RTEDE INCONSTITUCIONALIDAD BERNARDINO BARBOZA Y SENTENCIA Núunno: ^Ló ,rcvb nh Paraguay, a los ho , estando5i€ )t se debe t¡atar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación o cesantés o; que se retiren voluntariamente.-'J' :
E. Santander MinistroYuno - trdías, 110en la Sala de Cortelos ExcmosMinistros de la Sala Doctores,DIESELvÍcron nÍos se trajo KOJNLA LE nombre y en representación del señor BERNARDINO BARBOZA KOJNASKI Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justici4 Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La Abg. Evelin Marivel Ramirez, en nombre y representación del señor BERNARDINO BARBOZA KOJNASKI, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'' contra la NOTA N" 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.-- Refiere que el artículo impugnado le priva a su mandante de disponer de sus aportes que por. derecho le corresponde. Sostiene que el señor BERNARDINO BARBOZA KOJNASKI, ha:iido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicioó, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendopor sido formulos principios consagrados en los47 y 109 de la ConstituciónNacional.
la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez como lo ha relatado la representante, el señor BERNARDINO BARBOZA no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a losde alde los aportes que realizara durante su gestión en la entidad s, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo y 109' de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "o Todos los habitantes deica son igualespor De laa los trabaj Abg' lnistro D,./r"ií,llíiOiedaI acumulado laprevista en la Ley, ademas de haber Funda l:rl y derechos. No se odmiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos'e impedirá factares que, las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan.como desigualdades ,injustas no serán consideradas como factor'es discriminatorios , siha En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita Ia naturaleza jurídica de los aportes realizados ala.Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recurso.,,", artículo 11o, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con lon' disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja" En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y R:au: "la propiedad es el derecho de gozor y disponer de una cosa s,itl más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Eru:iclopédico de Derecho Usuol", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 200 . Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, baio ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes ,lr1 forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribu,Jiones que por derecho posep sobre, los aportes realizados a la Caja, la representante rcclama la devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de c,tros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti'¿rl constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una. parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposr'c'iones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de es,:»; derechos en caso de incumplirniento, establecen: "Coruesporlderá la devolución de sus' aportes a los funcionarios que...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados tsimple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor BERN,{RDINO BARBOZA KOJNASKI, circunstancia que también colisiona con la garantía cr:nstitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: ",le privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su Junción económicoy social, afin de hacerla accesible para todos..."
Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución Nacional autoriza ciertas limitaciones de derechos partictrlares.
En mi opinión, el interés general comprometido en la sitr.r¿rción analizada sería siempre, con base al principio de solidaridad social, el sostenimiento rle la Caja Jubilatoria,F a esta delque al que la plazotres (3)se halla tengaINCONSTITUCIONALIDAD PORBERNARDINO BARBOZA ART. 41O DE LA LEY " El derecho a solicitar laa( párrafo 6e¡q,ifúLQig{Hl ;i, 1 ptinf*dodel afiliado de su los aportes serán rechazada respecto,, a esta parte del artículo la acción de inconstitucionalidad En cuanto a la NOTA N" 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, acta No 12 de fecha 74 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacer lugar parciálinentb a lh u.ói6n y en consecuencia declarar la inaplicabilidad áel 41o de la iey Ñ''ZSJBlZtl0ií "gue sustituye las leyes No 73191 y f802/01 de ta Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor BERNARDINO BARBOZA KOJNASKI, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C.
A su tumo, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo:
1.-LaAbg. Evelin Marivel Ramirez, en nombre y representación del señor BERNARDINO BARBOZA KOJNASKI, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de ia Ley N" 2856/06 ")UE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" contra la NOTA N' 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. Para el efecto, acompaña instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.-- alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qtJe "(...) debemos iendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas solapadamente bajo ciertos requisitos la imposibilidad de ejercer aquél así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de el total de sus aportes enforma ilqgítimo... ", 4l de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.-2 stavo E. Santander Dans Ministro D¡.valaAbg' csl.
