ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JULIO DIOSNEL JARA LOPF.Z CI ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY No 4773fl2 "QUE SUSTIUYE LAS LEYES NO 73lI99I Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO I85OI2O2I DE FECHA 19 DE AGOSTO DE Y sENTENCIA NúurnRo:boócje^L¡ de Asunción, Capital de la RepúQlica del Paraguay, a los ¿inco días, 7o , del año dos mil ¡¿,,qlictairo,estando en la Sala de Acuerdosr de Justicia,los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, MANUEL DIESELJUNGHANNS, VÍCTOR nÍOS OJEDA ENRIQUESANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratuladoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JULIO DIOSNEL JARA LOPEZ CI ART. 41" DE LA LEY NO 2856106 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEYN" 4773II2 "QUE SUSTIUYE LAS LEYES N' 73lI991 Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO 1850/2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2O2l- y IaNOTA RAP N'185012021DE FECHA 19 DE AGOSTO DE202I, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor JULIO DIOSNEL JARA LÓPEZ. -- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JIIIIGHANNS y, nÍOS OJEDA.--
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS diJO: El
Señor Julio Diosnel Jara López, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y laNota RAP No 185012021de fecha 19 de agosto de202l, enrazó¡de ser contarios a los Arts. 46,47,88, 109 y 137 de la Constitución de la República.
La disposición atacada de inconstitucional establece: ooArtículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez añosno tenganderecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se por laamentede las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de despuésde tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo la Caja,en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o obligación" justifica el pedidode declaración de inconstitucionalidad de la citada al rechazo de la devoluciónde sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida y extemporaneidad,lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta esclarecer este punto, eS importante examinar el artículo párrafos.
Jde ellos otorgael derecho a la devolución delos aportes a losde y Pensiones de Empleados Cesar M. Diesel Junghanns Mlni¡tro CSJ.Gustavo E, Santander Dans Ministrohubieren Dr.rRilaf de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y, b) que no tengan derecho a lajubilación. Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador depindiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Clonstitución.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertád, lajusticia y la igualáad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y soóial que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo u,,..rut-ivo; y, por "rá",todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprende. ., pro-frrrdo espíritu.
En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe laigualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo,no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. gg no admite discriminación alguna entretrabajadores.Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra especíhcamentecontemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art.45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin degarantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinrímica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art- 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 -la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágiafb de la noÍna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de h Léy t626 y arr. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdaá de los trabajadóres en el ejercicio-de sus derechos en forma amplia e integral resulta necesario prescindir la aplica.ión d.l primer prinafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se áxige una antigüedad mínimadediezañosparaprocederalretirodelosaportesjubilatorios. Nótese que el último prárrafo de tal normativi - A;1. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgiíndole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes' Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nomúre de pacto José de Costa Rica, internalizadapor Ley l/89, nos ayuda a la diluóioación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieien sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido e,stablecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus limites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aqui que igual halo comparte con la letra del Art.21de tal conv".r.iór; "ó*o asimismo, el Art. ta yucitado lo hace con su par, Art. 24 del mismo pacto.ty ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JULIO DIOSNEL JARA LO?EZ CI ART. 4IO DE LA LEY NO 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEy No 4773n2 "QUE SUSTIUYE LAS LEYES NO 73l199I Y I8O2I2OOI Y LA NOTA RAP NO I85OI2O2I DE F'ECHA 19 DE AGOSTO DE términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no te limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hoblando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene uno repercusión social...". En el contexto de una sociedad democrátic a- art. I - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra CartaMagna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene enceruada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintiícticamente. Concluye diciendo que "...1a interpretación de uno disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesta legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser una merrna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que losaportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere del ejercicio del derecho.
