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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 259/2024

5 de marzo de 2024

ACCÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOEL ANTONIO DIAZ MEDINA C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1801/01'. N° 987. Año 2022.-----

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1801/01'. N° 987

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ConrrSupnnun""JUSrtCnaccróN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVTDA POR JOEL ANTONIO DTAZ MEDINA C/ ART.4I DE LA LEY N'2856/06 QUE SUSTITLT-YE LAS LEYES N" 73191 Y Y SENTENCH wtnrePg' )Ot,eJ* de Asunción, Capital dela Renública del ,JoÁl,cttalr',Paraguay, a los C^4éo días, , del año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, MANUEL DTESEL JUNGHANNS, VÍCrOn nÍOS OJEDA y Acuerdo el expediente caratulado: ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA JoEL ANTOMO DTAZMEDINA C/ ART. 41 DE LA LEY N' 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y l80l/01".N" 2662. AÑO 2020", a frn de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor JOEL ANTONIO DIAZ MEDINA, representado por su Abogada EVELIN MARIVEL RAMIREZ.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: ANTONIO DIAZ MEDINA, representado por su Abogada EVELIN MARIVEL RAMIREZ, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 *DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", porvulnerar los Arts.46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Cotesponderd la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes de tres oños del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga en cuyo caso los aportes serón aplicados a la amortización o cancelación de particular, se presenta ante esta instancia el Señor JOEL ANTONIO DIAZ por su Abogada EVELIN MARTVEL RAMIREZ., a los efectos de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa, entre otros motivos, denota una ". ..situación totalmente repudiada por el sistema constitucional que país, y tiene carácter confiscatoria, al pretender privar a mi mandante que constituye una legítima propiedad; por el solo hecho este punto, es importanteel artículo impugnado M, Dlc¡el Jungh¡nns Mlrtlrtra €tl:Gustavo E. Santander Danso MinistroDr,Ojedajj$ffii,ji§fl r'trH riJl,i El primero de ellos se otorga el derecho a la devolución de ltos i,rportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan clerecho a la jubilación.- Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el tratrajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar quLe' nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertacl, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo, Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a lajustificación de todo el plexo norrnativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para c;omprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 dela Constitución Nacional prescribe laL igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones, Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silen;io enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías r1o enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la resp«rnsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citaria Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (afi. 53 de la Ley 1626y art. 9 de la Le1 ?.345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su digridad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir lia aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No 1244 de fecha 2l de julio de 2023 obrante en autos, cabe Hacer Lugar a la Acción de lnconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer prárrafo del Art. 4l de la Ley 285f:'l06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191Y 1802/OI DE LA CAJA DE ruBILACIIO].{ES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto A su turno, EL Doctor DESEL JUNGHANNS dijo: El señor JOEL ANTONIO DIAZ MEDINA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el articul,.r 4lo de laLey 2556/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N. 73191 Y 1802/01 'DE LA CAJA I)E ruBILACIONES Y PENS IONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''. --.. -..--...

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción ,Je inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de IgualdadSiguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la (.lonstitución Nacional.-- c;Arts. 46o, 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con mismo cuerpo legal.

Laconsiderada agraviante expresa cuanto sigue: "Cotesponderd la aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

serán susceptibles de devolución los aportes patronales.-- El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1o) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jundica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio'i Capítulo Primero "De la Formación de Recursos'1 artículo 1lo primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusivade los beneficiarios de la Caja'. cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau Lael derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentin4 2001, Tomo VI P-Q).

debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre en poder de otros.

