raY SENTENCIA Capital de días, , estando en la Sala de r Ministros de la Sala qFi,,.t JUNGHANNS,vÍcroR nÍos AVOffií, el Secretario Acuerdoel..ACCIÓN INPROMMIGUEL ANGEL CANO C/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802/01 Y NOTA SG. NOT No 1585/2021de fecha 23 de marzo de202l",a de resolver laAcción de Inconstitucionalidad promovida por el señor MIGUEL ANGEL CANO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: aplicados a la amortización o cancelación de su obligación accionante que los requisitospor la al retiro de sus aportes,ue vulneraPracticado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor CÉSIR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor MIGUEL ANGEL CANO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/9I Y I8O2/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA SG.
NOT No l585l2}2l de fecha 23 de maÍzo de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgredesolo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad s Arts. 46" y 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el09o del mismo cuerpo legal. considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, deiados cesantes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá ación de su obligación.
a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caia,tres años del encaso 8,,S¡intander Dans MinistroMinesu Gustavo Dr,,t principios t¡ill:¡i[]irl¿:]if i¡ffitti|*lleij:iit¡l¡¡llriri-klJ*.r,';il ,r[ti!!l!¡tfíUr ,dqlrIt lit"ü'j;l*irí iti4r{ii irixl¡!1!:ir{ 'f! :itrJ l, ,iiirl protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de rnanera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifrca que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos (lue ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los iaportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se t,:stablece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcir¡narios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente. Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las :xigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de aoceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cuaLl expresa:
"Artículo 47" -.De las garantías,de la igualdad.- El Estado 1¡orantizará a todos los habitarytes de la República.,1") la,igualdad'para el acceso a la justicia, a cuyo efecto.allanará los obstáculos'que la impidiesen; 2P) la igualdad ante las leye.r; ,:") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisifos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la culturo".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medi,r de su Título 'l'ercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I lo primera parte: "Los Ley, son defondos y exclusivapropiedad,delas dispostciones de estarentasque se En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de I'ropiedad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cos'u sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enr::iclopédico de Derecho Usual",tEditorial Heliasta, Buenos Aires- RepúblicaArgentina, 2001, Tomo VI,P,Q). -..--..
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes ,m forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones mismas, se constata una clara "Losfondos y rentas que se obtengan de exclusiva propiedad de los transcripto con Que..."; todo ello sin otro perjudicado queaportante a quien lanorma al afrenta los asociadosla ru¿.ódEinicio de sus disposiciones pretende proteger de la ¿rctividad bancaria y,que:ItI'!Ede lasV cuando,parte conson por otrolimita lo esoscaso de IJllI STIC circunstanciatambiéncolisiona 109o deLeyq contenL..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL CANO C/ ART. 4lo DE LA LEY No 2856t2006 "QUE SU§TITUYE LAS LEYES No 73191 Y 1802/01 Y LA Icon la garantía constitucional contenida ue dispone: "...,Se garantiza la propiedad atendiendoosu funcióneconómica yen el artículo privada, cuyo ido y a.finsocial,deseran para En cuanto a IaNOTA SG. NOT N" 1585/2021 de fecha 23 de marzo de202l, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, acta No 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las nornas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor MIGUEL ANGEL CANO, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo 1.- El señor MIGUEL ANGEL CANO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856t06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" Y contra la NOTA SG. NOT N' 1585/2021 de fecha 23 de marzo de 2021. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. - 2.- Elalega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, gve " (...) dicha normo ylaseveramente mis derechos ya que me veo perjudicado al no poder recibir y dinero que mensualmente estuve aportando a la caia y que forma parte de mi la cual estoy siendo inconstitucionalmente privado.
Que, no cuento con la 'ida por el Art. 4l de la Ley N" 2856/2006 para obtener la devolución de sto que he aportado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados inferior al tiempo establecido en la norma cuestionada, específicamente 4 meses, 2 días, situación que me priva de acceder al retiro de mis aportes, así los principios de igualdad y a la garantía de la propiedad privada en la Constitución Nacional... ", 4Ia Ley N'2856/06, impugnado dice; "Artículo 41.- ctonartos Gustavo E. Santander Dans lViipriqtrouesen Abg.
Ministro€3Jnlosun Dr,'Ojedalaloscon requisitos normativo, en elparaa senorCANO, cesantes o oue se retiren voluntariamente de las entidades donde or'.gstan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortizació¡n o cancelación de su obligaaión. No serán susceptibles de devolución los aportes pat,,oneles. El,derecho a solicilar.la dgvglución de aoortes prescribird,desoués de tres años dlel retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aporte.s serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (nep"ritas y subrayados son míos) 4.. En cuanto a la interpretación letrista del primer prírrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podran acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derech,r a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual p,r,)duce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devoluciórr rJe aportes en el sector público en general.
LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA C¿tlrA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en su Artículo lo dice: "Art. que le otorga la ti,cy N",,,QUE TIEMPO SISTEMADEJUBILACIYPTTISIIIPARAGUA LA LEYN" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN P(JBLICA'" Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Parasuav." míos). 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato rlispuesto en el primer párrafo de la normativa:impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionprips bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las F'ersonas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y I09 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años a'el retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consi«lerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgarrc, jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dlicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce ;l las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "presrcripción" creada por el 'Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el prropósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su forrnación se debe a la influencriil de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la r::onvivencia del puebloDE SERVICrcÍ; EN LAS CAJAS DEL YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE romano.l:r I'rf "ll¡i:iiillJrl;i,tis*ii, i-É¡'IÉilÉt* u r,,.t l' tt t¡tiJlflhdfuc,i ,. rir;tgrr,rSüfir,ii.
