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Auto InterlocutorioSala PenalPenal

Auto Interlocutorio N° 79/2024

15 de marzo de 2024

EXPEDIENTE: “RECUSACION: RECUSACION PLANTEADA POR EL SR OSVALDO SANABRIA CUEVAS C/TRIBUNAL DE APELACION PENAL 2DA SALA EN LA CAUSA OSVALDO SANABRIA CUEVAS S/ HOMICIDIO DOLOSO EN CARLOS A LOPEZ”.-

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EXPEDIENTE: “RECUSACION: RECUSACION PLANTEADA POR EL SR OSVALDO SANABRIA CUEVAS C/TRIBUNAL DE APELACION PENAL 2DA SALA EN LA CAUSA OSVALDO SANABRIA CUEVAS S/HOMICIDIO DOLOSO EN CARLOS A LOPEZ”.

AUTO INTERLOCUTORIOVISTA: la recusación deducida por Osvaldo Sanabria Cuevas, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. Francisca Beatriz Silvero, contra los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Itapúa, yCONSIDERANDO: Que, se presenta Osvaldo Sanabria Cuevas, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. Francisca Beatriz Silvero, a los efectos de recusar a los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Magistrados Augusto Saúl Paredes y Zulma Beatriz Luna. A ese efecto, expresa cuanto sigue: Por el presente escrito vengo a presentar respetuosamente RECUSACION con EXPRESION DE CAUSA contra los miembros de este Tribunal Primera Sala, Excmo Miembros abogados AUGUSTO SAUL PAREDES y ZULMA LUNA...RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA y VIOLAR UN PRINCIPIO CONVENCIONAL DEL PLAZO RAZONABLE, y con ello se verifica una manifiesta CONDUCTA DE PARCIALIDAD art. 50 inc. 13…vengo a presentar una FORMAL RECUSACION contra los miembros del Excmo. Tribunal señalado más arriba, atendiendo a la postura tomada por este este Tribunal que contraria a las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, en relación al PLAZO RAZONABLE, referente al pedido de EXTINCION DE LA ACCION PENAL solicitado que este Tribunal ha hecho caso omiso, que solo se limitaron a imponer sanción a mi defensora y sin embargo, su deber como un órgano colegiado y jurídico y como custodio de la Constitución Nacional primero debieron respetar las normas que son de ORDEN PUBLICO y en ese sentido, demostraron una manifiesta parcialidad hacia una de las partes que es el Ministerio Publico, pues de resolver el Extinción de la Acción, estaría beneficiando a mi personaEste Tribunal entiende perfectamente Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

que el recurso de apelación de la providencia presentada por mi defensora es bien fundado en derecho, pero que ante el capricho del Tribunal de Sentencias de llevar adelante el juicio oral, a sabiendas que un juicio propiamente dicho es muy costoso a mi persona y no solo a mi persona sino al propio poder judicial y el Ministerio Publico, que pretenden movilizar a testigos, peritos y otros para hacer llegar ante el Tribunal a sabiendas que estamos ante una causa que extinguió hace dos años atrás, y en materia de Extinción como Prescripción la Corte viene sosteniendo que se debe resolver ante cualquier instancia, por ser de ORDEN PUBLICO y este Tribunal ha inobservado esta disposición legal y convencional tratando a mi defensora de ser litigante de MALA FE, sin embargo la misma trata de hacer cumplir los principios de economía procesalEn ese sentido, el Tribunal debió haberse expedido del pedido de EXTINCION DE LA ACCION PENAL solicitado en estos autos, por ser de ORDEN PUBLICO…Por lo que solicito a V.E. señores AUGUSTO SAUL PAREDES y ZULMA BEATRIZ LUNA se sirvan separarse de la presente causa, y pasar al Tribunal que sigue en orden de Turno

A través del informe respectivo, los Magistrados Augusto Saúl Paredes y Zulma Beatriz Luna, Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Itapúa, manifestaron: el recusante sostiene que este tribunal de apelación (señalando únicamente a los miembros abogados Augusto Saúl Paredes y Zulma Luna) ha contrariado las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, en relación al plazo razonable, referente al pedido de extinción de la acción penal, que este tribunal ha hecho caso omiso al pedido y solo se limitó a imponer sanción a su defensora, que no se respetó las normas de orden público y por ello se demostró una parcialidad manifiesta hacia una las partes que es el Ministerio Público. Alude que la providencia; tiene el capricho de llevar adelante el juicio oral a sabiendas que es muy costoso a su persona y al propio poder judicial y ministerio público y que estamos ante una causa que extinguió hace dos años atrás y en materia de extinción como prescripción la Corte viene sosteniendo que se debe resolver ante cualquier instancia por ser de orden público y el tribunal ha inobservado la disposición legal y convencional tratando a su defensora de litigante de mala fe pero que la misma trata de hacer cumplir los principios de economía procesalTambién refiere el recusante que existe constancia del pedido de extinción de la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia, circunstancia Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

