Corte Suprema de JusticiaACCIÓN DE ¡NCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR SOL AGOSTINA ARGAÑA CH¡APPETTA C/ EL ART. 41 DE LA LqY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS 1 'noi cr!NTENSE eMERONU Capitalde la mil, los ,Dores, GÉSIrR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, ViCTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: AGGIÓN DE INCoNSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR SOL AGOSTINA ARGAÑA CHIAPPETTA C' EL ART. 4I DE LA LEY N' 2856'2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora SOL AGOSTINA ARGAÑA CH¡APPETTA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RíOS OJEDA.-- A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo La Sra. SOL AGOSTINA ARGAÑA CH¡APPETTA promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE I-AS LEYES Nos. 73191 Y 1 .802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nacional La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Conesponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesanfes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan seruicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado deaiel año dos de Justicia impugionalidada A finnel p rmatsu trabajoque el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán aplicaamortización o cancelación de su obligación'.
CASO, IA STA. SOL AGOSTINA ARGAÑA CHIAPPETTA,do funcionaria bancaria peticiona la declaración de inconstitucio por encontrarla contraria a derechos de consagración con porpárrafoseste punto, es importante examin;rr el artí sar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.Gustavo E. Santande t#W," Ministro c.PAllc Ministrolai!:ntiri ffiryt, ltfllt,,1 tiFFr ii ilfrff; iiei'n s*u-li'S El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los iaportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o qrre se hubieren retiraclo voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad maycrr a diez años y, b) quenotenganderechoalajubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 135, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajartlor dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectoresl de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, ef art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las renlas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en fal,or de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estaturido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la liberlad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un'rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y alajustificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles pcrra comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional pr,s,scribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asirnismo, no admite'discriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente ,iontemplado en el silencio énumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los dert¡chos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar ,Cerechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -iart. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arls. 247 y 260- la rr:sponsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la Funcionarios Municipales (art.66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de lia Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta lVláxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos c,cñstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necei¡;ario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856i06 alcaso concreto en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento alos argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformida«j con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del prinrer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/OG al caso concreto, en la parte donde se exige una aLrrtigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto A su turno, EL Doctor CÉSen MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo La Sra. soL AGOSTINA ARGAÑA CHIAPPETTA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41' de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS ACCDE¡NCONSTITUCIONALIDAD POR SOL AGOSTINA LAHIAPPETTA C/ EL ART. 41 DE CoürlllñilN' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE IItl RAGUAY'' ueartículo i v47al 109ÍTIO CU, coniantecuanto no tenganque endonde prestanLa podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación No serán susceptibles de devolución los aporfes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de aportes prescibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación", Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servícios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional el cual expresa "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitantes de la República. 1") la igualdad para elacceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3') la igualdad para el acceso a /as funciones públicas no electivas, s,n más reqursifos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitaciónaturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensionesos Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero'l Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", a11" pnmey rentas que se obtengan de conformidad con /as disp depropiedad de /os beneficiarios de la Caja". ,cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad dL quederecho degozar y disponer de una cosa srn en las..." (Cabanellas, G. "Diccionario Eneiclopédico r M. D¡ese-l JunghannsDr. Víctor Gt¡stavo I Santander Dans, I ]ri§tro . r MinistroEm "Los son de DerechAubry cion JulioPavónMinistro CSJ.es rltflriitÉf Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina ,2001, Tc¡mo 'Vl En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propier ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propiqs dir,ectivas al establecer solapadamente, bajo r:iert,rs req'uisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado pr:irrci¡lio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acórde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante re«:larna su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
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Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva,r:orrs;titucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por uner pafte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as dlspor;iciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de /a Caja', más por r¡tro lado limita lo transcrlpto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos dererchos en caso de incumplirniento, establecen'. "Corresponderá la devolución de sus aportes ¿:l /os funcionarios que...'l.todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quierr la inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones aptrntadas surge evidente, además, una afren't¿r al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los ¿rso,:iados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan Sido desvinculados de la actit¡idad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para accede,r a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo ¿tbsr:lutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llananrr:nte la Caja, en abierta violacién a su propio marco normativo, procede a apropiarse de li:t totalidad de los aportes_ jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. liioL AGOSTINA ARGAñA CHIAPPETTA, circunstancia que también colisiona con la garantla constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispor'le: " . .Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la L.ey ,atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legelles citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declararla inaplicabilidad del 41'de l¿r Lr:,/ N'2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra. ÍSOL AGOSTINA ARGAÑA CHIAPPETTA, ello de conformidad alArt. 555 del C.P.C. Es; mi 'roto.
