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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 255/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR CLARA LORENA PAREDES GONZALEZ C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/2001- EXP. N° 2240-2022

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/2001- EXP. N° 2240-2022

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@§ffir-rccrów DE INcoNsrrrucIoNALIDN) PROMOVIDA PIOR CLITRA LORTNA PAREDES @NZALDZ Cl ART. 4L' DE LA LEY No QUE SUSTTTTryE LAS LEYES ACUERDO Y SENTENCIA N".,n UlenIO Cesar llf . Dieset $unghanns Gustavo E. Santander DanscVtLO udad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DTESEL JUNGI{ANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SAI{TNTDER DANS, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLARA LORENA PAREDES GONZALEZ Cl AWr. 41' DE LA LEy N" 2856/2006 QUE SUSTITIIYE LAS LEYES 73191 Y L8O2|2OO1, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Clara Lorena Paredes Gonzafez por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. María Angélica Duarte.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar 1a siguien CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determina¡ el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGITAI{NS y VICTOR úos oJEDA.-- DANSdeCUESTIÓN PLAI{TEADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDER Se presenta la Sra. Clara Lorena Paredes Gonzá7ez a promover acción contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 "QUE SUSTITUYE 73l9LY t.8O2101 "DE LA CAJA DE JUBTLACIONES y PENSIONES BANCARIOS DEL PARAGUAY disposición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, dejados cesantes o qfie se retiren uoluntariamente de lc-s La Caja podrá. optar por la aplicación del cítado cancelación de suserdn sttsceptibles de Ministro CSJ' Ministrotr. Vila deuolución de sus aportes a los funcionarios que anenten con una aportes patronales. Dl derecho a solicitar la deuolución de aporfes prescribirá. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo que el. mismo tenga deuda con la Caja, en cugo caso los aportes serdn aplicados ala amortización o cancelación de su obligación' La accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de 1a citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración consütucional.

Sostiene que la disposición impugnada establece una discrin:rinación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrá¡r retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.

El primer parágrafo de la norrna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la C4ia de Jubilaciones y J?ensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a díez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e irr,tegral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendid.a a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios benefrciarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afrliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, elIa establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la jusüfrcación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulacionesI CIAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLIIRA LORINA PAREDES G¡ONZALDZ Cl ART. 4L" DE LA LEY No QUE SUSTTTTTYE LAS LEYES encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, para comprender su profundo espíritu , el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de en su dignidad y en sus derechos; asimismo, Do admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizx derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar Ia efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funciona¡ios Públicos (art. 53 de la Ley L626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos consütucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de 1os trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta asi necesario titu,efl aldel primer párrafo del art. 41 de la Ley 2556/06 al caso parte donde se exige una antigüedad mínima de diez anos para de los aportes jubilatorios.

de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se antigüedad mínima de diez a-ños para proceder al retiro de de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

su TIrR¡üo, EL MINISTRO DR. CESAR DIES¡ELDIJO: uce la Acción de Inconsticontra e1 artÍculo1de $i. Diesel J Gustavo E. SantanarJulio G Cesar l¡tinisro cSJ MinistroernDr.S 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 7319t Y 1802t701 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS; DEL PARAGUAY.

Refiere que el artículo impugnado le priva de dispone.r de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución cte sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad pre:üstia en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional Examinada la norma atacada de inconstitucional, ten€:mos que ésta. establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes reelizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se r:stablece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesi¡rntes o, que se reüren voluntariamente.

