@p§ffi^-ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO ADOLFO SILVA WoLLMETSTER C/ ART. 41" DE LA LEY N" 285,612006 QUE SUSTITTTYE LAS LEYES N' Cesar iJl. Dlesel Junghanns Mlni¡tro CSI'ACIIERIX) Y SENTENCIA N".}9p4,.¿.I$. T^NCaNLA de Asunción, Capital de la República ciel Paraguay, a 1adel año dos mil estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, ÚCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTAIIDER DAN§, baj c la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secreta¡io autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVTDA POR GUSTAVO N)OLFO SILVA WOLLMEISTER C/ ART. 41' DE LA QT'E SUSTITTTYE LAS LEYES N' 73191 Y L8O2IO1 - EXP. N' LA62 - 2022, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Gustavo Adolfo Silva Wollmeister por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado.-- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jusücia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SA¡ITANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGIIANNS y VICTOR úos oJEDA.-- A L/T CI'ESTIÓN PL/INTEADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SAI{TANDER DANSSe presenta el Sr. Gustavo Adolfo Silva Wollmeister a promover acción Nros. 73191Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES OS BANCARIOS DEL PARAGUAY.
disposición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4L la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una a los diez años g que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen dejados cesantes o que se retiren uoluntariamente de las entidades donde seruicios. La Caja podrá. optar por la aplicación del citadola o cancelación de su obligación No serdn susceptibles de de . El derectw a solicitar la deuolución de aportes tres añosretiro del afiliado de susaluo que el mismo Gustavo deuda co Ministrr:erDans ,jedacontra el artículo 4L de laLey N' 2856/06 "QUE SUSTITUYE laCaja, enanAo caso los aportes serdnaplicados alaamortizacióno cancelaciónde su El accionartte solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Banca¡ia al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una anügüedad superior a diez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acci.ón en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de 1a Constitución Nacional.
El primer parágrafo de la norrna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios qu-ienes hubieren fungido la calidad de funcionari,os despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitáLndolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a díez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos Siguiendo el alcance de este üneamiento, la normativa de la Caja, en su art.6, tiene por objeto asegurar a sus afiüados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de l«rs fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los a-ños de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacionat.
A fin de complementa¡ la idea expuesta, es dable rec,:rrdar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, eIla establ,ece axiornas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu'tEf ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO ADOLFO SILVA WoLLMEISTER C/ ART. 41" DE LA LEY N" 285,612006 QUE SUSTITIIYE LAS LEYES N" CI.A , el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de su dignidad y en sus derechos; asimismo, flo admite s. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garanüas no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos ios tramos de la vida dinámica Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -a¡t. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 26O- la responsabilidad de garantizar la efecüvidad de tales derechos. En tal senüdo, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la I*y 122193), no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en srr integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de 1os trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 aI cas,c concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años par,a proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
Enusión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el parecerFiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del art.41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en 1a parte donde se edad mÍnima de diez años para proceder al retiro de los aportes de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
EL MINISTRO DR. CESAR DIESiEL JUNGHANNS DIJO: El 28deduce la Acción de Inconstitucionalidad contra ei artÍculo 41 de ky QUE SUSTTTUYE LAS LEYES 73/91 Y 1.8O2/O1 DE LA CAJA DE Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.- que el artículo impugnado le priva de disponer de susque ponde, solicitó a la caj1e M, Diisel IunghannsGustavo E. Sentander Dans ctor()s Mlnl¡$o ESJ,ución de sus NlinistroojedaJ rechazado por no haber acumulado la anügüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la anügüedad mínima de díez añosy, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.--
Tal y como 1o ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculca¡ lo preceptuado por los artículos 46" y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: 'Artíanlo 46" De la igualdad de las personas: Todos los hnbitantes de ta Repúbtica son iguales en dignidad g derechos. /Vo se admiten discriminaciones. llt Estado remouerá. los obstdanlos e impedird.los factores cfrc la.s mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores discriminatorio s sino igaalitarios" - - - - "Artíct¡lo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizaró. a todos los habitantes de la República: 1) la ígualdad para el acceso a la justicia, a cayo ekcto allanará"los obstá.calos qte laimpidiesen; 2")laigualdad ante las leyes; 3")laigualdad para. el acceso a las funciones públicas no electiuas, sin. mds reEtisifos que la idoneidad, g 4") la igaaldad de oporütnidades en la participcr.ción de los beneficios de la nafiiraleza, de los bienes materiales g de la qtltTtra".
