mesh @[flffin^lCONSULTA CONSTITUC¡ONAL EN: "JUAN ANDRES LOBO OVANDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TTERRA (|NDERT) S/ RETNTEGRO AL TRABAJO Y COBRO DE GUARANIES'" año zorg.No:2506. cincp días,SENTENCTR T¡úmeRO: boeoie-rts )¡eo;*is . de Asunción, Capitalde la República del Paraguay, a los , del año dos mil @kÉo , estando en la Sala de Acuerdos de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sarla Constitucional, CESAR DIESEL JUNGHANNS, VíCTOR R|OS OJEDA YCESAR ANTON¡O GARAY, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN ANDRES LOBO OVANDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TTERRA (!NDERT) S/ RETNTEGRO AL TRABAJO Y COBRO DE GUARANIES", a fin de resolver la consulta sobre constitucionalidad realizada por el Tribunal de Apelación Laboral, Segunda Sala de la Capital Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: PRACTICADO EL SORTEO DE LEY, RESULTÓ EL SIGUIENTE ORDEN DE voTAc¡ÓN: DTESEL JUNGHANNS, RíOS OJEDA y GARAy.
A la cuestión planteada, el Doctor CESAR D¡ESEL JUNGHANNS dijo: Mediante A.l. N" 436 de fecha 21 de OCTUBRE de2019 (fs. 110), el Tribunal de Apelación en lo Laboral, Segunda Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos en consulta a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si elArt. 5'de la Ley N" 1626/00 "De la Función P(tblica" es o no constitucional. Mediante el A.l. N'445 de fecha 10 de agosto de 2018 (fs.1071112), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, remite estos autos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma dectare si elArt.
5 de la Ley N'162612000 "De la Función Pública", es o no constitucional Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal considera que el referido Art. 5 de la Ley"De la Función Pública" podría quebrantar el principio a la igualdad, en cuantoque el personal contratado debe dirimir sus conflictos ante el fuero civil, colocándsituación de desigualdad objetiva respectodelpersonal de servlcto auxrpor el Código Laboral, y considerando quede inconstitucioucirse solamente en e! seno de la Salaonlopor decisión delautosparaSala seidade la constituartícu -úlrrr* lrll. Diesel Junghanns Ministro CSJ'1o lidad WdÚvriGesar'Dr.Ojedat Ante supuestos como el sub examine,la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso a) del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: 'Art. 18.- Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parfe: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la pr<»ridencia de autos, a los efectos previsfos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que', a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas consfifucionales...".
A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la procesal prevista en el citado Art. 18, inciso a), procediéndose -incluso-. a usar el término en el caratulado delexpediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturalezay efectos.-- Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y,2)La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente los fundamentos de dicha duda Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de l¡a duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar cr:nsiderar el tema que nos ocupa El Art. 5 de la Ley No 162612000 -cuya constitucionalidad se consulta- expresa: 'Es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Sus relaciones jurídicas se regirán por el Código Civil, el contrato respectivo, y las demás normas que regulen la materia. Las cuesfiones litigiosas gue se suscifen entre las partes serán de competencia delfuero civil".
Bidart Camposl expresa que el principio de razonabilidad importa la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que r:bliga a dar a la ley y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente- un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de aquélla sea razonable, justo y válido Todo ello nos lleva a sostener que las normativas en general y las que regulen los derechos subjetivos particulares, serán inconstitucionales si no se justifican debidamente. La limitación en la realización de derechos, bienes o valores constitucionales y el respeto al contenido esencialdelderecho que se está limitando son fundamentales para que la restricción sea constitucional En tal sentido, es pertinente recordar lo dispuesto en la Constitución Nacional, en el Capítulo Vlll "Del Trabajo", Sección ll "De la Función Pública",Art. 101 "De los funcionaios v de los empleados públicos.
Los funcionarios y empleados públicos están al seruicio del país. Iodos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten seruicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de seruicio civil, la miliar y la policial". Así mismo el Art. 102 consagra: "De los derechos laborales de los funcionarios."t de los empleados BIDART CAMPOS, Germán, Derecho Constitucional, Ediar, t ll, ps. 11ti/119 llCONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN Dilucidados los principios constitucionales involucrados, nos adentramos al estudio de la norma elevada en consulta. En ese sentido, vemos que la carrera del Servicio Civil, también denominada Carrera Administrativa, se rige por la Ley N'162612000"De la Función Pública", que tiene por objeto regular la situación jurídica del personal público que presta servicios en la administración central, entes descentralizados, gobiernos departamentales, municipalidades y demás organismos y entidades del Estado.-- Esta ley, establece un régimen uniforme para el ejercicio de la función pública, define y reglamenta la situación jurídica del personal público, la naturaleza y los términos de su por el Código Civil, el contrato respectivo, y las demás normas que regulen la materia. Las serán de competenciadel fuero civil". A el Art. 24 que dispone"Para atender interés para la comunidad, objetivos y aun mejor seruicio, los organismos podránde conformidad con lodispuesto en5 de esfa lef', y enque establece: "Senecesidades temporalesparacomunidad las siguientes:a)brotes Gesar M. Diesel Junghanns3 JulioMinistro CSJ'Dr, lVllnlstroO.iedaAño 2otg.No:2506.
