ORTE REAAA USTTCTAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PIIOMOVIDA POR PAOLA LISANDRA ROLON ALTENHOFEN C/ ART. 4IO DE LA "QUE SUSTITUYE LAS ACUERDO Y Asunción, Capital de , del año dos milParaguay, a , estando enlos ü4<,o días, dela de Justicia, los Excmos.de la Sala Constitucional, MANUEL DIESELvÍcron nÍos oJEDA y, DANS, Anteelautorizante, se trajo al Acuerdo el ACCTÓN DE,CIONALIDAD PROMOVIDA POR PROLON ALTENHOC/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYBS No 73191 Y 1802/01"., a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la Abogada Romy LizOrtizen nombre y representación de la señora Paola Lisandra Rolón Altenhof'en Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: La Abogada I{omy Liz Ortiz en nombre y representación de la señora Paola Lisandra Rolón Altenhofbn promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". en razón de ser contrario a los arts. 21, 46.
47 num. 2,86,95 y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y qute no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidás, dejados cesantes o que se retiren ioluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación", En el presente caso, la parte accionante se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagracióq constitucional A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por párrafos.--- El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afrliados de la Caja dey Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad dedespedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitiindolo cona) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95,legisla dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajadorysu que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
los recursos financieros de los seguros sociales nosean desviados desus fines disponibles para sus objetivos. . DieselJ'uñghannsRíos Ojedo Jrrlio--- Ministro listroJ i rt ,i,iri ii;y Ministro csj. Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Ca.1a, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados. la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una nlerma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la rlonstitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad., la justicia y la igualdad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para c(lmprender su profundo espíritu, En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional conternpla la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discrinrinación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se en()uentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensi,ón del art. 45 _De derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
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Recordemos que la constitución de un Estado sooial de derech,.l -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de gararttizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norrna irnpugnada supone una limitación que coloca a los aportantes cle la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (d: 53 de la Ley 1626 y art. !) de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denota¡ una clara transgresión alcumplimientodeloscitadosmandatosconstitucionales.--' Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su cligni,lad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadort,:s en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prínafo del art. 41 de la Ley 2556106 al caso concreto, en la parte donde :;c exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.--- En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitr¡cionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. '11 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. [:s mi voto.
A su tumo, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: : La Abogada Romy Liz Ortiz en nombre y representación de la señora Paola L,isandra Rolón Altenhofbn, pronlueve Acción de Inconstitucionalidad contra el anículo 41o de la Ley 2856106 "QUE SU¡i'fITUYE LAS I-EYES LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEI", PARAGUA Y''.---.-..-.
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad genera una desigualdad e infringe los artículo s21.46,47 nurn. 2,86,95 .', 109 de la Constitución Nacional.-- La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una anti,güedod superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, quefuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicit.t. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.--- El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la' Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
HFiii:r,f"Et ACCIÓDE INCONSTITT'CIONALIDAT) PROVIDA POR PAOLA LISANDRA ALTENHOFEN C/ ART. 4IO DE LACIARO "QUE SUSTITUYE LAS LEvES lyo 73l9r y onante sostiene que losestablecidos por laque representadaaccederal retircrcle sus aportes, cquela de maneraDe las Afen era por los que secomo funcionariarde un Banco de Examinada la norma atacada detenemos queestablece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la de lostrabajadores aportantes a la Caja. En diez años y ,of,segundo lugar, se debe tratarfuncionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la parte accionante, no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa:
"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. l") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo llo primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...Lo propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes...!' (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho lJsual", EditorialHeliasta,BuenosAires-RepúblicaArgentina,200l,TomoVIP-Q).--- En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados alaCaja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: ,,LOS rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusde los beneficiarios de la Cajo", más por otro lado limita lo transcripto con que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, la devolución de sus aportes a los funcionarios 7ile.,."; todo ello que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus proteger.-- condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta alde implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividadque con los años requeridos para acceder a ladeaportes, erigecomo un despojoilegal yapor el Gustavo' E' Santander Da W, vtrlorMin¡stro CsJ l/,i:ii:", uQjedaiil itli illini¡trol inóümplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Ca.ja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de lc,s aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, la señora Paola Lisandra Rolón Altenhofen, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán gs¡ablecidos por la Ley, atendiendo a su función económiccr y social, a fin de hacerla Por lo precedentemente expuesto, en atención a las nornas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacqr lqgar a la agciqn yi e¡,consecuencia decla¡ar Jqinaplicabilidad del 41'de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las,leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Banca¡ios del,Paraguay", la parte que,condiciona a una,antigüedad superior a diezaños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Paola L,isandra Rolón Altenhof'en, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
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1.- La Abogada Romy Liz Ortiz en nombre y.representación de ,la sr:ñolrr Paola Lisandra Rolón Altenhofen, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el ,trttculo 41 de la Ley N" SUSTTT'UYE LAS LE.YES N'.73/91 Y 1802/0t DE LA CA,t.4 DE.IUBIL,,IC',IONES debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.--- 2,- La parte accionante alega que se encuentran transgredidos los artículos 21,.46, 47 num.2, 86, 95 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, (...).1'acultar o. un grupo de bene.liciario a dicho retiro basudo en el t;unsctrso rlel tiempo, y privarle.s de esafacukad a los que no sobrepasen lo:; l0 años de antigiedctd como oportantes, crea uno desiguctldad absolutamente iniusta, y,que contradice abierlqmente, en un claro e indebido bene/icios a la (aju Bancaria.,Ello. además conlleva una ev'idente pr.ivación de lu propiedad privada de mi mandunte(...)" 3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo,t1.- Qe,rrespond !!-!9.
