CDEACCIÓN PROMOVIDE DA¡NCONSTITUCIONALIDAD: POR CESAR MIGUEL SILVERO PESOA C/ EL ART. 41 DE LA LEY N'2856/2006 "QUE SUST¡TUYE LAS LEYES I n,tQvQ SENTENCN e Asunción, res, vGUSTSANTAN Acuerdo el expediente caratulador POR CESAR MIGUEL SILVERO SUSTITUYE LAS LEYES N" inconstitucionalidad promovida representación del señor CESARhrpnx{ltim hulii ilkt, irdi h ffi¡ , Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al : AGCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA PESOA C/ EL ART. 41D8, LA LEY N'2856/2006 "QUE '73191 Y 1802101", a fin de resolver la Acción de por el Abogado PABLO LEZCANO en nombre y MIGUEL SILVERO PESOA..- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votaciól resultado: SANTANDER DANS, Ólesel JUNGHANNS y niOS OJEDAn, dio el siguiente A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor CESAR MIGUEL S¡LVERO PESOA promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", EN razón de ser contrario a los arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nacional La disposición atacada de inconstitucional establece. "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a los diez años y gue no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja por la aplicación del citado monto a la amoñización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a devolución de aporfes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán a la amortización o cancelación de su obligación".
el presente caso, el profesional recurrente, en nombre y representaciel señor MIGUEL S¡LVERO PESOA, acreditando su calidad de ex funcionaco porINENTAL peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la citada rla contraria a derechos de consagración constitucional esclarecer este punto, es impoexaminar el artí porrrafos nghánnsGustavo E. Santander Dans Dr. Vlctoradocrcn lo impug Abg. Cesar Mi¡ristro CSJ. Ministro Ministrtroje1 daii 'ill; ili,# ,lirfl;ilii i ti;{liilJ, lltiii lii !,i, jl[i El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los apc,rtes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirad,c voluntáriamente, limitándolo con dos requisitos: a) que que no tengan derecho a la jubilación.cuenten con una antigüedad mayor a diez y; b) Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su árt. l)r5, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajerclor dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros dq los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, rnás específicamente, el art, .11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los prropios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, oontrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nur:stra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la lit¡ertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico conl.enido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran intercoRexas y son inter:depeñdientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles perra comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite liscriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabrajerclores. Aquí debe admit¡rse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente ::r¡ntemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los dererchos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -.art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los afts. 247 y 260- lia rr::sponsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a lor; aportantes de la Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de lz;r Ley 1626 y art. 9 de Ia Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Má>lima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos cr¡nstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su clignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los lrabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necerlilrio prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto r:n la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retirc, de los aportes jubilatorios En conclusión, atento alos argumentos esgrimidos precu'dentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto -- A su turno, EL Doctor CÉSIR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor CESAR MIGUEL SILVERO PESOA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41' de la Ley 2856/00 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802101 'DE LA CAJA'DE llti,"ritx 'i. ', ,.; [iriti,illlt iii ii*i i:li¡i r;: i.,rlfli ,ry,RTE SYENSIONES DE queartículo i soloderech olos.46"onstitución Nal,ACCtÓN PROMOV SILVERO¡NCONSTITUGIONALIDAD : POR CESAR MIGUEL OA C/ EL ART.41 DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES PLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".-..
medio deacción de inconstitucionalidad stnoel principio de onando al mismlgualdadatr-.1 (DNtt 6esar M.tsto conI mismo disosiciconsexpcuanto siguela de susa los,quecon una antigüedad superior a /osno tengan setiren podrálaala obligación No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor CESAR MIGUEL SILVERO PESOA era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante eltiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado el accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitantes de la República. 1') la igualdad para elacceso a la justicia, a cuyo efecto allanará que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el a las funciones públicas no electivas, s,n más requislos que la idoneidad, y 4') la de oportunidades en la pañicipación de los beneficios de la naturaleza, de los v ¡la la nttlhtra" 'g Vstaq, s l n lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la n de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título ro "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 1 1" ra parte: "Los .fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de PropieddeA propiedad es e/ derecho de gozar y disponerde una cosa sin establecidas en /as leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédide Heliasta, Buenos Aires- Repú1, TomoP-O) Gustavo E. Santander Dans Dr. Víctor Ríos Ojertii Ministrodelimbienes AbE. Mlnistro CSJ. Ministro?- rlq¡il'1 r[ül i,I iti.iil !:l ,rii, .jlí' i 11illlii ,lii,lliilr,i lilr,jt,+,illi*tl{,li[i ii'r'l I' En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propiar ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empléados de la institt.l«;ión, malpodría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo r:iert,c§ réquisitos, la irnposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre Ios aportes realizados a la Ca!a, el accionante reclanla la devoluciÓn de los aportes de su mandante considerando que aquellos se encuentran indebidamente Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde ta perspectiva r:orrs,titucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una pi,rrte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as dlspctsiciones de esfa Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por r¡tro lado limita lo transcripto con condicionamíentos que, bajo pena de pérdida de esos dererc;hos en caso de íncumpfimignto, establecen'. "Corresponderá la devolución de sus aportes ¿'l /os funcionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quierr la inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenl:a al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente.discriminatorio hacia los asor:iados bancarios que, como en el caso del señor CESAR MIGUEL SILVERO PESOA hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuenr:ia con los años requeridopr para acceder a la devotución de sus aportes, amén dtl ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incurnplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de, sus asociados, en el caso particular, del señor CESAR M¡GUEL SILVERO PESOA, crrcunstancia que también colisiona con la garantía constitucionalcontenida en elartículo 10§)'' de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiedad privada, cuyct cctntenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. .. ".