CORTE SUPREMA DEJUSTIClA JUICIO: "ACCIÓN DE JNCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: 'ACCIÓN DE NULIDAD PLANTEADA POR ZENEN CHAMORRO GARCETE Y CARLOS ANTONIO PORTILLO C/ LAS RESOLUCIONES Nº 504/06 Y OTRAS, DICTADAS POR , EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE (T.E.I.) DEL P.L.R.A. EN EL DISTRITO CIUDAD DEL ESTE" Asunción, s de mor -io
CONSIDERANDO
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA: QUE, previo al análisis de la cuestión sometida a estudio de la Sala Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, se denota que el accionante promueve acción de inconstitucionalidad sin especificar que principios o garantías constitucionales habrían sido vulneradas en el dictamiento de la resolución impugnada, como exige el art. 557 del C.P.C., requisito indispensable para el QUE, además corresponde señalar que a la fecha, la relación que generó la interposición de la presente acción ha sufrido alteraciones debido al tiempo transcurrido, lo cual significa una variación en el resultado, tornando inexistente el conflicto, al momento en que ésta Sala se expide sobre la viabilidad o no de la misma, en razón de que ya no se aplicará más al solicitante.
QUE, en referencia a lo mencionado, cabe recalcar: "Desaparición sobrevenida del Objeto, Ángel Gómez Montara cita lo afirmado en la STC 96/1996 en cuyo fundamento jurídico 31 º se dice literalmente que: "el conflicto solo puede ser resuelto en la medida en que permanece vivo, careciendo de todo interés público la resolución de cuestiones periclitadas" (vide: Cuadernos y Debates, m. 66. La Sentencia sobre la Constitucionalidad de la Ley. Tribunal Cons ucional.
UEt del análisis realizado se concluye que la alteración de las circunstancias qula mo iv on, tlace que ésta haya perdido toda virtualidad práctica, a ese respecto cabe car lo sos e do pJr esta Corte en diversos pronunciamientos que la sentencia "debe sujetarse a la sit ac 'on vigente en el momento en que se dicta. Y como que al presente, por las razones expuestas, los uestos de hecho se han alterado sustancialmente, cualquier pronunciamiento seria una pr ia iento en abstracto, lo que es vedado ya que la Corte solamente puede decidir en . aglat do las n Ministro or Manu oe¡esús Ramír z candi . MINSiM Cesar M, OtI Jynghanns Ministro esJ.
procesal para dar trámite de rigor a laGicción de inconstitucionalidad incoada. Así, en caso de no cumplir con los requisitos formales, de modo, tiempo y forma, la cción incoada debe En cuanto a los requisitos de tiempo, tenemos que el Art. 717 de Ley N635, Que Reglamenta la Justicia Electoral, establece que el plazo para deducir la ílcción de inconstitucionalidad en materia electoral es de cinco días, a partir del conocimiento del instrumento En el caso de autos, la resolución impugnada fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia Por remisión expresa del Art. 37, de la Ley N'.;. 635, se aplican supletoriamente y cuanto fuera pertinente, las normas procesales del Código Procesal Civil. En consecuencia, rige en materia de notificaciones, lo dispuesto en el Art. 131 del citado é1:1erpo legal, que prescribe: "NOTIFICACION AUTOMATICA. Salvo los casos en que proceda la notificación por cédula, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones quedarán notificadas en todas las instancias el día martes o jueves inmediatamente subsiguiente a aquel en que fueron dictadas, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado".
Así, por aplicación de la norma precedentemente citada, la resolución atacada de inconstitucional por el recurrente quedó notificada a las Í5artes el día martes 12 de gasto de 2008.
En consecuencia, el plazo de cinco días para promover laakción de inconstitucionalidad contra dicha resolución venció el 21 degosto de 2008, a las 09:00 hs., en virtud de lo dispuesto en el Art. 71 de la Ley de la Justicia Electoral -ya citado- y el Art. 150 del Código Procesal Civil.
