ConrE Supnrme o'fusTtcIA SANTACRUZ MELGAREJO C/ EL ART. 4I DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE año 2021.accrót¡ DE PROMOVIDAI NCONSTITUCIONALI DAD : POR DIEGO ERICO C,SENTENCe^)o FItrfl lllt§l uaAs dSupre Dres, cEL OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: AcclÓN DE INCoNSTITUCIONALIDAD: PROMOV¡DA POR DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO C/ EL ART. 4I DE LA LEY N'2856/2006 "QUE SUST¡TUYE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802101", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO.-- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votaciól resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDAn, dio el siguiente A !a cuestión planteada e! Doctor SANTANDER DANS dijo ElAbogado PABLO LEZCANO en nombre y representación delseñor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'" EN razón de ser contrario a los arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a los diezy que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesse retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrála aplicación del citado monto a la amo¡tización o cancelación de su serán suscepfib/es de devolución los aportes patronales. El derecho a de apoñes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán amorlización o cancelación de su obligación'.
presente caso, el profesional recurrente, en nombre ysenor SANTACRUZ MELGAREJO, acreditando su calidad de exde BASA peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la citada a a derechos de consagración constitucional.
recer este punto, es importante examinar el artí olo por -rrqt2rr¡ F Santandef DanSpor lo imp Abg. Ministro rrafos. rr,.l inistfoDr. Ministro,'i lir[[ ,fiirll rtlHrltl;riiilliflirl,!,tril Ii;lfili itIrlrl 'liri :li,i .fil ,ilrll Itlr jtrll; I1l:Iili tiIllriiil flii,ilt',;,ilir1 tir$l}:: ll, r riI l,iiI ti¡l['rid¡]t {$ir,ill}i CUESTION: El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retiradr¡ voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, má:'; especificamente, el art, 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nur:stra Carta Magna reconoce la dignidad .humana, así como otros valores, a saber, la liberlad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y alajustificación de todo el por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles perra comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art.46 de la Constitución Nacional prerscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite, discriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajarclores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente :ontemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho --art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destac:ar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de li'r Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos cr¡nstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, ,3n la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos conformidad con las disposiciones normativas citadas fiscal, cabe la admisión de la acciÓn; prescindiendo la ai 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte dond de diez años para proceder al retiro de los aportes j qoital:sgrimidos precedentemente, de y en conformida«1 con el dictamen plicación del primer párrafo del art. e se exige una antigüedad mínima :orios. Es mi voto A su turno, EL Doctor CÉSRn MANUEL DIESEL JPNGHANNS dijo: ElAbogado PABLO LEZCANO en nombre y repreqentación delseñor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO, promueve Acción de lncqnstitucionalidad contra el artículo 41. de ta Ley 2856/06 "QUE §USrlrUyE LAS LEYES r],1'Zalgt Y 1802t01 'DE't.rA CA/A.
I*rr4 BriS[]¡ ?i&xlH 'ríil .l rir i,ri,r IAACCIÓN DE PROMOVIDAINCONSTITUCIONALIDAD: POR DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO C/ EL ART. 41 "QUE SUSTITUYE Y PENSIOPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.--- artículo iesta acción 109el mismo considnteresasigue:la deuna no tenganalafuesen o que sedeprestan seruicio. La Caja podrá optar por ta aplicación dbl citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado el accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47' -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitanla República. 1") la igualdad para elacceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /osque la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el pública,s no electivas, sin la' parlicipación de losrequisitos que la idoneidad, y 4") la beneficios de la naturaleza, de los y de la cultura".- lacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la e la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título "Del Patimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11" ra parte: "Los .fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las son de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja'.
este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Prop es e/ derecho de gozar y disponer de una cosa sin en las leyes..." (CabaG. "Diccionario Enciclopico de Gesar frll. Diesel Gustavo E. Santander Dans Ministro D¡. Vfctor Rlos OiedoL Jutlo C'En lo roa /as Ministrp lVlinisr rtrde Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina ,200| Tomr:l Vl P-O).