y empleados públicos gozan de /os derechos establecidos en esfa de derechos laborales, en un régimen uniforme para /as disfinfas los límites establecidos por la ley y con resguardo de /os derechos igual modo, el Art. 46 de la Constitución Nacional establece "De la iqualdad de las Iodos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que /as mantengan o las propicien. Las protecciones gue se establezcan sobre desigualdades rniusfas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios", y el Art. 47 reza "De las qarantías de la iqualdad. El Estado garantizará a todos las habitantes de la República: 1) la igualdad para e/ acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oporfunidades en la parlicipación de los beneficrbs de la naturaleza, de /os bienes materiales y de la cultura c u e sti o n es /ifigriosas su vez, este artículo del Estado situaciones de El personal del nombrado para en cuanto a la regulación. Por ello, ladiferenciación que hace y otros funcionarios o empleados, se encuentra plenamenté' justificada momento enque el Estado se encuentra con una necesidad terrrporal que no puede por el personal permanente, y se ve obligado a recurrir a una facultad reglada, contratarde manera excepcional y por tiempo determinado. La característica resaltante de esta contratación es atender una necesidad temporal y urgente, en casos bien es constitucional. Es mi voto.
A su turno, el Doctor VíCTOR RÍOS OJEDA: Por A.l.436 de fecha 21 de octubre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación del de la Capital, se ordenó la remisión de los autos'JUAN ANDRÉS C/ ¡NSTITUTO NAC¡ONAL DE S/ REINTEGRO AL TRABAJODESARROLLI3} RURAL Y DE LA Y COBRO DE GUARANIES" a la de Justicia. remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el arl. 18 inc. Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la lidad del artículo 5 de la ley N" 1626100 "De la Función Pública", disposición tribunal estima aplicable al caso arriba referido.- En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una ,' rr,;r$.ffi;r;directores jurídicos, económicos y similares, etc.), sujetos a libre disposic,ión.
Nacional, sino que es consecuencia directa de su cumplimiento. Por los fundamentos que anteceden, y visto el parecer del tt/linisterio F'}úblico, corresponde constitucionales. . ." . ORTECONSULTA CONST¡TUC¡ONAL EN: "JUAN ANDRES LOBO OVANDO C' INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TTERRA (TNDERT) S/ RETNTEGRO AL TRABAJO Y COBRO DE GUARANIES".PREMA ICIA AÑo zotg.No:2506. que en su propio contenido desconoce la existencia de la remisión en primer lugar."2. Al derogarse la Constitución de 1967, el 18 inc. a) del CPC quedó automáticamente sin el más mínimo sustento Constitucional y Democrático que no ha validado estas dos normas de 1967 y art. 18 inc. a) del CPC) aprobadas en plena dictadura.
El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a !a prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez úodas las dr.sposrciones o acfos de autoridad opuestos a lo establecido en ella En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales conespondientes..."3, estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judiciaf'a Respecto al caso posterioridad a laestudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.
Establecida nnormativa para el planteamiento oficioso del control deadominada consulta constitucion al,- caberse camijuzgador ante la situación de tener queun litigio al que resultanormaque considera inconstitucional?SE encuentray es coherente condiseño stltucionndeas constituales y r quelosPoder Judl, y a todasd5 Diesel pilnera vez regulado deexpresael control constitucional, mismocuanto sigue: "Lo Cortede Justicio tendrá facultod poro declaror lodey lo inaplicobilidod de los disposiciones contrarios o esto Constitución, en cado coso concretofolloefecto con reloción o ese coso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante lo Corte SupremoJusticia, yen cuolquier instoncio, y se elevarón sus antecedentes o dicha Corte. El incidente no suspenderó el juicio, que proseguiróel estodo de sentencio". - Orliz Rodríguez, J. F. (20L7'). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https://revistacientifica.uamericana.edu.pylindex.php/revistajuridicaua/article/view/t7L.
Corte lDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. Corte lDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay. "No es uno consulta que el Juez o Tribunot formulo o lo Corte Supremo de lusticio. Es un sometimiento oficioso de uno cuestión constitucionol; es decir, un sometimiento de oficio o la Corte Supremo de Justicia en uno cuestión en que la normo oplicoble a la solución del conflicto puede ser inconstitucionol" Mendonca, J.C. (2007'). Cuestiones constitucionales (p.86).
Asunción: Litocolor S.R.L. 5stitu En la Carta competenc¡a para aplicar normas jurídicas, no es competencia únl<;a y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna) 8Néstor Pedro Sagüés, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que "...en rigor de vetdad, en este trabajo, fodos los jueces son jueces constitucionales... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución"G.
Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajc.t la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en esfe caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos jurisdiccionales"T " ...la norma consagra dos principios; 'el de la lex superior', al declar,ar que la Constitución es /a ley suprema de la República; y el principio de Jerarquía', al establecer el orden de prelación de /os instrumentos normafivos, que lleva la consecuencia de que la norma débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de lex superiof'8 11. El principio de supremacía constitucional "posfula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones intemas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del ,Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden...".e 12. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La nctción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que repc)sa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fun,Camental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste 13. Finalmente, el Dr. [t/anuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: ". ..para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucionalno se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. La "Constitución Convencionalizada". Néstor Pedro Sagüés. Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014.
Algunos problemas constitucionales. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental Editora. 2O1,L. Pág. 47. La interpretación Literal en el Derecho. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. Pág. 85. Amaya, J. A. (2014). La Jurisdicción Constitucional. Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya. Pág.88. Villalba Bernié, Pablo, Sistema lnteramericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, ORTECONSULTA CONST¡TUCIONAL EN: "JUAN ANDRES LOBO OVANDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TTERRA (TNDERT) S/ RETNTEGRO AL TRABAJO Y COBRO DE GUARANIES".PREMA tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta"ll.
14. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos lnternacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe esfar fundada en esfa Constitución..."
15. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de controlde constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozadaTCIA comprometido ante las el Órgano de Justicia, ATRpor elTribunal de por improcedenteApelación delTrabajo, Segunda Sala, de la Capital, debe A su turno, et señor Ministro cÉSen ANTONIO GARAY Apelación Laboral, Segunda Sala, resolvió formular consulta coa EIde nstitucional segAuto lnterlocutorio Ne 202, el 15 de Marzo de|2.021, citando el Artículo 18, del Código Procesal Civil, que establece. "FACULTADES ORDENATOR/AS E /NSIRUCIOR/AS. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, Ltna ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas consfifucionales...'.
Cabe mencionar, que el citado Artículo hacía referencia a la Constitución Nacional del año 1.967, por entonces vigente. Ahora bien, en virtud al Principio iura novit curia, esta Magistratura tiene la , autoridad, conocimiento para identificar el Derecho consultas realizadas por Jueces y Conjueces que componen , corresponde subsumir dicha consulta en el Artículo 260, de la año 1.992, que reza'. "DE LOSY DE LAS CONSI/TUCrcNAL. Son deberes yde la Sala y de otrosresolver sobre la ínconstitucionalidad de lade lasa esta y en fallosólo tendrá efecto conacaso, /as senfencias D¡. Vlctor Ríos Oiedo Mlnlrtro7S Julioc.lrllinistrorá. 2079. Pág.75,l Constitución declarando la nulidad de /as que resulten contrarias a esfa Constitución. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sa/a Constitucional de la Coñe Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Así pues, previos trámites de rigor, esta Sala de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, llamó "Autos para Sentencia" según Providencia del 5 de Marzo de|2.020 (fs. 1 18).- El Articulo 5, de la Ley Ne 1.626 "De la Función Pública", norma: "Es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Sus relaciones jurídicas se regirán por el Código Civil, el contrato respectivo, y las demás normas que regulen la materia. Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes serán de competencia delfuero civil".
Normativa transcripta dispone que es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. También regla que las relaciones jurídicas del personal contratado se regirán por el código civil, el contrato respectivo, y las demás normas que-regulen la materia, en efecto instituye que las cuestiones litigiosas serán de competencia deltuero 6ivil.