de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva una clara contradicción en lapor una parte esta "Losque se obtengan decon las Ce¡ar M. Diesl irngr,rnn, Minlstro CSJ.Gustavo E,. Santander Dansrson dede que:En estaeste MinistroDr.orfffi[i il[:j 'llrifl i l'tfiir , rÍiH;t, ilfrii ,itr$l; ifliill{, , ,Jii: :ilffi,1r rltffiii't if$, t' ,l iilr". ii ,:litll,. ii,ü ,l lil"rifr,,, ffi+ilffiil1ffiIii!'t,l] lr tll t, I lii jr pf]l ,i ffiiiiEfiIilFffiI]iLfrilIIi$f,irIrHll il alaCaja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos de esta exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja', más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderd la devolución de sus aportes alosfuncionarios Que...";todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los ¿isociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad t,ancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución Ce sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal )/a quo por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatoric,s de sus asociados, en el caso particular, del señor Luis María Vera Insfran, circunstancia que tarnbién colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Furrdamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán ,z,stablecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla occesible Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normrrs legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corr(rsponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N'73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pernsiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior adiez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor JOEL ANTONIO DIAZ MEDINA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: 1.- El señor JOEL ANTONIO DIAZ MEDINA, bajo patrocinio de Ab«rg.ado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 '1,)UE SUSTITUYE LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PEIVSII),YES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamc,nte la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) admitir la aplicación del art. 4l de la ley 2856/2006, quebrantaría el principio de igualdad y constituiría un verdadero despojo o llamase confiscación de bienes en perjuicio de mi mandante (...) ".

3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 11.- Corresoonderd la devolución de sus aoortes a los funcionarios oue cuenten con una anlipüedad suoerior a los diez años v oue no tengan derecho a la iubilación, aue fuesen desoedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan semici.o-. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes potronales. El derecho a solicitar.lu devolución de aoortes orescribird desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la antort,ización o cancelación de su obligación " (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior ¿:L [0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jtrbila.c ión, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una m¿rrrifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sect,)r público en general.-- 5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICL'LO,|| 3o, 9" Y I0 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE CAJA T'ISCAL...S$TEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "frt. 9".- (...) Aquéllos oue se reliren de la función oública sin reunir los requi.sitos oara accbder a una iubilación. aun,apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/0::,t "QUE ESTABLECE I-A ACUMT]LACION DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN I-/tS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBII-ACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICU],O 107 DE I,A LEY N";i,'.}ri : iii)!i ilr{ii ,'lil"if, ri.fi t ,i§ii PUBLICA'"solicitar la " §egritas y subrayado son míos).-- nonnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas",47 *De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuranlaprescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y lao silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activosbancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contra¡io la obligación de la Caja devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los j seen una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es portanto sus recursos financieros están durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en lo cual es imprescindible conservar su liquidez.La doctrina recursos para la tutela de la ancianidad en favor de "(...) pero jamasde este r Ríos Ojeda decomoextremar,a ,)dicho franjaAbg.

iffiHe,l*n6"dÍ:&'eft g,ffi Mlnlrtr¡ Pág. 60.-inTomo 4. Derechos yMinistrodirigidos también a brindarll Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva previrsta ,,rn la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturalezr:r obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Claja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés parttcular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a lzr proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afect¡l;ión, alejando alaCaja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financier,: y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que cornulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" clel legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos linites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la socied¿rd misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo l28l de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conrllusión como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(. ..) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laborsl ha desestimado en forma reittt¡'ada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normos que establecen plazos de ,orescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no a/ecta'ndo la intangibilidad de los derechos, y que, en oros de un interés superior colectivo, se priva de. t'eclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo qr.re dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los partic'ulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún caso" .

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciobilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prest:ripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del ,ttrtículo 41 de la Ley N' 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición pora lo devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior o l0 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE,., t«xlo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: --- -- -- Maddaloni, O.A.; Tula D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.-v rl,l'ü .: rulr.

ACTIERDO Y §ENTENCH NÚMERO: 79. Asunción, 5 de rYlarTo del Acuerdo que anteceden, la CORTE SITPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, del Art. 4l de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 ylI de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedadt diez años a los efectos de lade aporte jubilatorio, con relación al SeñorDIAZ MEDINA, de a lo establecido en el Art. 555 del C.P Ce sarM. DierülJ MlnlrtroE. Santander Dans MinistroDr.Ríos Ojeda Ministro Jr$lo Fbg' ili! ril' rilli Il:.i :i;li tuo,r,or',J hc-o fnregistrar,