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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 171/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCTONALIDAD PROMOVIDA FOR MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY C/ ART. 41" DE LA LEY N" 28561200,6 QUE SUSTITTTYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01 - EXP. N° 2008 - 2022.-

Antecedente ART. 41

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@ffiACCIÓN DE INCONSTITUCTONALIDAD PROMOVIDA FOR MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY C/ ART. 41" DE LA LEY N" 28561200,6 QUE SUSTITTTYE LAS LEYES N' AcrrERDo y srnrE*crA N'..9i.q n.b....*.tt I de Asunción, Capitalde laRepública del Paraguay, a días del mes del-c¡odel año dos mil Gustavo E, Santander Dans Minisirob en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR IVIANUEL JUNGHANNS, ÚCTOR RÍOS OJEDA Y GUSTAVO SANTAITDER DANS, bajo Preüo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolüó plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DAI{S, CESAR DIESEL JUNGI{ANNS y VICTOR úos oJEDA.-- A LA CT'TSTIÓIT PLANTEN)A EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDEIs DANS: Se presenta el Sr. Milciades Ramón Navarro Garay a promover acción decionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 "QUE SUSTITUYE ros.73/9lY 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES S BANCARIOS DEL PARAGUAY sición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l la deuolución de sus aportes a los funcionaríos ELe qtenten con una superior a los diez años g que no tengan derecho a la jubilación, dejados cesantes o que se retiren uoluntariamente de las La Caja podrd optar por la aplicación del citodo cancelación de sususeptibles de tJullo Ccsar M. Dieset Junghanns Minirtre Cñl' Dr. Víctor Ríos MinistroOiedala presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓU Op INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MILCIADES RAI}TON NAVARRO GARAY C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/06 QUE SUSTITTTYE LAS LEYE§¡ N'73/91 Y l8O2lO1 - E;XP. N" 2OO8 - 2022, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Milciades Ramón Navarro Garay por derecho propio y baio patrocinio de Abogado.

aportes patrona"les. El derecho a solicitar la deuolución de ap<>rtes prescribird. d.espués de tres años del retiro del afitiado de su trabajo, saluo qte el mismo tenga deud"a con la Caja, en qJAo caso los aportes serdn aplicados a la amorfizr.tción o cancelación d.e su obligación,t El accionante soücita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funr::ionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a díez años podrárn retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la norrna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una anügüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su famiüa, aclarando que deberá ser extenüda a todos los sectores de la población. Asimismo, autorua qu.e los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban esta-r disponibles para sus objetivos Siguiendo e1 alcance de este lineamiento, la normativa de la C4ia, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afrliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 1 1 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de anügüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable rec,ordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, 1a justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella estabiece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz aTfundannento y a la justificación PR§MA CTAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALTDA"T) PROMOVIDA POR MILCIADES RAMOIT NAVARRO GARAY C/ ART. 41' DE LA LEY N" 285612006 QUE SUSTITTTYE LlrS LEYES N' encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, para comprender su profundo espÍritur$ sjo' , el art. 46 de la Constitución Nacional prescril¡e la igualdad de su dignidad y en sus derechos; asimismo, ro admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizx derechos a estos trabqiadores en todos los tramos de Ia vida dinrámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Riblico -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantíza¡ la efectiüdad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus p¿rres no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con eI objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso la parte donde se exige una anügüedad mínima de diez años para de los aportes jubilatorios usión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declara¡ la inaplicabilidad del del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

TITRNO, tL MINISTRO DR. CESAR DIESELDIJO: deduce la Acción de Inconsticontra el41 de Gustavo E, Santander Dansen Pavón Ministro MinistroOiedat Cc¡ar M. Diesel Junghanns Mlnlrtre CIJ' 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 7319L y I8O21O1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho Ie corresponde, solicitó a la cqja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de díez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a 1a jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tat y como 1o ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba serwicios, extremo que señala como inconsütucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46' y 47' de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. JVo se admiten discriminaciones. El Estado remouerd los obstd"anlos e impedirá.los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se estabiezcan como desigualdades injustas no serdn corusideradas como factores discriminatorío s sino igualitarios" - - - - "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará" a todos los habitantes de la República: 1) la igaaldad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanard. los obstá.cttlos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; 3") la igaaldad para el acceso a las funciones pública.s no elecüuas, sin má.s reqtisítos qte la idoneidad, A 4') la igualdad de oporfiinidades en la parficipación de los beneficios de la nafiiraleza, de los bienes materiales g de la cltlfitra".-- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraglray, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De lct. Formación de Recl)rsos" , artículo 11", primera parte: "Los fondos y rentas que se obte'ngan de conformidad con las disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propied"ad" t7e tos beneficiarios de lq Caja ORTE R[MAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY C/ ART. 41" DE LA LEY N' 285612006 QUE SUSTTTTTYE LAS LEYES N' , cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecla de gozarA disponer deuna cosa sin mds limitaciones en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Editorial Helia.sta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, b4jo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquéI derecho, vulnerando así el mentado principio consütucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del anáüsis de las cuesüones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y renta.s Erc se obtengaru de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: " Cotresponderá. la deuolución de stts aportes a los funcionarios cqe...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco , procede a apropiarse de la totalidad de los aportes juSlIS , en el caso particular, del señor Milciades Ramón N que también colisiona con la garantía constitucionalen nuestra Ley Fundamental,garantiza Ce¡ar M. Diesel Junghanns Mlnt*tre e§J,Gustavo E, Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Oiedaf Ministro, priuada, cugo contenido g límites serdn establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica g social, a fin de Lncerla accesible para todos...o, Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Fúblico, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41'de la Ley N" 2856/2006 "@te sustiütge las leges N'73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Perrciones de Empleados Bancarios del Paraguag", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a di.ez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Milciades Ramón Navarro Garay, ello de conformidad a lo establecido en el Art.

1.- A SU TURNO, EL MINTSTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, diJo: El accionante Sr. Milciades Ramón Navarro Garay promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley It" 2856/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYDS N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIOJVES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BA.IVCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente las instrumentales que acreditan la calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) siendo los aporfes al ente preuisional (en este ca.so Caja Bancaria) parfe integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser consídero.do como PROPIEDAD PRNADA de sus titulares t'...)", 3.- El Artículo 41 de la Ley N' 2856/O6, impugnado dice: "Artícalo 41.- Corresponderá.la deaoluclón de sus apottes a los ftincloqarios que cuenten con una antioüed.ad.a los dlez olños u oue noderecho a la .fubilación. que fuesen desacdidos. delados cesantgs o que se ,rltlr,rrr.

uoluntariamcnte de las entldades donde prestan sentiO_to. La Caja podrá. optar por la aplícación del citado monto a la amortizacíón o cancelctción de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales.El derechosollcltar la deaoluclón de oloortes otescñbhú desoués de tres olños del retiro del afrllado de su tra.halo, saluo qte el mismo tenga deuda con la Caja, en cuAo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.' En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la nofina atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen ORTE REMA ,NbACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY C/ ART. 41" DE LA LEY N' QUE SUSTTTTTYE LAS LEYES N" , 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.

respecto, la Ley N" 4252lLO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 7C LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAI,.

SISTEMA DE JUBILACIOIVES Y PENSIONES DEL SEC?OR PUBLICO", en su Artículo 1" díce: "Arf. 9".- (...) Aquéllos que se ,?üren de la funclón rtública sin reunlr log reoulsltos para acceder a una fubllaclón, aun apelando a los derechos que le otorg'z la Leg N" 3856/ 09 "Que establece la aqtmulación del tiempo de seruicios en las cajas del sistema de jubilación y pensión paraguaqo, g deroga el Artianlo 107 de la Leg n" 1626/OO 'de la Función Pública", podrán sollcltor la detnlución del9oo/o lnotnnta oor clentol de sus aportes reo,llzo;dos, o;fusto,dos oor la uariación del Indlce de Precios al Consumldor (IPtCl del Banco Centro,l del Paraauau.' (Negritas v subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en unia.