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legerles citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Lr:'y N'2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones Pensiones de Empleados Bancarios del Paragu?y", en la parte que condiciona a una antig¡üedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor CESAR MIGUEL SILVERO PESOA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto A su turno, EL Doctor VICTOR RíOS oJEDA dijo: 1.- El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representacíón del señor I:)ESAR MIGUEL SILVERO PESOA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artic;ulo 41 de la Ley JUBIIACIONES Y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PAR,A,GUAY". PATA EI efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionario bancario de su mandante 2.- Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos 46;, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qur,l'(...) del análisis de la disposición tegat transcripta se deduce que solamente aquellos fúncictnarios bancarios con una antigüedad superior a diez años (10) podrán acceder al recuper'o de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidQs, cfe,¡'ados cesanfes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigupldad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de apoftes en el sector PQblic,t en general...la consagrados en /os Arts. 46 "D,F LA IIUALDAD DE LAS PERSONAS'I 47 "DE LAS CISTACCIÓN DEINCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR CESAR MIGUEL SILVERO PESOA C/ EL ART. 4I DE LA LEY SUSTITUYE LAS LEYES UALDAD" y 109 .DE LA PROPIPRIVADA" de nuestra CARTA del citado monto a la ode/os de fressalvoqueel mismo tengadeuda con la Caja, en cuyo caso /os apoñesaplicados a la amortización o cancelaciÓn de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTEN/f,ILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES yPENS/ONES DEt SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice. "Att.9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación. aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 *QUE ESTABLECE LA ACIJMTJLACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL S/SIEMA DE JIJBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00'DE LA FIJNCIÓN PUBLICA",podrán solicitar la devolución del 90% hoventa por ciento) de susrealizados. aiustados por la variación del índice de Precios aI Consumidordel Banco Central del Paraquav." (Negritas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante narios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contrafu ipios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
nto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a devolución de apoñes prescribirá después de fres años del retiro del afiliado de ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo , actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia rios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, euestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdrccrol, quien un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho estormito onerlo siguiente: rtante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce aAS vos, y en tal sentido, el poder deexigir el cumplimiena, oenpara satisfacer susreses con laente Gustavo E,,Santarffins"-En rrelas pe Ministro CSJIanns Minisrs MinistroOietl*,1 ,r l,l iill i,,r{r ilIi;i,: iiiriilil,tiqd I'ii{.ii.hlrl,i ill, l:i Iril;',il iiit,', i ,'ili i l.i,lli[1ii $..!tIr Itrll protección o tutela de qu derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (robligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción'l creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas crelada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que irerrrnite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatolia) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en ta ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relació,n jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La pres;c:ripción extintiva se produce por la inacción deltitular del derecho durante el tiempo estab,te,cido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, re,runiendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transrcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a rt¡clamar durante dicho plaZo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no recla¡nen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderáni poder de actuación abandonandosuderechotodavirtualidadjurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclanl,)" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto tln la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás berneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran ern una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsionerl, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los; afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor:f rina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en ¡cerjuicio de esfe secfor (...)"1. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extinti,¡,a prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen torJos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto r:ontradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la pr,cpos;ición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectia,:ión, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposioión tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer lciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y estaÚece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiernpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripciórr, por el mentado rr*r ."',',¿lhalta,,J,Ájlqir6ot4ü,,Pgrg).Tratait&contrd"delbnbtlk)cionitidadycowenciÁnglidad.Tonq4Üeyeerftap,l+lFF oR'TE TIIAACCIÓN DE INCONST¡TUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR CESAR MIGUEL SILVERO PESOA C/ EL ART. 41 DE LA LEY SUSTITUYE LAS LEYES elArtí 14.- Sobre expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de /as normas que establecen plazos de prescripciÓn, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interéscolectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en eltérmino prefiiado 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Co¡fe que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)"3 (Las negritas son mías).--- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor CESAR MIGUEL SILVERO PESOA la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes elde contar con una antigüedad70 años, manteniéndose incóluen todos sus términos. Es mi voto.
quediofirmando SS.EE., todo porque quedandoquesigue: Ante Mlnlstro Maddaloni,Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Vlctot Rlos Oiedc Ministro Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires,Pág.nte mí, dado el ntenci Sagués, N.Pl9). Manualdeconstitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.' jHi¡ilrrtiiülllfl, lliill il ji lr rl,¡;;rt institutov laestepor 'f i;l li i ! ,iir', i,il f t,.rl,il ,l,t i¡.tl'. ii iii: iijlÍ,{ l illl i'lii¡¡¡:1;i:l tl'¡til r!' hif{eil ruúmenot zbq Asunción, 5 VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTIC¡A Sala Constituciona!
RESUELVE:
a la Acción de lnconstitucionalidad promov¡da y, en consecuencia, delArt. 41" de la Ley No2856/2006"Que sustituye las leyes No 73191 deCajade Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en años a Ic¡sla IGUEL SIL cesar --'SÍGustavo E, Santander Dans Dr. Vlctot Ríos Oieila Ministro Ante rlld;dm$. l[,i iili tlrL: :ill,'llll rl!r ii,i, r iiir,i il:i I iri itii*il. t[:tl rtll ,! iri n.rt A lllr' 'i T,iri if*i+"$qliiijriril1l¡e; iirit