En 1o relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza juriüca de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragur¿ty, expresada por medio de su Título ?ercero " Del Patrimonio" , Capitulo Primero " De la Formación de Rec,ursos" , artículo 11", primera parte: "Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad cle los beneficiarios de la En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "lapropiedad es el derecho de gozarg disponer deuna cosa sin má"s limitaciones qte las establecidas en las leges..." (Cabanellas, G. "Dicc:ionario Enciclopédico de RTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO ADOLFO SILVA IIToLLMEISTER C/ ART. 41' DE LA LEY N" 28661200,6 QUE SUSTITITI-E LAS LEY-ES N' U§TICIA Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley Ia propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, 1a imposibiüdad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecüva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen; " Correspondera la deuolución de sus aportes a los funcionarios clue...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para ución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como bsolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus el casoparticular, del señor Gustavo Adolfo Silva fiIollmeister, que también colisiona con la garantia constitucional contenida en el de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad anyo contenido g límites serdn establecidos por la Leg, atendiendo a sufunción g social, aftn de hacerla accesible paratodos,v 1as consideraciones expuestas y en concordancia con el blico, corresponde hacerparcialmente a la Iustavo E, M, Dle¡el Junghanns Mlntrtra ClJ,Dr.vala lntro Ml'Oeila consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Le¡r N" 285612006',eue sustífiige las leyes N" 73/97 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones g pensiones Empleados Bancarios del Paraguag", en la parte que condiciona a una anügüedad superior a díez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Gustavo Adolfo Silva Wollmeister, ello de conformidad a 1o establecido en el Art.
1.- A SU TURNO, EL MTNISTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, dijo: El accionante Sr. Gustavo Adolfo Silva Wollmeister promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/OG "QtlB SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DEJWILACTO-IVES Y PENSIONESDE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente las instrumentales que acreditan la calidad de ex funcionario bancario 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Articulos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) siendo los aportes al ente preuisional (en este ca.so Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus tifitlares 1...)" 3.- El Articulo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugna.do dice: "Artículo 41.- Cotresoonderá.1o.luclón de sus aoottes or losque cuenten con una antioüedada tos dlez a;ños t oue ttoderecho a la fubilación. que fuesen desoedldos, dela,dos cesantgs o que se teüten aoluntarlanncnte de las entidades donde presto;n seú.qj4.. La Caja podrá. optar por la aplicación del atado monto a la amortización o cancela.c'ión de su obligación. No serdnsusce.ptiblesdedeuoluciÓnlosaportespatronales.El.@ deoolución de aooraes orescrlbiráde tre,s cños del retiro del afiliado de su trq.bajo, saluoqte el mismo tenga deuda con la Caja, en cuAo caso los aporfes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norrna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados, cesantes o se rgtirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector púb1ico en general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252lLO "QUE MODIFICA LC.,IS ARTICULOS 3", 9" Y 7O DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.ú'dl ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA FOR GUSTAVO ADOLFO SILVA WOLLMEISTER C/ ART. 41' DE LA LEY N" 285612006 QUE SUSTITTTYE LllS LEYES N" USTTCIA Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1" (...) Aouéllos que se tpüren de la funcíón oública sln reunir los aun apelando alos derechos que le otorga 56/ 09 "Que establece la acumulación del tiempo de seruicios en las cajas sistema de jubilacíón g pen"sión paraguaUo, U deroga el Articulo 107 de la Ley n" subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas adüerto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumpüdo los 1O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 oDe Igaaldad de las Persona.s",47 oDe las Garantías de la lgualdad"y LO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestral*y Suprema.
7.- En cuanto a 1o dispuesto en elúlümo párrafo de la norrna impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribírá. después de tres años del retiro del aftliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar eüe, en nuestro sistema jurídico Ia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede , anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito importante destaca¡ que todo ordenamiento jurídico reconoce a las derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de o(obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por els ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como del orden ylapaz social con elde mantener lacaliina entre Gu$avo E. Santander Dans MinistroJ Cesar M. Diesel Junghanns Dr.VícarBosMinistro CSJ.
inistroojeda1626/ OO 'de la Función hiblica", oodrán solicltar la deaoluclón d.el 9O%o lnouents. por cientol de sus aporAes reo,lizo;dos, alustados oor la uaríación del Indice de Preclos al Consumld,or (IPCI del Banco Central del Pardouau." (Negritas y ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romarlas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regula¡ la convivencia del pueblo romano.
