@S,:rn¿u..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAURICIO IVAN FRETES FERNANDEZ CI ART. 4IO DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No rzsstzozo". No 473. año 202r. Y SENTENCTA Núvrnnoienlos Asunción, Capital de la Repúb.lica c.r, olc,g , estando en la Sala de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. --de INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAURICIO IVAN FRETES FERNANDEZ Cl ART. 4lo DE LA LEY No 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73l9I Y I8O2/01 Y LA NOTA SG. NOT NO 125512020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor MAURICIO MN FRETES FERNANDEZ,poT sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHA¡INS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor CÉS.q,n D-IESEL JUNGHAITINS dijo: El señor vrÁunlclo IVAN FRETES rbnN,LNlEZ, por sus propios derechos y bajá patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACTONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'' la NOTANOT NO I255I2O2O DE FECHA24 DE NOVIEMBRE DE 2020,contradictadaSG.
adecaj el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad A¡ts.46o y 47" de la ConstituciónNacional, colisionando al mismo tiempo considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá ladel citado monto a la amortización o cancelación de su es de devolución los oportes patronales a solicitar la devolución de aportes prescribirá después deanos de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en a la amortización ode su obligación".caso Vlcto¡con Cesar M. Diesel Junghanns IUI¡nistro cSJ.Gustavo Ministro MinirtroOiedaCUESTION: del mismo cuerpo legal.
, Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le pri'ian de acceder al retiro de sus aportes, circunstancialque vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se v,,:rifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados ,Je Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como luncionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se r¡stablece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcic,narios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se ¡'etiren voluntariamente. Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos deracceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestióq,en una entidad bancaria, extremo que señala como inconslitucional por conculcar 1o preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa:
"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad-- El Estado ,garantizará a todos los habitantes de,la República. I ") la igualdad para el acceso a la justicict, a cuyo efecto allanará acceso'a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos qutt la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios dle la naturoleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por meclio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo l lo primera parte: "Los fondos y rentasque se obtengan de conformidad con la's disposiciones de esta Ley,sonde exclusiva propiedadde los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de I'ropiedad de Aubry y Rau: "...Ia propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cos'a sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..," (Cabanellas, G. "Diccionario Enr::iclopédico de Derecho IJsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribur;iones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante rt,:clama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti'*,'a constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una. parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposit:iones de esta Ley son dc. cxsbsi-v.a- prapJe-dqd- .de-*tps-b.eilertEiqrios de:ls--.C.aidl-srár-po-r-qtrq "lafo .lim-ila- lq transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus opt:.)rtes a lbs futpcionarios que...'l;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia npr,ma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.FI'&lqF-r" Itr i ..i,iü .il¡l rri¿.1'il MA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAURICIO IVAN FRETES FERNANDEZ CI ART. 4IO DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 Y 1802/OI Y LA NOTA SG. NOT NO IASTIC Enlasafrenta al Principio de los asociados bancarios caso del accionantehayansidodesvinculados de la actividad bancaria y que con los añospara acceder a la devolución de sus amenelloilegal ya que dea, en abierta ptrivada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, afin de hacerla accesible para todos... " . '-"'
En cuanto a la NOTA SG. NOT N' 1255/2020D8 FECHA 24DE NOVIEMBRE DE 2020, dictadapor la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No ,26, acta No 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual déclaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las norrnas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del4lo de la Ley N'2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay'', en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor MAURICIO MN FRETES FERNANDEZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su tumo, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo:
l.- El señor MAURICIO MN FRETES FERNANDEZ,poT sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de lalos Ley No JUBILA contra EI"QUE SUSTITUYE LAS LEYES N',73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'' SG. NOT N' 1255/2020D8 FECHA 24DE NOVIEMBRE DE 2020. Para debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47 y 109 de la fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas , gva " (...) los requisitos citados arriba, fundados en el dictamen jurídico de la Caja Bancaria, y luego, e la de la misma Caja ME PNI/AN DEL DERECHO que tengo a acceder a la de mis aportes de dinero que se encuentron en la Coja de Jubilados y Pensiones de dey Afines que tengo derebho al mismo pues son de mi exclusiva propiedad pues salorios a la referida caja, y deben en derecho ser devueltas a mi persona, decisión una situación de injusticia y vulnerabilidad basado en arbitraria e inconstitucional ... ".