NlidstroI ,ik ii:lr:iir rüIrtr[1{rlr rifi;¡!t¡lirií fHl'üriii {itir{tt"jl cesantes o que se retiren voluntariamenfe de las entidades donde pf!!§!an servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortízaci(ln o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devalución los aportes pa;ronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes arescribirá después de tres a,ñgs ¡ltl refiro del afíliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo (oso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (nei4t'itas y subrayados son 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la n«:,rm a atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podran acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derectro a lajubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, laLey N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICL'L,OS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA C,.I.IA FISCAL. SISTEMA DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en su Artículo lo dice: "Art.
9o.- (...) Aauéllos que se retiren de la función pública sin reunir los ,requisitos para ucceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la [,ey N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA AC(IMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrci,: EN LAS CAJAS DEL SISTEMADEJUBILACTNYPENSIPARAGUAYOYDEROGATLARTICULOIODE N,4!É!!-@i!t!'. ta devolución-del 90% (noventa por cientol de sus aportes realizados, aiustados por la t,oriación del Indice de Precios al Consumidor (JPCI del Banco Central del Paraguav." Q',Jegritas y subrayado son míos).6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato rlispuesto en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, a[ pri.'rar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en ura total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestjonada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de ,las Í'ersonas",4'7 "De los Garantías de la lgualdad" y 109 "De lo Propiedad Privada" de nue:straLey Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años alel retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. E:; dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta ca¡acterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional. quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce u las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de ll:r norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encor¡tr-arse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada ppr el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.IJIi i'ilir:fii;i STICPO han defini4o. sU, alc"illc§. y efg.qtqs, regulando creador de derechos que permite adquirir el ajenas una carga ladeacclon señaladas enley.
encontraría sometidolltm*t{r adquisitiva o usucapión)o bien como un medio de extintiva o ciertotiempo apaslvo urídicode una que hainactuado durante unperiodo civil de p0rdel dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
I l.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por duien'tirene iriterés dn éllo "durante;el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez.La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, la Caja e interés "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las queevidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien por mandato constitucional a establecer ciertos límites que . Nuestras nornas gararfiizany reconocen el derecho a la vderechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todosel queel instituto de la prescripción, porel mentado orden a su vez a la seguridad jurídica que.a la sociedad Amaya, J.(2018).convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Aires,Astrea. Pá9. 60.- Gustavo E. Santander Dans Ministrode en su Artículo 657 dice: "La prescripción del derecho durante el tiempo establecido por nace la noilna hoy impugnada, reuniendo los Ccsar lvi. Diesel Mlnlitro t§J.Dr. Víctor Rlos Oieda Ministroade de controlI rliil,1 ti ;iitl!ii: como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al !'l'lPttq ru i i r'" in,r', iIiilor 1r¡,, i' ,, instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone e,l Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener qug una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución ,:1r: aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen p,luzos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (.colectivo, se priva de 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden pútrlico y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por 1o que dispone el Art.
128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de lo,r particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como, se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constilucional hace referencia a que ."(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la imenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo QUe ncr podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la NOTA N" 22361202.2 de fecha 30 de mayo de2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleaclos de Bancos y Afines, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misrna suerte que el art. 4l de la Ley N'2856/2006, precedentemente estudiado 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentti aquí sostenido. opino que corresponde hacer lagar parcialmente a la presente acci(rn de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor BERN,{RDINO BARBOZL KOJNASKI la inaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley N" 2856/0(t, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a l0 años, manteniéndose incólume lo demas en todos sus términos, y la NOTA N" 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja de A su tumo, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La Abg. E'r,;lin Marivel Ramirez, en nombre y representación del señor BERNARDINO BARBOZA I,i.OJNASKI, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la L,,:',,' No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1,802/01 *DE LA CAJ.A DLI JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIO$ DEL PARAGUAY'' y contra la NOTA N' 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja de iubil;aciones y Pensiones de Maddaloni, O.A; Tula D.J. (2008). Prescripción y Cpducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina.
