Conrs neJuSrtcn ..ACCIÓN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR CYNTHIA BEATRIZ DIAZ VILLALBA C/ ART. 4I' DE LA LEY NO 2856/06". NO Y sENTENcrn xúurno DETtr.s"ie^tra cter"Jo de Asunción, Capital de la Rgpública del Paraguay, a los días, del , del año dos mil v ¿inl',4*Fa , estando en la Sala de Acuerdos de la Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHANNS, VÍCTOR ÚOS OJEDA y GUSTAVO A¡TDER DA¡[S,Ante mí, el ..ACCIÓNSecretario autorizante, se trajo al Acuerdo el caratulado:INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CYNTHIA BEATzuZ DIAZ VILLALBA C/ ART. 4I' DE LA LEY N' 2856106-. No 1760. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora CYNTHIA BEATRIZ DIAZ VILLALBA, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. FATIMA PAOLA ACOSTA.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: instancia la Señora CYNTHIA BEATRIZ DIAZ VILLALBA, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. FATIMA PAOLA ACOSTA, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en base a lo dispuesto en los Arts. 46, 47,86,95 Y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.' Cotesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicaciónmonto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán los aportes patronales. El derecho a solicitar lo devolución de aportes de tTes años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o concelación de su justifica el pedidode declaración de inconstitucionalidad de la normativa en razón al rechazo delicitada ante la respuesta negativa se debiópara el efecto, principios y garantías vigentes en la Carta Magna.
de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados vpensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la idos, cesados o retiradosrluntariamente, limitándolo con dosa)q buenten conantigüedad mayora diezdevolución de aportes que fuera so a la falta de antigüedad requerida Cesar M. Diesel .iinghannsGustavo E. Santander Dans MlnistroCaja, Ministro CSJderecho a la Dr.rRdaeste punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándoloCUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: ...lll...Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Añ. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la pobla<:ión. Asimismo, deitaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más éspecíficamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja' Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, li limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el At. 109 de la Constitución Nacional.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Ant. I-, impone en el Poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabedestacar que el primer panágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a losaportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V 'b.Funcionarios Municipales (Art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (Art. 53 de laLey1626 y art. 9 de la Le¡, 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta MríximaInstancia sin denotar una claratransgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualáad ya en su preámbulo' Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideolOgi",,, y to"ál que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexar y ron interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En ial sentid o, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su di¡r,nidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, e.t. 88 no admlte disciiminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garuntizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida diná.i.u.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidacl y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de ios trabajadores el ejércicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación deiprimer párrafo del Art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde r. r*ig" una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa _art. 4l_prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgiándole unaprescripción liberatoria del pago de dichosaportes. Entiendo que tal elusión no padece deun tinte confiscatorio -art. 109- nicomprendeuna vulneración al principio de igualdad -art.46. Ahondando en el tema, el art. 30de la Convención Americana sobre DerechosHumanos,más conocida bajo el nombre de pacto San José de Costa Rica, internalizada porLey 1189, ensu art. 30 nos ayuda a la dilucidación delmarco que las restricciones al goce yal ejercicio delos derechos y las libertades reconocidos ental Convención deben proporcionar,autorizándolas siellas hubieren sido establecidaspor leyes que se dictaren por razones de interés general y con elpropósito para el cual han sidoestablecidas. Ahora bien. a fin de esclarecer este contenido y sus Iímites debemos recordarque el art. 109 de nuestra CartaMagna reconoce la propiedad privada,subordinando éstos a sufunción económica y social con laexlgencla que deban ser establecidos porley. Debe advertirseaquí que igual halocomparte con la letra del ya citado lo hace corrsu par, afi.24 del mismo De los claros términos citados, es dab.le advertir que el derecho a la propiedail,prjvada absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por t-ey en uár u su función económica y social.
complementando la idea expuesta, es dable apuntar quá el constituyente Miguel Abdón Saguier'ai tiempo de sustentar la promilgación del postulado del art. gs de la c.N. nz l, i.gu.iauo socialcontribuyó definiendo característicu. qu" inspiraron ru tegi.ta"ion cliciendo ,,...8n primer lugar, cuando hoblamos de seguridad social.'Estamos hablando un sistema obligatorio... 8n...///...Convención;como asimismo, el art.46 IConrx U§TICIA lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad tiene una repercusión social...". En el contexto de una sociedad democrática entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la social para el beneficio individual de toda la población trabajador4 otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida la más concisa, como elfragmento de un espejo, contiene encetada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio...".
El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo qlue "...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".---' Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dict¿men Fiscal N' 806 de fecha 26 de abril de 2023, obrante a fs. l1/14, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONESBANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el An. 55Es mi voto.
Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley LAS LEYES NO 73191 Y ISO2IOI 'DE LA CAJA DE SIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.
