,vACCIÓN PROMOVI RODRIGU 2856/2006SUSTITUYE LAS LEYES N" OJy GUSSANTANDE Acuerdo elexpediENtC CATAIUIAdO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALTDAD: PROMOVIDA POR ORLANDOCHAPARRO RODRIGUEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" 2856/2006 ,,eUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado Previo estudio de los antecedentes del caso Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, ólÉSel JUNGHANNS y niOS OJEDA.-- A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo l,r{:'fl'mJit El Sr. ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY', en razón de ser contrario a los arts. 46 y 47 La dísposición atacada de inconstitucional establece'. "Arfículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aporfes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a a los afil ieren funlos diezy que no tenganderecho a la jubilación, que fuesen despedidos, deiados ose retiren vol untari amentede /as entidades donde prestan seruicio. La Caia optarla apticación del citado monto a la amoñizaciÓn o cancelaciÓn de su seránsusceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a de apoftes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de bajo,que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo caso /os aporfes serán amo¡fización o cancelación de su obligaciÓnu."'
" Epresente caso, el Sr. ORLANDO GHAPARRO RODRIGUEZ, acreditando su ex funcionario de la firma JOBS peticiona la declaración de inconslidad normativa por encontrarla contraria a derechos de consagraciÓn n de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo ndolo por párrafos El primer parágrafo otorga el dereclución de los apo adeJuEmpcarios quienes h Cesar trii. tsl üiünghannsDr. Yícto?rla Julio Gustavoiones Ministro §5J.Ministroido:TTI :rllii ,lllt' rtrlrI|!i:'iillri E. Santad&r 0am M¡dÉtrü't, , : la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren r",¡r'¿dr) voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su aft. §ll{,i, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores Ce la población. Asimismo, auloriza que los recursos financieros de los seguros sociale¡s rro sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.-.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. rln su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, rnás; r:specíficamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rrent¡as, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favr¡r de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su drevolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro es;tatuido en el art. 109 de la. Constitución Nacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nutl:;tra Carta tt/agna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la librert;ad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo ,el pl,)xo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuell,ran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles parrir comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prc,scribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no adnrite rliscriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajaoores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente r:r:ntemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garant¡zar (lerechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.- Recordemos que la constitución de un Estado social de derechro --art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arls. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca ar los aportantes de la Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de l;:r Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta l'/á¡rirna lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos c,¡rrstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su clignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de lc¡s 1r;abajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necer';ario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto r,:n la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retirc de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos preci:dentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformida<l con el dictanlen fiscal, cabe la admislón de la acción; prescindiendo la aplicación del párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi A su turno, EL Doctor cÉseR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo El Sr. ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856/06 "QUE SUSI-lTt,J YE LAS LEYEIS LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONEIS t)[: EIMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.
Refiere que el artículo impugn?do por medio de qsta acción de inc,¡nstitucionalidadj ubilatorios.
2ffi,ffiIiflit$F: Hk¡i'nf:9; lEiF+¡Jl ffi'l: ORIE lo relaciCACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL!DAD: PROMOVIDA POR ORLANDO GHAPARRO RODR¡GUEZ CI EL ART. 41 DE LA LEY N' . N'637. LAS LEYES N' amismo expresacuanto sigue:"Corresponderá la de suscuenten con una antigüedad los diezción Nodeloi apoñes patronales.
El derecho a soticitar la devolución de apoñes prescribirá después de tres años del retiro det afitiado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo caso tos aportes serán aplicados a la amorfización o cancelación de su obligación".---"-' Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante erá aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante eltiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.--- Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reÚne las exigencias estabtecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cualexpresa: "Artículo 47' -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitantes de la República.1") la igualdad para elacceso a laiusticia, a cuyo efecto allanará /osque ta impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3') la igualdadpara,y 4") funciones púbticas no electivas, srn más requisitos que la idoneidad, oporfunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los y de la cultura".- ionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la n de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y de Empleados Bancarios det Paraguay, expresada por medio de su PatrimOnio", Capítulo Primero "De la FormaciÓn de Recursos ", artículo 1 1' : "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caia".--- En estepunto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y propiedad es e/ derecho de gozar y disponer de una cosa sin establecidas en /as leyes..." (Cabanellas, G. "DiccionarioEnciclopédico Usu', Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina ,2001, Tomo Vl En esta intelncia debemos entenduedisponiendo la propia ley Srtes en belosleados de la instituci ffiimioans arMsel JunghrnnrDn Víctoo OSprincipio de lgualdad rtículo 109 del mismo radanside a exclu mal podrí prop Gustavo Ministro{finil¡ie €tt, MiniCtroa"Itir llltr,llril*rll contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciert,rs requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado princi¡lio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al ,concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclarna su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otr«:rs.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva corrstitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parrte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as dispcrsiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja', más por :tro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus apoftes ¿,r /os funcionarios que...'i todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la i n icio de sus d isposiciones prete nde proteger:.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenla al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los aso,::iados bancarios que, como en el caso de la.accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancariay que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a lia devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absr:lutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de l¿;r totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del Sr. ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constituc,ional contenida en el artículo 109'de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Lery N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados,Bancarios del Paraguáy", en la parte que condiciona a una ant güedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio rlel ,Sr. ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ, ello de conformidad alArt. 555 del C.P.C. Es rnivoto.
