ACUERDO Y SENTENCIAEn la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, estando reunidos en laSala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes Ocampos y Luis María Benítez Riera, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “MINISTERIO PUBLICO C/ FREDY CABRERA Y CHRISTIAN BRÍTEZ AYALA S/ SHP C/ LA VIDA (HOMICIDIO DOLOSO)” a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 59 del 27 de abril del 2.022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.-Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;- C U E S T I O N E S:¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?-En su caso, ¿resulta procedente?.A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: Ramírez Candia, Llanes Ocampos y Benítez Riera.-I.ANTECEDENTES1.El Tribunal Permanente de Sentencia N° 4 por SD N° 44 del 14 de abril del 2.021, resolvió condenar a los acusados Fredy Cabrera y Christhian Brítez Ayala, a la pena privativa de libertad de diez años por la comisión del hecho punible de homicidio doloso.-2.El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, por Acuerdo y Sentencia N° 59 del 27 de abril del 2.022, resolvió confirmar la SD N° 44 del 14 de abril del 2.021.- 3.Contra el fallo del Tribunal de Apelaciones, plantea recurso extraordinario de casación, la Abg. Miriam Díaz Benítez en representación de los acusados Fredy Cabrera y Christhian Brítez Ayala.-I.ADMISIBILIDAD1.A la primera cuestión planteada, el Ministro RAMÍREZ CANDÍA, dijo: Corresponde analizar si el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 59 del 27 de abril del 2.022, resolvió confirmar la SD N° 44 del 14 de abril del 2.021, reúne los requisitos para la declarar la admisibilidad del estudio de su procedencia.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
2.En cuanto a la temporalidad de la presentación del recurso, de las constancias de autos, puede advertirse que el escrito de casación ha sido presentado en tiempo y forma, pues la defensa ha sido notificada en fecha 18 de mayo del 2022, y sus defendidos en fecha 23 de mayo del 2.018, y el recurso ha sido presentado en fecha 1 de junio del 2.022, es decir, el séptimo día, esto es, dentro de los diez días de acuerdo con el Art. 468 del C.P.P., conforme lo justifican con las cédulas de notificación agregadas a fojas 136, 138 y 139 de autos.-3.Además, han recurrido por el medio habilitado para su promoción, a través de los escritos obrantes a fojas 143/163 del expediente judicial, cumpliendo así lo requerido por los artículos 480 y 468 del C.P.P., que disponen que el recurso extraordinario de casación se interpondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el término de diez días luego de notificada, y por escrito.-4.Con referencia a la impugnabilidad subjetiva, quien plantea el recurso de casación es la abogada de los acusados, por lo tanto, se cumple la exigencia prevista en el Art. 449 del CPP[1] por ser sujetos principales del proceso.-5.Respecto a la impugnabilidad objetiva, la defensora de los acusados plantea recurso extraordinario de casación contra una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones y, en este contexto el objeto del recurso se adecua al art. 477 primera alternativa del CPP.[2].-6.El último elemento a ser considerado, en cuanto a la admisibilidad, es el de la fundamentación. En nuestra legislación vigente, el Art. 449 del C.P.P., primer párrafo, establece con claridad que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. A su vez, el Art. 450 C.P.P. exige que los recursos se interpongan con indicación específica de los puntos de la resolución impugnada. Y, además, se requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende conforme al Art. 468, primer párrafo, C.P.P.-7.La recurrente plantea recurso extraordinario de casación, en base a cuatro agravios procesales, a saber:-8.Como primer agravio procesal, alega violación del principio de continuidad, basado en que la sentencia del tribunal de juicio ha sido dictada fuera del plazo de cinco días previsto en el art. 399 del CPP. Afirma que la redacción íntegra de la sentencia fue dada a conocer luego de siete días de haberse dictado la condena y leído la parte dispositiva del fallo, y que esta irregularidad fue corroborada por el tribunal de apelaciones, sin embargo rechaza el agravio con un argumento contrario a derecho al expresar que a pesar de que la norma exige que la redacción integral deba realizarse dentro de los cinco días, en este caso se han planteado varios cuestionamientos por lo tanto se debe considerar el plazo razonable de duración del proceso.-9.Como segundo agravio procesal, alega violación del derecho a la defensa, y nulidad de la acusación por ausencia de indagatoria válida porque el Ministerio Público al momento de la realización de la declaración indagatoria se limitó a informarles a los Señores Freddy Cabrera y Cristhian Brítez Ayala, sobre las calificaciones jurídicas sin explicarles cuales fueron las conductas por las cuales estaban siendo investigados, es decir, no se les informó sobre los hechos configurativos del tipo legal por el cual estaban siendo indagados.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
