@ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR TX)LLY RAMONA GODOY ESPINOLA Cl ART. 4t" DELA LEY No ACI'TRDO Y SENTENCIA N'C ie^t, sc5¿n , estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Señores Ministros de la Sala Constitucional, I)octores CESAR,02'.., Enudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de ? eL?Cdel año dosrA los Excmos MANUEL DIESEL JUNGIIANNS, vÍCtOn úOS OJEDA Y cUSTAvO E. SANTANDER DAI{S, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR DOLLY RAMONA GODOY ESPINOLA Cl ART. 4L" DELA LEY No 28561016.-, a fin de resolver Ia acción de inconstitucionalidad promovida por el Abg. Pablo l*zcarto en representación de Dolly Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determina¡ el orden de votación, dio el siguiente resultado: SAI{TAI{DER DANS, DIESEL JITNGIIANNS y ÚOS OJEDA.-- A L/I CI'ESTIÓN PLIINTEADA EL MINISTRO SAI{TAT{DER DAIIS DIJO: LA actora se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.8O2/O1 "DE LA JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL disposición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l lo deuolución de sus aportes a los funcionarios que anenten con una superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen cesantes o qÍue se retiren uoluntariamente de las entidades donde seruicios. La Caja podrd. optar por la aplicación del citado monto a la o cancelación de su obligación No serdn susceptibles de delos El derecho a solicitar la deuolución de aportes tresretiro del afiliado de suque el mismodeuda co Cesar M. Diesel Junghanns Dr. Vlcnr Ríos Oi Mini§troo.
Ministro CsJGustavo E, Santander Dans Ministro eilai) t; la Caja, en atyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de st En el presente caso, la accionante solicita 1¿r declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla conlraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición impugrrada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al dr.sponer que solo los funcionarios ba¡.carios que cuenten con una antigüedad superior a diez anos podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47,103 y 1O'9 de 1a Constitución Nacional El primer parágrafo de la noñna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a díez años y, b) que no trsngan derecho a la jubilación Aquí es im.portante resaltar que nuestra Carta Magna, erl su art. 95, legisla sobre la seguridad social dáLndole un espectro obligatorio e integriú para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a trrdos los sectores de la población. Asirnismo, autorrza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de l¡e Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previsl-os en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los forrdos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonc,-'s, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antiSr[iedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dr>miniales, contrario al espectro estatuido en el a¡t. 109 de la Constitución Nacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Cart4 Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justieia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas-¡áeñn+p,"r contenido ideológico y social que sinren de directriz al fundamento y a la jusüfi""aiéü de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulacionesG ACCIÓN DE INCONS"ITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR DOLLY RAMONA GODOY ESPI¡IOL/I Cl ART. 41" DELA LtY N" se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, imprescindibles para comprender su profundo espíritu las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, oo admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabqjadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumeraüvo de tal normativa,la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a frn de garantízar derechos a estos trabajadores en todos 1os tramos de la vida dinárnica. - -
-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts" 247 y 260- l'a responsabitidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norrna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pa-res de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la l,ey 122/93), no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de 1os trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 aI caso concreto,la parte donde se exige una anügüedad mínima de diez a-ños para de los aportes jubilatorios.
sión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en 1a parte donde se antigüedad mínima de díez años para proceder aI retiro de los aportes conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto EL MINISTRO DIESEL JTTNGIIANNS DIJO:re 1ade InconstitucionalidadLey56/06 "Q Cesar M. DiesfJunghannsGustavo E, Santander Danste Dr. Vícto Mde laal Ministro CSJ Ministro inistroOiedatal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de susTITuYE LAS LEYES 73/9r Y r8O2/Ot DE LA CAJA DE JUBTLACTONES y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.