el recurrente ha impugnado la Nota RAP N" 1850/2021 de fecha 19 de agosto por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de la afiliada por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá correr la que el Art.41de la Ley N" 2856/2006 precedentemente analizado atento a los argumentos precedentemente expuestos, en citadas y visto el Dictamen Fiscal N'765 de fecha 2l de hacer lugar parcialmente a la Acción de la aplicación del primerdel Art. 41 de laLey 2 Cesar M. D¡esiJunghanns Ministro CSJ.56/06 "Q Ríos Gustavoh|¡§l:'rDansDr.las SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la Nota RAP No l85}l2}2l de fecha l9 de agosto di 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Ahnes, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante de conformida¿ a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO CÉS¿.N DIESEL
JUNGHANNS, DIJO: El señor Julio Diosnel Jara López,por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo-4l de fey ZtSetOA ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y I8O2IO1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY y contra la Nota RAp No 185012021de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.--
J--- Reflrere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Funda la presente acción en los principios consagrados en los a.ti"uior 46, 47,88, 109 y 137 de la Constitución Nacional.
Examinada la norma atacadade inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportesiealizados por el traúajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucioial por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los .rul..
expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado remoierá los obstáculos e impedirá los foctores que las mantengan o las propicien. ),cts protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactoies discriminitorios sino igual itarios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicio, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidod, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materyiales y de la cultura,,.- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jtxidica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciorr". y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero uDe la Formación de Recursos'', artículo llo, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de eita Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin má,s limitaciones que los establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclo¡tédic'o de Derecho Úsual,,, Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo vI fr-e).- En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así. acórde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por dérechci posee sobre los aportes realizados alaCaja, el accionante reclama su devolución considerando que a(uellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Conru SupRr¡rt e.
or)usTlcn .N$,q,ccróN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JULIO DIOSNEL JARA LOPÍ,Z CI ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEy No 4773t12 "QUE SUSTIUYE LAS LEYES NO 73lI991 Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO I85OI2O2I DE FECHA 19 DE AGOSTO DE las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: " Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que. .. ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Julio Diosnel Jara López, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y sociol, afin de hacerla accesible para todos...".
Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución Nacional autoriza ciertas limitaciones de derechos particulares.
En mi opinión, el interés general comprometido en la situación analizadasería siempre, con base al principio de solida¡idad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatoria, lo que se proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interés particular también involucrado, el del aportante, que al ser desvinculado no podrá acceder a los beneficios de una futura jubilación, entiendo que la limitación legal se halla suficientemente justif,rcada y que el plazo de tres (3) años se halla razonablemente dimensionado, por lo que no deviene inconstitucional.
Por las r¿vones expuestas, corresponde declarar la constitucionalidad del tercer párrafo del art.41 de la Ley 2856106, en la parte que dice El derecho a solicitar la salvode aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, tenga deuda con la Cai4 en cuyo caso los aportes serán aplicados a la o cancelación de su obligación", quedando rechazada respecto a esta parte del de inconstitucionalidad.
a la Nota RAP No 185012021de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de , es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al ,bre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de N" 26, acta No 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, por la cual se notificó la resolución designada.
expuesto, en atención a las normas legales ci Público, considero que coresponde hacer lugar declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 I y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de parte que condiciona a unaadiez años a Cesar M. DilseltunghannsGustavo E. Santander Dans Bancarios efectos de ctorv Ministro CSJ.Dr'el devolución de aporte jubilatorio del señor Julio Diosnel Jara López,ello de conformidad al Art.