Sin embargo, la ácción en estudio fue planteada recién fecha 27 de-gosto de 2008, conforme consta a f. 7 vlto. Por lo que no cabe más que concluir que la'acción que nos ocupa ha sido planteada fuera del plazo de cinco días previsto en la ley, siendo así insanablemente extemporánea; por lo que corresponde rechazar in limine lacción incoada.
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN: El Artículo 72 de la Ley Nº 635/95, establece procedimientos y plazos que deben seguir las demandas de inconstitucionalidad incoadas contra resoluciones, en materia electoral. Dicho artículo dispone: "Trámite. Presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia, previo traslado por el plazo de cinco días perentorios al Fiscal General del Estado, dictará sentencia en el término de diez días. En todo lo demás, se aplicarán supletoriamente las disposiciones pertinentes de la Ley Que Organiza la Corte Suprema de Justicia y el Código Procesal Civil." El art. 3 de la Ley 609/95, modificado por Ley 4542/11, sobre los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en pleno, dispone: "Conocer y decidir en procedimiento sumarísimo en los recursos y acciones que se interpongan o promuevan contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de acuerdo con el artículo 275 de la Constitución y en los casos previstos .en la En fecha 12 de agosto de 2015 entró en vigencia la Acordada 979/15 que dispone: "Art. 1 º. - Las acciones de inconstitucionalidad, una vez presentadas ante la Secretaría Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de CORTE UPREMA USTIClA JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CHAMORRO GARCETE Y CARLOS ANTONIO PORTILLO C/ LAS RESOLUCIONES Nº 504/06 Y OTRAS, DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE (T.E.I.) DEL P.L.R.A. EN EL DISTRITO CIUDAD DEL ESTE" nisibilidad o no, en el plazo máximo de veinte (20) días. Art. 2.- Disponer que, Es importante recordar que, conforme a lo establecido en el art. 172 del Código Procesal Civil, el plazo para que opere la caducidad de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses.
Siendo el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento.
En ese orden de cosas, el art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal ... ", de igual forma el art. 174 establece: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes". Aquí, examinaremos si se dieron efectivamente los requisitos que hacen procedente su declaración, es decir, si hubo inacción procesal imputable a la parte interesada en mantener vigente la instancia durante el plazo previsto en el art. 172 del Código Procesal Civil.--- abido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que o era de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde pulsar 1 trámite; es decir en el abandono de la instancia. Es importante recordar que, la instancia nte la cuestión a través de la promoción de la demanda. Lo único que interesa, dice yran , es que "exista una demanda y que la misma haya sido presentada ante un tribunal, para ríncipe el cómputo del término de la perención" (LOUT A YF RANEA, Rob rto G. y EJERO LÓPEZ, Julio C. 2014. Caducidad de la instancia. Segunda Edición. Bu os Aires: Dii''to, y revisado el expediente, se colige que, esta demanda fue presentada e echa sto de 2008, según cargo obrante f. 7 vlta. Desde esa fecha, no se comprueba e hubo r idóneo para impulsar la instancia, habiéndose cumplido en exceso el plazo de seis meses a ividad establecidos por Ley para que se produzca la caducidad de la instancia, en vista de lberto i Gustavo E. Santander Dans Ministro -, hanns Cesar wC.Sl disposición recientemente mencionada, sin que exima a los accionantes ele la carga de impulsar la Esto decimos para indicar que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado una resolución de mero trámite, o si se quiere llamar, de admisibilidad de la acción, no está incursa en el art. 176 literal "c" del Código Procesal Civil, en virtud del cual no es posible pronunciar la caducidad de la instancia cuando en el proceso estuviere pendiente alguna resolución y la demora en dictarla sea imputable al juez o tribunal. En nuestro criterio, no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la caducidad. En efecto, las resoluciones que solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el art. 173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. Sólo la pendencia de resoluciones que deciden entre dos pretensiones contrarias, lo cual, a su vez, impone la previa substanciación de las mismas, vuelven inaplicable la caducidad. Es por eso que no cualquier interlocutorio puede tener la virtualidad de interrumpir este plazo; evidentemente, si una cuestión incidental suspensiva del proceso principal se halla pendiente de decisión, no correrá el plazo de caducidad, obviamente tampoco, si se espera la sentencia definitiva. La pendencia de resolución se refiere, entonces, a la pendencia del decisorio en la causa incidental o principal. Si quisiera sostenerse lo contrario, los procesos no caducarían jamás, y este instituto se volvería una rareza.