extintiva se produce por ladel titulardel derechodurante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los 12.- Ladeli 'tn ila néndb'&,validez d ld propesidÚu:rtwrnativ¡ Dota de que comulga IRíos Ojeda , Tomo 4.':' Ministroi; t'iilril:,li;I]rili rtdfr'É iri lr{Hi ffisti',s¡ famas Tratado , ,ltit i. jlconceptono como concepto contradictorio al financiero Amaya, J.A., Aires, Argentina.E. Julio1: ! mas aun l*ii$F*§rmast planteamiffio.ñ §@lto,de la l{STA,§c. NoTtNe l585?azl,de fecha ?3 e.,ffii ,ZS?h vale eclarar: tn¡s,lqt¡t*§r$&rqmrlt*,$rlp.§oos&§ucnoia de la @iopgién del üf, 41'de la tr*y rnencionad4 por .b que la.citdr,,Nota, 6$ién atacada co¡re la misma swtcsupsl art. 41 de la Ley N? 2S§6&006, prec*CeÍnents &r+Dp;#q,rüanga, teniendo en co,ssdgrasifu todo e&,ñ¡darnento aquí sosto:rido, opino que con'ctpo¡de hacer luge parcfulmn* a le,preserrte acción de inconstitrcionalidad y en consecuencia, declarar respecto del accionante 41 de la Ley N" 2856/06, exclusivamenteen la :Jp,NQTAV Tul{, D.J. (2008)JPre§[ripci&r yQUE S fr¡bqi8'AD+lcdfeÍotnr{ñ,s Airr§¡i lnreeotlha.ñTltl¡fii i.i 't 'r' I 'su vezy forma. De todosel interés que una conclusióncomo de aportes por parte del respecto que establece como con una antigüedad susi dijo: dede REMASTICIA A SG."ADE MOVIDA POR AR4IO DELA SLASINCONSTITUCIONALIDAD MIGUEL ANGEL CANO C/ obligación.
solicitar la su trabaio, aplicados ade inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá que no se retirende las entidades donde prestan servicio. La Caia ladel citado monto a la amortización o cancelación de su serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a dedespués de tres años del retiro del afiliado de que el asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse noencuentra der DQue el accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y norrnas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por parrafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensione¡ de Erypleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios'bespedidos, cesadós o retiiados voluntariamente, limitiándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y, b) que no tengan derecho a la jubilación. ---:--- Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dandble un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos. Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tisne por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una mennaen sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideolégico y de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para su profundo espíritu.
el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personasla l[ll'-Eiessl tJli'n¡strorGustavo'[. $antanJungh c5r.defin el silencio Dr.si tl,j Ilu,ir{'Fl, quecuenten con quedejadosa iIII IIif lrItti,liI II;t:lII tll!t:l;iMinistro normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías n ) enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos traba¡adr )res en todos los tramos de la vida dinámica. Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe ilestacar que el primer parágrafo de la norma impugnada.supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. i;3 de la Ley 1626 y art.
9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados manda'tos constitucionales. --- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su cligrri,Jad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio.de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parto donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes.iubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 4l- prescr:ibe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgiíndole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confisc¿rtorio comprende u4a,vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, ef Art. 30 de,la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más c,¡nocida bajo eI nonrbrq de San José de Costa Rica, intemalizadapor Ley 1/89, nos ayurla a la dilúcidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósirtc, pÍlro el cual han sido establepidas.. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y,sus lírrrites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra CartaMagna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.2I de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras r,r su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustenta¡ la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social pt)rque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3".
En el contexto de una sociedad democrática - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, gararrtiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos finaricieros un claro contenido o fin social Al respecto, es dable acotar que en Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. " ...cada ley incluida la más concisa, como la visión y la luz de toda la Ley, y no solo principio..."
Horació Anton¡o Pettit, Const¡tución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada Dogm3tica, Ed. La tey Paráguaya. Asunción, Paraguaf, p.957.el libro Teoría General ,Ce las Articulaciones 71, Pablo Lucas Verclú, r:j,ta la Frosini diciendo fragmento de un espelta,, contiene enceruada, y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte oifu¡,.etlA C,RTE..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL CANO C/ ART. 4to DE LA LEY No 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802/01Y LA , ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, esdecir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley N" 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho. Por último, el recurrente ha impugnado la NOTA SG' NOT N" 158512021 de fecha 23 de marzo de 202ldictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes del afiliado por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art. 4l de la Ley N' 2856/2006 precedentemente analizado.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 736 de fecha 18 de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL una antigüedad mínima de diez años paraUSTICIA PARAGUAY", en Ia procederal retiro de Empleados deBancoAfines, relación al certifgg¡ [filnl$lo CSJprevisto en el Art. 555 del C.P.P acto, firmando SS.EE., todo por queparte donde se exige los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTASG. NOT N' de marzo dedictada por la Caja deJubilaciones yde todo lo demás contenido enen GustavoE. Santander Dans inistrolo que semí, devoto.- 'otAnte Ab9.Julio Ciiartínezsigue:
ilredaI Bancarios años a los ,,iiiffit I .-;Asunción, 5 de 2o dezo2l.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promoviday, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 28:1612006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d,;: Empleados del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez efectos de la devolución de aporte jubilatorio, así como la NOTA S,G. NOT N' 23 demarzo de202l dictada por y Afines, con relación al señor en el Art. 555 del C.P.C. Santander Dans MinistrQ Pavón 'lntl l,lit*'itt¡ r trl$ 1,riltt i,lt ll!s; iFl,t,'irl r{tit df lt.¿i., lii. ilI lrl, *lt:ii rdi1 ACUERDO Y SENTENCIA NÚUNNT: I 233 , Julio iiilti.' ri: aiit:{v 9rrf,rar+€