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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 225/2024

5 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE CLAUDIO GALEANO VEGA C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01.-".N° 991931. AÑO 2022.--

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06

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CORTESu pneMA 'ruI USTICIA"ACCIóN PROMOVIDADE INCONSTITUCIONALIDAD POR JOSE CLAUDIO GALEANO VEGA C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802/01..'" NO M. Dlcsel Jur6hanns MInl3tro c9J.Y SENTENCIAi NÚUNRO:bo5cv.ici"tp - ART.41O99193r. lñO zozz, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor JOSE CLAUDIO GALEANO VEGA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.

la cuestión planteada el'DoctoriCÉSÁn DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor JO§E CLAUDIO GALEANO VEGA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73l9I Y I8O2IOI "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.....

Ref,rere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad los Arts. 46o y 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con109o del mismo cuerpo legal.

considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Cotesponderá la aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caia podrá cación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. susceptibles de devolución los aportes patronales derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso a la amortización o cancelación de su obligaciónt'.

el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera De las constancias presentadas en autos, se verifica que aportanteCaja de Jubilaciones yde Bancos der Dansc Gustavo E. Santan02 aosst.1 lr Afines por r Ríosen Abg' MinistroDr.r__1 x{il,frH#ri üNr#1irr r ;r i. fii, illrli dosen la Sala de Ante los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como fiincionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funci,rnarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente. Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cuaI expresa:

"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado f{qrantizará a todos los habitantes de la República. l") la igualdad'paratel acceso a la justicia, o culo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyeo'; 3o.) la igualdad para el occeso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que' la idoneidad, y 4o) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficio,s de la naturalezo, de los bienes materiales y de la cultura", En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recur,cos ", artículo 1 1o primera parte: "Los fondos y rentos que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de I'ropiedad de Aubry y Rau: "...Ia propiedad es el derecho de gozar y disponer de una co:;a sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enoiclopédico de Derecho Usual",,Editorial Heliasta, Buenos Aires- Repúbl{ca Argeptina, 2A0l , Torno VI P-Q)r ,-r

.- En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, baj o ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado pincipio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes ,':n forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribu;iones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante r,irclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectir¡a constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en laLey cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las dispos'it:iones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los bene/iciarios de la Caja", más p,or otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de es,:)s derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus' aportes a losfuncionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de.sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta{i ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE CLAUDIO GALEANO VEGA C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73l9I Y 1802/0T..'" NO 99r93r..1ño zozz.RTE marco normativo, procede aapropiarse de la totalidad de los aportes SUSen el caso particular, del señor JOSE CLAUDIO GALEANO quecolisiona conla garantía constitucional contenida en el 109' de nuestraFundamental, que dispone:...5e garantiza la propiedad Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor JOSE CLAUDIO GALEANO vEcA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su tumo, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: 1.- El señor JOSE CLAUDIO GALEANO VEGA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856t06 "Q(JE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY',. PATA el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario banca¡io.-- 2.-El acciónante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, gua "(...) se me restablezcan los derechos y garantías de rango constitucional que han sido conculcados, en abierta y directa contraposición a los principios básicos que la constitución Nacional asegura a todos los ciudadanos de la Republica...".- 3.- El Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Conesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios oue cuenten con una antigüedad superior ail anos retirenLa Caja la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a años del que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podran de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen ados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector la Ley N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y l0 REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA Y PENSIONES DEL SECTOR P", en su1o dice:los podrá Jutlo DLEY N" Gustavo E. Santander Dansala Cesar tllinirtro csl'n5 Drtor Rt privada, legales sustituye t$birl ItVlinistro 9".- (.,.) Aoaéllos,que se retiren de la función oública sin reunir los t:equisitos oara acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la l.e'y N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS' EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACTÓI¡ Y P PARAGUAYO, Y DEROGA E,L ARTICULO I 07 DE LA LEYN" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", pedrtiu seüeltaF.la devolucitín,del90% (noventa oor ciento) de sus aoortes realizados. aiustados por la vuriación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraeuav," míos).

6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato «lispuesto en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derectro. les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "Db la lgualdad de las ,Dersonas",4'7 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma imp,¡gn¿da: "El derecho a solicitar la devolución de oportes presuibirá dgspués de tres años de.l retiro del afiliado de su trabajoi'; entiendo que no es inco¡stitucio[al. Si bien en,un principio he sostenido fq oonl,r¡gig, ac{ualmenfe necesito revermi opiniórt.en este punto,,consicie,rando la existencia de criterios jurídicos objetivos que rnolivan un nuevo razonamiento. Er,i dable res,altar que, qn nuest¡o sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinirnte ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. I)icho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce il las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondir:nte protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la, oblig:lción de. respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligacion de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "presrcripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el prropósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencLa de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la c'onvivencia del pueblo romano.9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance 'v efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o blen como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o lib,,:ratoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha p:rmanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 rlice: "La prescripción extintivo se produce por la inacción del titular del derecho durartte el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: c,l transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no rec,lamen la devo.lución de sus apoftes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actúación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

