@§ffi"ACCIÓN DE IITCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR JUAN ISRAEL CACERES ROLON CI ART. 4L" DE LA LEY NO Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, lc,s Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MAIIUEL DIESEL JTINGHA¡{NS, ÚCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTAT{DER DA!{S, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario a,utorízante, se trajo at acuerdo el expediente caratulado ACCIÓU pp INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR JUAN ISRATL CACERES ROLON C/ ART. 41' DE LA LEY IV' 2856106 - E|XP. N" 1978 - 2O2L, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidacl promovida por Juan Israel Cáceres Rolon por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUTSTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguienl,: resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JITNGII"{NNS y VICTOR nÍos oJEDA.-- A I"A CUESTIÓN PLIINTEADA EL MIMSTRO DR. GUSTAVO SANTANDE.R DANS DIJO: Se presenta el Sr. Juan Israel Cáceres Rolon a proriover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nros. 73191Y L.8O2101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEBANCARIOS DEL PARAGUAY atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l la deuolución de sus aportes a los funcionarios que atenten con una superior a los diez años g qlue no tengan derecho a la jubilación, que fuesen dejados cesantes o Ele se retíren uoluntariqmente de las entidades donde seruicios. La Caja podrá optar por la aplicación del citado montoa de su obligación No serdn susceptibles deIo.s EIa solicitar la deuolución de aportesJ M,JACI'ERDO Y SENTENCIA N".}.9'..8 9.*b O)'NNIO Víctor Ríos Ojedo Ministroc Minlstro CSJ.nns Gustavo E, Santander Dans Mlnistro Dr' de tres años del retiro del afiliado de s-u trabajo, saluo qte el mismo tenga deuda con la Caja, en atAo caso los aportes serdn aplicados ala amortización o cancelación de su obligación El accionante solicita la declaración de inconsütur:ionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a 1a Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán reürar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la enüdad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la nonna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Cqja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitá,ndolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autolitza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines especíñcos y que deban esta¡ disponibles para sus objetivos Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su att.6, tiene por objeto asegurar a sus afiüados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, en.tonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de anügüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recorda¡ que nuestra Carta Magna reconoce la ügnidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones!ffi"- 7 ACCIÓil DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA FOR JUAN ISRAEL CACERES ROLON CI ART. 4L" DE LA LEY NO se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, s para comprender su profundo espíritu sentido, el a¡t. 46 de la Consütución Nacional prescribe la igualdad d,: las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, ilo admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentr¡l específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantiza¡ Ia efectividad de tales derechos. En tal sentido, caL,,-' destacar que el primer parágrafo de la norrna impugnada supone una limitación qu,: coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funciona¡ios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley L626 y art. 9 de Ia L,ey 23a51. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión aI cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de 1a persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de 1os trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesarir¡ prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de 1a Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mÍnima de díez a-ños para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de 1oprecedentemente expuesto y en concordancia con el FiscalÍa General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se edad mínima de diez años para proceder aI retiro de los de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A SU TITRNO, EL MTNISTRO DR. CESAR DIESEL JITNGHAI{NS de Inconstitucionalidad conartículo 41 E, Santander Dans DieselJunghannsMinistro Dr' Vlctot Ríos Oieila Ntini§tr'ouna Jultoc Cesar cSJ.Gustavo 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 7319T Y L8O2,IO1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOSJ DEL PARAGUAY.
Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, soücitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda 1a presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional.- Examinada la norma atacada de inconstihrcional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de Ia Caja. En primer lugar, se establece 1a antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a La jubilación o, que fuesen despedidos o ces¿üites o, que se retiren voluntariamente. --
TaI y como 1o ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar 1o preceptuado por los artículos 46'y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artíanlo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. /Vo se admiten discriminaciones. El Estado remouerd los obstdculos e impedirá.los factores qte las mantengan o las propicien. Las protecciones que se estabLezcan como desigaaldades injustas no serdn consideradas como factores discriminatorio s sino igualitarios" - - - - "Artícttlo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará. a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para. el acceso a la justicia, a anyo ekcto allanará.los obstdculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante la.s leges; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no elecüuas, sin má.s reEtisitos qte la idoneidad, A 4") la igualdad de oportunidades en la participa.ción de los beneJícios de la nafiiraleza, de los bienes materiales g de la cttlhtra".-- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la Formación de Recltrsos" , artículo 11', primera parte: "Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con Ias drsposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiqrios de la'ir ln,t(i )gbnffi,r ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA PiOR JUA¡{ ISRAEL CACERES ROLON Cl ART. 41" DE r"A LEY No to, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecho de gozar A disponer de una cosa sin mds limitaciones en las leges..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. 7o¡ns VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecüva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con lc'.s disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficíarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena ce pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderd" ia deuolución de sus apoftes a los funcionarios qte...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la by que no cuenten en consecuencia con los a-ños requeridos para alaución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como tamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos y llanamente la Caja, en abierta üolación a su propio marco procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios en el caso particular, del señor Juan Israel Ciiceres Rolon, bién colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo tal, que dispone: "Se garantiza lapri; DieselJanghanns inistro CSJ.Gustavo E, Santander Dans MinistroO9'ieStlS cuuo Dr. víctor Ri::oi'o'r c.Pavón contenido y límites serdn establecidos por la Ley, atendiendo o su funcíón económica g social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Ley N" 2856/2006 "Qtte sustifitge las leges N" 73/97 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y pensiones Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez a-ños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Juan Israel Cáceres Rolon, ello de conformidad a 1o establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
1.- A SU TURNO, EL MINISTRO DR. VTCTOR RÍOS OJEDA, dijo: El accionante Sr. Juan Israel Cáceres Rolon promueve Acción cle Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley ¡t" 2856/06 "QUE SU,S?I?UYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/ 01 DE LA CAJA DE JUBILACIO.IVES Y PEJVSI()NES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompra-ña debidamente las instrumentales que acreditan la calidad de ex funcionario bancario 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) siendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonío o propiedad priuada de los aporian.tes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus titulares ( .,)" 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugnado díce: "Arfícttlo 41.- Corresponderá la. deüoluclón de sus aoottes a los funclonarlos aue crtenten con una anüoüedad, suoerlor a los dlezaños u que no tenoan detecla q fubllglción, que ftiesen despedldos, delados cesantes o aue se retlren aoluntarlanente de lg..s entldo;des donde ,/resto;/¡ seflrl<:.iq.. La Caja podrd" optar por la aplicación del cita.do monto a la amortización o cancelar:ión de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales,El derecho a sollcltor ld detnlución de portes ptesctlblrá. desoués de tres o;ños.del retlro del o,frllado de su trobab, saluo Ete el mismo tenga danda con la Caja, en anAo caso /os aportes serdn aplicados a la amoriización o cancelación de su <tbligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista de1 primer párrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen 'sttiltuf.d,r,iv§.j r,,ríer rrlU¿ .pOáj :i¡5íj jqi:;'r: til ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA FOR JUAN ISRAEL CACERES ROLON CI ART. 4L" DE LA LEY NO , 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector públiccl en general.
respecto, la Ley N" 4252llO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 DE LA LEY N'2,345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCA,I-,.
SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su ArtÍculo lo dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función públicr¡ sim reunir los requisitos para acceder auno iubilación, aunapelando alos derechos qtele otorga la Ley N" 3856/ 09 "Que establece la aanmulación del tiempo de seruicios en las cajc.s del sistema de jubilación y pensión paraguaAo, g deroga el Articulo 107 de la Leg n' 1626/ OO 'de la Función Pública",pe@fu solicltar la deaolución del9oo/o (nouenta por cientol de sus olportes reo,lizados. alustad,os por la. to;rla;ción del Indice de Preclos al Consumldor (IPCI del Banco Central del Paraouatt.' (Negritas subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normaüva impugnada peca de inconstitucionai, al privar a lc,rs funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de dispont:r de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De tla Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y lO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en elúltimo párrafo de la norma impugnada: " )J',1 derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribird. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucionan. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en esli: punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevoto. Es dable resaltar eu€, en nuestro sistema jurídico Ia Jno tiene carácter determinante ni vinculante; esta caracterísüca flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puec,: , anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permit.r: importante destacar que todo ordenamiento jurídico derechos subjetivos, y €fl tal sentido, el poder de exigir el cum libertad para satisfacer suse interese M. Díesel JunghannsGustavo E, San Ministro CSJ Dr. Yíctor Ríos Oiedaa la,s con lato Ju[ro MinistroDans Mini§tro correspolldiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de foru:ra activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por r:1 Legislador como pilar fundamenta-l del orden y lapaz social con el propósito de malri.ener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia diel pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance v efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación riprescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido etername n te a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolonga,rfo de tiempo prescripción extíntiua se produce por lainacción deltitular del ct!.<:recho durante eltiempo establecido por la leg'. Como producto vivo del derecho ci',ril nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y 1¿r inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de 1a Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactiüdad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación aband,cnando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada «,:ontempla la "actividad" que ellegislador requiere, la cual implica que el"proceso de s,:licitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de dt,:r¡olver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el t.iempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre e,l particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los c¡.re se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor: ''rulnerabilidad.
