se expidió respecto a los siguientes agravios: a. Omisión de la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por acreditado b. Violación del Art. 400 del CPP en la calificación del hecho c. Error en la subsunción de la conducta y calificación y d. Error en la determinación de la pena que le fueron planteados por la defensa técnica en su apelación especial. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia dictó un fallo manifiestamente infundado en los términos del Art. 478, inc. 3° del CPP.- 11. Con relación al agravio referente al Error en la medición de la pena (Art. 65 del CP) el Tribunal de Apelaciones se limitó a señalar cuanto sigue: “…Que, el Tribunal Colegiado juzgador, para el sustento de la decisión asumida ha analizado enteramente y detalladamente cada uno de los puntos a ser considerados en el Art. 65 del CP, modificado por la Ley N° 3440/08…///…El sustento de la aplicación de las penas es la prevención y la protección de la sociedad, disposición legal establecida en el Art. 20 de la Constitución Nacional…///…Que, el criterio del Tribunal Colegiado de sentencia en el punto de medición de la pena, específicamente en cuanto a los móviles y fines del autor, en que refieren, no habiendo disquisiciones a exponer, le motivan a confirmar la sanción aplicable por el Tribunal Colegiado de Sentencia, encargado del juzgamiento de la presente causa, al considerarla para lograr la finalidad de la pena, cual es la de promover la readaptación del condenado y la protección de la sociedad, siempre sustentado en el principio de proporcionalidad, referente a la relación medio finalidad, que existe entre hecho y sanción, entendida como las medidas que el estado adopta para lograr sus fines legítimos, manteniendo una relación equilibrada entre el valor del fin propuesto y el valor de esta parte de la libertad general, que con la introducción del medio se sacrifica; por lo que para este Miembro la fundamentación íntegra de la sentencia definitiva así como la sanción aplicable se ajustan a derecho y van acorde las pruebas legales introducidas en el juzgamiento de la presente causa, por lo que en consecuencia deviene procedente confirmar en todos sus puntos a la sentencia definitiva N° 98 de fecha 13 de octubre de 2021, dictado por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguar텔 (sic).- 12.En efecto, la respuesta jurisdiccional que antecede es incorrecta, porque el Tribunal de Apelación no respondió en forma concreta y fundada el agravio mencionado por la recurrente que se basó en el Error en la medición de la pena (Art. 65 del CP”, en el cual cuestionó la incorrecta valoración de los parámetros 1 “los móviles y los fines del autor”, 3 “la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho”, 4 “la importancia de los deberes infringidos”, 5 “la relevancia del daño y del peligro ocasionado”, y 10 “la actitud del autor frente a las exigencias del derecho”. Por lo tanto, al no cumplir el Tribunal de Apelaciones con su labor de control jurisdiccional respecto a los cuestionamientos realizados por la defensa técnica referente a la incorrecta medición de la pena por parte del Tribunal de Sentencia, se denota que el órgano revisor dictó un fallo manifiestamente infundado.- 13. En consecuencia, el fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones se corresponde con el motivo dispuesto en el Art. 478, inc. 3° del CPP, pues la respuesta que debió brindar el órgano Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
revisor a los cuestionamientos de la defensa técnica, fue reemplazada por una fundamentación genérica sobre la medición de la pena, y por otro lado ni siquiera respondió los demás agravios señalados por la defensa en su apelación especial, por lo que dichas circunstancias hacen que el fallo objeto de impugnación, deba ser casado por medio del recurso actual. Por consiguiente, corresponde la nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 12, de fecha 28 de marzo de 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, al no observar las normas contenidas en los artículos 125 CPP y 256 de la Constitución.-14. Ahora bien, por aplicación del Art. 474 del CPP8, por Decisión Directa corresponde analizar el fallo del Tribunal de Sentencia, y los agravios expuestos por la recurrente en Apelación Especial, a fin de corroborar si los mismos poseen los méritos suficientes para anular o no la sentencia del Tribunal de mérito.