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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 197/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARTA GUADALUPE ZARATE GUERRERO C/ ART. 41 DE LA LEY N" 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91, 1802/2OO1 -EXP. N° 1720-2022.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N

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@ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA FOR MAR'TA GUADALUPE ZARATE GTIERRERO C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/2006 QIIE SUSTITTTYE LAS LEYES AcrrERDo Y sTNTEN ctl N".Q.gnL5i¿?nov-l Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de rrlAr -)O del año dos mil en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de Ia Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DIESEL üUNGITANNS,úcton úos oJEDA y cusrAvo san{TAI{DER DAr{s, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizante, se tr4jo al acuerdo el expediente caratulado ACCtÓff Op INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR MARTA GUADALUPE ZARATE GUERRERO C/ ART. 41'DE LII LEY N' 2856120o,6 QUE SUSTITIIY-E LAS LEY:ES 7319L Y L8O2|2OO1, a fin cle resolver la acción de inconsütucionalidad promovida por la Sra. N{arta Guadalupe Zarate Guerrero, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado.

= Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, SaIa Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIE§¡EL JUITGIIANNS y VICTOR nÍos oJEDA.-- CUESTIÓN PLAI{TEADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDER Se presenta la Sra. Marta Guadalup e Zar ate Guerrero a promover acción contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 "QUE SUSTITUYB l9l Y L.8O2101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONEI} BANCARIOS DEL PARAGUAY disposición atacada de inconsütucional establece: Artículo 4l deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten coft tt/1t7" alos diez años g que no tengan derecho a la ju dejados cesantes o que se retiren uoluntariamente de las entídades La Caja podrá. optar por la aplicación del citadbla" cancelación de suNo serdn susceptibles de . DieselJuhghanns Gustavo E, Santander DansSj6 Cesar Ministro csJ.

MinistroDrmonto aporÍes patronales. El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribird" después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cugo caso los aportes serdn aplícados ala amortización o cancelación d.e su obligación La accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normaüva por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria aI disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a üez años podrán reürar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Fundan la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la norna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarir¡s despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sea.n desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, e1art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios benefrciarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomaS de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones I.AACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAR:TA GUADALUPE ZáRATE GI'ERRERO C/ ART. 41" DE LA LEY N' 2856/2006 QIIE SUSTTTTTYE LAS LEYES se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, , imprescindibles para comprender su profundo espíritu tal senüdo, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, ro admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de gararrtizar derechos a estos trabajadores en todos 1os tramos de ia vida dinárnica. -- -- -- -- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Riblico -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- }.a responsabilidad de garantizar la efecüvidad de tales derechos. En tal sentido, catr,e destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley L22193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley L626 y art. 9 de la I*y 2345). Tat situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denota¡ una cla¡a transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una anügüedad mínima de diez años para de los aportes jubilatorios usión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a Ia acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del del art. 4L de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde sie antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes s, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

TURNO, EL MTNISTRO DR. CESAR DIESEL JITNGHANNS uce la Acción de Inconsticontra el articulo41 de íesehluhghanns Gustavo E, Santander DansCesai ñIlinistro CSJ.

MinistroDr.raI 2856/06 "QUE SUSTTTUYE LAS LEYES 73/9t y t8O2/O1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

