← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 230/2024

5 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SERGIO ARCE C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06". N° 939. AÑO 2022.-----

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

Coxm Supiulr* mJusucrA *AcctóN DE INCoNSTTTUcToNALTDAD PROMOVIDA POR SERGIO ARCE C/ ART. 41' DE LA LEy No zgs6to6'.N'939. eño zozz.

ACUERDo Y SENTENcLq, Nútunno:Y*x,Lc .[rrtü. de Asunción, Capital de la República del Paraguay, 16s cintcr días, del , del año dos mil veinlíctaho , estando en la Sala de Acuerdos de la Justici4 los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHANNS, VÍCrOn ÚOS OJEDA y GUSTAVO DAIYS,Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el caratulado: "ACCIÓN DEINCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SERGIO ARCE C/ ART.4l'DE LA LEY N'2856/06". No 939. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor SERGIO ARCE, por sus propios derechos y bajo patrocinio delAbogado FRANCISCO JAVIER PORTILLO G.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta ante esta instancia el Sr. SERGIO ARCE, por derecho propio y bajo patrocinio del ABG. FRANCISCO JAVIER PORTILLO G., a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", atentar contra los Arts. 20,46 y 109 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 47.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde preston servicio. La Caja podrá optor por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligoción. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del ofiliado de su trobajo, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normativa citada, en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitada ante la Cajarespuesta negativa se debió a la falta de antigüedad requeridapara el efecto, principios consagrados en la Carta Magna.

este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación. --- es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art.95,legisla un espectro obligatorio e integral para el trabajador deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimi de los seguros sociales nodesviados de sus fines estarpara sus obj Gcsar M. Diesel'Junghanns Mlnlstro CSJ'Afindeasl destaca que rRy queysuhbg' -. MinistroDr.

...111... Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológic«r y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art.46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.---a fin de garantizar Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art.7-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatosnnncfifr rninn o las Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer piárrafo del art.

41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. A¡.ro.a bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo «:omparte con la letra del art.2l de tal Convención; como asimismo, el art. 46 ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.

Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la Seguridad Socialcontribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo: "...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social". En el contexto de una sociedad democnática -art., .l- donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantizael goce y el disfrute dela...lll...

üt:nrm Surrx-mm¿ ru{USrIü[e social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a un claro contenido o fin social. es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo: incluida la más concisa, como el frogmento de un espejo, contiene encerrada, la visión la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio...".

El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que ".. .la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica lo interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa anáioga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N" 1700 de fecha 03 de noviembre de 2023 obrante a fs. 18121, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer pánafo del Art. 4l de laLey 2856106 "QUE SUSTTTUYE LAS LEYES NROS 73t91 y 1802t01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''. dE conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor DIESEL JIINGHANNS dijo: El señor SERGIO ARCE, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LA CAJA DE JUBTLACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.

que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad Arts. 46", 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismotiempo con el mismo cuerpo considerada agraviante expresa cuanto siglue "Corresponderá la devolución funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez oños y que no a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del a la amortizoción o cancelación de su obligación.

serán susceptibles de devolución los aportes patronales.-- a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyoaportesSU la amortización o cancelación de su obligación".

el accionante que los requisitos establecidos por la disposición deal retiro de sus aportes,vulnera los principios stavo E, Sale Gr¡rr lll. Dlesel .lunghanns Mlnistro CSJ.-. Ministro -ans aportesen ...111... protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos 1,Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacadade inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes rea.lizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüeclad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la noÍna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por «:onculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cayo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la iguaklad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) ta igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jrxidica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos '1 artículo 11o primera parle: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho lJsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo Vl En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley' la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos. la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucionalpara proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas aniba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados alaCaj4 el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que "Los fondos y rentos que se obtengan de conformidad con las disposiciones de erta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado lirnita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios eue...";todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inir:io de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancariil y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caj4 en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular del señor Sergio Arce, circunstancia que también colisiona con la,gar&otía constitucional contenida en el artículo I 09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: . . .l I I . . .

la propiedad privada, cuyocontenidoy límites serán establecidos por la sufunción económicay social, afinde,hacerla accesible para lodos ... ".

el parecer del declararexpuesto, en atención a las normas legales citadas y en Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la la inaplicabilidad del41o de laLey N" 2856/2006 "Que sustituye r)1 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la de aporte jubilatorio del señor Sergio Arce, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C.

A su turno, EL Doctor nÍOs OJEDA dijo: l.- El señor SERGIO ARCE, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N' 73/9] Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qüe "(...) El Derecho sobre el aporte del trabajador queda definitivamente establecido e irreyocablemente adquirido con el pago ya efectuado por el aportante. No puede negarse o desconocerse por el Estado luego de reconocido 3.- El Artículo 41 de Ia Ley N" 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios oue cuenten con una antigüedad suoerior a los diez años v que no tengan derecho a la iubilación. que fuesen despedidos, deiados cessntes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación " (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, la Ley No 4252110 ")UE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y l0 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9".- (...)

apelando a los derechos que le otorgaLey N" 3856/09 "QUELA DEL TIEMPO DE SERVIAOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DEJUBILACIÓN UAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA y subrayado son míos las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la los10 añospeca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Ley Suprema.

lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El prescribirá despuésde tresdel retiro delafiliado de su. Gustavoántander Danstt solicitar Cesar M. Diesel Juñghanns Minlstro CSJ'-. Mlnistro -Dr.Jullo dFn, . ;*s¡[...///... trabaio", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consiclerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protecci(rn o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadános.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la l-ey de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dr¡minio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo esfablecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.

I l.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "acti¡,,idad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga actil,o e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuer;ta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)'-. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCajae interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a l¿t proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectaciLón, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraria el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de laCaja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos línnites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho r:r la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rnodos, el interés. ..lll ...

Amay4 J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Torno 4. Derechos y Garantias. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- n*JUSmUA que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada - del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera offas normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también drjo la Corte que la inenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompafible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (l.as negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 28561M, exclusivamcnte en la parteestablece como condición para la devolución de los oportes el requisito de contar consuperior a 10 años, manteniéndoselo demás en todos sus términos. Es que seel acto, firmando SS.EE., todo por Gcsar M. DieselJünghanns itavo E, Santander Dans Ministro CSJ.

Ministro Abg.c.mí, de q Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina. ACUERDo y SENTENcn xúupRo: Ljo. Asunción, 5 de "rcrk YISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a unaantigüedad superior a diez años a los efectos de la devolucién de aporte jubilatorio, al Señor SERGIO ARCE,alo establecido en el Art. 555 del C.P CesarJ Ministro CSJ' Mlnistro - secri.T¡.Rm üOOa