9.- AsÍ, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la «prescripción', como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción exüntiva o liberatoria) en virtud del abandono de [a acción o recla,mación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas [a ley. De esta r.nanera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamr::nte a un vínculo jurídico que ha peñnanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del <Terecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho ,::ivil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extinüva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abancl.onando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada r:ontempla la "actividad" que el legisiador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo preüsto en la Iey". De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre e'l particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los rtrue se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor rrulnerabilidad. La Caja Bancaria es una enüdad previsional, por tanto sus recr.rrsos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invaiidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para 1o cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina Tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidacl en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamds una diferencia <n perjuicio de este sector (...)"r.Es precisamente esto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la nonna impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de Amaya, J.A., Director. (2018). Trqtado de control de constitucionalidatl y convencionalidqd. Tomo 4.
Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.-nv tlORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR GUSTAVO ADOLFO SILVA WOLLMEISTER C/ ART. 41' DE LA LEY N" 285,6120,0/6 QUE SUSTITTTYE LAS LEYES N' entendido como el derecho a la seguridad social que tienen a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como al interés particularg"j L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normaüva impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la C4ja de un clima de incertidumbre que podria originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, 1o que eüdentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantíza eI correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)
13.- Todo 1o relaüvo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos Iímites que resguarden el bienestar general. Nuestras noñnas garantízxt y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendc a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este institut,c encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razonesjurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescripübilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema Ia doctrina especializada tiene por aclarado que "(...1 Por todo loes que la jurisprudencia laboral Lw desestimado en forma reiterada inconstitucionalidad respecto de las norrnas que establecen plazos de Ete dichos preceptos reposan en principios de orden públicct, intangibilidad de los derechos, A cfie, en aras de ur¿ interés superic'r ua de reclamarlos a Etien no los ejercita en el término prefijado (...1" z.- tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de 1a sociedad entera, entonces, su aplicación se"encuentr4amparada por quee1Art. 128 de la CN, cuando menciona que "Dn ningún de loslares primard" sobre el interés general". Si nos ubicamos en elde concluir, incluso, que niotras nonnas cS Gustavnder DansII Cesar M. Diesü ltunghanns Itliriistro Ministro CSJ.
2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Tll":n,* ii:oi'o'Ios pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utlliza el conector prohibitívo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos il aplicar cuenta con el correspondiente resguardo consütucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada er:r materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demá.s, también dijo la corte que la frrenunclabiltda,d. de los beneficlos proplos de la segurld.d. soc"üal no esíncomptatlble con el htstttttto de la prcscrlpclón, por lo que no cottstlü.tgen detechos sine dle 1/.../'3 (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos califrcarla de desmedida, a¡bitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los frnes del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde lto;cer lugar parclalmrlnte a la presente acción de inconstitucionalidad promoüda; y en consecuencia, dec:larar respecto de la accionante la inaplicabilidad del A¡tículo 41 de la Ley N" 2856106, exclusfutanrlnte en la pdfte que establece como condlclón para la deooluctón de los llportes el requlslto de contor con una antlgüedad supet-lor a 7O años, manteniéndose incólume lo demás en todos. Es mi voto.
SEporel acto,firmando S.S:l.E.E., todoante inmediatamente,e:la Cesar illl. Dlesel Jung Antestro CSJ.Gustavo E' Santander Dans MinistroD+ ví"t" NtiIOS Ajedaris{ro Julioque oi/ut ConrE Supnrmn orlusrICIAeccró¡r DE lrcoNsrrrucroxAlrDAn PROMOVIDA POR GUSTAVO ADOLFO SILVA WOLLUEISTER C/ ART. 41' DE LA LEY N" 2es6l2oo6 QtrE susTrTrrYE LAs LEYES N' AcrrpRrx) y Asunción,1 de ¡¡Qr7o s del Acuerdo que anteceden, la. CORTE ST'PREMA DE JUSTICIA SALIT CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente ala acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 o sustituye las leyes N' 73/9L y I8O2l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a dlez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio, con relación al accionante GUSTAVOSILVA WOLLMEISTER, de conformidad a 1o establecido en el art. 555 del Ante Cesar M. DíeselJ Mlnlrtre Gustavo E. Santander Dans Julb C'Ministro Dt.v