Este criterio en nada se ve afectado por la vigencia de la Acordada 979/15, pues, independientemente a la forma que acoja la decisión, providencia o auto interlocutorio fundado, el contenido de aquella es el mismo. Reiteramos, las resoluciones de trámite no tienen otro objeto que hacer avanzar el proceso, de modo que la pendencia en su dictado no impide la prosecución del plazo de caducidad; y, si el órgano jurisdiccional no se pronuncia en plazo, incumbe a quien tiene Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: ". La 'resolución' a la que se refiere el inc. 3 º del Art. 313, 'se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciacién, al 'desarrollo del procesa'", (LO UTA YF RANEA, Roberto G. y OVEJERO LÓPEZ, Julio C. 1999.
Caducidad de la instancia. Primera Edición. Buenos Aires: Astrea. pp. 330/331 ); "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la dmora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados" (ED 23-459; ED 46-433); "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente esla definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite". (EISNER, Isidoro. 1995. Caducidad de Instancia. Primera Edición. Buenos Aires: Depalma. p. 185).' "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar e procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia" (ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59-435); " ... si bien el art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el CORTE UPREMA STICIA 06' JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CHAMORRO GARCETE Y CARLOS ANTONIO PORTILLO C/ LAS RESOLUCIONES Nº 504/06 Y OTRAS, DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE (T.E.I.) DEL P.L.R.A. EN EL DISTRITO CIUDAD DEL ESTE" De esta manera, es claro que al haber transcurrido el plazo de seis meses establecido por el art. 172 del Código Procesal Civil, corresponde declarar oficiosamente la caducidad de la instancia, en virtud a lo dispuesto en el art. 175 del Código Procesal Civil. Con imposición de costas a los accionantes, en,virtud de lo ispuesto por el art. 10 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
¡¡ OPINION DEL SENOR MINISTRO CESAR MANUEL DIESEL JUNGHAN7 Coincido con la conclusión arribada por el Ministro César Antonio Garay, quien propone rchzar la preente cciópor su insanable extemporaneidad; a la vez me perito agregar las ,,.
La resolución impugnada resolvió rechazar las recusaciones promovidas por el Sr. Basilid. haparro Garcete contra los Magistrados Dres. Rafael Dendia, Juan Manuel Morales, Albero Ra irez Zambonini, Gilberto Anibal Meza, Bias Neri Fleitas y Myriam Crista/do por las ala viene sosteniendo invariablemente que para la procedencia de la Acción de nalidad se requiere que el decisorio atacado tenga carácter definitivo o cause lesión se hayan agotado las instancias ordinarias. En tal sentido, la resolución en estudio no s agravios de entidad suficiente para activar esta instancia extraordinaria, pues no es r las razones precedentes expuestos, opino que corresponde rechazar la acción de c, cionalidad promovida por Basilides Chaparro Garcete, pro sus propios derechos y bajo OP, NION DEL SENOR MINISTRO ALBERTO MARTINEZ SIMON: Gustavo E. Santa Ministro M D. 1 noh¡¡¡nns Ce¡;ar . ,ese .
Ministro CSJ, Ahora bien, esta normativa no puede ser interpretada de manera aislada, dado que el Art. 12 ele la Ley Nº 609/95 que establece: "Rechazo "in limine''. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, De la lectura de la normativa transcripta surge que ninguna acción de inconstitucionalidad será admitida sin previo análisis de admisibilidad. Por tanto, si bien la normativa electoral citada en la opinión es de posterior data, es claro que la misma no es derogatoria de la Ley Nº 609/95 dado que el Art. 12 precedentemente citado nada refiere respecto del trámite que debe tener la acción de inconstitucionaliclad, sino respecto ele la admisibilidad ele la misma.