- 15. Con relación al primer agravio expuesto en el recurso de apelación especial, respecto a la Omisión de la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por acreditado el recurrente alegó que “el Tribunal de Sentencia no realizó una conclusión concreta de las circunstancias fácticas que estimó probadas”, y por dicha razón a su parecer, inobservó lo dispuesto en el Art. 398, inc. 3° del CPP, e incurrió en el vicio dispuesto en el Art. 403, inc. 2 del mismo cuerpo legal.- 16. Al respecto, de la lectura íntegra de la sentencia definitiva se verifica que, el Tribunal de Sentencia a fs. 192 vlto. y 193 del expediente judicial consignó cuanto sigue: “…en el presente juicio quedó probado que en fecha 10 de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las 03:30 horas en la vía pública del Barrio Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Ybycui, frente al local comercial denominado parrillada - Bodega “San Cayetano” el señor José Manuel Duarte González, al mando de un vehículo de la marca Toyota, tipo lite ace, modelo station wagon, año 2004, color blanco, atropelló y arrolló intencionalmente en reiteradas ocasiones (tres veces) a la víctima fatal Alfredo Quiñónez, mientras se encontraba desprevenida e indefensa…///…En resumen; quedó demostrado en juicio que el acusado José Manuel Duarte González autor del crimen, arrolló con un vehículo automotor la humanidad de la víctima quien se encontraba indefensa y desprevenida tendido en la capa asfáltica gravemente lesionado aún con vida y sin la mínima posibilidad de evitar ser atropellado en tres ocasiones de manera intencional por el autor quien iba al mando de un vehículo automotor Toyota Station Wagon…”. Por lo tanto, no se corrobora la inobservancia del Art. 398, inc. 3° del CPP, ni se observa el vicio dispuesto en el Art. 403, inc. 2 del mismo cuerpo legal, alegado por el recurrente, en consecuencia este agravio debe ser rechazado.- 17. En el segundo agravio referente a la Violación del Art. 400 del CPP en la calificación del hecho el recurrente alegó en su apelación especial, que el Tribunal de Sentencia luego del juicio oral y público agravó la calificación jurídica en la cual fue incursada la conducta de su defendido, debido a que inicialmente en la acusación y en el auto de apertura, la conducta de su defendido fue la prevista en el Art. 105, inc. 1° del CP, pero según el recurrente, el Tribunal de Sentencia modificó de homicidio simple a homicidio agravado, al calificar la conducta de su defendido dentro del Art. 105, inc. 2°, numeral 8 del CP, sin haberse realizado la debida advertencia a su defendido para que prepare su defensa material, en función a la nueva calificación.- 8 Art. 474 del C.P.P., dice: "DECISIÓN DIRECTA. Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, el tribunal de apelaciones podrá resolver, directamente, sin reenvío."
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. EXPEDIENTE: “M.P. C/ JOSÉ MANUEL DUARTE GONZÁLEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO” Nº 776/2017.-1718. En ese contexto, verificadas las constancias de autos se corrobora que, en la presente causa penal en la acusación fiscal y en el A.I. de elevación a juicio oral y público, se calificó la conducta del procesado dentro de lo dispuesto en el Art. 105, inc. 1° del CP, en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del CP. En la audiencia de juicio oral y público, el Agente Fiscal interviniente solicitó en sus alegatos finales, que la conducta del acusado sea incursada dentro de lo dispuesto en el Art. 105, inc. 1° y 2°, numeral 4 (ALEVOSÍA) del CP, en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del mismo cuerpo legal. Por su parte, de acuerdo a lo producido en juicio y al desarrollo histórico de los hechos, el Tribunal de Sentencia percibió y constató que la conducta del acusado debía ser incursada dentro del Art. 105, inc. 1° y 2°, numerales 4° (ALEVOSÍA) y 8° (MERO PLACER DE MATAR) del Código Penal, en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del mismo cuerpo legal.- 19. En efecto, en esta causa penal la posibilidad del cambio de calificación de la conducta del acusado dentro de lo dispuesto en el Art. 105, inc. 2°, numeral 8° (MERO PLACER DE MATAR) del Código Penal, no fue advertida en ningún momento por el Tribunal de Sentencia, por lo que inobservó lo dispuesto en el Art. 400 del CPP, teniendo en cuenta que la referida calificación establecida por el Tribunal de Mérito en la sentencia definitiva, no fue considerada por ninguno de los intervinientes durante el presente juicio, y en consecuencia se vulneró el derecho a ser oído, que tiene rango constitucional.