- Tal y como 1o ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancari¿r d,¡nde prestaba servicios, extremo que seña-la como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46'y 47' de la Constitución Nacional, los cuales e:(presan: 'Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de l,z trilezpública son iguales en dignidad g derechos. lVo se admiten discriminaciones;. tllt Estado remouerá. los obstdcalos e impediró" los factores que las mantengan o las prrtpicien. Las protecciones que se establezcan como desigrualdades injustas no serdn con^sideradas como factores dis criminatorio s sino igualitarios" - - - - "Artículo 47" -De las garantías de la igaaldad: Bl Esta6l6 garantizard a todos los habitantes de la República: 1) la igrualdad para el acces<'t a la justicia, a cugo efecto allanard los obstdcalos que la impidiesen; 2") la igualdad ante l'as leges; 3") la igualdad para el acceso a lc.s funciones públicas no electiuas, sir;L mas reqttísífos Ete la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participc;t<:.ión de los beneficios de la nahtraleza, de los bienes materiales g de la qiltura".-- E:r 1o relacionado al ma¡co legal específico, tenemos en el propio articulado la Ley atácada, delimita la naturaleza juríüca de los aportes realizados a la Caja de .rutiitaciones y Pensiones de Empleados Ba¡rcarios del Paraguay, expresada por medio deisü TÍrulo Tercero " Del fuiimonio', Capítulo Primero " De la Formaciói?f¿ S'q a¿itÍcu'Io 1l', primera parte:. "Los fondos y rentaé qf)e se obtengan de Anformid.#:Hff Caja", ORTE PREMAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA FOR CL/TRA I,ORENA PAREDES @NZALEZ Cl ART. 4L" DE LA LEY No 28,5,6120,0,6 QT'T SUSTITT'YE L/TS LDTES to, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecho de gozarA disponer deuna cosa sin mds limitaciones en las leges..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de ", Dditorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en benefrcio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando asÍ el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Cqia, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva consütucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos g rentas Ete se obtengan de conformidad con las dísposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérüda de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Cotresponderd la deuolución de sus apoftes alosfuncionarios qte...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio deI, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados , como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como o absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco procede a apropiarse de Ia totalidad de los aportes juSUS en el caso particular, de la señora Clara Lorena Paredes que también colisiona con la garantía constitucional con 109"nuestra Ley Fundamental,dispone: " Se garanti-za ilr. lt, Gustavo E, Santander Dans Ministrocesar-*P,#,"$:ghannsen priuada, cuyo contenido y límites serdn establecidos por la Leg, atendiendo a su función económica g social, a fin de hacerla accesible para todos...".

Por la-s consideraciones expuestas y en concordanr.:ia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmernte a la acción y en consecuencia declarar 1a inaplicabilidad del 41" de 1¿l Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leges N" 73/91 g 1802/01 de la Caja de.Iubílaciones g Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguag", en la parte que condjciona a una antigüedad superior a díez años a los efectos de la devolución de apc»rte a la Sra. C1ara Lorena Paredes Gortzá7e2, ello de conformid¡ad a 1o establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.

1.- A SU TURNO, EL MTNTSTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, dijo: La accionante Sra. Clara Lorena Paredes GonzáJez promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley t{" 28156/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/ 91 Y 1802/ 01 DE LA CAJA DE JUBILACTOJVES Y PBNSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efectc,, a(rompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionaria bamc,:rria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Consütución y fundamenta su aición mariifestando, entre otras cosas, que siendo los aportes al ente preuísional (en este caso Caja Ba.ncaria) parte integmnte del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRIVADA de sus titulares (...)". 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impug.rado dice: "Artículo 41.- Corresponderá.la deaolución de sus qportes a los fun'gio4.arios que cuenten con una antioüedad. superior a los diez años g que no __'tengan d.erecho a la iubilación. oue ftiesen despedido§, deiqdos cesrznf:es o qtus se retitery aoluntariannente de las entidades donde presto;n senti:Sie. La Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o can<:elctc'ión de su obligación. No serdnsusceptiblesdedeuoluciónlosaportespatronales,Dl:@ deaolución de apottes prescrlblrá después de tres a¡ñosi del retiro del qflliado de su trabaio, saluo que el mismo tenga deuda con la Cctja, t.n cuAo caso /os aporfes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) : .4.- En cuanto a la. interpretación let¡ista del primer parrafó,áé.itáffigp atagadg,, surge que sola¡rrente aquellos funcionarios,bancarios con una anügüedaci supari,or a 1O eños podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no Eru..

REMAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR CLIIRA IORENA PAREDES¡ @NZALEZ Cl ART. 4L', DE LA LEY No QIIE SUSTITTTYE LAS LEYE.S cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.