Bajo estas premisas, es posible advertir que el trámite a seguir en la acción de inconstitucionalidad, independientemente del tipo de juicio de que se trate, es el del análisis de la admisibilidad por parte de la Sala Constitucional una vez presentada la acción.
Así lo ha establecido con mucho criterio la doctrina nacional al establecer. "La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos, que como ya lo dijéramos, tiene carácter de pretensión autónoma, se inicia mediante escrito de demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, conforme lo manda el Art. 552 del Código Procesal Civil. El escrito en cuestión debe individualizar claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad infringido, o la disposición inconstitucional. Además de ello, debe mencionar la norma constitucional que se asume violada, fundando en términos claros y concretos la petición. La Ley 609/95, en su Art. 12, agrega más requisitos en cuanto al contenido de la demanda, ya que dispone justificar la lesión concreta que ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria. El examen de estos requisitos de admisibilidad es previo al trámite de la acción, conforme con los Arts. 552 in fine del Código Procesal Civil y 12 de la Ley 609/95. Ambas disposiciones permiten el examen, por parte de la Sala Constitucional o del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, del cumplimiento de dichos requisitos, estableciendo como consecuencia de la omisión de los recaudos en cuestión, el rechazo liminar de la acctó'rz. :,,¡ .-
Queda claro entonces que, luego de promover la acción de inconstitucionalidad, el siguiente acto procesal es el del estudio de la admisibilidad de la acción por parte de la Sala Constitucional o, como es el caso que nos ocupa, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de una .
Por otro lado, el Art. 172 del C.P.C. fija el plazo de seis meses para que opere la Caducidad, Como ya lo mencionara el Ministro Jiménez Rolón, la caducidad es un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando en él no se cumple ningún acto que lo impulse durante los plazos establecidos en la ley. En otros términos, para que quede operada la Caducidad de la Instancia, debe darse la circunstancia de que como mínimo, por el plazo de seis meses (Art. 172 del C.P.C.), el proceso -principal o incidental- se encuentre abandonado, cuando el mismo deba ser impulsado por el litigante a quien incumbe dicha carga, debiendo computarse el plazo desde la fecha de la TORRES KIRMSER, José Raúl. La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay, artículo del libro Comentario a la Constitución, Tomo III, División de Investigación, Legislación y Publicaciones Centro Internacional de Estudios Judiciales, Corte Suprema de Justicia, Año 2007, Asunción, pág. 546-547 CHAMORRO GARCETE Y CARLOS ANTONIO PORTILLO C/ LAS RESOLUCIONES Nº 504/06 Y OTRAS, DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE (T.E.I.) DEL P.L.R.A. EN EL DISTRITO CIUDAD DEL ESTE" fB n procesal que tenga la virtualidad de impulsar el proceso (Art. 173 del C.P.C, En el caso de autos se advierte que no es posible declarar la Caducidad de la Instancia porque esta Sala aún no ha dictado la resolución que estudia la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Así, estando pendiente el dictado de una resolución, cualquiera sea la naturaleza de ella, dicha carga no puede ser atribuida a las Partes, y mucho menos podrá esta omisión ocasionarles consecuencias gravosas como la Caducidad de la Instancia, puesto que la actuación de impulso procesal sin duda alguna corresponde al órgano de Justicia (Art. 176 inc. c) demás, debemos señalar que la resolución que decide la admisibilidad de la acción de inc nstitu ionalidad no puede ser considerada como de "mero trámite", ya que establece que cada M nistro e tudie y se expida respecto de la cuestión puesta a su consideración, lo que surge del a álisis de os Arts. 1 y 2 de la Acordada Nº 979, de fecha 4 de Agosto de 2.015, que reglamenta L exigencia de la consignación de la opinión de cada ministro en la resolución que decide pect de la admisibilidad, otorga al decisorio en cuestión el alcance de definitivo, y por tanto, ,.... ... 11''1:'.:sta manera, reiteramos, al haber estado estos autos en estado de resolución, y no argá de las partes de impulsar el proceso, no se produjo la caducidad, y por tanto, el caso En clanto a la cuestión referente a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, en 1 rechazo liminar de la presente acción en razón de que, en mi opinión, la acción En flo dispuesto por el Art. 557 del C.P.C., es obligación de la Corte Suprema de iiiestán reunidos todos los requisitos estab cidos en la ley procesal para dar el ,:,"figór a la acción de inconstitucionalidad incoad Así, en caso de no cumplir con los echa 4 de agosto de 2015, que reglament el'Árt. 1 de la Ley Nº 609. 5: " s ez resentadas ante la Secretaría Judi ial I de la Corte Suprema e Justici , rte del Secreta dítdicial, encar e la misma, a l s Ministros s efectos I poner su admisib ad o no, en el plazo má imo de veinte A1i. 12 e la Ley Nº Gustavo E. Santander Da Ministro Cesar M. Oiies<ill Junghanns Ministro CSJ.