Refiere que el artÍculo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de díez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como 1o ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar 1o preceptuado por los artículos 46" y 47' de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artíanlo 46" De la igwaldad de las personas: Todos los hnbitantes de la Repúbtica son iguales en dignidad y derechos. iVo se admiten discriminaciones. El Estado remouerá" Ios obstdculos e impedirá.los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores discriminatorio s sino igualitario s" - - - - 'Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: Bl Estado garantizard a todos los habitantes de la Repúblíca: 1) la igualdad para el acceso a La justicia, a anyo efecto allanará"los obstdanlos que laimpidiesen; 2")laigualdad ante las leges; 3")laigualdad para el acceso a las funciones públicas no electiuas, sin mds requisitos que la idoneidad, g 4") la igaaldad de oportunidades en la parficipación de los beneficios de la natttraleza, de los bienes materiales y de la cultura En lo relacionado al ma¡co legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la Formación de Recltrsos" , artículo 11', primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan d.e conformidad con Ias disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad. de los benéffiarios de la a(ORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARTA GUADALUPE ZARATE GUERRERO C/ ART. 41" DE LA LEY N' 2856/2006 QrIt SUSTTTITYE LAS LEYE§I , cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubty es el derecho de gozar y disponer deuna cosa sin mds limitaciones en las leyes..." (Cabanellas, G. "üccionario Enaclopédico de Usttal", Editorial Helia.sta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de lrr institución, mal podría contradecir sus propias direcüvas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: " Los forudos y rentas que se obtengan de conformidad con lc-s disposicíones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá. la deuolución de sus aportes a los funcionarios gpe...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados , como en el caso del accionante hayan sido desrrinculados de la y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus caso particular, de la señora Marta GuadalupeZarate que también colisiona con la garantía constitucional 1de nuestra Ley I eseGustavo E, Sa gCesar Ministro CS.lan Ministrodispone: "Se Dr,elde sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco priuada, atgo contenido y límítes serdn establecidos por la Leg, atendiend.o a su función económica g social, a fin de hacerla accesible para todos...,,.- - - - - - - - - Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia decla¡ar la inaplicabilidad del 41'de la Ley N" 285612006 "eue sustituge las leges N'73/91 y 18O2/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Marta Guadalupe Zarate Guerrero, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.

1.- A SU TITRNO, tL MINISTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, üJo: La accionante Sra. Marta Guadalupe Zatate Guerrero promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley ¡t" 2856/OG "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/ 91 Y 1SO2/ 01 DE LA CAJA DE JUBILACTOffES Y PE,NSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente las instrumentales que acreditan la calidad de ex funcionari¿r bancaria 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que '(...) siendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecha debe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus titulares (...)' 3.- Ei Artículo 41 de la Ley N' 2856/O6, impugrrado dice: "Artícalo 41.- Corresoonderá. La d.evoluclón de sus aoottcs a los funclot.tarios oue cuenten con un antloüedad. superlor a los dlez años u otte no.tenqan detecho a la fubllación. que fuesen desr,e;dldos, delq,dos cesantes o que se ,te.tirrln aoluntarlamente de las entldades donde orestan seralcio. La Caja podrd optar por la aplicacíón del citado monto a la amortización o cancelaci.ón de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales. El .derecla a sollcltar la deuohtclón de aportes prescrlbirá.

d*oués de ttes años del rútro del aflltado de su ttubob, saluo qte el mismo tenga deuda con la Caja, en cltAo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norrna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a LO años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejad.os cesantes o se retirasenr t. .

?lR"TE REMAACCIÓN DT INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR MARTA GUADALUPE ZARATE GUERRERO C/ ART. 41' DE LA LEY N" 2856/200,6 QrrE SUSTrrrrYr LAS LrYrS te, 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, la Ley N" 4252/lO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 DE LA LBY N" 2.345/ 03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAI,. SISTEMA DE JUBILACIO]VES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Articulo 1" dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se ,etlren de la funclón rlública sln reunlr los requlsltos para acceder auna lubllaclón. aun apelando alos derechos que le otorg,z la Ley N" 3856/ 09 "@te establece la aanmulación del tiempo de seruicios en las cajas del sí"stema de jubilación g pensión paraguaAo, g deroga el Articulo 107 de la Ley n" 1626/ 0O 'de la Función hiblica",podrán sollcitar la deaoluclón del9O%" (noventa por cl.ento) de sus aportes reo,llzo;dos, qhtstados por la, üo;rlaclón del Indlce dg Preclos al Cottsumldor (IPtCl del Banco Cenfiz.l del Paraquag.' (Negritas y 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es eüdente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personaso,4T "De las Garantías de la lgualdad"y lO9 "De la Propiedarl Priuada" de nuestral*y Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la nonna impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro deltrabajo", eatiendo que no es lnconstltuclonal. Si bien en un pnnclplolo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este la existencia de criterios jurídicos objeüvos que motivan un nto. Es dable resaltar en nuestro sistema jurÍdico la tiene carácter determinante ni ünculante; esta caracterísücaj en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito destacar que todo ordenamiento jurÍdico reconocelas subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cum actuando en libertad paratereses elunghanns Gustavo E. Santander Dansto Ojedacesa Minlstro CSJ Ministrosus necesidades e lt r,ltíctorsubrayado son míos).