, la Ley N" 42521 LO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9o Y 70 N" 2,345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DEJUBILACIOIVES Y PENSIONES DEL SEC?OR PUBLICO", en su Artículo 1" üce: "Art. 9".- (...) Aauéllos que se ,vltlren de la ftinclón oública sin reunlr los reoulsltos para acceder a unr¡ fubllaclón, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/ 09 "Que establece la acamulación del tiempo de seruicios en las cajas del sistema de jubílación y pensión paraguaAo, g deroga el Articulo 107 de la Ley n" 1626/ 0O 'de la Función Pública",oodrán solicitar la Lepohleót del90% (noventaTA Precios d.l Consunldor lIPtCldel Banco Central del Paraoudu.o(Negritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y LO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestraLey Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en elúltimo párrafo de la norna impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro delde su trabajo", entlendo que no es inconstitucional. Si bien en un sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punla existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un to. Es dable resaltar en nuestro sistema jurídico la no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede , anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8Es importante destacar que todo ordenamiento jurÍdicoreconoce a subjetivos, y tal sentido, elpoder de exigir el curnplimien sus necesidades e intereses conen libertad para Cesar M. Diesel J0n§hannsGustavo E' §antander Mlnlstro CSJMinistroüans Iteda corespondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo suJeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontra¡se delimitado por el interés general. De ahí surge la frgura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia ,iel pueblo romano.

9.- AsÍ, muchas ramas del Derecho han definidc¡ su alcance y efectos, regulando la. «prescripción', como un elemento creador d.e derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisj.tiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obügaclón (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de l,a acción o reclamación durante cierto tiempo y bdo las condiciones señaladas en [a ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha perrnanecido inactuado durante un periodo prolongaclo de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho r::ivil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente edgldo y la inacttvtdad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. As:í, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "acüvidad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el üempo previsto en la 1e/. De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre r:l particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una enüdad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brinda¡ amparo a los aliliados ante sus, necesidades durante la veiez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas r"""§üff"H§$d*_S't.0úf cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianida<l en favor de esa franja R"TE IAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR CI,ARA LORENA PAREDES @NZALE,Z Cl ART. 4L' DE LA LEY No 285612006 QI,t SUSTrrrryE LrrS LEYES vulnerable "(...) pero jamd.s una diferencía en perjuicio de este sector te esto lo que justifica la prescripción extinüva prevista en la cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los añliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad aI patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardÍa de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garÉültiza el correcto funcionamiento de la Cqia. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a Ia seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantízan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en üempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez ala seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este insütuto encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...1 Por todo lo expuesto es que la jurísprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitttcionalidad respecto de las norrnas qte establecende prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de lalos derechos, A que, en aras de un colectiuo,sedea quienno losen el término Cr¡ar lrll' Diesel3rnlnrn Gu stavo E, 5 an Amaya, Jde qqrÁkú? gcnst ituc i ona I i dad y conv e nc i on al i da d.

Astrea. Pág.60.-Derechos y (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo.(...1" 2 Víctor BPág.04.-OjedaA 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de esrricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por 1o que dispone elArt. 128 de la CN, cuando menciona que ",Dn ningún caso el interés de los particulares primará" sobre el interés generalo. Si nos utricamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo uen ningún casd 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el coffespondiente resguardo constitucional que, de conformicl.ad al Art. L37 de la CN, se consütuye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demá.s, también dijo la corte que la itrenunclabilidad de los beneflclos proplos de la segurldad. soclal no eslncompatible con el hrs,tttttto de la prcscñpclón, por lo que no constlf;.tgen detechos sine dle 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en e1 entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que coresponde ltocer htgar panalalnente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, dec:larar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 286610,6, exclushmntr,nte en la. pante que estoblece como condlclón po;ra la deaohtción de los aportes el requlsito de contar cott una antlgüedad supet-lor a 7O oños, manteniéndose incólume 1o demás en todos susEs mi voto.

Con 1o que seel acto, firmando S.S;.E.E.,ffií, deinmediatamente arDiJun Ministro CSJDr' inistro Mof.

Ante Jullo C.por an eccrór DE lrcorsrrrucrorALrDAn PROIIOVIDA POR CL/TRA LOREITA PAREDES @NZALEZ Cl ART. 4L' DE LA LEY No 285,6120,0,6 QUE SUSTITIIYE LAS LETES ACUERDO Y SENTENCIA N'259 Asunción, tos del Acuerdo que anteceden, la. CORTE SI'PREMA DE JUSTICIA SALII CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la acción de inconsütucionalidad promoüda y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N" 285612006 "QuLe sustituye las leyes N" 73/91 y l8O2l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que conüciona a una antigüedad superior a üez años a los relación a la accionante CLARA establecido en el art. 555 Ante Mini¡tro Julio 5.8: ve;la devolución del aporte jubilatorio, con PAREDES GONZALEZ, de conformidad a lo GustavoE, Santander Dans Ministro , z.oc ,jij§iiüíii.L t FAbg.c.Martlnez