La conqlilucionalidad que se consulta en este caso versa sobre la disposición delArtículo Serde la Lelv1.626/00, que impone el régimen civil a la relación del Estado con el personal contratado, y priva o no a los mismos de los 0erechos [aborales que protegen a los trabajadores dependientes en general, y a loslfincionarios públicos en especial. En definitiva, el Tribunal inferior realizó la consulta de la referenciada norma con fundamento en elSrincipio de igualdad, consagrado en los Artículos 46 y 47 de la Constitución de la República, en concordancia con la serie de Derechos laborales constitucionalmente consagrados.--- El Artículo 46, de la Ley Fundamental, reza: "Iodos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores gue las mantengan o las propicien. Las protecciones gue se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores norma: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1,1 la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /os oósfáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad; y 4) la igualdad de oporfunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".-- En la práctica, esos Artículos garantizan, protegen, cobijan, resguardan el acceso a la Justicia -en igualdad de condiciones- para cuando los Justiciables incoen sus pretensiones jurídicamente o ante aquellas situaciones jurídicas que deban ser dirimidas por Tribunales, sean en igualdad de condiciones, con las mismas herramientas o mecanismos que la Ley prevé. Es decir, que por motivaciones políticas, sociales, religiosas, étnicas, ideológicas o económicas no sean vulnerados Derechos Fundamentales "Es consfante el derecho judicial de la Cofte en decir también Que: a) la desigualdad inconstitucional debe resultar del texto mismo de la norma; b) que por eso, no es impugnable la desigualdad que deriva de la interpretación que de ella hagan /os1ue,:es al aplicarla según las circunsfancras de cada caso..." (Bidart Campos, German J., Manual De La Constitución Reformada, Tomo ll, pá9. 144) "Es muy importante advertir que, también en el derecho judicial emanado de la Cofte Suprema, funcionan dos principios básicos acerca de la igualdad: a) sólo puede alegar la inconstitucionalidad de una norma a la que se reputa desigualitaria, aquél que padece la supuesfa desigualdad; b) la garantía de la igualdad está dada a favor de /os hombres contra el estado, y no viceversa" (idem) PREMACONSULTA CONSTITUC¡ONAL EN: "JUAN ANDRES LOBO OVANDO C/ INST¡TUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (TNDERT) S/ RETNTEGRO AL TRABAJO Y COBRO DE GUARANIES''.USTICIA AÑo zotg.No:2506.
igualmente al Poder Judicial escudriñar e implementar vías, medios, que r la eficacia plena y efectiva de los Derechos y Principios Constitucionales, vulnerados. Es decir: l) los Jueces pueden y deben realizar por mismos la de la Ley conforme a la Constitución. ll) Si hay dudas acerca de cuál es la n constituciona! de la Ley respecto a una situación fáctica constante, reiterada, corresponde plantear la cuestión de interpretación o alcance ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a fin que disipe y clarifique dudas, conforme a la Norma Constitucional, Artículos 247, primer segmento y 260, asegurando siempre la Supremacía de la Constitución y las existencias plenas del Estado y del Orden Jurídico Cabe referir, que el marco jurídico de un contrato civil y uno laboral y sus correspondientes jurisdicciones, son autónomos e independientes. Por lo que, no se concibe un trato arbitrario que atente con el Principio de igualdad, así como lo estima el Tribunal, pues la diferencia que hace la Ley se encuentra justificada al momento que existe una necesidad temporal para el Estado, ya que dicha necesidad no puede ser atendida por el personal permanente. Bien el Legislador previó en la Ley N: 1.626100 en el Artícr¡o 5:-que el personal contratado en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. También previó en la misma disposición que las relaciones jurídicas del personal contratado se regirán por el Código Civil. En definitiva en este caso no se atenta contra el Principio de igualdad, debido a las circunstancias de hecho que exige la norma al permitir contratación civil por el tiempo determinado -ya que no son las mismas de las exigidas para la contratación de funcionarios y empleados públi queda delimitada al ámbito civilpor ende su consecuente competencia jurisdiccional bien determinada por Ley Por las motivacionesArtículo 5:, de la Ley Ne 1.62De la FunciónRToE Pública no es inco Con lo que se quedando acordadaa plenitud.
unghanns csJ.ly SS.EEo pofuque certifico, sgue Ojeda M.D!J Ministro Abg. JulloPavón Ante Ipor te SENTENCN NÚMERO: 216 . Asunción, 5 de rnat2o VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
ANOTARy registrar. por evacuada la consulta constitucional, en el sent¡do de declarar la delArt. 5 de la Ley 162612000, de conformidad a los términosen el de la presente Resolución GesarJuñghanns Dr.Ojeda MinistrocsJ. iiartincz N*. r-§x. tSECRETARIA JUDICIAL It Ante