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e#{ I lr t:irli.,¡ ,llti incluso, recursos para la tutela de la ancianidad enfavorde esa franja considerada como wlnerable "(...) pero jamás una diferencia enperjuicio de este sector (...)"'. Es precisamente esto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraria el equilibrio financiero y presupuestario que garantíza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.). X3.- Todo lo relativo a Iava" del legislador, quien límites rcma latiene poraclarado'p't1::,¡.tPo1todo lo enreiterada de ordenla dey que, en arasun interés prefijado (.

si eles de estricto orden público y Ríos Oieda i,PáC.04.-por lo'rü{;;,li'li'lilitl lii1i;ir.r interesesdurantecual es se encuentrao reclamo" siga por tanto,por norfnas el instituto representa,a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro,pues,rtvones jurídicasposible sostener que una conclusión como ladedel a quien no los ejercita en hueled¡Pcnor suJnáshuyq Pág. ililiien ello rllilillrl'i', Itlten elAires, sabre.el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nomra podémos conoluir¡ incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más cuandoseutilizaelconectorprohibitivo,,enningúncaso,,.

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta rlon el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.137 de la CN, se <;onstituye en la norna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constit¡ucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la inenunciabi,lidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés,general'. 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que conesponde hacer lugar parcialmente a La presente acción cle' inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley N' 2856/06, exclusivamente en la partu que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad saperior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI VOTO A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Et señor JOSE CLAUDIb GALEA¡IO VEGA, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el a¡tículo 41 de la Ley N' 2856/06 QIJE SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONE;S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", enrazón de ser contarios a los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución de la República. --:

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una untigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de oportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Que el accionante justifica el pedido de decla¡ación de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la ,A, fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por párrafos.

El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitiíndolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiez años y, b) que no tengan derecho a lajubilación.

t ll¡rrl.¡-a r1ir;Nl r¡niñnfvi novskl ;l , REMA TICIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE CLAUDIO GALEANO VEGA C/ ART. 41" DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802/01..'" NO resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la el Art. 11 beneficiariosla la limitación encuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garuntizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida din¿ímica.

citadauna situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios 9dela66 de la Ley 122193); Funcionarios Públicos (arl 53 de la [,ey'l626'y ar1'. ). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer . 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una que el último párrafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe un lapso de 3 años produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio en elel de laión Americana sobre Derechos Humanos, más conocibajo el Pacto San JoséCosta Rica, intern alizadal/89, nos ayuda a la Gustavo E. Santander Dans.9con eluna Cc¡rr ñlt. Dlelel JQi Itlllnl3trd csl'ghanns MinistroVíctor roOjeda?

,ii;iiii losde ladeberáa los seguros para sus portiflñ*ti{li¡}lt irri¡:,tf+ i, tlitl, Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

dichos vulneración al principio de igualdad llll¡ marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y lar; libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubierr,:n sido establecidas por leyes que se dictaren por r¿vones de interés general y con el propósit.o para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra CartaMagna reconoce la propiedad privada. subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras ir su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que erl constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo caraclerísticas que inspiraron su legislación diciendo " ...8n primer lugar, cuando hablamos de s4:u'ridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social pr)t'Qlt€, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una ,epercusión social...3".

En el contexto de una sociedad democrática - art. I - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio,;individual de toda la'población trabajadora, otorgando a s,us recursos finanpieros un claro contenido o fin social. Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, ,;ita la Frosini diciendo 'i.t.cada ley incluida la más cancisa,,como el fragwento de un e,tpejo, contiene encerradg, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio..."

El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia. de las disposiciones constitucionales expresa su contenido, normativo y;del análisis detallado de loq términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad aniculada. Sostiener que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significatir,B, r.)on otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...1o interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".

N" 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por {a Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter pennanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son indi'r'iduales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el l:lstado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con ol interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este ca.so, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, con«:,isa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento {e las personas afectadas, pudiendo las mismas gje¡ger valida y efectivamente el derecho de re'clamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen carga:i adicionales,'excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el e'iercicio de tal derecho.

Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros n"tbros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercit:io del derecho. Horacio Antonio Pettít, Cónstitución de la República del Paragúay, Coñcordáüa, Ánotaáa yton J urisp rudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957.? situL ORTE..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JO§E CLAUDIO GALEANO VEGA C/ ART. 4lo DE LA LEY N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802/01..'" NO USTICIA atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las vas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 545 de fecha 22 de obrante a fs. l2ll4, colresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802i01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P.

Conacto, firmando SS.EE., todo por ante certifico, Gc¡ar llll. Diesel Jurghan Mlnistro CS'l' Ante Gustavoh,illT¡j-Dans , Santander Dans f!/llnistrc Ante Jullo C' YSENTENCIAXÚUNNOZ Asunción, 5de rnof 'Lo VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL RESUELVE:Ojeda Ministro HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006 "Qbe las leyes N' 73191 y 1802/01de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Paraguay", er la parte que condicion¡ a una antigüedad superior a diez efectos de la devolucién de aporte jubilatorio, con relación al señor .IOSE de conformidaden el An. 555 del C.P.C.

ANOTAR,en Dr.rRI SECHE]'AiTI¿