10.Respecto a este reclamo procesal, cabe destacar que el mismo se trata de una nulidad absoluta porque afecta el derecho a ser oído (Art. 16 de la Constitución) y el precepto constitucional establecido en el Art. 17 núm. 7 de la Constitución, que establece que en el proceso penal toda persona tiene el derecho a que se le comunique de manera previa y detallada la imputación. Además, la recurrente expone de manera concreta, como la declaración indagatoria sin la correcta descripción de las circunstancias fácticas afecta el derecho a ser oído, por lo tanto, debe de ser analizado en la procedencia del recurso en cuanto al motivo previsto en el Art. 478 inc. 1° del CPP.-11.Como tercer agravio procesal, alega violación del principio de congruencia, argumentando que los procesados han sido acusados de conformidad a los arts. 105 y 195 del Código Penal en grado de coautoría, sin embargo, fueron condenados de conformidad al Art. 168 del Código Penal, también en grado de coautoría, sin embargo, el cambio de calificación realizado por el tribunal de sentencia no fue advertido a la defensa, por lo tanto, se vulneró el derecho a la defensa.-12.Respecto a este agravio procesal, sí bien se refiere erróneamente a la violación del principio de congruencia cuando en realidad su agravio procesal es por falta de advertencia respecto al cambio de calificación, la recurrente establece cuál es la garantía afectada, el acto procesal defectuoso, y el perjuicio en concreto que le provoca a los acusados, por lo tanto, corresponde su estudio.-13.Como cuarto agravio procesal, la defensa alega violación del principio de sana crítica, en razón, a que el tribunal de sentencia le ha dado un excesivo énfasis a la declaración testifical de los oficiales intervinientes, quienes han manifestado que los acusados se han declarado culpables del hecho punible atribuido, inclusive han reconocido la autoría del hecho.-14.Respecto a este agravio procesal, la recurrente establece cuál es el error en su fundamentación realizado por el Tribunal de Apelación, sin embargo, no explica en que consiste el error que afecta a la regla de la sana critica, y esto es así, porque cuando se alega violación de la sana crítica es deber del recurrente fundamentar cómo y de qué forma las conclusiones o premisas realizadas por el Tribunal de Sentencia violan el principio de contradicción, razón suficiente, los hechos notorios o las reglas de la experiencia, y como estas afectan de manera directa al veredicto de punibilidad; para después explicar cómo estos no fueron analizados por el Tribunal de Apelaciones, y esto no fue realizado por la defensa. Por lo tanto, concluyo que este agravio deviene inadmisible.-15.En resumen, el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 59 del 27 de abril del 2.022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, se halla debidamente fundamentado en cuanto al primer, segundo y tercer agravio procesal planteado, ya que establece de manera concreta y detallada la irregularidad del acto y su afectación al proceso. Además, establece de manera clara y concreta cuál ha sido el error del Tribunal de Sentencia, y que no fue estudiado por el tribunal de apelaciones.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
PROCEDENCIA1.A la segunda cuestión, el Ministro RAMÍREZ CANDIA sostuvo: Luego de haber analizado exhaustivamente el caso, llego a la conclusión que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de casación, por lo tanto, anular N° 59 del 27 de abril del 2.022, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, y por decisión directa corresponde anular la SD N° 44 de fecha 14 de abril del 2.021, dictado por el Tribunal de Sentencia Permanente N° 4 de la circunscripción judicial de Alto Paraná, y como consecuencia ordenar el sobreseimiento definitivo de los señores Fredy Cabrera y Christhian Brítez Ayala conforme con los argumentos que paso a exponer:-2.Teniendo en cuenta los agravios procesales planteados por la defensa de los acusados, pasaré a estudiar el segundo agravio procesal, teniendo en cuenta, que se trata de una nulidad absoluta, y su afectación no puede ser convalidada ni reparada en esta instancia, ni siquiera por medio del reenvió a otro tribunal de sentencia, y esto es así, porque, la declaración indagatoria es un acto procesal propio de la etapa preparatoria, por lo tanto, no se puede retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, en perjuicio para el imputado, cuando la nulidad se trate de una garantía prevista a su favor.