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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 273/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA ABG. ROMY LIZ ORTIZ EN REPRESENTACION DE RODRIGO JEREMÍAS VERA HOFBAUER C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTTUYE LAS LEYES N° 73/91 y 1802/01 - EXP. N° 1105 - 2021.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTTUYE LAS LEYES N° 73/91 y 1802/01 - EXP. N° 1105 - 2021

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@§ffi"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA IrOR LA ABG. RODIY LIZ ORTIZ DN REPRESEITTACION DE RODRTGO JEREMTAS VERA HOFBAUER C/ ART. 41', DE Llr LEy N' 28,561200,6 QUE SUSTTflryE LAS LEYES AcuERDo y sENrENcrr{ N....§gáá g.i+.ó Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de {rc'r 24 del ano dos mil en la Sala de Acuerdos de Ia Corte Suprema de Justicia, lcs . Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DTESEL JUNGITA!ÍNS, ÚCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTAT{DER DANS, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario antorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓU Op INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA ABG. ROMY LIZ ORTIZ EN REPRESENTACION DE RODRTGO JEREMIAS VERA HOFBAUER C/ ART. 41" DE LA LEy IlI' 2856/06 QUE SU§TITIryE LAS LEYES¡ N'73/91 Y L8O2|O1 - E:t(P. N" 11OS - 2O2L a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promoüda por la Abg. Romy Liz Ortiz en representación de Rodrigo Jeremías Vera Hofbauer.

Previo estudio de los antecedentes del caso, 1a Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JIINGHANNS y VICTOR nÍos PLAI{TEADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDER DANSSe presenta la Abg. Romy Liz Ortiz en representación de Rodrigo Hofbauer a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nros. 73l9tY L.8O2/01 "DE E JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL sición atacada de inconsütucional establece: Artículo 47 la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cttenten diez años A qlue no tengan derecho a la jubilación, fuesen o que se retiren uolude lasdonde E. Santander Dans MinistroDr. Yíctor,OS02 ooeS x§ttr Ju[toc Cesar Ministro CSJ.nns Gustavo MinistroOjedaf,idl CUESTION: prestan seruicios. La Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación No serdn susce,otibles de deuolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la deuolución de apoftes prescribirá. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo qte el mismo tenga deuda con la Caja, en qtAo caso los aportes serdn aplicados a la amortiz,ación o cancelación d"e su obligación El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a üez años podrán retira¡ sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten serwicios, lo cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la nonna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los aliliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una anügüedad mayor a díez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autorua que los recursos ñnancieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios benefrciarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de anügüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inüolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recorda¡ que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico IAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA FOR I"A ABG. ROMY LIZ ORTIZ DN REPRESEITTACION DE RODRI(N) JEREMIAS VERA HOFBAUER C/ ART. 41" DE LA LEY N' 285612006 QUE SUSTITIryE LAS LEYES y social que sirven de directriz al fundamento y a la justifrcación normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones s se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, flo admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de talnormativa,la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garanttzar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efecüvidad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funciona¡ios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley L626 y art.9 de la I*y 23aQ. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos consütucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr Ia objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso parte donde se exige una antigüedad mínima de diez a-ños para de los aportes jubilatorios.

sión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promoüda; y en consecuencia declarar la del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de 1o al Art. 555 del C.P.C. Es mi Pavón teJGustavo E. Santander Dansdeal aportes Jutlo Cesar Minist:'a CSJ.nn5 MinistroDr.dellslh9s1 A SU TrrRNO, EL MIIIISTRO DR. CESAR DIESEL JUNGHAN!üS DrJO: recurrente deduce la Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de Ley 2856106 "QUE SUSTTTUYE LAS LEYES 7319t y lO 1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOIS DEL PARAGUAY...--.- Refiere que el a¡tículo impugnado le priva de disponer de los aportes a su representado que por derecho le corresponde, quien solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47, 86, 95 y 109 de la Constitución Nacional Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a ios efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como 1o ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba serwicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46'y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habítantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admíten discriminaciones. El Estado remouerd los obstdcalos e impedirá" los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones Erc se establezcan como desigualdades injusta.s no serdn consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios" - - - - "Arfíanlo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizard a todos los habitantes d.e la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cugo efecto allanará.los obstd"culos Ete la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igaaldad para el acceso a las funciones públicas no electiuas, sirr má.s requisitos Ete la idoneidad, g 4") la igualdad de oporfiinidades en la partícipa.ción de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales g de la qtlfiira".-- En 1o relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Reanrsos", artículo 11o, primera parte: "Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad conT'ñ1P !

CIAACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA ABG. ROIVTY LIZ ORTIZ EN REPRESENTACION DE RODRIGO JEREMIAS VERA HOFBAUER C/ ART. 41' DE LA LEY N' 2A5,61200,6 QUE SUSTTTITYE LAS LEYES de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de ia este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "lapropiedad es el derecho de gozarg disponer deuna cosa sín mas limitaciones qte las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "üccionario Enciclopédico de Derecho Usttal", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo ia propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en laLey cuando, por una parte esta expresa que: " Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con lds di.sposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Correspondera la deuolución de sus aportes a los funcíonarios gpe...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.- condiciones apuntadas surge eüdente, además, una afrenta aI Principio que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados , como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como o absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su apropiarse de la totalidad de los aportes judeS11S en e1particular, del señor Rodrigouer, ; i--. Díese!nghannsE.

cRíos Oiede Miuistc'o Ministro csi:Gustavo Ministroías Vera circunstancia que también colisiona con la garantía consti[uciona] contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Sle garantiza la propiedad priuada, a,tgo contenido g límites serdn establecidos porla Leg,, atendiendo a sufunción económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.,t Por ias consideraciones expuestas y en concordan<:ia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmenl.e a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituge las leyes N'73/91 g 1802/01 de la Caja de Jub,;.laciones g Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a dtez a-ños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Rodrigo JeremÍas Vera Hofbauer, ello de conformidad ¿l1o establecido en el Art.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(.,.) siendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser considersdo como PROPIEDAD PRIVADA de sus titular,es '...),t 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugrado dice: "Artíatlo 41.- Cotresoonderá.la deooluclón de su,s a.p,ortes a los funclogo;rios que carcnten con una antloüedad superior a los diez o;ños u oue no ittb@ciér, we faesen deqtedidos, delados cesantes o que se retiren aoluntariamcnte de las entidades d.onde orestan senti'1:_io. La Caja podra optar por la aplicación del citado monto a la amortización o canc:elatrión de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales.Dl derecho a sollcltar la de su trabaio, sa.luo que el mismo tenga deuda con la Caja, c:n cuAo caso Íos aportes seran aplicados a la amortización o cancelación de su 'cbligación" (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios banca¡:'ios con una antigüedadi.i 1.- A SU TURIiIO, EL MINISTRO DR. VICTOR NÍOS OJEDA, diJO: LA accionante promueve Acción de Inconsütucionalidad contra elArticulo 41 de la Ley SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 y 1[t02/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES yPEIIISIO¡ÍES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente las instrumentales que acre,ditan la calidad de su repre sentado como ex funcionario bancario. -- -- -- - - - lirj ür,$j:iJ¡ IAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR I"A ABG. ROMY LIZ ORTIZ DN REPRESEI{TACION DE RODRTGO JTREMIAS VERA HOFBATIER C/ ART. 41" QUE SUSTITIryE LAS LEYES podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen te, 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, la Ley N" 4252lLO "QUB MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 DE LA LEY N'2.345/03 "DE, REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.

SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1" díce: "Art. 9".- (...) Aquéllos oue se ,etlren de La. fttnclón oúbllca sln reunlr los requisltos oara. acceder a una fublldclón. aun apelando a los derechos que le otorga la Leg N" 3856/ 09 "Que establece la aanmulación del tiempo de seruicios en lc-s cajas del sistema de jubilación y pensión paraguaAo, g deroga el Artianlo 107 de la Leg n" 1626/ OO 'de la Función Pública",podrán solicitarla deaoluclón del9O%o lnoventa por cientol de sus aportes realizad,os, aiustad.os por la üo;rio,ción d,el Indice d.e Precios al Consumidor fiPCl del Banco Central del Paraauau." (Negritas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas adüerto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdaddelas Personas",47 "Delas Garantías delalgaaldad"y 109 "DelaPropiedad Priuada" de nuestraby Suprema.