requisitos formales, de modo, tiempo y forma, la acción incoada debe necesariamente ser rechazada En cuanto a los requisitos de tiempo, tenemos que el mi. 71 de la Ley Nº 635, Que reglamenta la Justicia Electoral, establece que el plazo para deducir la acción de inconstitucionalidad en materia electoral es de cinco días, a partir del conocimiento del instrumento En el caso de autos, la resolución impugnada fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia Por remisión expresa del Art. 37 de la Ley Nº 635, se aplicará supletoriamente y en cuanto fuere pertinente, las normas procesales del Código Procesal Civil. En consecuencia, rige en materia de notificaciones, lo dispuesto en el Art. 131 del citado cuerpo legal, que prescribe: "NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. Salvo los casos en que proceda la notificación por cédula, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones quedarán notificadas en todas las instancias el día martes o jueves inmediatamente subsiguiente a aquel en que fueron dictadas, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado".
Así, por aplicación de la norma precedentemente citada, la resolución atacada de inconstitucional por el recurrente quedó notificada a las partes el día martes 12 de agosto de 2008.
En consecuencia, el plazo de cinco días para promover la acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución venció el 21 de agosto de 2008, a las 9:00 hs., en virtud de lo dispuesto en el Art. 71 de la Ley de la Justicia Electoral -ya citado- y el A1i. 150 del Código Procesal Civil.
Sin embargo, la acción en estudio fue planteada recién en fecha 27 de agosto de 2008, conforme consta a f. 7 vlto. Por lo que no cabe más que concluir que la acción que nos ocupa ha sido planteada fuera del plazo de cinco días previsto en la ley; es decir, extemporáneamente, por lo OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA: Me adhiero al voto del Ministro ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN por compartir los Considero pertinente señalar que la presente acción ha sido promovida en fecha 27 de agosto de 2008, ingresando a mi gabinete para su estudio y resolución en el mes de febrero del año 2022 por lo que el exceso temporal para dictar resolución no es de mi responsabilidad.
Además, la excesiva demora para dictar resolución en la presente acción, justifica la realización de una auditoria de gestión, a fin de deslindar responsabilidades, pues. desde que la acción fue promovida han transcurrido más de 12 años sin que la Corte Suprema de Justicia se Por este motivo, corresponde la remisión de los antecedentes de la presente acción a la Dirección General de Auditoria Jurisdiccional del Poder Judicial. Es mi voto.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR RIOS OJEDA: Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia por sus CORTE SUPREMA 4 USTICIA -JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CHAMORRO GARCETE Y CARLOS ANTONIO PORTILLO C/ LAS RESOLUCIONES Nº 504/06 Y OTRAS, DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE (T.E.I.) DEL P.L.R.A. EN EL DISTRITO CIUDAD DEL ESTE" O EL SEÑOR MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS: Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Alberto Martínez Simón por sus mismos Ante Gustavo E. Santan Ministro lribUOII Alber o ti artinez Simon Ministro