-3.Ahora bien, cabe destacar que la defensa plantea nulidad de la acusación por falta de indagatoria válida, y esto es incorrecto, porque la acusación no puede ser anulada, en razón a que el objeto de la nulidad en el marco de los recursos son las resoluciones judiciales, y no los actos procesales tales como la acusación. La falta de indagatoria es un obstáculo procesal que impide a los órganos jurisdiccionales a dictar una sentencia válida, porque el art. 350 del CPP, prohíbe la presentación de la acusación sin antes haber dado al imputado la oportunidad suficiente para declarar en forma válida, conforme con las reglas establecidas en la Ley procesal, y sin una acusación válida, no hay una sentencia legitima por afectarse una garantía constitucional. Por lo tanto, su inobservancia provoca en casación la nulidad de las resoluciones recurridas, y el sobreseimiento definitivo de los acusados, y no la nulidad de la acusación.-4.En la presente causa, tanto el tribunal de sentencias como el de apelaciones concluyeron que las declaraciones indagatorias realizadas a los acusados, la primera en relación a Fredy Cabrera obrante a fojas 5 de la carpeta fiscal, y la segunda en relación a Cristhian Brítez, obrante a fojas 18 de la carpeta fiscal, son válidas, porque ambos imputados han comparecido a la audiencia acompañados de su abogada, el acto ha sido llevado a cabo por el Agente Fiscal, que se le ha explicado el objeto del caso, del ilícito que se les atribuyen en la investigación de los supuestos hechos punibles contra la vida (homicidio doloso), ocurrido en fecha 1 de mayo del 2.017, siendo aproximadamente las 05:00 horas donde resultara víctima Jonny Darío Garcete.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
5.Ambas decisiones poseen errores gravitantes para la validez de la declaración indagatoria; y este consiste en la falta de análisis respecto a las “advertencias preliminares” en cuanto a la comunicación sobre los hechos por los cuales el imputado está siendo investigado.-6.La declaración indagatoria posee una estructura de varios pasos siendo el más determinante el de la intimación, denominado “advertencias preliminares” en la Ley procesal penal que incluye la puesta en conocimiento de los hechos, las pruebas y la calificación legal[3].-7.Para la validez de la declaración indagatoria debe exigirse, primero; que el funcionario competente realice una comunicación clara y concreta de las circunstancias fácticas que se le atribuyen al imputado, de modo tal a lograr su comprensión acabada de aquello que se sostiene que ha realizado o ha omitido realizar pudiendo hacerlo. Segundo; debe hacerse saber al imputado cuáles son las pruebas con las que se cuentan al momento de la indagatoria. Tercero; el interrogado debe ser informado sobre la calificación legal de los hechos que se le atribuyen. Por ultimo; la declaración indagatoria debe ser realizada en presencia del abogado defensor, salvo en los casos en que el imputado sea abogado, y este no elija ser representado por un defensor técnico.-Análisis de la declaración indagatoria de Fredy Cabrera1.Al momento de la declaración indagatoria, el Agente Fiscal, Abg. Enrique Gómez Ruíz, le expresa al Señor Fredy Cabrera cuanto sigue: se le atribuye en la investigación del supuesto hecho punible contra la vida (homicidio doloso), ocurrido en fecha 01/05/2017, siendo aproximadamente las 05:00 horas en donde resultara víctima Jonny Darío Garcete, sindicándose como autores a Fredy Cabrera y Christhian Brítez Ayala -2.De la lectura del acta de declaración indagatoria, la Agente Fiscal, se limita a preguntarle al imputado si tiene conocimiento sobre un supuesto hecho punible, por lo tanto, incumple con su deber de comunicar en forma detallada al imputado las circunstancias fácticas que se le atribuyen, por consiguiente, existe indefensión del imputado, ya que el imputado no sabe de qué hechos tiene que defenderse.-3.Igualmente, la Agente Fiscal, tampoco cumplió con su deber darle a conocer al imputado de los elementos de pruebas con los que contaba al momento de la declaración indagatoria.