@ffi ACUERDO Y SENTENCIA N'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR CINTHYA MARLENE MET{DOZA BORDON C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/200,6 QrrE SUSTITTTYE LAS LEYES pvoola, de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a del a-ño dos mil en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de la Sala Consütucional, Doctores CESAR MAIÍUEL DIESEL JUNGr{ANNS, ÚCTOR RÍOS OJEDA Y GUSTAVO SAIITAIIDER DANS, ba¡g la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorízante, s;e trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓff pp INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVTDA POR CINTIÍYA MARLENE MENDOZA BORDON C/ ART. 41" DE LA QUE SUSTITIIY-E LAS LEY-ES 73l9LY L$O?|2OOL, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Cinthya Marlene Mendoza Bordón por derecho propio y bajo patrocinio de Abogada.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determina¡ el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGHANNS y VICTOR nÍos oJEDA.-- A LA CI'TSTIÓN PLITNTE.ADA EL MIMSTRO DR. GUSTAVO SANTAITDTR teseSe presenta la Sra. Cinthya Marlene Mendoza Bordón a promover acción cionalidad contra el artículo 41 de LaI*y N' 2856/06 "QUE SUSTITUYE Nros. 73191Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES S BANCARIOS DEL PARAGUAY disposición atacada de inconsütucional establece: Artículo 47 la deuolución de sus aportes a los funcionarios c[ue anenten con una.
superior a los diez años y que no tengan derecho a la dejados cesantes o qlte se retiren uoluntariamente de las seruicios. La Caja podrá. optar por la aplicación della o cancelación de suNo serdn susceptibles deIos Gustavo E. Santander Dans02 monto Cesar Ministro CSJ. MinistroDr, roOjedo,l aportes patronales. El derecho a solicitar la deuolución de aporfes prescribirá. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo Ete el' mismo tenga deuda con la Caja, en cuAo caso los aportes serdn aplicados ala amortbación o cancelación de su obligación La accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consirgración consütucional.
Sostiene que la disposición impugnada establece una discrinúnación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria aI disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 1O3 y 109 de la Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la nonna impugnada otorga el rlerecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y lbnsiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionsrir:rs despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitáurdolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a díez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoiza qta,e los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban est.ar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegura-r a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, especíñcamente, e1 art. 1 I otorga la titularidad exclusiva de l«rs fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar Ia idea expuesta, es dable reco¡:dar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico'.
contenido ideológico y social que sirven de directriz a] fitndarnento y a la justificación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones ACCIÓN DT INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA PiOR CINTHYA MARLENE MENDOZA BORDON C/ ART. 41" DE I"A LEY N" 2856/200,6 QIIE SUSTITIIYE LAS LEY'ES encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, para comprender su profundo espÍritu , el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de su dignidad y en sus derechos; asimismo, flo admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite üscriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a frn de gararrtizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- ia responsabilidad de garanüzar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norrna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la l,ey 122193), Funcionarios Riblicos (art. 53 de Ia Ley 1626 y art. 9 de la Ley 23451. TaI situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso 1a parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para de los aportes jubilatorios.
sión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promoüda; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se mínima de diez a.ños para proceder al retiro de los aportes , de conformidad aI Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
TURNO, EL MINISTRO DR. CESAR DIESELDIJO: La deduce la Acción deR§MA Jufto Cesar M. Diesel Jnnghanns Mlnlstro CSJ.
Gustavo E. Santander Dansc. artícu1o Ministrocontra Dr.1 de LeyI 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73 t8O2!,lOI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.
Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la anügüedad previs'[a en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o ces¿rntes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como 1o ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconsütucional por conculcar 1o preceptuado por los articulos 46'y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. No se admiten discriminaciones. ]ll Estado remoueró. Ios obstdculos e impedirá.los factores gfite las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios" - - - - "Artícttlo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará. a todos los habitantes de la República: 1) la igrualdad para el acceso a la justicia, a ango efecto allanaró" los obstdculos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a lc"s funciones públicas no electiuas, sin. mas requisitos que la idoneidad, A 4") la igualdad de oportunidades en la participat.ción de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la qtltura".-- En 1o relacionado aI ma¡co legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio'' , Capítulo Primero " De la Formación de Rea)rsos" , artículo 11", primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad d.e los benéficiariop..dg la ORTE PREMAACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR CINTITYA MARLENE MENDOZA BORDON C/ ART. 41" DE LA LEY QUE SUSTITTTYE LAS LEYES , cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecho de gozar A disponer de una cosa sin mds limitaciones en las leges..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Editoial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: 'Los fondos y renta.s q[ue se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Cotresponderá.la deuolución de sus aportes a los funcionarios qrc...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.- condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados , como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la y que no cuenten en consecuencia con los a-ños requeridos para la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente corno o absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos s simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus en eI caso particular, de la señora Cinth¡ra Marlene Me c1rcunque también colisiona con la garantía constitucionalen el artículode nuestra I*y Cesar M. DieselGustavo E, Santansr Ministroque dispone: "Se Dreda Ministro CSJ.
