← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 165/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "OLIVER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 41 DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". AÑO: 2021 N° 168.-

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N' 2856/2006

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

ORTE Cee¡r M. Diasal Jungtranns Jullnlr¡re ClJ,Sala de Acuerdos de la Cortede Justicia, los Excmos. SeñoresACCIÓN DE ¡NCONSTITUC¡ONAL¡DAD: "OLIVER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 4I DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES sENTENcTA númeno' C i I s. s.^ lq I Ciaco , Ciudad de Asunción, papital de la República del P,aragqay, "1r", días, del mes de tr,tr,^ , del año dos mi! v"i^1iaiqdrSuprema CESAR RíOSOJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, 'Ante mí, elSecretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: AGCDE INCONSTITUCIONALIDAD: "OLIVER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 41 DE LA resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor OLIVER BOHNERT ROSENBERGER por derecho propio y bajo patrocinio de abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION:la Sala Constitucional, DoctoresMANUEL DIESEL JUNGHANNS, Gustavo E. San¿Es procedente la Acción de inconstitucionalidad deducida?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resuttado: CÉSnn D¡ESEL ViCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS A la cuestión planteada el Doctor cÉsAR DIESEL JUNGHANNS dijo: el señor OLIVER BOHNERT ROSENBERGER, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede notsolo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de lgualdad consagrado en los Arts. 46,47 Y 109 de la Constitución Nacional.--- La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derec-tto a la jubilación, que fuesen despedidos, de7'ados cesanfes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan seruicio. La Caja podrá optar por ta apticación del citado monto a la amortización o cancelaciÓn de su obligación No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

Et derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afitiado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo caso /os aportes serán aplicados a la amoñización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder a su mandante al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Naciona!. De las constancias se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilapresentadas en autos, y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios p .que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza Examinada la norma atacada de inconstitucional,dos efectos de conceder el derecho a la partelos trabajadoresa la Ca¡alugarue loslución prim Restabrea Minis Julb C'ra Dr.la!

antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo qLle señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47' de la Constitución Nacional, el cua! expresa "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicta, a cuyo efecto allanará /os obsfáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") ta iguatdad para elacceso a /as funciones públicas no electivas, srn más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la pañicipación de los beneficios de la naturaleza, de /os bienes materiales y de la cultura".-- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Prímero "De la Formación de Recursos ", artículo 11" primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de confarmidad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de tos beneficiarios de la Caja".--- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "... La propiedad es e/ derecho de gozar y disponer de una cosa srn más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario tlnciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo Vl pEn esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el totat cle sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes reatizados a laCaja, el accionante reclama la devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de ta Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida esos derechos en caso de incumplimiento, establecen'. "Conesponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devoluciÓn de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente oomo un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple-y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, proceáe ; apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor OLIVER BOHNERT ROSENBERGER, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109'de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiedad privada, cuyo c:ontenido y tímites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica v social, a fin de hacerla accesible para todos...".

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que iorresponde hácer ICIAACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL¡DAD: "OLIVER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 4I DE LA LEY N" 2856'2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Ley N" sustituye las leyes N" 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del ER BOHNERT ROSENBERGER, e!!o de conformidad al Art. 555 del C.P.C.

VOTO A su tumo el Doctor V¡CfOn RÍOS OJEDA dijo:

.*---.. 1.- EL señor OLIVER BOHNERT ROSENBERGER, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856/06 "Q|JE SUSI/TUyE LAS LEyES No 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JIJBILACIONES Y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARAGUAY''. PATA el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario 2.- EL accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 Y 109 de la Constitución Naciona! y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...)

La normativa impugnada viola los siguientes artículos de la Constitución Nacional que establecen et principio de igualdad 46, y art 47 de las garantías de la lgualdad como el Aft 109 de la Garantía de la Propiedad Privada(...)".