que fue inobservada por esta Cámara que revela manifiestamente que no busca respetar las garantías del debido proceso, pues de ser así se sabe que no se debe llevar adelante un juicio oral cuando existe una cuestión pendiente ante la Corte Suprema de Justicia pues de resolverse ante la Corte ocurriría un caos judicial y por ello la norma de forma establece expresamente las disposiciones del art. 127 del C.P.P., normas jurídicas que también fueron inobservadas por este tribunal…antes de pronunciarnos sobre la institución de la recusación cuadra resaltar que la representante convencional del recusante, la Abg. Francisca Beatriz Silvero en todas las oportunidades que se ha fijado audiencia para sustanciar el juicio oral y público en la causa ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad, casación, reposición, etc., situación que apuntala a la obstaculización del normal desarrollo del proceso que es el fin pretendido para obtener resolución en un plazo razonable; al respecto si bien el recusante menciona constancia del pedido de extinción de la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia, cabe señalar que dicha cuestión fue tratada y resuelta por esta alzada (A.I. Nº 85 de fecha 16 de junio de 2023) y en este último caso se trata sobre el mismo incidente presentado pero ante el tribunal de sentencia, cuya solicitud fue diferida para el juicio oral y público fijado para el día 20 de diciembre de 2023, y al respecto se deduce que al diferir dicho incidente no resuelve ni a favor ni en contra, ello en consideración a lo dispuesto en el art. 382 apartado 2º del CPP, posibilitando resolver antes del desarrollo de juicio oral y público todas las incidencias planteadas; que reiteramos ante los números planteas formulados por su parte; hasta el día dela fecha no se ha podido celebrar el juicio oral y público previsto para el día 2 O /12 /23…Ahora bien, sin mayores disquisiciones lo que atañe analizar es la correspondencia o no de la recusación planteada por el señor Osvaldo Sanabria Cuevas contra este tribunal de apelación, en dicho sentido primeramente cabe indicar que el art. 50 del C.P.P., textualmente refiere: "MOTIVOS. Los motivos de separación de los jueces serán los siguientes: ..... 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o in dependencia."En ese contexto, y tal cual como esta Alzada ya ha referido en fallos uniformes, las causales previstas en el Art. 50 del CPP exigen un fundamento jurídico concreto, serio y responsable, propugnando el equilibrio entre dos principios del proceso: el de garantía y eficiencia, sumado a la imparcialidad e independencia…Cuando una de las Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

partes invoca alguna de las causales, estas deben ser justificadas y valederas, es decir, que los motivos que lleven a las partes de un proceso, a echar mano de esa herramienta procesal, tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano jurisdiccional, respecto a algunas circunstancias que apeligre su capacidad de administrar recta justicia…Atento a lo expuesto precedentemente también resulta propicio mencionar que se ha venido sosteniendo en sendos fallos dictados por este Tribunal de Alzada que ante decisorios adversos, las partes poseen los resortes legales correspondientes, establecidos en nuestro Código Procesal Penal a fin de rever resoluciones no ajustadas a derecho por lo que la vía utilizada por el recusante no resulta idónea para atacar las resoluciones judiciales como el caso que nos ocupa (recusaciones), por lo que la recusación presentada por el señor Osvaldo Sanabria Cuevas bajo patrocinio de la Abg. Francisca Beatriz Silvero, debe ser rechazada…al no reunir ni los más mínimos requisitos para apartarnos de la presente causa, resulta notoriamente improcedente la recusación planteada, razón por la cual, solicitamos a VV.EE. tener por elevado el informe y oportunamente dictar la resolución que corresponda en derecho, dando lugar a la presente impugnación de la recusación instaurada en autos...

Como cuestión previa cabe recordar que esta Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que el Instituto de la recusación constituye una figura que debe ser interpretada de manera estricta, con recta observancia al principio del Juez Natural, y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre sostenida con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. Contrario, los simples dichos de cualquiera de ellas, dirigidas contra un Magistrado determinado serían suficientes para provocar la separación, lo que conduciría a desnaturalizar el instituto. No debe permitirse que meras afirmaciones sin sustento probatorio, surjan como razones atendibles para provocar el alejamiento de un Magistrado, a cuya competencia se halla el conocimiento de una causa determinada.

Lo expuesto nos lleva a afirmar que las normas que regulan el Instituto de la Recusación exigen antes del estudio sobre su contenido un previo examen riguroso para discernir la admisión del incidente al procedimiento pues, el escrito correspondiente deberá estar rodeado del Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

cumplimiento de los presupuestos formales indispensables para ello, como ser: presentación por escrito, dentro del plazo señalado en la ley, a lo que se debe sumar las condiciones de fundamentabilidad, que se resumen en la demostración de la causal que se alega, apuntalada con los medios probatorios necesarios que demuestren o hagan verosímil su existencia.

La presentación que nos ocupa carece justamente de dicho presupuesto formal pues, se formula sobre la base de suposiciones carentes de contenido que no son más que meras conjeturas. Esta palpable deficiencia en la formulación del incidente de recusación planteada, en términos carentes de prueba, impiden la consideración de los argumentos expuestos por el recusante. En efecto, la pretendida separación en contra de los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Itapúa, carece de argumentación en torno a la demostración de la causal de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia pues, el escrito hace más bien alusiones vagas, imprecisas y generales de supuestas anormalidades, por las cuales el Tribunal de Apelaciones, supuestamente bajo premisas arbitrarias y con intención, fallaría contra los intereses del procesado; no obstante, no se puede deducir la existencia de irregularidad alguna, de la que se pueda inferir parcialidad o falta de independencia. El verdadero motivo de la recusación es su disconformidad con lo resuelto, en oportunidades anteriores en la causa. Estas circunstancias se traducen en un obstáculo insanable para considerar admisible la causal alegada.

Cabe apuntar que, el artículo 343 del C.P.P. prescribe: “La recusación se interpondrá por escrito, en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave”.

Todo ello no hace sino incidir negativamente en la presentación efectuada por la recusante y, conducir indefectiblemente a la declaración de inadmisibilidad de la recusación promovida por el ostensible incumplimiento de las formas indispensables en su presentación. Es mi opinión.

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OPINIÓN DE LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: Considero que corresponde NO HACER LUGAR a la recusación interpuesta por el Sr. Osvaldo Sanabria Cuevas, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. Francisca Beatriz Silvero, contra los magistrados Augusto Saúl Paredes y Zulma Beatriz Luna, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa, por los siguientes fundamentos: Sobre el punto, cabe recordar que la recusación de jueces es un resorte procesal que la ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador, en aras de un juicio justo. Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia.

En ese sentido, la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al Principio de juez natural; y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. En consecuencia, las simples manifestaciones de cualquiera de ellas dirigidas contra uno o más magistrados no tienen la entidad suficiente para provocar la separación, puesto que ello desnaturalizaría el instituto en estudio.

Asimismo, cabe recordar que el Art. 50 inc. 13 del Código Procesal Penal reza: MOTIVOS. Los motivos de separación de los jueces serán los siguientes: 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.” Al respecto, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: “La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave.” Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

Ahora bien, del análisis de la cuestión planteada, se puede inferir claramente que, los motivos aducidos por el recusante, carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que, del estudio de las constancias de autos se advierte, la inexistencia de aval probatorio que demuestre la supuesta conducta de parcialidad, por parte de los miembros del Tribunal de Apelaciones recusados.

El incidentista alega, que el Tribunal hizo caso omiso, en relación al plazo razonable, referente al pedido de extinción de la acción penal solicitado, demostrando una manifiesta parcialidad hacia el Ministerio Público, y que se limitaron a imponer sanción a su defensora; sin embargo, de lo expresado por el recusante, sólo se observa la disconformidad con lo resuelto por los miembros del Tribunal de Alzada, y en este sentido, es criterio de esta Sala Penal que el desacuerdo con resoluciones judiciales no configura motivo de separación de los magistrados. También cabe resaltar, que el recurrente, no fundamenta su escrito guardando las exigencias del Art. 343 del C.P.P. (indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes), respecto a la causal invocada (Art. 50 inc. 13 del C.P.P.); razón por la cual, deviene improcedente la separación de los miembros del Tribunal de Apelaciones recusados.

No obstante, es importante mencionar que, en caso de verse el justiciable vulnerado en sus derechos y garantías, tiene a su disposición las herramientas que el Código de Procedimientos Penales le otorga para obtener su rectificación, instrumentos que no deben ser confundidos con la figura de la recusación que está prescripta para casos puntuales y específicos.

Por todo lo expuesto ut supra, corresponde NO HACER LUGAR a la presente recusación. ES MI OPINIÓN.

VOTO DEL DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA: Me adhiero al voto del Ministro preopinante, el DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por compartir los mismos fundamentos. ES MI VOTO.

POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

RESUELVE:1.- DECLARAR INADMISIBLE la recusación contra los Magistrados Augusto Saúl Paredes y Zulma Beatriz Luna, Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Itapúa, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.

2.- ANOTAR, registrar y notificar.

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