de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- M. Diesel Junghannsu0E,5a¡itanflg¡ QanS3 Cesar Mlnl¡tro CSJ.u§ta NliriistfoDrlti dedeL,a Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a lo amortizctcicr, o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes pat,,tnales. El derecho a que el mismo tengacon la Caja, en cuyo caso losaporte,t serán aplicados a la amortización o cancelaciónde su obligación" (negritas ySUbrayadosson míos). 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de l¿r nc,nna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad r;upr:;'ior a l0 años podrrín acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual Jrrr:duce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolur:iór L r1e aportes en e I sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICüLOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA Ctt,tA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en sLr Artículo lo dice "Art. 9".- (...) A,auéllos oue se retiren de la fanción oública sin reunir los l:equisitos para acceder a.una.iubilqEión, aun apelando,a los.,derechos que le otorga la,!,¿y N" 3856/09 ")UE EST,q,aM,CN LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE,SERVICrcI; EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACTÓ¡¡ Y PARAGT]AYO, Y DEROGA E,L ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", @']a devolución del 90% (nouento oo, ci"otot d, sus onortes realizados, aiiiiiii ii Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Parasusv."
$L:¡gritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato ,lispuesto en el primer prínafo de la normativa impugnada pgca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarigs, que no han cumplido los 'años de antigüedad, {e dispotter de sus apoFleq que por.dereolo,les,correqponde,,incurriendo indudabiemente en una total desigualda{ ante funcionarios del Estadoen general, Es evidente que la medida cuestionada aterita contia ios principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años d.,z,l retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consicierando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determiniutte ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de ta norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su,derecho, pero no lo sujeta al lilrealbedrío, s,i4o a la o§ligaci§n de respetarlo,ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacar), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "pres'cripciónl'creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencra de figg¡as. romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la c,onvivencia dél püeblo.
fomano.
rr-.r.rft trr'r il.. . i t.,illMoltuL REMA STICIARTE ramas como por..ACCIÓN EINCONSTITUCIONALIDAD R MAURICIO IVAN FRETES ART. 4IO DE LA LEY NO SUSTITUYE LAS LEYES NO Y LA NOTA SG. NOT NOPROMPO FERNANDCI 9,del unelemento creadorDerecho hansu alcance y efectos, regulando derechos que permite adquirir el usucapión) o bien como un medio de extintiva o liberatoria) en virtud del tiempo y b¡jo las condiciones de una relación jwídica no se que ha permanecido inactuado "exclusiva" del legi establecer ciertos límites ala, 13.- Todo lovoajenas (prescripción adquisitiva una carga u obligación abandono de la acción o reclamación durante señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto encontraría sometido eternamente a un vínculo j durante un periodo prolongado de tiempo. --- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo enArtículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
I l.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor wlnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar ¿rmparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejezo invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" detaturaleza afiliados aobligatoria, entendido la Caja e interpretadotienen todos los conceptó cóntradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y gararfiiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulgacon el constitucional (An. 128 C.N.). Amaya. J.A., Director. (2018).os control 3¡cPta¡'¡'Abg.resguardenquien Aire§gg¡¡tfl, úfteh .rlEzTomo 4. Derechos y Garantlas. BuenosnistroOjedaconcepto Ittri{1rt'r i'.lr: ,rlt!ii :i!;¡¡irllI=l .Ja como tllJ.i!
y establece cuáles,derechos deben serejercidos en tiempo,y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el .Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado cue "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma rúterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plczos de prescripción, intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interéscolectivo, se priva de reclamarlos o quien no los ejercita en el término prefijado (.., 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden púbtico y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art.
128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de lcts particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperiLr sobre ésta, más cuarrdoseutilizaelconectorprohibitivo||enningún.caSo,|. 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta cf,fl 0l correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.137 de la CIrl, sc ')onstituye en la nonna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
--- 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constit.l,:ional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la iruenunc.íabil,ldad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituttt de la prescripción, por lo que ne.constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la NOTA SG. NOT N" t:255/2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, vale aclarar que la misma resulta rma consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que el art. 4l de la Ley N" 2856/2006, precedentemernte estudiado.