devolución de sus aoortes s los funcionarios oue cuenten con una ant¡eüedad suqerior diez años v oue no tenean derecho a la iubilación. oue fuesen despedidos, deiados gesantes o aqe,§,e retiren voluntaiiamente de las entidades donde orestan servici),q La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de :;u obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solí.citsr la devolución de aoortes orescribirá desoués de tres afios del retiro del afiliado de su trall,lttio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicadc,s a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánafo de la nomra atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad sr:per:ior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devoluc.ión cle aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 ")UE MODIFICA LOS ARTI(:UI.OS 3", 9" Y l0 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA I'ISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artrculo lo dice: "Art. 9o.- (...) Aouéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requkitos para acceder a una iubilación. aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N' 3856/t)Q "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJ,1;] DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTIC'UL() 107 DE LA LEY N" 1626/00'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", Consumidor (IPCI del Banco Central del ParaEuay.2'§egritas y subr:r',rado son míos)
6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispueif o en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funci,:narios bancarios, quer - i,,r,i ir{fr ACCTÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PITOMOVIDA POR PAOLA LISANDRA ROLON ALTBNHOFEN C/ ART. 4IO DE LA SUSTITUYE LAS LEYES los l0 años de antigüedad, dede sus aportes que por derecho les indudablemente en unadesigualdad ante funcionarios del Estado evidente que la medidaatenta contra los principios consagrados en 47 " De lasGarantías de la lgualdad" y la devolución de aportesprescribirádespués de la existencia de criterios dable resaltar que, en nuestro ni vinculante; esta característicaentiendo que no es actualmente necesitoinconstitucional.Si bien rever mi opinión en este jurídicos objetivos que motivan sistema j urídico la jurisprudenciaun nuevo no tiene carácter permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de Ia norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la ñgura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
1 1.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en laley". De lo contrario la obligación de lade devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entreque nunca reclamó y los demás beneficiaros de la caja, entre los que se jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conserv¿u su doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursospara la tutela de la en favor de esa franja considerada como vulnerable ,,(...)
perojamás una de este sector (...)"Es precisamente esto lo que justifica la prescripción cuyo objetivo es resguardar el "interés superior como el derecho a la seguridadque tienen M. Diesel Jvo E, Santac nvo" deva Abgen la MinistroDr.l'í'da1I 'Mlnistro'CSJ. I afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez alit proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social r1e ¿rfbctación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financier:'o y presupuestario que garuntiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que cornulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva'' ,lel legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos limites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de ,la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a l¿t sociedad misma, este No encuentro, pues, r¿vones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prespriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aport(3s por parte del afiliadosea considerada inconstitucional. - 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(. .
) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afecta,ndo la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva ¿le reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" :
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qlue " En ningún caso el interés de los ,oarticulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norrna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, m;is aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que v¿rmos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se r:onstituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitur::ional hace referencia a qre " (...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prest:ripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentc,aquí sostenido, opino que correspond e hacer lugar parcialmente.a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilida,J del Artículo 4l de la Ley No 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superiora 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Con lo queSS.EE.. todo por ante certifico,acordada u+'r',ilf$l."lqueacto, 51.de que Ante Jullo C'Gustavo E' Sant MinrqtroDr, MinirtroOiod,tJ 4Élrrlr.l ii!,i I ACCTÓN DE INCONSTITUCIONALTDAI) PIIOMOVIDA POR PAOLA LISANDII.A ROLON ALTENHOFEN C/ ART. 4IO DE LA LEy No 2836t2006 "QUE SUSTITUYE LAS SENTENCIA NÚMERO: 2+} .
5 de rvlor2o méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
AR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, idad del Art. 4l o de la I-ey No 285612006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay". en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de Ia devolución de aporte jubilatorio, con relación a Ia Señora PAOLA LISANDRA ROLON ALTENHOFEN, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.
ANOT Cesar ivi. Di Ante fi/linis' Gustavo E, Santander Dans Minístro D G.CORTE Supnrl A "'fuSTICtA r. Víctor Ríos Oieila Ministro-s3' tt'ii'ietsl|t IrlinnsA ii,ii ..t, iiirLlll¡tlu, in