A su turno, EL Doctor VICTOR RíOS OJEDA dijo 1.- La Sra. SOL AGOSTINA ARGAÑA CHIAPPETTA, bajo patrr:cirrirr de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Lety l',1' 2856/06 "QLIE SUSTITUYE LAS LEYES No 73/91 Y 18OAU DE LA CAJA DE JLII3ILACIONES Y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su'calidad de ex funcionaria bancar a.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de fa Constitución y fundamenta su acción manifestando respecto al Art. rl' de la Ley N" 285612008, entre otras cosas, que la norma es "(...)claramente disc:rintinatoria en todo sentido, pues menoscaba mi derecho al acceso a retirar mis aporte:i; de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, realizados ,sn e/ tiempo en que fui funcionaria bancaria, por el solo hecho de no contar con una anticli.,iedad de aporte de 10 años como establece eldiscriminatorio y confiscatorio a¡fículo at¿tcado en la presente 3.- El Artículo 41 de la Ley No 2856/06, impugnado dice; "Arfículo 41.- Cerresponderá la devolución de sus apo¡tes a los funcionarios que cuenten co'n UAA- e¡tllgüedad derecho a la iubilación, oue fuesensuperior a /os diez años v que no 4k ,Ctxült$eliift$i*l!:c lillir:*:I:r: .f li,j ACC!ÓN PROMOVI ARGAÑA LA LEY N'DE ¡NCONSNALI DA POR SOL CHIAPPETTA C/ EL4NA en/os mtrt laretaciónlue solamentelosncionariosbancarios con una asupertor a10OS acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley No 4252110'QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSIENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "4r1.9".- (...) Aquéllos que se retiren de la funiión pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos gue le otorga la Ley N" 3856/09 ,QIJE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL S/SIEMA DE JIJBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N' 1626/00',DE LA F|JNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90%o (noventa por cientd de sus apo¡tes realizados, aiustados por la variación del indice de Precios a/ Consumidor) del Banco Central del Paraquav." (Negritas yelque laciónamoftiza subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de apoñes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstituciona!. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayorflexibilidad en la actuación delórgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponeriente: derechdestacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas vos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la para satisfacer sus necesidades e intereses con la co de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obl delimitado por el interés generalsurge la creadael Legislador como pilar fundamordenla paz r M. Diesel JunghannsRdie gació nden ura de c.Pevónnistro CSJGustavo E. Santander Dan¡r.
víctor Ministro NlinistroedaItllh.,rrYü HfiIfw iil l{ x,:,lfr ilsdef; 'illirnl*, lltl l't fiHiü88:ri.rl il:itri: üJlH: ,l,illil el ,propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas crerada para regular la convivencia del pueblo romano 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectr:::, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que perrnite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La pres:c:ripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo estab,te,cido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, rerr.rniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el trans,curso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonandosuderechotodavirtualidadjurídica'
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "¿rc:tividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclarnc" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto r,:n la ley". De lo contrario la obligación de,la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás tleneficiaros de la Cd¡a, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad prevision¿;rl por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en rer:ipuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor:trina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad ,3n favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de esfe sector (...)"1. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colecti'¡)" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen tr:dos los afiliados ala Ca¡a e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la prop,osición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero )/pr,3supuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.) 13.-Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer cierrtos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocern el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tie,mpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone elArtículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagart posible sostener Amaya, J.A.,,Director. (20 l8). Tratado de control de constitucionalidady co¡wepgionalidad. Tomo 4.,.Derechos re este que corresponde promovida; y enrsión como la arribada parte del afiliado- seaACCIÓN DE ¡NGONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR SOL AGOSTINA ARGAÑA CH¡APPETTA C/ EL ART. 41 DE SUSTITUYE LAS del derechoa solicitarladevolución nstitucional Buenos Aires, Argentina.04.-qpor aclaradoue"(...) Por todo lo en forma reiteradalos planteostema la doctrina la jurisprudenciaES expuesto es quelaboral ha de inconstitucionalidad respecto de lasestablecen plazos deprescripción, señalando que dichos preceptosorden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, ysupeiorcolectivo, sepiva de reclamarlos a quien no los eiercita en)"2 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es destricto orden público y de interéspata la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre et interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo"en ningÚn caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)"3 (Las negritas son mías).-*- i a.- la medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interéS general".
1g.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino Artículo 41 de la Ley No 2856106, exclusivamente en la patte que condición para la devolución de los aporfes el requisito de contar con una superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Con lo qur terminado, firmando inmediataSS.EEtodo por an certifico, qudo acordla se Gustavo E, SaDans MinistroDr. Vícto lVliuistro Ante Cesar M. Diesel Ministrohacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Tula, D.Jy Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot'a Sagués, N.P. (201. Manualde8).
Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ifilli fill ; lillrir lll ; ,',,iitirlif L,ji'll ili tri.:: iiilfi' I ll'."" 'ri'ri rt[]il I ir'rü ,iliii,r[ i,l,r;ir ildlrilEth*'.l l':l t.rt #:tl'l,rril, l,lii.' l,ir !ii¡.¡l,li*il 1il,r t t it ;it¡t"ti ;i'irili li SENTENCTA NÚMERO: 7OI . Asunción, 5 de r^Ar 20 Cesar M. Minen Ministro Dr. víctor Ríos oiedo , i MinistroI VISTOSLos méritos delAcuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida'y', e'r'r consecuenc¡a, declarar la inaplicabilidad del Art. 41" de la Ley No 2856/2006 "Que sust¡tuye las leyes No 73191 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios ,Jel la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a l«rs devoluciónde aporte jubilatorio, con relación a la Sra. SOL AGOSTINA CHIAPPETTello de conformidad a lo establecido en elArt. 555 del C.P.C ANOTAR, regi Gustavo E, Santander Dans Ante M¡rtíncz 0tct¡ttttevnotificar ro CSJ.IJ ' riii üftETARlÉr r,*üiClAL I c,ereO3