¡-- En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo cierlos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado princi¡lio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atrihuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama la devolución de los aportes de su mandante considerando que aquellos se encuentrarn indebidamente en poder de otros. Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as disp«rsiciones de'esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por ctro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aporfes ,it los funcionarios que..."; todp ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenl:¿r al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del señor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGARHJO hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuenoia con los años requeridos pat'.á: occeder a la devolución de sus aportes, amén dr: ello, se erige indudablernente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incurnplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a :;u propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios cle sus asociados, en el caso particular, del señor DIEGO ER¡CO SANTACRUZ MELGARE..IO, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, c:uyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica sss¡¿!, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que correspe¡'tde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la L,e'y N'2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones 'y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguáy", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor VTCTOR RÍOS OJEDA dijo: 1.- El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 JIJBILACIONES Y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PAR,A,GUAY,,, PATA EI efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad cler ex funcionario bancario de su mandante 2.- Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos 46,, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que"(...) del análisis de la disposición tegal transcripta se deduce que solame1te aquellos funcictnarios bancarios con una antigüedad superior a diez años (10) podrán acceder al recuper,c de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubílación, fuesen despedidos, c/e7'ados pesanfes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en e/secfor público en general...la 4rlil stt# rgf,Ñ la Ley Noo ACCION DE PROMOVIDA SANTACRUZ DE LA LEY N'IC¡NCONSTITUC¡ONALIDAD: POR DIEGO ERICO ELGAREJO C/ EL ART. 41 SUST¡TUYE flfLAS Atts. 46 odeSUNode/os aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su tqabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os apoñes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).--- 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110'QUE MODIFICA tOS ARIICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSIENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES yPENS/ONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 10 dice: "A¡f.9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los reouisitos para acceder a una iubilación. aun apelando a los derechos gue le otorga la Ley N" 3856/09 ,,QIJE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN tAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGIJAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00'DE LA FUNCTÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución de Precios aI Consumidordel Banco Central del Paraouav."(Negritas y JuttoG'.subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que poro les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante s del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contrafun losconsagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo o, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consideranstencia rios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dabler que, rlante; quiensistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinant vt racterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órganorccrona n criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicesto, mermito Dans Dr. Vlctor Rtos Oiedarincip Ministrosignte: Mínistro Mini¡tro5ffitiii ti iLil, rllil fiMI .dir rilr i{rXi ill!n tilft$4.#l¡lr{i {[tl;iu i, ri,i 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplinrriento de !a norma, actuando gn liber@d para satisfacer sus nepesidades e intereses con ler correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya,sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva t.obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surl;e la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formiaci,:in se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablaq creada para regular |aconvivenciadelpuebloromano.
..-l---.n..9.- Así, rnuchas iamas del Derecho han definido su alcance y etectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas aienas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o libe{atoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la !ey. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: 'taextintiva se produce por la inacciónpor la ley".
Gomo producto vivo del ddo los dos requisitos que configurandel plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derechpa reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria quela devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo)er de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- .Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla lq "actividad" -que' el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reÓlarno" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto ran ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad prevision¿ll, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en reripuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en periuicio de esfe sector (...)"1. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colecti',rr:" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen tr:rlos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como conceptc, contradictorio al interés particular.
12.- Laabundancia del "interés general" en la norma da validez a la prop«:¡sición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y prL.supuesiario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.) 13.- Todo lo relativo a la seg se encuentra obligado por Ainaya, J.A., Director. (201 8). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalitlad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60'- 6uridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien mandato constitucional a establecer cierlos límites quetitular v ti<l OKTE STICI.AACCIÓN DE INCONSTITUCTONALIDAD: PROMOVIDA POR DIEGO ERICO SANTACRUZ MELGAREJO C/ EL ART. 41 DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE Seque una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea corisiderada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en eltérmino prefijado (...)" 2.
15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ning(tn caso e/ interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)"3 (Las negritas son mías).--- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera; teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor DIEGO E MELGAREJO la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856/06, la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose inR¡CO SANTACRUZ en todos sus términos. Es mivoto dio por term quedandordada la secqlúme !o , firmando SS.EE., todoque ente Ministro y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.23Tula, Buenos Aires,Pág.ante r Rfosel cra q Abg.c.HrrtlnezBuenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- illi'jll,',¡,ii lli:;:¡rii r{lst quelii{jrlr Iili general queelde asuvez a lajurídicaala misma.institutoSU 128 deCN. No iri'lil illtitri{ t $:lrti!;J Anter$ IA NÚMERO: JulloPavónGustavoE. Santander Dans E. Santander Dans MinistroDr. Vlctor Ríos Oieda Ministro Dt.Ríos Oieila MinistroSENTE vtar20 Asunción, VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, cln consecuencia, declarar la inaplicabilidad delArt. 41'de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del PauaY", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a losde Ia devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. DIEGO ERICO MELGAREJO, ello de conformidad aen elArt. 555 del C.P.C rynI Ante AR, reg IIt" trrr: ,ilr,.ilr i ,iii,'Jli l1irljl':tl ili¡i[tüi(i,ihh¡ diriH!trif,j4,.i ' lir,Jr : f,i; i.'iil,il ritl i':il .f0ñiF¡ell rrr;.ec(i r¡il¡rl. .¡.r¡;f!, l!tcFrlrt iiltr¡.