- Análisis de la declaración indagatoria de Christhian Brítez Ayala1.De la lectura del acta de declaración indagatoria realizada al señor Christhian Brítez Ayala, se puede leer que el Agente Fiscal, Abg. Enrique Gómez Ruíz le manifiesta que: a los efectos de prestar declaración indagatoria en la presente causa, referente a la comisión de un supuesto hecho punible contra la vida (homicidio doloso) y c/ la restitución de bienes (reducción). Enterado del objeto del acto y previa advertencia de las disposiciones contenidas en el código procesal penal y código penal, informándose de sus derechos procesales y constitucionales, así como también que se encuentra en libertad de declarar o abstenerse de hacerlo, el mismo manifiesta que si va a declarar….Dijo: que de conformidad a sus derechos procesales y constitucionales se ampara en el derecho de abstenerse, hasta tener conocimiento integro de la carpeta fiscal, solicitando la correspondiente expedición de copias…”, por lo que tampoco cumple con su deber de darle a conocer al imputado sobre los hechos sobre los cuales versan la indagatoria. En este sentido, el Agente Fiscal sólo le advierte la ley penal supuestamente infringida, sin describir de manera detallada y concreta la acción realizada, o en su caso la falta de la realización de una acción por parte de una persona con capacidad para realizarla. Tampoco dio a conocer al imputado los medios con los que contaba hasta el Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
momento de la declaración indagatoria.-2.Conclusiones. Habiendo establecido cuanto antecede, se denota que en la presente causa las dos indagatorias son irregulares porque el Agente Fiscal Enrique Gómez Rúiz no comunicó detalladamente a los imputados las circunstancias fácticas por las cuales estaban siendo investigados, ni el resumen de los medios probatorios con los que contaba hasta ese momento procesal, y la calificación jurídica de la conducta, a los efectos de que con ello se pudiera lograr una defensa eficiente y oportuna.-3.El código procesal penal, por la incidencia en relación a la garantía del derecho a la defensa en juicio, incluyó la cláusula prohibitiva prevista en el art. 350 del CPP[4], por la que no autoriza, en ningún caso, una acusación sin antes haberse dado oportunidad suficiente al acusado de prestar declaración en la forma prevista en el código, es decir, antes de tomar la determinación de acusar el Agente Fiscal debe dar la oportunidad a que el procesado informe sobre su versión de los hechos, conozca las pruebas que pesan en su contra hasta ese momento y contraste las razones por las que el órgano de persecución penal entiende que se ha cumplido una norma penal; resguardando de este modo que la decisión de acusar del Ministerio Público incluya la valoración de una hipótesis alternativa expuesta por el acusado.- 4.Conforme con lo expuesto, resulta evidente que las indagatorias a las que fueron sometidos los encausados no cumplen con los requisitos legales de dicho acto procesal, y por consiguiente, no pueden ser consideradas como una oportunidad suficiente para brindar la declaración indagatoria que exige el Art. 350 del CPP antes de formular la acusación, por lo que la acusación formulada en estas condiciones resulta irregular.-5.Conforme a lo expuesto al tratarse de una nulidad absoluta, en los términos del Art. 166[5] del C.P.P., no puede ser saneado por tratarse de una fase cuya preclusión es categórica (etapa preparatoria) y tampoco puede ser objeto de convalidación por no tratarse de una nulidad relativa por tanto, está dado un obstáculo procesal que no permite el procesamiento de los señores Fredy Cabrera y Christhian Brítez Ayala.-6.En conclusión, ante un acto procesal de ineficacia absoluta, corresponde ANULAR el Acuerdo y Sentencia N° 59 del 27 de abril del 2.022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, y por decisión directa corresponde ANULAR la SD N° 44 de fecha 14 de abril del 2.021, dictado por el Tribunal de Sentencia Permanente N° 4 de la circunscripción judicial de Alto Paraná, y como consecuencia ordenar el sobreseimiento definitivo de los señores Fredy Cabrera y Christhian Brítez Ayala, por ser ilegal retrotraer el procedimiento a etapas anteriores en grave perjuicio para el imputado dado que la nulidad está basada en la violación de garantía de defensa en juicio en etapa investigativa, lo que se corresponde con la norma establecida en el Art. 171[6] del C.P.P.-7.Dada la forma en que ha sido resuelta la cuestión planteada no corresponde analizar la procedencia de los demás agravios.- 8.En cuanto a las costas procesales, considero que deben imponerse en el orden causado, dada la forma en la que ha sido resuelta la cuestión sobreseimiento definitivo. ES MI VOTO.-9.A su turno, la Ministra Llanes Ocampos manifiesta: Antes de referirme directa y concretamente al análisis de la presentación recursiva, cabe recordar aspectos básicos relacionados a la casación.-10.Primeramente, este recurso responde al principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución paraguaya, en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derechos de las partes procesales, ejerciendo una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico función nomofiláctica y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de la ley penal por parte de los jueces.-11.Asimismo, se orienta a reencauzar el debido proceso cuando éste se ha desviado de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