.- el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad los Arts. 46", 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el cuerpo legal.
considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la devolución a los, funcionarios que cuenten con unaantigüedad superiora los diezque no a la jubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por amortización o cancelación de s Nosusceptibles de devolución Cesar M.el Jtrighannsvo E. San turno, Mlnlstro cs¡.Ministroer Dans Dr.delse proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no ...///... El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con ra caja, e,n serán aplicados a la amortización o canceloción de su obligación,,.de tres años del retiro cuyo cctso los aportes Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnlra los principios dg proteccián a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Conititución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que la accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemosque ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de losaportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establecela antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionariosque no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retirenvoluntariamente Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes qu" reulira.u durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucionai por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47o-.De las garantías de la igualdad.- El Estado .garantizará a todos los habitantes de laRepública. 1) la igualdad para el acceso a lajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos quelo impidiesen; 2o) la igualdad ante lasleyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicasnoelectivas,sin más requisitos que la idoneidad. y l.) laigualdad de oportunidades en la participaciónde los beneficios de la naturaleza, de los bienesmateriales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados alaCajade Jubilaciones y pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título T'ercero ,,Del patrimonio,,, Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I lo primera parte: ',Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son- de exclusiia propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Úsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo vl p-e).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para pro.id"r a un despójo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al óoncepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes iealizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente Ln poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde laperspectila constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en laLey cuando, por una parte esta expresa que: ,,Los fondos y rentas que se obtengan de conformidadcon las disposiciones de e,sta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja,,,más por otro lado limita lo transcriptocon condicionamientos que, bajo pena de pérdidade esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de susaportes a los funcionarios QU€...";todo ello sin dlsposrcronesotro perjudicado que el mismo aportante aquien la propia norma al inicio de sus pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no propio-1 con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus el caso particular, de la señora Cynthia Beatriz Díaz Villalba, circunstancia que colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...§e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coffesponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragvay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Cynthia Beatriz Díaz Villalba, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mivoto.- A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- La señora CYNTHIA BEATRIZ DIAZ VILLALBA, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTIT(NE I-45 LEYES M 73/91 Y 1802/OI DE CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qtJe "(...) La negativa de su devolución, implica confiscación por parte del organismo encargado de su administración, quien, a su vez, de esta forma se va enriqueciendo sin mediar justa causa al no tener contraprestación pendiente con el aporte (...)" 3.- El Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Conesponderú la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con una ontigüedad suoerior a los diez años v oue no tenean derecho a la iubilación, que fuesen desoedidos. deiados cesantes o oue se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto o la amortización o canceloción de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribird desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con lo Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- Enla interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación fuesen despedidos, se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9o Y l0 DE LA LEY N" REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9'.- (...)
a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUEESTABLECE I-,1 DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN IÁS CAJAS DEL SISTEMA DEJUBILACIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE LA LEY N" I,DE " §egritas y subrayado son míos norrnas transcriptas advierto quemandato dispuesto en el peca de inconstitucional, Gustavo E.aner Dansc.losaque de sus rpárrafo Gesar Mlnl¡tro csl MinistroDr.la ...lll . .. no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de tu lguatdaá" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema juríjico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siemire que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de Ia norma, aótuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), po. en"ont arse deiimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantenei la calma Jntre los ciudadános.
su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en laLey de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la 6.prescripciónr', como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abantlono de Ia acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido elernamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establicido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reunien«lo los dos ,.quirito, qu.
configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los inliuAot activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica. ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la'Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indel'inidamente en eltiemio (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran ''los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja consideiada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)'-. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardai el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, enienáido como el derecho a la ieguridad social que tienen todos los afiliados ala Cajae interpretado como conceplo conciliatorio y .on,o concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, a'lejando ala...l//... Amaya J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. I)erechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ''Coxm 92cqaclima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 lo relativo a la seguridad social es incumbencia 'oexclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que represent4 atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que lo jurisprudencio laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad en el término prefijado (...f".
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún coso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la noÍna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dtjo la Corte que la irrenunciabilidad de los benejicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constitayen derechos sine die (...)". (Las negritas son mías 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la 2856106, exclusivamente en la parteinaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley N" como condición pora la aporles el requisito de contar demás en todos sus términos.a l0 años,lo loqse dioSS.EE., todo por quedando OesarJ E. Santaner Dans Ministro ;a de los mlmí, de Jullo G.
M¡ddaloni, O.A.i Tut¡, D.J.Pwipción yen clTrabajo. AbeledoPcnot. Buercs Aircs, Argentina. Pá9. 04.-Dr. MinOjedaI ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ZLT4 Asunción, 5 VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41" de la Ley N'2856i2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Eimpleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a Ia señora CYNTHIADIAZ VILLALBA, de conformidad a loel Art. 555 del C.P.C. Cesar M. D¡esi J Minisffo r''- Ministro Cst, Ante ,iil