ConrE SUT,REMA ouJusrlclA¿.ccróN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR JOSE GABRIEL GONZALEZ FELIU C/ ART. 4IO DE LA ELY de Asunción, Capital dela Reoública del .taiali ¿tul+o, a los an¿o días,Paraguay 1ndel año dos mil, estando enla Sala de Acuerdos Sala Constitucional, nÍos oJEDA y, SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE GABRIEL GONZALEZ FELIU C/ ART. 41o DE LA ELY No 2856/2006", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor José Gabriel González Feliu, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, nÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTAIIDER DANS DIJO: EI
Sr. José Gabriel González Feliu, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, apromover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de laLey N'2856/06 SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razónde ser contrario La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o Eue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirádespués de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deudacaia, en cuyo coso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación caso, el Sr. José Gabriel González Feliuse presenta ante esta instancia a la declaración deinconstitucionalidad de la citada normativapor a derechos de consagración constitucional. Sostieneque la disposición una discriminación en contra de los afiliados a laCaja Bancaria al disponer bancariosque cuenten con una antigüedad superior a diez añospodran jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad enque presten servicios,L|1-f los Excmos. Señores Ministros de la DIESEL JTJNGHANNS, VÍCTOR Jurol0.del principio de igualdad y el derecho depropiedad privada. Funda la en los Arts. 46, 4'1,86,95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.
otorga el derecho a la devolución de losaportes a los vde Empleados Bancarios quienes despedidos,cesados o que se hubieren Cesar M.teseI Junghanns Gustavo E. Santander Qangr , , M,niStfO, , r! ,;,;lCaja lil, ,Ministro CSJ. t.,t;tt t t;.ttt ,. con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestraCarta Magna, en su at1.95,legisla sobre la seguridad social d¿índole un espectro obligatorio e integral para el trabiljador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean <lesviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 1 I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneftciarios de la Caja. Regonociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los arios de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrnaiinviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la (.lonstitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad ñ,rrn*u, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en ru pr.,i*brlo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y sociál que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal seintido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente" el art.
no admite diicriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra espicíficamente cóntemplado en el silenclo enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías n«r enunciados- permite interpretaóiones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinrímica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho --art. 1-, impone en el poder público :art. 3 en concordancia con los:arts.247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales,derechos. En tal sentido, cabe áestacar que el p'ime.r parágrafo de ila norna impugnada ,upon" una limitación que coloca a los aportantes dt': la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art' 66 de la Ley l2zlg3),Funcionarios Públicos (art. 53 de l? l*y 1.626 y art' 9 rje la Ley 2345)' Tal situación no puede ser convalidada por esta lvtaxima Instancia sin denotal' una clara transgresión al cumplimiónto de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimienlo de la persona en su dignidad y su integridad' con el "U.irto á.'togr* la objetivación de la'igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma'u*priu e integral resulta necesario prescindir la aplicación del primer pánafo del art. ar de hle y ZtSOlO1al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para iroceder al retiro de los aportes jubilatorios'--' En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por lracet lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia d..ú;i. inaplicabilidadáel primer párrafo del art' ¿ll de la Ley 2856106 al caso concreto, en ü;;; d;ná. ,..*ig. *u antigtiedaá_mínima de die;r años'pql procedgi al retiro de los aportes jrbitutorios, de coñformidad al Art. 555 del c.P.c. llls mi voto.-'-' :
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS.dijo: Feliu, promueve eá.iOn de Inconstitucionalidad contra el anículo 4lo de la Ley 2856106 "QUEar i:'r ii i,!,i.iJ ORTE PREMA STICTAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE GABRIEL GONZALEZ FELIU C/ ART. 41O DE LA ELY LA CAJA DE JUBILACIONES Y EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.--- queel artículo impugnadopriva al recurrente de disponer de sus aportes que por desvinculado de la entidad bancaria donde prestabay habiendo sido solicitó a lacaja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46,47,86, 95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá'los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios sino igualitarios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos ,los habitantes de la República: l) lo igualdad para el acceso o la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4o) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo l1o, primera parte: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caia".