20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción <.h inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contor con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume 1o demás en todos sul términos, y la NOTA SG. NOT N. 125512020 DE FECHA 24DE NOVIEMBRE DE 202(1. ES MI VOTO.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor MAURICIO MN FRETES FERNANDEZ, pór derecho propio y bajo patrocinio «le abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Lev No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA D1l JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY', Y IA NOTA SG. NOT n§tQ rai}.r,tr..,i yrlztitl!'' tJtllll ürar*a c,No -t..ACCIÓN DEINCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAURICIO IVAN FRETES FERNANDEZ CI ART. 4IO DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y T8O2/01 Y LA NOTA SG. NOT NO STICIA 2020, en razón de ser contarios a los atacada de inconstitucional"Artículo 41.- Coruesponderá sus aportes alos funcionarios quecuenten con una antigüedad superior a los diezaños y que no o que se retirenderecho a la jubque fuesen despedidos, dejados de lasdonde prestan servicio. La Caja montola omortización o canceloción de su delos aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes pre,s de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, solvo' que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" Que el accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nonnas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosrándolo por párrafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de F.mpleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente,limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos. Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Cana Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, lacia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un ricov sooial que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el y, por ende, todas y cada una de las articulaciones interdependientes unas con otras, SUespíritu. Cesar M. Diesel Junghanns Mlnlrtro CSi.stavo E;5ar.,tander Dans Minisr.os OieilaliliHfilii.Iii 't+4F#lftu.llll ,l iil iiIi: t, En tal sentido, el Art. 46 d; h Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones,amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica. Reoordemos que la constitución de un Estado social de derectrc - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 2t50 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, calbe rl,:stacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloc r a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de laLey 122193), Funcionarios Públicos (art. l;! de la Ley 1626 y art.
9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por estrr Máxima Instancia sin denota¡ una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandalc,s constitucionales. .-- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su digrridad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescin«lir la aplicación del primer prárrafo del Art, 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la partr: donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesr.iubilatorios.
Nótese que el último prírrafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desdp que se produjera tal salida otorgándole unaprescripción liberatoria del pago de dichos apgrteq, Entiendo.qus tal elusión no padece de un tinte cqnfiscatorio - rni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, intemalizadapor Ley l/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las ¡estricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las; libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubiert,:n sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus lírnites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privad;1, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postullado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo caraclerísticas que inspiraron su legislación diciendo " ...8n primer lugar, cuando hablamos de seg'uridad social. E.stamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social p,'n'que, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3" .
En el contexto de una sociedad democrática - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, gdrarrtiza el goce y el disfrute de la se:guridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un cla¡o contenido o fin social. Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Vertlú, cita la Frosini diciendoIt lntoirfplhn Constitución ae n Reptlblhr ilet *r.gr¡y, Coicordsr, ¡notada y coii ¡urisprudencia, Tomo 1 Parte uhsi(., ,,qffi,,.f{.i?f*Perasu¡Ya'Asünclón,Para&¡viD'9S7" ' lr ? '- .rr rrir¡ilr I itl , .f ORTE..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MAURICIO IVAN FRETES FERNANDEZ CI ART. 4IO DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 7319I Y 1802/01 Y LA NOTA SG. NOT NO USTICIA ta mfiq concisa, ,íifno el {rbgfiento dqwrryjo,irrrndetg g44qrada, rcdaVp Ley, y no Slo e.1 unlqlen:a Je.gtil, slño'tu¡oüurfi!! de un autor, ob. cit., p. 20ll relata que Ia sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del.análisis detallado de los términos de los mismos podemós encontrar la intencionalidad articuladá1 Sbstiene que.esl4s normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significatiVá, 0on otra§ disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interprelación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos,..".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 delaLey N" 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho. Por último, el recurrente ha impugnado la NOTA SG. NOT N" 125512020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 dictada por la Caja de Jubilaciones. y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar ,que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afirtes de denegar el pedido devolución de aportes del afiliado por aplicación de lb norna impugnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art. 4l de la Ley No 28 5 6 I 200 6 precedentemente analizado .
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 300 de fecha 16 de febrero de 2023 obrante a fs. l6118, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo lá'áplióaoión del.pqi¡ner.piírrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS'7tl9l Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA SG. NOT N" 125512020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P.
Con lo que se dio porfirmandoSS.EE., todo por E. Santander Ministro Santander Dans MinistroDr.Ojeda Cesar M. Diesel J t,llr Y SENTENCIA Z{5 Asunción, 5 de wtof JP VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la DE FECHAdevolución de aporte jubilatorio, así como la NOT'A ¡:l(i. NOT N' 125512020 24DE NOVIEMBRE DE 2020 dictada por la Caja de Jrrbilaciones de Empleados de Banco y Afines, con relación al señor MAIJRITCIO FERNANDEZ,de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del (:.l'].C.
AR,notificar Min¡stro C. Pavón r!mí, de uCé 6 ARIA SE.CREf JUDICIALVíctor itt. n.iiiiI tr' rc.irt tl :licsJ. tlr, 'hli[t :