A su turno, EL Doctor VICTOR RíOS OJEDA dijo: Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856/06 "C),LJE SUSTITUYE LAS LEYES M rcN1 Y 18OAU DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y T',ENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.- 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46 y 47 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) el Añ.41 de la LCJPEBP si bien permite el acceso el derecho de /os suiefos de la ley a percibir el derecho a la devolución de aportes, al mismo tiempo restringe el accesc,a esfe derecho estableciendo un requisito temporalde antigüedad único que no está previsto en ofras leyes de igual naturaleza. Es decir, el arf. 41 en cuanto a ese aspecto constituye una barrera disciminatoia de acceso alderecho a la igualdad en los términos del Añ. <t(i de la CN y por tanto, debe ser removido por el Estado a través del Poder Judicial ... (...)".
3.- El Artículo 41 de la Ley No 2856/06, impugnado dice; "Atfículo 41.- Cqrugsponderá_lg devolución de sus apo¡tes a los funcionarios que cuenten con u.iF_eLllqüedad superior a los diez años v que no tenaan derecho a la iubilaciq!, que fuéséndespedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntarian'lente de-las entidades donde prestan seruicio. La Caja podrá optar por la aplicación del cit,ado monto a la amoñización o cancelación,de su obligación. No serán susceptibles d¡;' devolución los r r1;il hr,'t l'-l' ltc f eqclÓt¡ DE TNcoNSTITUCIONALIDAD: pñourovrDA PoR oRLANDo cHAPARRo RODRIGUEZ CI EL ART. 41 DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QIJE MODIFICA LOS ARfiCUIOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSIEN IBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Att.9".' (...)Aouéllos quese retiren de la funciónoública sin reunir losDara acceder a una iubilación. aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QIJE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVIC/OS EN LAS CAJAS DEL S/SIEMA DE JUBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEy N" 1626/00',DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90%ta oor cienfo) de susrealizados. aiustados por lavariación del índice de Precios al Consumidor (lPCl del Banco Central del Paraquav." (Negritas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de apoftes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia riterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que,o É.j,Ot ennestaistemajurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; stica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien n criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito uiente nte destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas , y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, libertad ; p?ra satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondienté tutela de su derecho, pero no lo sujeta al Iibre atbedrío, sino a la obligación rlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no encontrarse demitado por el interés general. De ahí surge la fig creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la p de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación de figurasnas contenidas en lade las Doce Tablas cread craromanola E, Santander Dam Ministropn 'tor Ministrorever rlos uenct convpara reguldebe aJulio GCesar ffiel Jqnghann§ 'edaII ,ii'l'ill 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que pernrite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien c;omo un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberato'ia) en virtud det abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo l¡rs condiciones señatadas en la !ey. De esta manera, el sujeto pasivo de una reliacir)n jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha pern'tanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: lLa trtre:,:cripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo estabte,¡cido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnadar, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular det derechp a r,,¡clamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclanrerr a devolución de sus apoftes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poCer de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "¿r(:;tividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclanlr)" sig, activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previs,lo ,),r la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciónl, generando urn conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demÉis beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran ern una situación de mayor'vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsi,cn;;rl por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a lor; afi iados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en re§i[)uesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor:'i,rina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianiclad r,¡n favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia 'en p,erjuicio de.esfe secfor (...)"t. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción exlintivra prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior col€rcti',ro" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen t,:,,los los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como conceptc, oontradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afect¡¡ción, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposi,:ión tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y pr(esupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga r:on el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)
13.-Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva",Jel Ii:gislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer cierlos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tienrpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de Ia prescripr3ie¡1 por el menta«Jo orden público que representa, atendiendo a su veza la seguridad jurídica c¡ue interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano errr lo que dispone elArtículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hag¡an que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a sr¡licitrar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de copstituc_ionelidady cenvqnciottali,l,:'d. Tomq 4. pe-rechos . th ,, n¡tGaraptías,Bupnos Aires, {rgbntina. $strea. Pág.
cACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ CI EL ART. 41 DE LA LEY N" 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo'
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo ta Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de ta seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)"3 (Las negritas son mías).--- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
1g.- De esta manera, teniendo en consideración todo elfundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugarparcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia,declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del exclusivamente en la parte que establece comodeJ t§lln Artículo 4l de la Ley No 2856106, condición para la devolución de losel requisito de contar con una lo demás en todos sus términos.
superior a 70 años, manteniéndose i Con lo que se diopordo SS.EE., todo por a certifico, quedandoinmednte sigue Gustavo E. ar frll. Diesél Junghanns Ministro Dr. Víctor R Ante iVlinistro SENTENCIAúueRo:7L4q z Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo' AbeledoPerrot' Buenos Aires, Argentina. Pág' 04.- Sugres,Ñ.n. (ZOlqj. Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág' 658.-$iniztrc cEJ' mí, deII Il,lilrI iil i ,l,tl tema la no los sobre Asunción, 5 VISTOS: Los méritosde rñr 20 delAcuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
-i...- "-Lla Acción de delArt. 41" de la Ley Jubilaciones y Pensiones de a unalas leyes Dr. Víctor Ríos Oiedu ivlinistrodel C.P.C M. Diesel Junghanns ljlini:trc CSl' ,lfl,iL; i?ilíi{}ili,: tr',ii:r Ij,I l.ll i'il,i',i li:lrlrli,ir declarar la inaplicabilidad Paraguay" la partedeali devolución de aporte jubilatorio, conal Sr. ORLANDO CHAPARR.O ello de conformidad a lo establecido en ;..'t li¿: i;iÍllA JUÜIC¡AL Ante Iifl iiilft t!litl' iiÍfli rr,if:ri'l li{r lit; itill: ,iitijl,ii:tir, ;;:;;i;f;jiii,ittir iI 'rii':itr ,iliI i,:ili irtil ;iit,:ll lij,ll, l;ii,illiiI lII, ;llr'ii¡llf'r, l¡ll l,;il.i i1it rlt8