su curso legal, anulando de oficio o a pedido de parte las actuaciones defectuosas de los órganos inferiores que dieron como resultado un fallo viciado. No obstante, dicha actividad debe ir direccionado hacia la preservación de la verdad y la justicia, por encima de cualquier otro interés o rigorismo meramente técnico o formal.-12.Desde el punto de vista procesal penal, se trata de un mecanismo de impugnación extraordinario con motivos tasados, destinado a controlar tanto la legalidad sustancial de la sentencia como su legitimidad formal, a través de la revisión de todas las actuaciones llevadas a cabo[1]. Con él, se pretende la nulidad de la sentencia casación por infracción de la ley o del proceso y, consiguientemente de la sentencia casación por quebrantamiento de la forma para lo cual, se requiere el cumplimiento íntegro de los arts. 449, 477, 478, 480 y 468 del CPP[2]. Es por ello que el cumplimiento íntegro de los requisitos formales y procedimentales establecidos en la legislación procesal penal es crucial para que el recurso pueda ser admitido.- 13.De esta manera, ajustando estas consideraciones al caso en concreto, adelanto que la presentación recursiva debe ser declarada inadmisible.- 14.En cuanto al requisito de taxatividad objetiva, se observa que la resolución recurrida pone fin al proceso en razón de que el Tribunal de Apelaciones ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por el órgano de primera instancia.- 15.Con relación a la taxatividad subjetiva, el recurso fue interpuesto por la defensora pública Miriam Díaz Benítez en representación de los acusados Fredy Cabrera y Cristhian Britez Ayala. Por lo tanto, se cumple con el requisito previsto en el Art. 449 del CPP.- 16.En cuanto a las condiciones de plazo, lugar y forma, es importante destacar que aunque el escrito de casación fue presentado dentro del plazo establecido la abogada defensora fue notificada el 18 de mayo del 2022 e interpuso el recurso el 1 de junio y por el medio adecuado, carece de fundamentación. Esto se debe a que los motivos invocados art. 478, incs. 1, 2 y 3, CPP no contienen una argumentación clara, coherente y completa que permita a este tribunal realizar un análisis crítico, valorativo y lógico de la resolución impugnada.- 17.Primeramente, respecto al inc. 1 del Art. 478, la normativa exige que la resolución atacada imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años y, que el error se trate exclusivamente de la violación directa de un precepto constitucional (omisión de cumplirla o la inadecuación o falta de correspondencia de la norma con el caso concreto) y no de su quebrantamiento indirecto mediante la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal.- 18.Entonces, se tiene como primer requisito particular para sobrepasar la admisibilidad del recurso de casación invocando el inciso primero, que la resolución atacada se trate de “una sentencia de condena que imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años”. Se aclara que, por lógica, la fórmula “mayor a” no puede ser admitida también como “igual a”, por lo que en la cuestión del cómputo del tiempo de la pena y siendo que nuestro sistema de imposición de penas establece en el artículo 38 del Código Penal que esta debe ser medida en “meses y años completos”, no se admitiría para este inciso un caso de condena a diez años de pena privativa de libertad, tendrá que ser, por lo menos, de diez años y un mes.- 19.Por otro lado, la segunda parte del inciso primero incluye otra cuestión de cumplimiento irrestricto por parte del casacionista y es que se: “alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional”. Esta situación conflictiva con la norma constitucional prevé dos supuestos: el primero, se da cuando el juzgador no observa la aplicación de la norma, cuyo alcance significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, pues no se trata de un error en el modo de utilizarla, sino una omisión de cumplirla. Por otra parte, la errónea aplicación es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto, es decir, una norma es observada o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
20.En este caso, se alega que la sanción penal de 10 años de pena privativa de libertad a impuesta a los procesados Fredy Cabrera y Cristhian Brítez Ayala es arbitraria, debido a que existe una abierta violación de los Arts. 17, inc. 7 y 256 de la Constitución Paraguaya. Sin embargo, esta mención no está respaldada por un análisis detallado del artículo constitucional en cuestión ni su aplicabilidad al caso concreto. Además, no se establece una conexión clara entre la supuesta violación constitucional y las normas procesales que rigen el caso. En consecuencia, el estudio de este motivo deviene inconducente.-21.Por otra parte, la segunda causal requiere para ser admitida: a) que tanto la resolución impugnada en casación como la denunciada como precedente sean fallos del mismo nivel o instancia y traten respecto a una materia común, pues la contradicción debe darse entre fallos del Tribunal de Apelaciones o de éstos con las dictadas por la Corte Suprema de Justicia; b) la resolución a la cual supuestamente se contradice la sentencia impugnada debe ser anterior, firme, válida y sobre la misma materia; c) se debe presentar con el escrito pertinente, copia autenticada del fallo a la cual se contradice la resolución recurrida —TAP— o, por lo menos, individualizarlo claramente —CSJ—; d) se debe realizar una argumentación jurídica y un trabajo de exégesis entre el fallo atacado con el precedente invocado a los efectos de desentrañar los aspectos comparativos que fundaron la contrariedad. Sin embargo, la casacionista simplemente expone que el fallo impugnado contradice otra resolución dictada por el mismo tribunal Acuerdo y Sentencia N.º 36 del 16 de mayo de 2018, en la causa penal individualizada como: “Causa Nº 889/2012 M.P. c/ Alfredo Fidabel Báez y otros s/ Sup. H.P. de Hurto y Asociación Criminal” sin identificar la similitud en la plataforma fáctica, la igualdad en el objeto de discusión y los argumentos esbozados en cada fallo así como el/los punto/s que resultan contradictorios, por lo cual resulta imposible avanzar con el estudio de este motivo.- 22.Ahora bien, la tercera causal para ser admitida requiere que el escrito casatorio contenga: a) una síntesis de los puntos que se estima infundados en la resolución así como las razones jurídicas y fácticas que sustentan tal manifestación; b) una exposición concreta y precisa del daño inferido, las disposiciones que se consideran violadas o erróneamente aplicadas con la debida argumentación como así también, la intención de destruir el error, proyectando hacia la solución favorable; c) una explicación clara de la incidencia de ese vicio o error en la parte dispositiva de la sentencia. En este caso, se sostiene de manera genérica que la resolución del Tribunal de Apelaciones es manifiestamente infundada invocando una gran cantidad de articulados de raigambre constitucional y legal sin establecer una relación concreta y precisa con los reclamos expuestos y sin explicar cómo se aplicaría en el caso concreto, ergo, sus cuestionamientos constituyen consideraciones meramente subjetivas y pareceres convenientes a la parte que no justifican analizar el motivo invocado.- 23.En particular, se reclama “nulidad de la sentencia por violación del principio de inmediación” , basado en que la sentencia del tribunal de juicio ha sido dictada fuera del plazo previsto en el art. 399 del CPP. Sin embargo, esta alegación carece de fundamento, ya que no se detallan las ocasiones en que se concedieron recesos ni la duración total del juicio. Asimismo, no se ha demostrado de qué manera estos recesos ocasionaron perjuicios a los acusados. En efecto, la defensa debió señalar que las suspensiones tuvieron como consecuencia que la sentencia no se hubiera basado en lo percibido por el tribunal sino en las actas, lo que se habría dado si por ejemplo el tribunal en la explicación de la fundamentación de la sentencia aludía a otra persona, o a otros hechos, o mencionaba circunstancias distintas a las acaecidas, lo que de ninguna manera fue expuesto por la litigante que no planteó agravio concreto producido por los constantes recesos, por lo tanto este agravio debe ser rechazado.- 24.Seguidamente, se plantea que el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo infundado al pronunciarse de forma anómala sobre “la supuesta violación del derecho a la defensa (arts. 16 y 17, num. 7, CN; art. 6, CPP) y nulidad de la acusación (art. 350, CPP)”. Según la casacionista, durante el juicio oral y público presentó un incidente denominado “Nulidad Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Absoluta del Acta de Declaración Indagatoria y de la Acusación”, argumentando que el acta de declaración indagatoria de los acusados Fredy Cabrera y Cristhian Brítez carecía de una comunicación detallada del delito imputado, no incluía un resumen de los elementos de prueba en su contra. Sin embargo, la recurrente no explica de manera precisa por qué considera que la fundamentación proporcionada por dicho órgano fue incorrecta, tampoco menciona qué perjuicio irreparable le ocasionó el supuesto incumplimiento formal en el ejercicio de su defensa, lo cual resulta necesario al momento de determinar si se cumplieron las advertencias preliminares establecidas en el Art. 86 del CPP y otras disposiciones relacionadas, así como para evaluar de qué manera se afectó el derecho a la defensa de los acusados. En esta tesitura y teniendo en cuenta el precepto de que no existe la nulidad por la nulidad misma, pues es necesario que el acto defectuoso cause algún perjuicio irreparable al procesado para que proceda la nulidad, el reclamo debe ser rechazado por encontrarse infundado.