Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDAy SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor ERME FEfN ZORRJLL4. FLORENCIANI, promueve Acción de Insonstitucionlidad contra el articulo 41 º dé la Ley 2856/06 '"Ql.JE SUSTITUrtE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE ,JUBILACIONES Y PENSIONES 1 DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo I sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley.
Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 4 7 y 109 de la Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios" .
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por.medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan d1 conformidad c". las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiariosde la Caja".
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,---L,- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario, Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos-Aires- Repúlica Argentina, pool. Tomo v(I PQ).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados; ctb )a institución, mal podría COtra9cit; sus propias directiv.as al establecer, solapadamente, 'bajo . ciertos requisitos, la para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las: atribuciones que por derecho posee sobre losaportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que .aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestionessuscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones. de esta Ley, son de, exclusiva 'propiedad de los .beneficiarios de la Caja",. más' por otro lado limita .lo transcripto ,cn condicionamientos que, baj.o pena de pérdida de esos derechos eh. caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor ERME FERMIN ZORRILLA FLORENCIANI, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".
Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución Nacional autoriza ciertas limitaciones de derechos particulares.
En mi opinión, el interés general comprometido en la situación analizada sería siempre, con base al principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatoria, lo que se proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interés particular también Por Ioprecedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor ERME FERMIN ZORRILLA FLORENCIANI, ello de conformidad al Art. 555 1.- El señor ERME FERMIN ZORRILLA FLORENCIANI, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- El accionante alega que se encuentr 1an transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. ) se advierte que la norma impugnada de inconstitucional arrasa con los Principios consagrados e,n los Artículos 46 "Dela igualdad dé las personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "de la Propiedad privada" de la constitución Nacional, al establecer una grosera desigualdad entre los funcionarios bancarios del sector público en general cuyos aportes cotizadosaun sin haber cumplido los 1 O años de antigüedad, le son reintegrados -como corresponde- embargo lof funcionarios bancarios se hallan groseramente excluidos de es!hllposib. idad' J'bidb a ¡¿¡ áfnttación' legal I contenida en 'el Art. . 4'1 'de' la Ley Nº Dr. Víctor íos 1e Mnu1tro A.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFl(:A LOS ARTICULOS 3º, 9º Yl0 DELA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. ,SISTEMA DEJUBILACIO]fES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 º dice: "Art.
9. - (. . .) Aquéllos que se retiren de.la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas. advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo. de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De laPropiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio 'he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jutídicos objetivos que motivan: un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien corno un medio de liberarse de una carga .u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) len virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo 1 jurídico que ha permanecido inactuado "A!SCOlN , 1 DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMÓVIbA i:PoR ERME FERMIN zoRRILLA FTIQRRNCINI C/ ART. 41!0 1E SUSTITUYE LAS LEYES¡' N73/91 Y 1802/Ql.".
V CT. Jispe :; nuestra l9y civil d 1db: en t;i Artículo 61 ic: ,"La prescripcion ., eXt¿ffetfd;P .... ce por l inacción detituldr del j-echo durantb el tiempo establecido por 9 ."¡q'1e config ran la prescn 91011iextm1ya o liberatoria: el transcurso del plazo R"il-rnte digido y la i actividad o silencio del titular del derecho' a reclamar durante dicho pla¿. AsL los afili d9s actiJos de ¡1a 'aja b1 ricaia 'que no reclamen fa devolución de sus aport(inactividad) 1psaos tres I Jof acpt' tiempo) :pederán poder de ,acturcó 11 ... Como podernos apreciar; la noima in;ipuJnada c, nternpla la "lcti1Vidad" que el legislador requiere, la cJal implica que el "proceso' de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )1 precisamente' cstólóquc justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés . superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular. : 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento. de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestnis normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y'forma, De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y sobera lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que h an po ible sostener que una conclusió orno la arribada -prescriptibilidad del ho a solicitar la devolución de aportes por. parte el afiliado- sea considerada inconsti ucio al.-
r todo lo idad y convencionaldad.tTo.,p 4. erffhos y Garntías. Gustavo E. :)an anue1 uct 1:: . Ministro 1eda Víctor RW5 pr. N}.nistro Abg. Juh C. Pav n Martínez Secretari inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripczon, señalando que. dichos preceptos .reposan en principios de orden público, no. afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de recamar os a quien no os ejercita en e termzno pre;lJª o . . . .
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el' Art.
128 dela CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta; más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo,. la doctrina especializada 'en: materia constitucional hace referencia a que ','( .. ) Por lo demás, uambién dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde. hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor ERME FERMIN ZORRILLA FLORENCIANI, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en. razón de ser contarios a los Arts. 46, 47 y 109de la Constitución de la República.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41. - Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amo'rtización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Que el accionante' justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razóri al rechazo ¡la devolución de sus aportes, que¡ fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Cadt;cidad en el Derecho del Trabajó. ÁbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentína.
Aquí esimportante rbaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida 'a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, lanormativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 Constitución. , 1 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, .por 'ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en, sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.
88 no admite disciminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
1 R, Oieda Víctor io» ' Dr- Nlinistro. Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio' de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad.mínima de diez años para proceder ,al retiro. de losaportes jubilatori9s,:---(--4- Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3. años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de.dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - .Art.. 109 - ni comprende una vulneración al principio de igualdad - Art. 46 -. Ahondando en el ternael Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas .. Ahora bien, a fin de .esclarecer este contertido y sus límites -debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, -suboidinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del A1i. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto. -,
De los claros. términos citados, es dable advertir que el: derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones :a: ser reconocidas-por Ley en aras a su función económica y social. Complementando. la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al. tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó! definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio ... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social ... 3 En el contexto de una sociedad democrática - art. 1 - donde se' proclama la primacía del interés general sobre el interés. particular - art. 128! -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna.: en esencia, garantiza el .goce y, el; disfrute- de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un ;orden a seguir, sino la actuación de un El mismo , autor, ob. cit., p. 20/1 , relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión 'lingüística y tina coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretacion de toda la Constitución, es decir , Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de, los Arts. 44 y 45 de 'la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las ubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en uri tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la, calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de Horacip Antonio Pettit,. Constitución de la Repú,blica del Paragay, Concordada, Aotada y cop J!,J,risprude¡:i_cia,,Torro 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 4 71 de fecha 13 de marzo de 2023 obrante a fs. 12/15, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás codo en la norma, en relación al accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P ..
, , Con lo que se dio por terminado e acto, fi ando SS.EE., todo por ante mí, de que Cesa r M. Oiesel..Jungha Ministro CSJ. Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro 1 ' Ministro ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: .,(a.. Asunción, S de t'YIO r 7,o de 202 LI .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a d' años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al señor E E ZORRILLA FLORE-NCIANI, de conformi da o establecido en el Art. 55 del nte"f:r;11>íálr l. iesel Jungha J c.
Mini:;tro !:SJ. Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro