CORTE SVPREMAl or:USTlCLj CIÓN :DE INCONSTITUCIONALIDAD PRPMOVIDPOR EMA 1NUEL DA v,ID sxuzo DI rAOLA CI¡ ART. 41º D;E LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 12/01, .MO]j)IFICADO PARCIALMENTE POR . LA/ LEY Nº 4773/12, Y QEROGA LA LEY Nº DJI,IFECHA 1 8 DE GOSlO DE 2021".- Nº 267; iw'-':-',. 'te,--<lErl 1 ::.. dad de Asunción, Capit, 1 de la Repúl:>lica del P¡araguay, a los v "' oc ' días, ' def'mes d , f-cl-J í119 , j 1 , del añd fa Corte Srtprema de .Justicia, los 1,xcmos.' Señores Ministros de la Sala hs.hc10na( Doctores, CÉSAR MAUEL 1 DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTA YO ENRIQUE SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMANUEL DA VID SAUZO DI PAOLA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01, MODIFICADO PARCIALMENTE POR LA LEY Nº 4773/12, Y DEROGA LA LEY Nº 3492/08 Y CONTRA LA NOTA Nº RAP: 1840/2021 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 202L'',.; ?. 2,676; AÑO 2021, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor,EMANUEI.: ))A, VID SAUZO DI ,P AOLA, por Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación,' dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor EMANUEL DA VID SAUZO DI PAOLA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, prbmueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de'la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA RAP: 1840/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede' no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º y 47º de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109º del mismo cuerpo legal. --1 Cesar M. Diesel .Junghanns Minlst10 CSJ, El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelacion de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera' expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de1 acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala corno inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47de la Constitución Nacional, el cual expresa:
"Artículo .47-.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes,3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación ,de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título.Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al 'concepto frasuntadó-Hñeás arriba, en defnsa aé1as attTouciones-queporcfei:eclío posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios 1 "ACCIÓi DE . INCNSTITUCION1'-LlDAD Cd>RTE ;: , PROMOVIDlA1 POR E,. MAi,NUEL pAV,,ID SAUZO PREMA.1rr 1 1, ST,lCli. DI PALA q1 ART. 41º LA LEYº 2 , 1 11 "QUE SUSTil[rUYE LA¡ LEYiES Nº 73/91 Y ; i : : 182/01, MO,,IFICADO P¡¡ARC,IALMENTE'i POR : LA! :LEY 1; Nº 1773/12, Y DROGA . LA LEr Nº ., q-µe/i'; to e::, )Jo sin otrol , rjudicado qe el misM1 o aportante a quien la 'propia 'norma al /7---l nt.1: n las condiciones, lapuntadas sJrge eidee, además, ua afrenta al' Principio de 1-cgu'."'-::aldad, ya ilie implica 4h trato claramente discr,itninatorio hacia los asociados bancarios que, 1 comol en ecaso del abonante hayan sidtlesinculads de la actividad b,ancariy que no cuenten eri consecueni'a con los años reqUeridos para acceder a l'a devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor EMANUEL DAVID SAUZO DI P AOLA, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función En cuanto a la RAP: 1840/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución Nº 26, acta Nº 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos dla devolución de aporte jubilaforio del señor EMANUEL DAVID SAUZO DI'P A:OLA,' ello de conformicfM 1 A su turno, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo: 1.- El señór EMANUEL DA VID SAUZO DI PAOLA, por sus propios. derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota RAP: 1840/2021 de fecha 18 de agosto de 2021. Para el efecto, acompaña dbidamen!e la instrumental que acredita su calidad qe ex funcionari Ministro 3 El Artículo 4 dla Ley. Nº, 28,56/06,; impugnao dice.: "Artículo 41. - Co¡rresponderá a devolución de sus aportes a los funcion'.arios que. cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan sefvicio. La Caja podrá optar por, la aplicación del citado monto a la amortización o cancelacion de su obligación. No serán susceptibies de .devolucíon los aportespatronales.s ,El erechoa solicitar la devolución de aportes prescribü;á después de tres años del retiro' del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la j ubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta pesigaldad con respecto a Ios derechos, relacionados a la devolución de aportes en el .sector 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/.10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º YJ0 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SIS.TEMA DE JUBILA CIONEY P ENSIONESDEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 º dice: "Art.