- 20. Cabe agregar, que existe un deber judicial de asistencia amplio, ante todo frente al acusado que no conoce las leyes, constituye el precepto regulador más importante para un proceso penal aplicado con lealtad. Este deber judicial de asistencia está establecido en el Art. 16 de la Constitución y es la fuente de los numerosos deberes: de advertencia, de informar, de preguntar y de protección, contemplados en el Código Procesal Penal en sus artículos 86, 350, 400 etc. Su consecuencia más significativa es el deber de advertencia, ante una modificación en la calificación jurídica. Dado que el Tribunal, dentro de los límites del mismo objeto procesal, tiene la posibilidad de calificar el hecho que se somete a su decisión de modo distinto a aquel que emplea la acusación admitida, el acusado debe permanecer a salvo de sorpresas con respecto a las cuales no pueda preparar su defensa. En interés de un esclarecimiento exhaustivo de la causa, se le debe dar la oportunidad de manifestarse sobre el reproche modificado. Es presupuesto de este deber de advertencia únicamente una modificación de la valoración jurídica, que también puede basarse en una modificación de los fundamentos fácticos9.- 21. Además, la falta de advertencia respecto a la posibilidad de una calificación jurídica distinta, además de vulnerar un derecho fundamental de rango constitucional como el derecho a ser oído, viola el derecho a la defensa, pues se impide de esta forma que el acusado conozca la posibilidad de una calificación distinta a los hechos, que presupone un cambio en el análisis de los presupuestos del hecho punible de Homicidio Doloso con un agravante (mero placer de matar), que a su vez implica la variación de los presupuestos fácticos además de jurídicos, y sobre estas cuestiones puntuales es sobre lo que el acusado debe defenderse, y al no serle advertida esa posibilidad, se le privó del derecho a la defensa efectiva.- 9 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal, pág. 366, 367.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
22. Ante lo expuesto precedentemente, se verifica que el Tribunal de Sentencia violó claramente el derecho a la defensa previsto en el Art. 16 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el Art. 6 del Código Procesal Penal, y vulneró además lo dispuesto en el Art. 400 del Código Procesal Penal, que obliga al Tribunal de Sentencia a advertir el cambio de calificación para que el acusado pueda ser oído y prepare su defensa en ese sentido, ya que dicho cambio de calificación no fue considerado por ninguna de las partes durante el presente juicio, y en consecuencia, corresponde ANULAR la Sentencia Definitiva N° 98, del 13 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal de Mérito, y ordenar EL REENVÍO de la presente causa penal a un nuevo Tribunal de Sentencia, para la reposición del juicio en esta causa penal, por aplicación del Art. 473 del Código Procesal Penal.- 23. Con relación a los demás agravios expuestos por el recurrente, en atención a la forma en que ha sido resuelto el agravio expuesto precedentemente y la consecuencia jurídica a la que se ha arribado, resulta inoficioso el estudio de los mismos.- 24. Respecto a las costas, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, en virtud a lo dispuesto en el Art. 261 segundo párrafo del Código Procesal Penal, y en atención a la forma en que ha sido resuelta la cuestión (reenvió a otro Tribunal de Sentencia). Es mi voto.-Con lo que se dio por terminado el acto, firmando VV.EE. todo por ante mí que certifico, quedando Acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:- A C U E R D O Y S E N T E N C I A VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo que antecede y sus fundamentos, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL,R E S U E L V E1. DECLAR ADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor público Benicio Ruiz Román en representación del condenado José Manuel Duarte González contra el Acuerdo y Sentencia Nº 12 de fecha 28 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación Civil, Comercial, Laboral y Penal de la circunscripción de Paraguarí.-2. ANULAR el Acuerdo y Sentencia Nº 12 de fecha 28 de marzo de 2022 y, por decisión directa, rectificar los puntos 5 y 6 de Sentencia Definitiva Nº 98 de fecha 13 de octubre de 2021 dictado por el Tribunal de Sentencias, confirmado en resto del fallo.-3. IMPONER en esta instancia, las costas en el orden causado.-4. ANOTAR, notificar y registrar.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.