total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es eüdente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los ArtÍculos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y lO9 "De la Propieda,T Priuada' de nuestra by Suprema 7.- En cuanto a lo dispuesto en elúltimo párrafo de la norma impugnada: " I)l derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro del afilíado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en ur:l lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este to,la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan urr to. Es dable resaltar eüe, en nuestro sistema jurídico l,a tiene ca¡ácter determinante ni ünculante; esta ca¡acterísüc,a flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permitc siguien destacar que todo ordenamiento jurídico subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el , actuando en libertad parae Gustavo E, Santander Dans Ccsar M. Diesel Junghanns Mini¡tro C§l'Dr. Vlctor Ríos Oiedacon l,aa ntr¡ Ministro lVlinistro correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo suJeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forrra activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el lnterés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el l,egislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras, romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción', como un elemeato creador de derechos que permite adquirlr el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obügación (prescripción extinüva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en [a ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría someüdo eternamente a un vínculo jurídico que ha pennanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su ArtÍculo 657 dice: "La prescripciÓn extintiua se produce por la inacción del titular del rlerecho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silenclo del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. AsÍ, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aporres (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abanclonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien üene interés en ello "durante el tiempo preüsto en la 1e/. De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afrliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actua¡ en respuesta a dichas necesidades, para 1o cual es imprescindible conservar su üquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja ORTE REMA norfnaACCIÓN DE IIYCONSTITUCIONALIDAJ) PROMOVIDA POR MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY C/ ART. 41' DE LA LEY N" QUE SUSTITTryE LAS LEYES¡ N" vuLrerable " (. . .

) pero jamá.s una diferencia en perjuicio de este sector te esto lo que justifrca la prescripción extintiva prevista en Ia cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de entendido como el derecho a la seguridad social que üenen Gustavo E. Santander Dans Ministro p,.vf.ffiilllíjOieda de control de constitucionalidad y corwencionalidad. Tomo 4. Astrea. Pág. 60.- ,los afiliados a la Cqia e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, 1o que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantíza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo 1o relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuales derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema laespecializada tiene por aclarado.) Por todo lo expuesto es qte lalaboral hn desestimqdo en /osdede las norrnqs que esta.bplazos ende Cesar M. Diesel Jungha Ministro CSJ. Derechos y G,Buenos(20r 8). no a.fectando la intangibilidad de los derechos, A qfiie, en aro.s de un interés superior colectiuo, se priua de reclamarlos a Etien no los ejercita en el término prefijado (...1" z.- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primaró" sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo uen ningún casd'.

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el coffespondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especialízada en materia constitucional hace referencia a que .(...)

Por lo demds, también dijo la corfe qlue la brenunciabiltdad de los beneficlos proplos de la segut-lda.d. socüal no esincom¡tatlble con el lnsütttto de la ptescrlpclón, por lo que no constltugen derechos sine die 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los frnes del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta ma¡rera, teniendo en consideración t<iclo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde ltacer lugar parclalmrlnte a ia presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, d,3clarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 285,6106, exclusünmcnte en lrr. parte que establece como condlclón pa"a.la deaolución de los aportes el requlslto de contar con una anügüeda.d superlor a 7O años, manteniéndose incólume 1o demás en todos sus términos. Es mi voto.-- 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en.el Derecho del Trabajo.

AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- ' Sugués. N.P. (2019). Mánualde deiecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- @ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY C/ ART. 41' DE LA LEY N" QIIE SUSTITIIYE LltS LEY-ES¡ N' 73l9LI' LAO2lOl el acto, firmando S.S.E.E., todo la sentencia que inmediatamente Gustavo E. Santander Dans Ministrose dio por decertifico, Ce¡ar M, Dics - Mtnl Arrte nlr:Jun Dr. lzíctor R ii:oi'o' JullcACI'ERIX) Y §ENTENCIA N".... I.Y.....

Asunción, OO del Acuerdo que anteceden, la. CORTE §TIPRTUA DE üUSTICIA SALII COITSTITUCIONAL

RESUELVE:

parcialmente ala acción de inconstitucionalidad promovida y, eo consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N" 285612006 "Que sustituye las leyes N' 73/9L y L8O2/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en l,a parte que condiciona a una antigüedad superior a üez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio, con relación al accionante MILCIADES RAMON NAVARRO GARAY, de conformidad a 1o establecido en el art. 555 del Código Procesal Civil.

y notificar.--- .Cd¡ar M. DieselJungE, San illiñíñtfg ClI.Ministro Dr. Izícror R íos Oieila t'. tregis