7.- En cuanto a 1o dispuesto en el último párrafo de la nonna impugnada; " Dl derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá" después de tres años del retiro det afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando nuevo razonamiento.la existencia de criteriosjurídicos objetivos que motivan un que, en nuestro sistema j jurisprudenciacarácterni vinculante; esta permitedel órgano Gesar fVl. Diesel Dr. Víctor'os OieEs dable Minirtrl¡puede Ministc5J C. PavónGustavo Minlstroilst E, Santander Dans rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer 1o siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjeüvos, y €fl tal sentido, el poder de exlglr el cumplimiento de la nortna, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo suJeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahÍ surge la frgura de 1a "prescripción" creada por el l,egislador como pilar fundamental del orden y Iapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras rom¿rnas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regula¡ la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la rprescripclón", como un elemento creador de derechos que permite adqulrir el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del aba¡dono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta rnanera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamernte a un vínculo juridico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción ertinüua se produce por la inarción del títular del derecho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extinüva o liberatoria: el transcurso del glazo legalmente edgido y la lnacttvtdad o slle¡clo del tttular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inacüüdad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el üempo previsto en la 1e5/. De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiria latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Cajat rróvsi 'rt¡SlarCSt ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA PIOR I"A ABG. ROI}fY LIZ ORTIZ EN REPRESENTACION DE RODRTGO JEREMIAS VERA HOFBAUER C/ ART. 41' QUr SUSTTTTTYE LAS LEY-ES entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están a brindar amparo a los afrliados ante sus necesidades durante la Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable " (. . .

) pero jamd.s una. diferencia en perjuicio de este sector (...)"t.Es precisamente esto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la nonna impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contraüctorio al interés particular L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez alaproposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, 1o que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garanttza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)

13.- Todo 1o relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, euien se encuentra obügado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden eI bienestar general. Nuestras nonnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden púbüco que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el ArtÍculo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a soücitar la devolución de aportes por parte del afliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina etiene por aclarado que "(...) todo 1o expuesto es que ladesestimado en forma reiterada los planteos denoñnas que establecende prescnpclon,de ordenblico, Amaya, J.A., Dr. Yíctsr Ríot Ojeda Mia*;f¡ o cque . Diese Derechos y Garantías. Buenosn Ministrol* no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" 15.- De ta-l modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qtJe "En ningún caso el interés de los particulares primard sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de Ia norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nonnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo uen ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. L37 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo L7.- De cualquier modo, Ia doctrina especialízada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también dijo la Corfe qrc b lrrenunclabilldad, de los beneflclos proplos de la seguñdad. socicrt no eslncom¡tqtlble con el tnstf;fuúo de la prcscrlpclón, por lo que no cottstlÚ;.tgen derechos slme dle /.../3 (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. l0lla no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración toclo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde ltacer lugar parclahnente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, dc'clarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 2856106, exclusfito;mcnte en la parte que establece como condlclón para la deaoluclón de los aportes el requlslto de contar con una antlgüedad superlor a 7O años, manteniéndose incólume 1o rlemás en todos sus términos. Es mi voto.-- Con 1o que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por ante de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo.

AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 'pdi ttl§Jg.r:r92 @ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LALIZ ORTIZ EN REPRESENTACIOII DEVERA HOFBAUER C/ ART. 41o Gustavo E' S CesarVíctorOjeda MinistroDans Ante Ministro CSJ. ACI'ERIX) Y SEITTEN CTA N' .Z}.]....... Asunción, 5 de tr¡ar2'o del Acuerdo que anteceden, la. CORTE ST'PREMA DE JU§TICIA SAI"A CONSTITUCIOIVAL

RESUELVE:

parcialm.ente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabiüdad del Art. 41 " de la Ley N" 2856/2006 "Que susütuye las leyes N" 73/9L y l8O2/01 de 1a Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigiiedad superior a dlez años a los efectos de la devolución del aporte Jubilatorio, con relación aI accionante RODRIGO JEREMIAS VERA HOFBAUER, de conformidad a lo establecido en el art. 555 del CódigoProcesal Civil ANOTAR, Ante Ce¡r M. Dlesel ftñlnlstro Jutloc.

tl.Gustav0E, Ministro Dr. Vlctor Ríos Oieilo Abg.a' tlartínez