siguiente: coffespondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo suJeta al libre albedrío, sino a la obligaclón de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontra¡se delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la, 'prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisitrva o usucapión) o bien como un meüo de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en l,a ley. De esta rnanera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha pernanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho «:ivil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente e:dgldo y la inactividad o sllencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Asi, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, Ia cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "dura¡rte el tiempo previsto en la 1e/. De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para 1o cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que .se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja, C[AACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDA"D PROMOVIDA POR MARTA GUADALTIPE ZARATE GTIERRERO C/ ART. 41' DE LA LEY QIIE SUSTITTryE LAS LEYE§ vulnerable "(...) pero jamá.s una diferencia en perjuicio de este sector te esto lo que justifica la prescripción extinüva prevista en la pugnada, cuyo objeüvo es resguardar el "interés superior colectivo" de obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez alaproposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por Ia interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que gar¿ulttza el correcto funcionamiento de Ia Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo 1o relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garxtttzan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáües derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el insütuto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este institutr¡ encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...1 Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de incon"stitttcionalidad respecfo de la.s nolmas qte estabde prescripción, señalando qte dichos preceptos reposan en principios de nointangibilidad de losc[ue, en aras de un de reclamarlos a qtiense Cesar M. Dieseld/nghanns Mini¡tre CsI.

Amaya, J.A., Director. (2018). Derechos y Garantías. Buenos Aires, 2 Maddaloni,D.J.y convencionalidad. Tomo 4. vCaducidad en el Derecho del Trabajo.en el término2_ inistro Pág.,r. Víctor(. AbeledoPerrot. Abg. Julio C.MartínezoOjeda nóveg.J oir¡lar¡a€tur .€dA 15.- De tal modo tenemos que si el insütuto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. L28 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares pimard. sobre el interés general. Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo uen ningún casd' 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se consütuye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especialízada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demá.s, también clijo la corte que la lrrenunclahilidad de los beneflclos proplos de la segur'ld.ad. soc{al no eslncom4»atible con el instttttto de la prcscripclón, por lo que no con"stifi.tgen detechos stne die 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos califrcarla de desmedida, arbitraria o infundada. E1la no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".-- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer htgar parclal¡mente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar 1a inaplicabilidad del Artículo 41 de ta Ley N" 2856/06, exchtsluamcnte en la pante qtrc e*ablece como condición pand. la detnluclón de los aportes el requisiúo de contar cott una antlgüedad super'lor a 70 años, manteniéndose incólume 1o demás en todos sus términos. Es mi voto.

Con.e seel acto, firmando S.S}.E.E., queinmedia lJlinisuo€SJE,Dans Anteml stropor an t''ctoslgue Sagués,deconstitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.-¡i.r @ffiACCIÓN DE IITCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAR'TA GUADALI'PE ZARATE GIIERRERO C/ ART. 41" DE L/r LEY QIIE SUSTTTTTY-E LAS LEYES ACUERDO Y SENTENCIA N"lq del Acuerdo que anteceden, la.

CORTE SIIPRTMA DE WSTICIA SALII CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

IIACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, consecuencia, declarar la inaplicabiüdad del Art. 41 " de la Ley N" 285612006 "Que sustituye las leyes N" 73/9L y l8O2lO1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad registrarItT ta dlez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio, con a la accionante MARTA GUADALUPE ZARATE GUERRERO, de conformidad SECRETARIA JUDICIAL I t-- a 1o establecido en el art. 555 del Código Ante ar M. DieselJiñgha Ministro CSJ 5-Y : rei^+i. Sañtander Dans Ministro Pavón MartinezDr.dct Ministro lto,Socratlr¡o oo¡ts .' VISTO: