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Auto InterlocutorioSala ConstitucionalCivil y Comercial

Auto Interlocutorio N° 162/2024

15 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUAN PORTA MARTÍNEZ OLAZAR EN LOS AUTOS CARATULADOS: JUAN PORTA MARTÍNEZ C/ LA SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL (S.A.R.I.C.) S/ USUCAPIÓN. N° 1138 .AÑO 2021.--

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ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOYIDA POR JUA¡{ PORTA MARTÍNEZ OLAZAR EN LOS AUTOS CARATULADOS: JUAIT{ PORTA MARTÍNEZ C/ LA SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL (S.A.R.I.C.) S/ USTICIA Asunción, 4J deIto1}, dezBlalilo"a"r,"{$utucionalidad presentada por el Abg. Anildo Caballero Ortega, tación del setor Juan Porta Martínez Olaza¡, contra los apartados 2,4 y 8 de la tiva N' 15 de feeha 20 de febrerode 2020, dictada por el Juzgado de Primera Civil yComercialdel primer tumo fecha 22 de abrilde la circunscripción j udicial de Guaira, y contra de 2021 dictado por el Tribunal de Apelaciones sentencia No 2l de enCivil y Comercial de la Circunscripción Judicial del Guaira y;

CONSIDERANDO:

OPNIÓN DEL MINISTRO DR" CESARMANUEL DIESEL JUNGHAITINS: QUE, el accionante alega que el dictamiento de las resoluciones ut supra traducen senas arbihariedades, incongruencias y exhalimitación de derechos entre lo peticionado por su parte y que lo resuelto en los fallos que se recurren de inconstitucional, y que han afectado la regularidad procesal, violentando y contrariando normas procesales; como así mismo, las de orden público con rango constitucional. Señala la conculcación de los Arts. 40 y 256 2" párrafo de la Constitución Nacional.

El fut. 557 del C.P.C. dispone: "Citará (el actor) además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición. .. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hullan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trómite la acción. " El artículo 12 de la Ley N' 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia defrnitiva o interlocutoria".

Q[IE, estudiados los fundamentos de la acción incoad4 surge que la parte accionante se ha limitado a exponer los hechos y actuaciones procesales ya analizados por los Magistrados intervinientes, sin justificar la conexión con las normas supuestamente conculcadas. No se ha demostrado lesión conc¡eta a normas constitucionales, en atención a que los agravios del accionante t¡Iuucen desacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de to al sostenido por los Magistrados intervinientes, de tal forma a reeditar en esta nes que han recibido oportuno estudio.

tal sentido, esta Sala viene sosteniendo en reiterados fallos que es improcedente a instancia a través de la Acción de Inconstitucionalidad, a fin de rea¡rudar el que han recibido oportuno tratamiento, ello debido a su ca¡ácter excepcional a sujeto a condiciones especiales y concretas siendo viable únicamente; cuando ones de principios, derechos y garantías establecidas en nuestra ley fundamental.--- al caso, resulta importante citar al Prof. Dr. Oscar Paciello Candi4 que en ado: "(...) las discrepancias subjetivas que cualquiera de las partes pudieran tener cola deconimpugnada no autorizan la promoción de una Acción de Inconstitucio la apertura de una tercera instancia que, legalmente, es impos.s.J.)

QUE, en estas condicionoe dado cumplimiento a los requipor las normas legalesrresponderechazo deón, sin triárnitg.

unghanns E. Santander Dans l¡linistroíos Ojeda breon cuesti tos exigidoe... " Jullc Gustavoesaf Mtnl¡irri Mini§tro,,1 puestouna OPIMÓN DEL MINISTRO DR üCTON ÚOS OJEDA: Adhiero al sentido del voto esgrimido por el distinguido colega preopinante, con base a las siguientes consideraciones :

L- La parte accionante sostiene que se han conculcado normas de rango constitucional -Art. 256, 40, 45, 49, 57,, 100, 109, 132- porque, según dice, la sentencia adolece de una falta de funilamentación y que las argumentaciones no resultan coherentes. Además, sostiene que la fundamentación es insuficiente y que se aplicó una ley inaplicable o mal aplicada.- 2.- El discurso argumentativo presentado por el accionante no reúne ta claridad exigida por el art. 557 del CPC. En efecto, nótese que se alude al defecto estructural denorninado como falta de fundamentación al tiempo de sostener, igualmente, una supuesta insuficiente Íirndamentación. Tales afggmentos se excluyen mutuamente por curnto que, si bier¡ ambos supuestos se ünculan con el pÁ"ipio de razón suñciente, sin embargo, la primera implica rura ausencia total de motivación .i"nt ur que la segunda tiene como implicancia que existe frrndamentación, pero, es insuficiente.-- 3.- De todos modos, no se observa que el citado principio haya sido siquiera afectado. Los juzgadores ordinarios plasmaron las razones de hecho y de derecho a los e1éctos de justificar la áecisión del caso. Efectivamente, se explicó que no se reunieron los requisitos exigidos por el art.

1989 del CC, porque no se probó la interversión de la posesión. Va de suyo que en el contexto se concluyó que la posesión no era originariq cuestión ésta que, de cierto modo, es convalidada por el acciorante cuando alude dentro del escrito aquí presentado, por ejemplo, a una calidad de usufructuario -ver hoja 7 tercer párrafo y hoja 9 segundo ptárrafo- o arrendatario -ver hoja 9 cuarto prínafo-. Tales caracieres ratiñcan la posición y conclusión jurídica esgrimitla por los juzgadores ordinarios atendiendo a los alcances del art. l9l I del CC.

4.- En consecuencia, tenemos que la decisión quedó suficientemente justificada y, ademiis, aquellas premisas que han sido asentadas no denotan la existencia de contradicción intema como 1o pretende dar a entender la accionante. De hecho que el cuesüonamiento de la supuesta incoherencia ^adolece de un dcbido desarrollo por cuanto que en este tramo del discurso ni siquiera se individualiza la presunta contradicción recaíd4 careciendo el escrito presentado, naturalmente, de la concretitud 5.- En suma, no se observa una conculcación al debe¡ de ñmdamentación que exige el art.

256 de la CN. Lo que se visualiza es, mas bien, la existencia de un cuestionamiento sobre la base de presuntos defecios "in iudicando" cuestión propia de los rectlrsos ordinarios no así de la acción de inconstitucionalidad.

6.- En cuanto a Ia supuesta infracción al art. 40 de la cN, hay que decir que ésta no se produjo dado que el ejercicio de la acción se efectivizó en sede ordinaria toda vez que kr demanda promovida fue ¿ebi¿aménte sustanciada y llegó a estado de sentencia. En rigor, el dereoho a peticionar a las autoridades fue observado con el ejercicio de la acción y esto es absolutamente independiente a la fundabilidad de la pretensión subyacente en la acción. En efecto, el hecho de que la sentencia no fue favorable a los intereses de la accionante no determina rura conculcación a esta norma constitucional, de lo contrario llegaríamos al absurdo de que todas las decisiones definitivas serían reputadas de inconstitucionales por el sólo hecho de haber sido reclnzadas'-'-"--- 7.- El afl. 49 de la cN, no aplica al caso por cuanto que el bien jurídico tutelado pof esta norna es la familia y lo debatido enla instancia ordinaria se relaciona con los derechos reales y de *"t"oi¿o patrimonial. Lo mismo ha de decirse de la supuesta violación al aIt.106 de la CN' dado que ésta nárma se refiere a supuestos de responsabilidad del funcionario público. Los art. 57 y 100 de h CN, tampoco aplican al caso po¡ cuanto que son mandatos de optimización a ser observadas dentro de las políticas sociales del Éstado. Tampoco se ve afectado el art. I 09 de la CN, ya que el accionante fue privado de sus derechos dominiales; y aunque lo hubiese sido. cosa que técnicamente no ocurrió atendiendo a la pretensión demandada- de igual modo, la decisión se sostiene sentencia definitiva mediante tal como lo prevé la norma constitucional citada'

ORTEACCIÓN DE INCONSTTTUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR JUA¡{ PORTA MARTÍNEZ OiAZAR EN LOS AUTOS CARATULADOS: JUAITI PORTA MARTÍNEZ C/ LA SOCIEDAD ANÓNIMA RT,}RAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL (S.A.RI.C.) S/ usucAprÓN. No 1138. AÑo 202r.

PREMA STIC[A no hay velode que el art. 16 de la CN, fuera infringido por cuanto que de actuó en juicio en p¡ocr¡ra de sus derechos sin re§triccionesinfiere que la éstos. Prueba dees que apeló la sentencia definitiva y su ¡ecurso fue objeto de organo revlsof.

9que esta acción, dado su carácter excepcional, no puede ser iticonformidad al Art. 5del CPC, en concordancia con el Art. 12 delaley 609195, toala quepresente acciónno denota la existencia de una posible lesión constitucional. debe seresta acción por tal motivo. Es mi voto.

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" Se adhiere a la opinión del Ministro Victor Ríos Ojeda.

PORTAIT{TO, IA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

TEIIER por reconocida la personería del recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar señalado.

ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas RECHAZAR "in limine " la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Abg. Anildo Caballero Orteg4 en nombre y representación del señor Juan Porta Martínez Olazar, contra los apartados 2,4 y 8 de la Sentencia Definitiva No 15 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del primer tumo de la circunscripción judicial fundamentos expuestos en el ANOTARvnotificar nder Gustav Ministro Abg.sentencia No 2l de fecha 22 de abril de 2021 dictadoribunal ial de la Circunscripción Judicial dellos lapresente resolución.

iesel JunBhanns ini§tro C5!' Dr. Vlcto¡ Ríos Midstro sar lviI De esta manerq resulta de Guair4 y contra el Acuerdo y de Apelaciones en lo Ciül y Oieda