- 25.A continuación, se sostiene que el fallo del Tribunal de Apelaciones es manifiestamente infundado debido a que no se analizó la inobservancia de los arts. 400 y 403, inc. 8 del CPP por parte del Tribunal de Sentencia. Sin embargo, no se proporciona una descripción detallada de cómo ocurrió el error procesal y la falta de correlación entre la acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia de mérito, a modo de acreditar fehacientemente la violación del principio de congruencia alegado. En su lugar, se utilizan expresiones genéricas para atacar el fallo impugnado y se exponen críticas sin argumentar de manera precisa cómo la decisión adolece del vicio señalado. Por lo tanto, resulta inevitable rechazar este agravio.-26.Finalmente, se argumenta la “violación del reglas de la sana crítica - agravios respecto de la comprobación de la existencia del hecho y la autoría”. En este punto, el reclamo se centra en la percepción de que el tribunal de primera instancia otorgó mayor peso a las declaraciones testificales de los oficiales intervinientes, quienes afirmaron que los acusados admitieron su culpabilidad y reconocieron la autoría del delito imputado. Sin embargo, la parte recurrente no ofrece una explicación concreta sobre por qué la evaluación realizada por el Tribunal de Sentencia fue errónea. No se detalla si la valoración de la prueba por parte del tribunal fue contraria a la lógica, las reglas de experiencia o las ciencias, ni se especifica si la condena se basó exclusivamente en estas declaraciones. Además, no se argumenta por qué la confirmación de este punto por parte del Tribunal de Apelaciones fue incorrecta, por lo que se observa que este agravio no fue debidamente fundado para que sea viable su estudio.- 27.Además de todo lo señalado, la recurrente pretendiendo suplir la exigencia legal de fundamentación que presupone todo análisis de admisibilidad del recurso formulado, a lo largo del escrito, transcribe fragmentos del fallo atacado, artículos del Código Penal y Procesal Penal, pero en ningún caso menciona que relación tiene con el agravio que expone y cómo se aplicaría en el caso concreto. Por consiguiente, ninguno de los cuestionamientos planteados pueden ser equiparados a una expresión de agravios y deben ser rechazados. ES MÍ VOTO.-28.A su turno, el Ministro Benítez Riera manifiesta: Me adhiero al voto de la Dra. Maria Carolina Llanes, por los mismos fundamentos y en idéntico sentido.-29.Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Ante mí: Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
ACUERDO Y SENTENCIAVISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENALR E S U E L V E:1.DECLARAR INADMISIBLE, el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 59 del 27 de abril del 2.022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.-2.ANOTAR, registrar y notificar.-Ante mí:[1]Artículo 449. REGLAS GENERALES. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos, siempre que causen agravio al recurrente. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuestopor cualquiera de ellas.[2]El art. 477 CPP dispone “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contralas sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquéllas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.[3]Esta posición es coincidente con el Acuerdo y Sentencia N° 1.009 del 6 de noviembre del 2.020 dictado en la causa: “Nabor Both s/ Estafa”[4]Artículo 350. INDAGATORIA PREVIA. “…En ningún caso el Ministerio Público podrá formular acusación, si antes no se dio oportunidad suficiente para la declaración indagatoriadel imputado, en la forma prevista por este código…”[5]Artículo 166. NULIDADES ABSOLUTAS. Además de los casos expresamente señalados en este código, serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos enla Constitución, el Derecho Internacional vigente y este código.[6]Artículo 171. EFECTOS. La nulidad declarada de un acto anula todos los efectos o actosconsecutivos que dependan de él. Sin embargo, no se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, cuando la nulidad se funde en la violación de una garantía prevista en su favor. Al declararla, el juez o tribunal establecerá, además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad por relación con el acto anulado.
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