Refiere que el artículo impugnado priva de üsponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la cqia la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,9S y 109 de la Constitución Nacional.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcion.arios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes; o, que se retiren voluntariamente. -
Tat y como 1o ha relatado la parte actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en 1a norma impugnada a los efectos de acceder al ::etiro de los aportes que realizara durante su gestión en la enüdad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar 1o preceptuado por los artículos 46'y 47' de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artíanlo 46" De la igualdad de las personas; ?odos los habitantes de ta República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado remouerd Ios obstdanlos e impedird los factores qte las mantengan o las propicien. Las protecciones qfrc se establezcan como desigaaldades injusta.s no serdn consid.erad"as como factores dis criminatorios sino igualitarios" - - - - "Artícttlo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará. a tod.os los lwbitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a ta justicia, a &tAo efecto allanará"los obstdanlos Ete laimpidiesen; 2")taiguatdad ante las leyes; 3")laiguatd.ad.
para el acceso a la"s funciones públicas no electiuas, sdn más requesifos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación d.e tos beneficios d.ela naturaleza, de los bienes materiales g de la calhtraV En 1o relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio,articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por meüo de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la. Fonnación de Reclrffsos,' , artículo 11", primera parte: "Los fondos g rentas que se obtengan d.e conformid.ad..con ,' f{ORTE ACCIóN DT INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DOLLY RAMONA GODOY ESPTNOLA Cl ART. 41" DELA LtY N" esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiartos de la to, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecLrc de gozar A disponer de una cosa sin mds limitaciones Ete la.s establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho (Jsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando asÍ el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegíüma. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realiaados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentcts que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficictrios de la Caja", maslado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de derechos en caso de incumplimiento, establecen: " Corresponderd la aportes a los funcionarios cpe...; todo ello sin otro perjudicado que a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de lostos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jusu proplo el caso particular de laDolly Ramonasdeo Gustavo E, S Cesar M. Diiel Junghanns illlnlstro csjMinistroDans MinistroOiedalas condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109' de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad.
priuada, cago contenido g límites serdnestablecidos porlaLeg, qtendiend.o asufunción económica g social, a fin de hacerla accesible para todos. Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Riblico, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia decla¡ar la inaplicabilidad del 41' de la Ley N' 2856/2006 "Que sustitttge lcrs leges N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones A Pensiones de Emplead.os Bancarios d.el Paragaay", en 1a parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devoiución de aporte jubilatorio, con relación a la señora Dol1y Ramona Godoy Espínola, ello de conformidad a lo establecido en el Art. S55 del Cp.C. Es mi 1.- A SU TURNO, EL MINISTRO nÍOS GTEDA, diJo: La actora se presenta y p.romueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Atticulo 41 de la Ley No 28561Ql6 "QUE SUSTTÍI/,/E LAS LEYES N" 73/ 91 Y 1802/ 01 DE LA CAJA I,)B JUBTLACIONES Y PEIVSIO/VES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'. Para el efecto, acompa-ña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qve "(...) siendo los apories al ente preuisional (en este caso C:aja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho d.erecho d.ebe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus titulares (...)".
3.- El ArtÍculo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugnado dice: "Artículo 41.- Cotresponderá.la detoluclón de sus aportes a los funclonarigs qpe carcr¿ter. con unasuperior a los diezcños u sue no tenoanala fubllaclón. que fuesen despedldos. dela.dos cesantes o que se retiren aoluntariantente de las entldades donde orestan senicio. t',a Caja podlá" optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación d.e su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales. Dl derecho a sollcltolr la d.euoluclón de aoortes orescrlbitú desoués de tres años del retiro del o;flllad.o de q trq.balo, saluoque el mismo tenga deuda con la Caja, en cuAo caso los aportes serdn aplicados a la amoftización o cancelación de su obtigación" (negritas y subrayados son míos).
, R§MAACCIÓN DI INCONSTITUCIONALIDAD PROUOVIDA PiOR DOLLY RAilONA GODOY ESPTNOLA Cl ART. 4L" DELA LEY No to a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad podrán acceder al recupero de sus aportes siernpre y cuando no a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen , lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252lLO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTDMA DEJUBILACIO1VES Y PENSIONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se ,.ertlren de la ftinción pública sln r?,unlr lo9 teoulsltos oars acceder auna lubllaclón. aun apelando alos derechos que le otorga establece la aanmulación del tiempo de seruicios en las cajas del sistema de jubilación g pensión paraguaAo, g deroga el Articttlo 1O7 de la Leg n" 1626/ OO 'de la Función Pública",podránsollcltar la deaoluclón del9O"/" lnouentq.