La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recrursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus rlecesidades durante 1a vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichras necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina l,iene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidacl. en favor de esa franja '"§rgrogete o,tu¿.drir-=I ir I l',.llrt I ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR JUAN ISRAEL CACERTS ROLON CI ART. 4L' DE LA LEY NO vulnerable "(. . .
) pero j amd.s una diferencia en perju tcio de este sector esto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen .r:,jr.rfsd§g,hq:afiliedog,o &B €aja e'interpreúdor€oüo concelrto conciliatorio y tlo como 12.- Ia abundancia del "interés general" en la norrna da validez a la proposición , , normativa impugnada..Dota de seguridad y estab,ilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Ca$a deun,clima de inoertidr¡mbre que podría originarse por , la:interposicién ,tardía de las"reclamgciones, 1o que,evidentemente atrteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza, el correcto funciona¡niento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
Jmr¿*i:r tI;J*rr*.)u iri 13.- Todo lo relaüvo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato consütucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garerrttizarrr y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el insütuto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldoúltimo y soberano en 1o que dispone el Artícuto 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la a¡ribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la es quei.'tiene por aclarado que "(. forma de la,s norrnas reposanqueestablecen orden 6r¡rr M. Diesel Jungh'an Ministro CSJGustavo E, Santander Dans MinistroDr. Víctor Ríos Oieila Ministro tüaflinez de control de constitucionalidady corwencionalidad. Tomo 4. Astrea. Pág.60.-I Amay4 J.A., Derechas y Garqntías:a los planteos de Aires, il,.i:i:ñda.rbcdtñblo:la intangibitidad &,lw derxlws, a qrrc, en ara.s de un {ztérx colectiuo, se priua de reclamarlos a quien nolos ejercita en el término prefijado (...1» 2.- 15.- De tal modo tenemos que si'el instituto es de estricto orden público y de interés,para la sociedad entera, eÉtonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que üspone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún aso el interés de lx panticulares primard sobre elintérés geneml". Si nos ubicamos en el epígrafe de . la norma podemos concluir, imJu,so, {¡ue ni siquiera otras norrnas csnstitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se,utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso'.
16.- Como se podrá notar, el instituto que v¿rmos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada err materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también atijo la Corte que la irrenunclabilidad de tos beneficlos propios de lf, segutlda.d. social no esincom¡tatible con el insütttto de la prescrlpción, por li,o que no consüütgen derechos sine die /.../'3 (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Illla no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado de:be ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parclalmcnte a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declara¡ respecto de la accionante lainaplicabilidad delA¡tículo 41 de la Ley !I" 285610,6, exclusilnmente en la porte que establece requisito de contor con r:1ll:irlit.lcomo condición para la deaoh"tción de los aportes el una antigüedad superior a 70 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.-- l. ll!t) ft;recho der rrabajo.
AbeledoPongt. Buenos Akes, Argentina- Pág._04.- . -"'rr')?l ' ' Sagués, N.P. (2019). Manual de dercchoconstitueion¡I. Puenos Aires, fugentina. Astrea. Pág. 658.- CORTE "'fUsrICLAeccróx DE rrcor{srrrucroilALrDru) PROIIOVIDA FOR JUAN ISRAEL CACERIS ROLON Cl ART. 4L' DE Llt LEY No ante nghann"Nba que se dio por Ante mí: Gesar M. Diesel J Mlnlcro Jutloc. , firmando S.S.E.E., todo quete Gu$avo E.Santander Dans D,.yr.,ffitlljOieda AcrrcRrx) y JutioG VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la. CORTE STIPREMA DE W§TICIA SALA CONSTITUCIONAL RE§UELVE: IIACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N' 285612006 "Que sustituye las leyes N" 73/9L y L8O2/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en l,a parte que condiciona a una antigüedad superior a üez años a los efectos de la devolución del aporte Jubilatorio, con relación al accionante JUAN ISRAELROLON, de conformidad establecido en el art. 555 del Código AI{OTAR, Ante Cesar flll. Diesel Jun Ministro CS'l' Gustavo E. Santander Ministro MinistroDans Ríos Ojeila Abg.c.Itlartlnez,