555 del C.P.C. Es mi voto A su tumo, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo:
1.- El señor Julio Diosnel Jara López, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de Ia Ley N" 2856/06 "gitL STSTITUYE LAS LEYES N' 73/9] Y ]802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARI0S DEL PARAG(JAY" y contra la Nota RAp N. ll50l202t de fecha 19 de agosto de 2021. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. 2.'El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47,88, 109 y 137, de la Constifución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qve "(...) De lo manifestado puede apreciarse un agravio al principio de igualdacl yu que impltc:a'un trato claramente discriminatorio hacio los asociados bancarios que, como en mi caso que no cuente con los años requeridos para acceder a la devolución de mis aportes, se produi, ,n despojo totalmente arbitrario e ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitis enunciados stmple y llanamente la Caia, en abierto violación a su propio marco normativo " ...Los fondos y reitas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja"... procede a apropiarse de la totslidad de mis áportes 3.- El Artículo 4l de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderd la devolución de sus aoortes a los funcionarios oue cuenten con una antisüeiadiupilffi diez años v aue no tensqn derecho a la iubilación. aue fuesen desiiüdñ $e retiren volunlariamente de las entidades donde oreston servl@ por la aplicación del citado monto a la amortización o tontdoc*n d, obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes potronales. El derecho a solictnr la devolución de aDortes nryscribirá desnués de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, *h, qrr*t *ltrrtenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serán aplicado,s a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer prárrafo de la norm a atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 anos podian acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual producé una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general. 5.- Al respecto, la Ley N'4252110 "Q(JE M)DIFICA LoS ARTIC:uLos 3o, go y LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR P(IBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9o.- " §egritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas adviertoque el mandato dispuesto en el primer prírrafo de la normativa impugnada peca deinconstitucional, al privar a los füncionarios bancarios, que nohan cumplido los 10 años deantigüedad,de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente enuna total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 " De lo lgualdad de las Personas " , 47 " De las Gaiantíis de la lgialdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada : " El derebi,iio sólícitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro det cíiliado de su trabajó", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrário,J iubiloción. aun apelando a LA ACUMULACIÓN DELlos derechos que leotorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE TIEMPO DE SERWCrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICI]LO 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA I"AACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JULIO DIOSNEL JARA LOPF,Z CI ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICADA POR LA LEY No 4773n2 "QUE SUSTIUYE LAS LEYES NO 73lI991 Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO I85OI2O2I DE FECHA 19 DE AGOSTO DE rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han dehnido su alcance y efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo. -- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderiin poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el o'proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es unaprevisional, por tanto, sus recursos financieros est¿ín dirigidos también a brindar ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio (...)".Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos losala interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto del "interés general" en la norma da validez a la Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de ade incertidumbre que podría originarse por la que evidentemente alteraría Cesar M. DLíel Junghanns Minlstro CSJ.va los tiene esaen alejando a tardía de MinisüoDr.Ojeda gatarúiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que represent4 atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el .Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliadosea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(....l Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectanclo la intangibilidad de los derechos, y que, en aros de un interés superior colectivo, se priva tle reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)".
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo clue dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qtJe "En ningún caso el interés de los parti.<:ulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la noñna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso". 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a qrc " (...) Por lo demás, también dtjo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneftcios propios de la segaridad social no es incompatible con el instituto constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).de la prescripción, por lo que no 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP No l850l2O2I de fecha 19 de agosto de 2021, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacadacorre la misma suerte que el art. 4l de la Ley N'2856/2006, precedentemente estudiado. 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de laLey N" 2856/06, exclusivamente en la parúeque establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar conunasuperior a 10 oños, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos, yRAP No 18501202[ de fecha 19 de agosto de202l. ES MMTO.
dio porelSS.EE., todo pormí, de quedandola Cesar M. Diesel Junghanns 4rrrffistro csJ.Ministro @ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JULIO DIOSNEL JARA LOPEZ CI ' ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 PARCIALMENTE MODIFICADA pOR SUSTIUYE LAS LEYES NO 73l199I Y I8O2I2OOI Y LA NOTA RAP NO 185OI2O21DE FECHA 19 DE AGOSTO DE vACUERDO Y SENTENCIA NÚPTTNO. 7IO Asunción, 3 del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
AR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabilidad del Art. 4l o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y T802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolucién de aporte jubilatorio, así como la Nota RAP No 185012021 de agosto de 2021. dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleadosde Afines, con relación al señorIOSNEL JARA LOPEZ, de establecido en el Art. 555 del C.P Ante Cesar M.
Gustavo E. Santander Dansa Mlnlstro sEcREIARIA JUDICIAL I,o tr.O