STIC de susa los y que no se retirenINCONSTITUCIONALIDAD BERNARDINO BARBOZA a los Arts. 46, 47 y 109 de Ia "Artículo 41. - Corr'espénderá antigüedad superior a despedidos, dejados El derecho a del afiliado de aportes serána( ART.4 las: rsr{ deen razon del c o canceldeSUcon los diez cesantes podrá merna m obligación. solicitar la su trabajo, aplicados ala seran que el Que la representante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa enrazón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de gntigüedad requerida para el efecto, además haber solicitado de forma extemporiánea, lo cual infringeprincipiosynofInaSestablecidosenlaCartaMagna.--.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosríndolo por pánafos. --- El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente,limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
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Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados hesus,finesespe,óíficosyqüedebenestardisponiblespara§usobjetivos. Siguiendo el alcance de este lineamiento, lanormativade laCaja, en suArt.6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiariosla Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran y son interdependientes unas con otras, siendo todas, fundo espíritu.
el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de lasen asimismo, no admite discriminacionesel alguna entre trabaj adoresbien, el ustavo E. Cesar M. DiÉsel &nghanns Minibuo CSJ. Dr. Vlctor Ríos8 Ministrons MinistroOieilalfli admitirse que ilil'l :! : caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías rrc, enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su «lignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescinrlir lar aplicación del primer prírrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 al caqp concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder-ál retiro de los aportes iubilatorios Nótese que el último pánafo de tal normativa - Art. 4l- prescrrbe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgtíndole una prescripción liberaloria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio comprende una vulneración al principio de igualdad -. Alxrndando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Facto San José de Costa Rica, internalizadapor Ley l/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y' las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizérndolas si ellas hubiercn sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósitc) para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus lírnites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra CartaMagna reconoce la propiedad privad;n, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras ¡,r su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo caractrsrísticas que inspiraron su legislación diciendo " ...8n primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3".
En el contexto de una sociedad democrática - donde se proolama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, gararttiza el goce y el disfrute de la se¡guridad social para el beneficio individual de toda la población tr4bajadora, otorgando a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que eniel libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.TI,uPablo Lucas Verdú, r::ita la Frosini diciendo " ...cada ley incluida la rnás concisa, como el fragmento de un es:pejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo eslun orden a seguir', sino la actuación de un principio Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p.957.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecln - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, ca.be destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rutrros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. .:i.1 de la Ley 1626 y art.
9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por estil Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- REMA STICIA conexlon como disposición y/o varias deellas implica entraña la de todos sus..ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BERNARDINO BARBOZA KOJNASKI C/ ART.41O DE LA LEY NO2856/06.-". NO , ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones contenidovo y del vsignificativa, con otras disposigiones que ". ..la interpretación de una de toda la Constitución, es decir Así la e¡égesis apuntada armoni|fl con la hisposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley N'2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tigmpo prydencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que revlste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.
Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este óaso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen catgas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
Por último, el recurrente ha impugnado IaNOTA N" 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes del afiliado por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art. 41 de la Ley N" 2856/2006 precedentemente analizado. -- En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en binre"áilab disposiciones normativas citadas y visto los términos del Dictamen Fiscal N' 1300 de fecha 27 dejulio de 2023 obrante a fs. 14116, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73l9lY 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parÍe donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA N" 223612022 de fecha 30 de mayo de2022, dictada por la Caja de Jubilaciones yPensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente accionante de conformidad a lo previsto Con lo certifico,contenido en la norma, en 555 del C.P.P. Es mi voto SS.EE., todo portodoal eqtc*,lhl"iil"i JI.,li I Iacto, quese diomí, de Gustayo t Sanfander Dans Minístro Dr. Víctur Ríos Oieda Ministro1,1 de los té'nhinos de que estas ilift,illl¡ i:,, r"l illrlrr,ir,,l(¡'iili.,1 ACUERDO Y SENTENCIA IVÚUNN«I I 7Q4.
Asunción, de mg'r2'O VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de InconstituciorLalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d.e Empleados Bancarios del Paraguay",en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de Ia devolución de aporte juasí como la NOTA 223612022 de fecha 30 de mayo de 2022, dictada por la Caja dey Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, con relación al señorBARBOZA KOJI'IASKI, de conformidad a lo establecido.P.
ANregistrar Ministro Ante Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Yíctor Ríos Oi""' Ministro Ju$oc MF('t osecReiaira S JUDICiAL l,lrI