'--- En, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: ,rlg derecho de gozar y disponerde una cosa sin más limitaciones que las " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico deDerecho Usual", Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-O.--- debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho a, el accionante reclama su devoluciónq poder de otros. Gustavo E. Ser Dans Diesel J 'lorRíos OiedaCS iasta, susesta sobre Jullo Cesar nistro CSJI Minisiro i Mlnictroi 4[rll Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: " Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionor ios que... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inir:io de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, trna axrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato cla¡amente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante háyan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la der'olución de sui aiortes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Ci'r,ja, en abierta violación a su propio matco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de lo:; aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor José Gabriel González J:ieliu, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artícukr 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, a.fin de hacerla accesible Por fas ,consideraoiorres expuestas y ert concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de laLey N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y )802/01 de la (laja Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", et la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. José Gabriel Gorzález Feliu, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
A su turho, el Doctor VICTOR ÚOS OJEDA dijo:
1.- El señor José GabrielGotuálezFeliu, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "ltruE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/gI Y 1802/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES: Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.-- 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artícrulos 46,47,86, 95, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, la gravedad de las consecuencia de orden constitucional, social y el grave perjuicio económico derivados de la qplicación de la ley cuyo art. 4l se ataca de inconstituc,ional... " 3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice; "Artíc;tio 41.- Conesponderd la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una.gntipüedad suqerio los diez afios v que no tengan derecho a la iubilación, aue fuesen desoetü¿os, ¿eia¿os cesanw La Caja podrá optar por ladel citado montooamortizaciónde s'u obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho q solicjtar la devolución de aoortes orescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de su trab.?io, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados o la gm,orlización o cancelacióndesuobligación,,(negritasysubrayadosSonmíos).---.-- 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánqfo de la no¡ma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancados con una antigüedad sup,lrior a l0 años podrián acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesenff$ftff;ffirii, rf';fi'ii t ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE GABRIEL GONZALEZ FELIU C/ ART. 4IO DE LA ELY USTICIA cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta respectoa los derechos relacionados a la devolución deaportesen el sectorE LA LEY N' 2respecto, la Ley N" 42521 345/03 "DE'REFORMAto "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o,9"Y]ODE Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA laDE JUBII-ACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice; "Art.
9".- (...) Aouéllos oue se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para accedef a una iubilación, aun apelando.a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUA LA LEY N' ]626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA",YO, Y DEROGA EL ARTICULO I07 DE al Consumidor (IPCI del Banco Central del Paraeuav." 6.- Examinadas las nornas transcriptas adviei4o que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas",47 "De las Garantías de lo Igualdad" y 109 " De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema. j
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último prínafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajr)", entiendo que no es inconstitucional. SiUien en üh'principici he sóstenido lo iontrario; actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistemajurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio antérior, 'siempre que exista mérito puru illo. Diého esto,'me permlto exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecio, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legisladorfundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre losSu formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley deablas creadapafaregular la convivencia del pueblo romano.--- ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio pción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la.De pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometidoa queha permanecido inactuado durante un periodo prolongado ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La del titular del derechoestabl' Df"iVfctor Ríos Ojeda Mltri¡tropor laporse Ministrrc6'jnghanns Gustavp,E,, §enianilgr Dan§,;, I'Jinisl:ro' i ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a. reclamar durante dicho plazo. Así, los añliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderiín poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o ¡:eclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando uLn conflicto de intereses entre elrparticular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que; se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de m.ayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos flrn¿rncieros estiin dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la rejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es, impr,oscindible conservar su liquidez.,La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. . .)" .Es precisamente esto lo que justifica l:l prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interésl superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la noÍna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimoni,:r social de afectación, alejandg,a la Cpja de un clima de incertidumbre que podría originarse pcr la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "explusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nofrnas gararúizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiernpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción. por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesaala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que ,:lispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.-
"-- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo e¡p.uestglps qug la jurisprudencia labora! ha desestimado en forma retterada las pla4teas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectar,,do la intangibilidad de los derechos, y que, en oros de un interés superior colectivo, se priva cle reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qve'"'En ningún caso el interés de los part,iculares primard sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norrna podemoi; concluir, incluso, que contradictorio al interés particular lirtt .prl{ PROMOVIDA POR JOSE GABRIEL GONZALEZ FELIU C/ ART. 41O DE LA ELY REMA STICTA nonnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, miís aún cuando se utiliza se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunqiabilidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, porloquenoconstituyenderechossinedie(...),,(Lasnegritassonmías)...-.-!--...-..
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos califrcarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los ñnes del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentb sostenido, opino quecorresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarardel señor José Gabriel González Feliu, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la LeyNO,exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de losrequisito de contar con una superior a 10 años,en todos sus términos. Es mi Con loSS.EE., todo por ante certifico,sigue:
Cesar Nl. Dieseungh Gustavo E, Santrnder Dan§' Mlnistro Dr..ly, Ante Víctor Ríos Oieilu Mini¡tro SENTENCIAo:L115.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucionallo acto,tl I ii; t.i t.:lilI I I'i'l ,o.sOjeda lJ ff;i .r.r i i; parte quecondiciona a una antigüedad con relaciónal loen Oesar IDieselJ Ante Ministro Jutio C'RESUELVE: r:¡irstsril*? :.''-promoviday, en consecuencla, años a los efectos de la devolución GABRIEL GONZ:ALEZ FELIU, ello de Gustavo E, 5:nl:nder riji,:iijüt.:ll tu'l iils+l l:i illlirl'l lti..i : lit lnr i ir' tl.rli i,li, r -ll jil'i; :r; il¡l,l tj,'l,l+,iirli -1y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y conformidad rii;ri;l,ji rl::li iregistr¿¡r rlllt, rj}lrll