3.- El Artículo 4l de la Ley No 2856106, impugnado dice; "A¡tículo 41.- Corresponderá la dévolución de sus aoo¡tes a los funcionarios que cuenten con una antioltedad supeiior a tos diez años v que no tenqan derecho a la iubilación, que filgs9n despedidoi, deiados cesantes o que se retiren yoluntariamente de las entidade§ donde preshn seruicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amo¡t¡nción o cancelación de su obligación No serán susceptib/es de devoluciÓn /os aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes prescribirá desoués de tres añ,os del retiro.!el afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga detrda con ta Caja, en cuyo caio /os apoñes serán aplicados a la amoñizaciÓn o cancelación de su.obligación" (negritas y subrayados son míos).--- 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios'bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector púbtico en general LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSIENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. S/SIEMA DE JUBILACIONES Y PENS/ONES DEL SECIOR PUBLICO,,, en su ArtíCUIO 1O diCE: "Art.9".-(...) Aquéltos que se retiren de lafunción pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación,aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N' 3856/09 "QUE ESTABLECE CAJAS DEL S/SIEMA DE,CIÓN DEL TIEMPO DE SERY/ Y PENS/ÓN PARAGIJAYO, Y LA FUNCIÓN PIJBLICA'"C/OS EN LAS Gustavo E, Santander Dansrayado CesarARTICULO 107 MiniStroDr.

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponerde sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de tas Personas" 47 "De las Garantías de la pualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnad a'. " El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro det afiliado de su trabaio", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mavor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es ímportante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir et cumplimiento de Ia norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a ta obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés generat. De surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar iundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a !a influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del puebro romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o rectamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivcr, de una rálación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción det titutar det derecho durante et tiempo estabiecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o sitencio del titular det derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad juríd'ica. - 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga ,.tiro "impulsado por quien tiene interés en ello i'durante el tiempo previsto en la -ley".

contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripcir:n), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás béneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto RTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "OLIVER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 4I DE LA LEY N' 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES TICTA financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas , para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa iderada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en periuicio de esfe Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la a 'impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición taráía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienéstar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la §eguridad Social y estábtece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De to-dos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone elArtículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones.jurídicas que hagan porint" sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a iolicitar la devoluciOn O" aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que ta jurisprudencia iaboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionatidad respecto de /as normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibitidad de tos dérechos, y que, en aras de un interé9 su.p,erior colectivo, se priva de recla-marlos a quien no los eiercita en el término preftiado (...)" '.

15.- De tal modo tenemos que si el institutoes de estricto orden pÚblico y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicaciónse encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningúncaso el interés de /os particulares primarásobre et interés general". Si nos ubicamos en el epílgrafe de la norma Podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imsobre ésta, más aún cuandb se utilizaprohibitivo "en ningÚncaso" 16podráelvamos a aplicar cuenta con el uardoctal Art. 137 de la CN, sela orma dermativo E. SanDr.

ll/llnlstro Amaya J.4.,fiÑR t ¡ru, on al i dod y conv e n c i onql i dad. Dere.chos yBPág. 60.- Buenosi, o.A.;Tratadostituye e Ríos Abg.c.Prescripción y Caducidad en elDerecho del Trabajo. AbeledoPerrot. 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Coñe que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con et instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)"3 (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentoaquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a lapresente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declararrespecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley No 2g56/06,exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución deIos aporfes el requisito de contar con una antigüedad superior a l0 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES A su turno el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: eue el recurrente promueveAcciÓn de lnconstitucionalidad en contra del artículo41de la Ley N.2856/06 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS. 73191 Y 1.802101 ''DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY, CN razÓn de ser contrario a los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.