9. - (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº.1626/00 'DE LA.FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitarla devolución del 90 (noventa por.ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor üPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párraf9, de la normativa impugnada peca de ,inconstitucional, al privar a. lbs funcionarios bancarios, que no han cumplido -los 1 O años de antigüedad, de disponer de susaportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de ,exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacersus necesidades .e intetses coµ la correspondiente prp 1teyció_n 1o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas 1 1 . "ACCIÓ 1DE .NCqNSTITUCIONALIDAD csUJ'PrRRTEEMA' PRbMOVIDA POR EMANUEL DAVID SAUZO DI PAOLA e! ART. 41º DE LA 1 oi:JUSTICTA 1 "QUE SUSTIUYE 1 LAS: LEYfES Nº 73/91 Y ---.--¡I 1: 182/01, OJ?IFICADO PARCIALMENTE POR 03 ' LA¡ LE'Y¡ Nº ! 4773/12, Y DEROGA LA LEY Nº contea's/'1:in¡ 1 y de ls Doce Tb as crdada: para regular lh convivencia del pueblo . ,J . . 'as ramas dl Derecho, han' 1defido su¡alcance yefectos, regulando la "prescipbión", como 1 im elemento creador de derechos que permite adquirirel dominio et.le chsas ajenasjprescripción h.dquisitiva b usucapión) 6 bien como un medio de liberarse de una carga ú obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(. .. ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )1 precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, 2uyo 'objetivo" es" 1 'resguardar el 1 "interés , 1 superior colectivo" de ' naturaleza obligatoria, entendido como el derecho á la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al ' nt? der Qans Idad yohvenctonalidad. Tomo 4. Derechos y Garu.....,,u garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la SeguridadSocial y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuestoes q11e la jurisprudencia labora/ ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de recamar os a quzen1 no os ejercita en e termino pre 15 .- De tal modo tenemos que si el instituto! es de estricto orden-público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art.
128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 13 7 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " ( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19 .- En cuanto al planteamiento en contra de la RAP: 1840/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que el art.
20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente, a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos, y la RAP: Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). P'rescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AoeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina.
"ACCIÓ! DE lNCO"STITUCIONAL1iDAD PROMOY¡IDPOR EMANUEL DAVID SAUZO "QUE s-µsTI:fUYE LAS,,LEYES, Nº 73/91 Y 1802/01, 1MdDIFICADO FARCIALMENTE POR LAj LEYI Nº 4773/12, Y DEROGA LA LEY Nº Af:{W'I (A, por¡erecho rop? y b¡Jo pitrocinid de abogada, promueve Acción de Inconst : ahdad contra el art1culf 41,i ¡la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS , ' "13/91 Y 1.80Q/01 "DELCAJDE JUBILACiqNES Y PENSIONES DE 1 i OS::BANCARHyS DEL P AGUY" ;Y la Noa RAP: 18401/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, en razón de ser contarios a 'ºs Arts. 46, 4 7 y 109 de la Constitución de la República.
1 1C>RTE SUPREMA " lbé}USTICIA La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Que el accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta .de antigüedad requerida p¡ira el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos f(N4isit?s: ! que cuente,n co!1 una. ª!1,ttgµedad.111;ayor f3. diez ños y, brque o tengan derecho Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más ' camente, el Art. 11 1 otorga la titularidad exclusiva de, los fondos y de 1 ren s, s ropios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad n E v. r de lo afil dos, la acióP en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de u de lución esulta na dee;::::i:, :n susderechos dmini ales, c'nt --,-oalespect : est u ido t n 1, Art. 09 Cfl!st M. Di,,.,,, -Junghanns A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuesta Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, 'la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales , se encuentran interconexas. y son interdependientes unas con otras, siendo todas, 'imprescindibles para En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los. derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos , Recrdemos que la constitución de un 'Estado social de derecho - Art,' :1-, impone en el Poder Público -:- art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar ¡que el primer parágrafo de la norma impugnada-supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada .Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V,.gf Funcionarios Municipales.Iart, 66 de la Ley 122/93), Funcionarios.Públicos (art.. 53 dela Tiey.1626 y art.
9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de lbs citados mandatos constitucionales. --- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto .de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
Nótese que .el último párrafo de tal normativa - Art .. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del .pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - Art. 109 - ni comprende una vulneración al principio de igualdad - Art. 46 -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto'.
! 1' 1 De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó 1definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, quando hablamos de seguridad social Estamos hablando de un sistema obligatorio ... En segundo lugar, es social porque, s,' bien el evento que se trata de cubrir con 'la seguridad social es individual, tiene una repercusion social ... 3 Horacio Antonio Pettit, Constitución dé la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática- Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p:-957. ., í'I 'i "ACC!Ój DE INCNTITUCIONALIDAD PROMOY,IDPOR EMANUEL DA VID SAUZO DI PAOLA CÁ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LASI LEYES Nº 73/91 Y 1802/01, MODIFICADO EARCIALMENTE POR LA LEY Nº 4773/12, Y D¡EROGA LA LEY Nº DE FECHA 18 DE AGOSl'O DE 2021".- Nº 2676; ele una sociedad democrática - art. 1 1 - donde seproclama la primacía del St l.sobre el interés particular - art. 128 -, no puede sino entenderse que nuestra beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando fl. sus recursos financieros un claro contepido o fin so Al respecto, es dable acotar que en el librd Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que" ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.
Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer validay efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
! En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 1909 de fecha 06 de octubre de 2022 obrante a fs. 16/17, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la Nota RAP: 1840/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante de conformida a lo evisto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: //68 Asunción, '2A3 de F-eb re rv. de 202.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, así como la Nota RAP: 1840/2021 de fecha 18 de agosto de 2021 dictada por la de Jubilaciones y Pensiones de Em s de Banco y Afines, con relación al señor E ANUEt DAVID SAUZO DI PAOLt, de co ormidad