Ptecios al Cottsumldor (IPtCl del Banco Central del Pardouaa.' (Negritas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, aI privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 a-ños de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de la.s Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y 1O9 "De la Propiedad Priuada" de nuestraf,ey Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en elúltimo párrafo de la norna impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es lnconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar en n/jla jurisprudencia no tiene carácter determinante ni flexibilidad en la actuaciónquien tander Dans Cesar M. Diesel Junghanns Mini¡tro CSJ' Dr.VíctoÍGustavo E' MinistroOieda rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento juríd.ico reconoce a las personas derechos subjeüvos, y tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al llbre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y Iapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, rnuchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la rprescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bqio las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación j urrídica no se encontraría sometido eternamente ¿r. un vínculo jurídico que ha perrn¿ulecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción ertinfiua se produce por la inacción del titular del derec:ho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres a-ños (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la nactividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el üempo previsto en la ley". De 1o coirtrario la obligación de la Caja bancaria de devoh'er los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de Ia Caja, entre los que se encuentran "losvirtualidad jurídica.V itrft*4 IAACCIÓN DE INCOITSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR IX)LLY RAMONA GODOY ESPMOLA Cl AR?. 4L" DELA LEY No se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja entidad previsional, por tanto sus recursos frnancieros estárr a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la . Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para 1o imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamá.s una diferencia en perjuicio de este sector (...1"r. Es precisamente esto 1o que jusüfica la prescripción extintiva prevista en la norrna impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantíza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato consütucional (Art. 128 C.N.) por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional todo lo14.- Sobre este tema 1a doctrina especializada tiene por qte la jurbprudencia laboral ha"( plazosa Tomo 4.
Dr. tzíctor R ii:oito"los Argentina. Astreffiigi ff O13.- Todo 1o relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras noñnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuales derechos deben ser ejercidos en üempo y forma. De todos modos, e1 interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden púbüco que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurÍdica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicita¡ la devolución de aportes prescripciÓn, señalando que dichas preceptos reposan en príncipir¡s de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, A qfte, en aras de un interés superior colectiuo, se priua de reclamarlos a qtien no los ejercita en el térmtno prffiado (...)" z.- 15.- De tal modo tenemos que si el insütuto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por 1o que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los partianlares primará" sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nonnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo uen ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demá.s, también dijo la corte que ld l¡renunclablltd.ad de los beneflclos ptoplos de la seguridad. soclal no es lncompatlble con el instttttto de la prcscrl¡rcüón, por lo que no constlt;.tpn detechos slne dle (.../Ps (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que inconstitucionalidadhaaer lugar patclalncnte a la presente acción de ; y en consecuencia, declarrrr respecto de la accionante laArtículo 41 de la Ley II" 2856/06, en la partecondlclón pand.la. deooluclón de los anttgüedad supetfor a 7O años, man incólume los sus términos Gustavo E, SaDans Ministro Dr. Ylctor Ríos Oieda Ministro .4..J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.
Pág.co,t N.P. (201e).de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.-arequlslto Buenos i+rlirr*M ,rriv*§:C áill-l{. oirsl:ire$A dio porACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR DOLLY RAUO!5A GODOY ESPIT{OLII Cl ART. 4t' DELA LEY No el acto, firmando S.S.E.E., todoante tenciate,e: Cesar M. Diesel Jungha Mini¡tro CSJ.r. C--n^t¡^r nC Ante Abg. ACUERDO Y SENTENCIA N' conformidad a lo establecido en el art. 555 del C.P.C. registrar yDr- /íctor R VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la. CORTE ST'PREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR a la acción de inconsütucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91y l8O2/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a üez años a los efectos de l,a devolución del aporte jubilatorio, con relación a la accionante Dolly Ramona Godoy Espínola con C.I. N' 5.134de Cesar M. Diesel Jun Mini¡tre CSI' Ante o E. Santander Dans Ministro Oieda D,.ytu,i*iíj Il*:Y