Que en el caso particular,se presenta ante esta instancia el Sr. OLIVER BOHNERT ROSENBERGER,por derecho propio y bajo patrocinio de losAbgs. Graciela B. Gómez Benítez y GracielaKrones Zarske, a efectos de peticionar ladeclaración de inconstitucionalidad de la citada norma por vulnerar principios ygarantías de la propiedad privada, amparados en nuestra Carta MagnaQue el Artículo 41 del Titulo séptimo -DE LAS DEVOLUCIoNES y DEMAS DISPOSICIONES SOBRE JUBILACIONES Y PENSIONES- Capitulo Primero - DE LAS DEVOLUCIONES de dicha Ley establece: "...Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen déspedidos, de7'ados cesanfes o se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan seruició. La Caja podrá oóiu, por la aplicaciÓn del citado monto a la amortización o cancelación de su obiigación. No serán susceptib/es de devolución los aportes patronales. Et derecho a loticitar ta deyolucion de aportes prescribirá después de tres años det retiro det afitiado de su trabaio salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso ios apoñes serán aplicados a la amortización e cancelación de su obtigación...,,.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo atacado desglosándolo por rrafos.

El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes, a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios que hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirado voluntariamente, limitándolo a dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años, y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Al respecto, es importante resaltar que nuestra Carta Magna en su Art. gS, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e iniegral para el trabaiador Sagués, N'P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. pág.

TICTAACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL¡DAD: "OL¡VER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 4I DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la mismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no os de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus uiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, objeto asegurar.a sus afiliados los beneficios previstos en ella, y, ne por Cesar M. Die . Minis'específicamente, el art. 11, confiere la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, en consecuencia, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que la Constitución Nacional reconoce la dignidad humana, así como otros valores a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. Es tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos, asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 tampoco admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45-De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica Cabe recordar que la constitución de un Estado social de derecho-Art. 1, impone en el Poder Público- Art. 3, en concordancia con los Ar1s.247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g.

Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en s.u integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primei párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes j u bilatorios.

En cuanto al últimosiempre de la misma normativa impugnada, prescribe un lapso de 3 años dprodujera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pagoEntiendo que tal elusión no padece confiscatorio -Art.

Ahondando en eluna vulneración al principio de igua la,Convención Americana sobre Derech San José de Costa Rica, internalLeyyal 7en su artlucidaciónrco que las restricciotinte nos, Gustavo I Santander DansI trl alad MinistroDr.Ojeda ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art.

109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su funciÓn económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con Ia letra del arl.21 de tal Convención; como asimismo, el art. 46 ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo Pactc,.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente [tliguelAbdón Saguier al tiempo de sustentar ]a promulgación del postulado del Art. 95 de la C.N. De la Seguridad Social- contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo: "En primer lugar, cuando habtamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social". En el contexto de una sociedad democrática -art. 1- donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

Que es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida la más concisa, como elfragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio".

El mismo autor, ob, cit., p. 2011 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionatidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "...|a interpretación de una disposicíón y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución,esdecirentrañaladetodoSSuSpreceptos'l.

En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, en base a las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamer¡ fiscal No 212 de fecha 15 de febrero de 2023, obrante a fs 13/15, corresponde Hacer Lugar a la Acción de !nconstitucionalidad y declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Z8S6IO6 "eUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS. 73191 Y 1.802101 ''DE LA CAJA DE .JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'"al presente juicio. ES MI VOTO ue se diopor term , firmando SS.EE., todo pde quendoainmediatamente sigue E, Santan Ministro CSJ.ante sentenciel Ante Ministro Drr sda ORTEACC¡ÓN DE INCONSTITUCIONAL¡DAD: "OLIVER BOHNERT ROSENBERGER C/ ART. 4I DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES U§TICTA SENTENCT¡ uúUeRg|:A6í ción, LB de QeVr, ,o de 2oZ!.- : Los méritos delAcuerdo que anteceden, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

LUGAR a la Acción de inconstitucionalidad promovida y, en , declarar la inaplicabilidad delArt. 41'de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de Ia devolución de aporte jubilatorio, con relación al accionante OLIVER del C.P.CBOHNERT ROSENBERGER, ello de conformidad a loel Art. 555 ANOTregistrar yn . Mlnl¡tre Ante E. Santander Dans MinistroDr.

JulloPavóno L't4iar¿ tlf'