priuada, a"tgo contenido y límites serdn establecidos por la Leg, atendiendo a su función económica g social, a fin de Lncerla accesible para todos. Por las consideraciones expuestas y en concorda¡rcia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41'de la Ley N'2856/2006 "eue sustihtye las leges N" 73/91 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones g pensiones Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Cinthya Marlene Mendoza Bordón, ello de conformir:lad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
1.- A SU TIIRNO, EL MINISTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, diJo: La accionante Sra. Cinthya Marlene Mendoza Bordón promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "QLIE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/ 91 Y 1802/ 01 DE LA CAJA DE JUBIL,AC]OIVES Y PENSIO/VES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, a«::ompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionaria banc¿rria 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportarttes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRIVADA de sus titulares 3.- El Artículo 41 de la Ley t{" 2856/O6, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoond.erúlo deüoluciónde sus apottes alos fttncionan'los que cy.tenten con un antioüed.ad superior a los dlez o;ños u que no len;qo;n derecho a la lubilolción, oue fuesen despedld,os. delados cesantes o que se rethen ooluntan'l.amente de las enüdades donde orestan setttit:t_io. La Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancela':ión de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales. El .$ereclrc a solic,ttar la deooluclón de l¡oortes orescrlbiráde fi,g,s orños del retlro del afrllado de su trabajo, saluoqte el mismo tenga deuda con la Cqia, en qtAo caso Ios aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) Wr4.- En cuanto a la interpretación letrista del primt:r párrafo de.ll.norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una *dgü"d"d.
superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aporl.es siempre y cuando no tengan derecho a Ia jubilación, fuesen despedidos, dejados «:esantes o se retirasenV corespondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo suJeta al llbre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse detimitado por el lnterés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada po:r el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definidc, su alcance y efectos, regulando la, "prescripción", como un elemento creador d,e derechos que permite adquirir el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisitr.va o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción exüntiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bqio las condiciones señaladas en la ley. De esta rnanera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontrarÍa sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del <.lerecho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extinüva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente e:dgido y la inacttvtdad o sllenclo del titul,ar del derecho a reclamar durante dicho plazo. Asi, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aport.es (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de rsolicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo preüsto en la ley". De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre erl particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayo,: yulnerabilidad.
La Caja Bancaria es una entidad previsional, por ta¡rto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidadqq, para 1o cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina l,iene dicho que se détre-i,,,¡ extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidacl. en favor de esa franja -9!ORTE TAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR CINTITYA MARLENE MENDOZA BORDON C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/200,6 QIIE SUSTTTTTYE LAS LEY-ES vulnerable .
) pero jamds una diferencia en perjuicio de este sector esto 1o que justifica la prescripción exüntiva prevista en la cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que üenen todos los afrliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular I2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normaüva impugnada. Dota de seguridad y estabilidad aI patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podrÍa originarse por la interposición tardía de 1as reclamaciones, 1o que eüdentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza eI correcto funcionamiento de l¡a.
Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo 1o relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas gararttizalrt y reconocefl derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez alit, seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones juridicas que hagan posible sostener que una conclusión como arribada -prescripübiüdad del derecho a solicitar la devolución de aportes por part,e del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema Ia doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Pcr todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral Ln desestimado en forma reiterad,z los planteos de ínconstitttcionalidad respecto de las norrna,s qte establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de lade los derechos, A que, en aras de unr colectiuo,priua de Cesar M. Diesengha Ministro CSJ.
Amaya, J Derechos yalos ejercita en el término2_ AGustavo E, Santander Dans " r rlúi}§I/ R, it u c i o n a I i da d y c o nv e n c i o n a I i da d. T o m o 4. Astrea. Pág.60.- (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. I novs§ .C oih ói!ñl§!fge cctor(. 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qlae "Dn ningún caso el interés de los particulares primará. sobre el interés general". Si nos ul5icamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nonnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se uüliza el conector prohibiüvo uen ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, tambiéin dijo la corte que la lrlrenunciablltda,d de tos beneficlos proplos de la .segurl.dad. soclal no eslncom¡»atible con el lnstltttto de la prcscripclón, por lo que no constlütgen detechos sine die 1...f3 (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interésr social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".-- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que coresponde hacer lugar parclabnente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 2856106, exchtsluamcnte en la parte que establece como condlclón pana.la detloktción de los a¡»ortes el requlsito de contor con una antlgüedad superior a 7A años, manteniéndose incólume 1o demás en todostérminos. Es mi voto.
1o queSCel acto, firmando S.S.E.E., todoante de que1atencia que inmediate Cesar M_. Dielet Jung ñ4inistro CSJ.SantanderDans GustavoDrr.Red.a MinistroE.
Ante Julio C. Pavón eecretariode derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.-?a xs¡¡ilrrñ4 CORTE SupnrMA "rlus'rICIAecctóu DE rucorsrrrucroxAlrDAn PROMOVIDA POR CINTIÍYA MARLENE MENDOZA BORDON C/ ART" 41" DE Llr LEY n' 2856/2006 QI,E SUSTTTIryE LAS LEYES AcrrpRrx) y Asunción, ? de ,n del Acuerdo que anteceden, la.-- CORTE SI'PREUA DE JUSTICIA
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente ala acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar 1a inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N" 285612006 "Que sustituye las leyes N" 73/9L y l8O2l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones c1e Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigiiedad superior a üez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio, con relación a la accionante CINTHYA MARLENE MENDOZA BORDON, de conformidad a 1o establecido en el art. 555Procesal CiüI.
Anfufef:fi,I. DieselJ Ministro CSJ Santander Dans inistroGustavo E.
MDr. Ojeda ort 1 5-eli .uoL¡ o,JtltJtü! Pavón MartínezF,,I'. vQ-ia