,A.Conru lÉffi*SH)SUpREMA WZ",lusrrcrArcc¡óru DE tNcoNSTtrucroNALtDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO AQUNO VALDEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" SUSTITUYE LAS LEYES N' apoesclarece r párrafos r M. Diesel JunShanns Ministrc csl.representación del señor ARNALDO AQUNO VALDEZ Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:--- El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representac¡ón del señor ARNALDO AQUNO VALDEZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802101 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 6,46,47,103 y 109 de la Constitución Nacional.- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Attículo 41.- Conesponderá la devolución de sus aporfes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesanfes o gue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amo¡Tización o cancelación de su obligación. No serán suscepló/es de devolución /os aporfes patronales. El derecho a solicitar la su trabajoución de aporfes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de ue el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso ios apoñes serán aplicadortización o cancelación de su obligación".
Ete caso, el profesional recurrente, en nombre y representación del señor LVALDEZ, acreditando su calidad de ex funcionario de I iona la declaración de inconstitucionalid ad de la citada noNT otictiva pI taaderechos de consagración constitucional.
r este punto '_v, es importante examinar elculo impugnad Gustavo E. Santander Dans1 Ialaam el prese O AQUN AECA p a contra^^tvo fin d dolesglnconAN Julio C.vón Ma CesaMinistr6l. Ríos o)eda o.r=oooysENTENctANúMERo: En ta Cirdgq de Asunción, Capital de la Repúbli.ca del Paraguay, a los w, h'r,,v días.
lel mes de fehr , del año dos mil w.;^ f-,,'r-"fo , estando en la Sala de (Aruerdps de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala CoTrotituc¡onaI, Doctores, CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VíCTOR RíOS OJEDÁ, GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO AQUNO VALDEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802101", a fin de resolver Ia Acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado PABLO LEZCANO en nombre y Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los apcnes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensicnes de Empleados Bancarios quiene; hubieren fun¡¡ido la calidad de funcionarios despediclos, cesados o que se hubieren retirad voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y', b) que no tengan derecho a la jubilación.- Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. t)r5, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajeclor dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recurscs financieros de los seguros sociales lo sean desviados de sus fines especificos y que debzrn estar disponibles para sus objetivos Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja en sur art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, rnár; específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las renlas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favcr de los afiliados, la limitación en cuanto a los años cle antigüedad a los efectos de su devc,lución resulta una merma ¡nviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatJido en el art. '109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nu )stra Caña Ma,lna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la liberlad, la justicia'¡ la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico conle,n¡do ideológic;o y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el normativo; y, por ende, todas y cada una de las arliculaciones constitucionales se encue ltran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles p; ra comprender su profundo espíritu. En tal sentido, e art. 46 de la Constitución Nacional prer;cribe la igualJad de las personas en su dignidad y on sus derechos; asimismo, no adnrite Jiscriminaciorres.
Seguidamente, el art. 88 no admi:e discriminación alguna entre trabajaclores. Aquí dc'be admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente :,:ntemplado er el silencio enumerativo de tal normati,ra, la extensión del art. 45 -De los dererchos y garan:ías no enunciados- permite interpreta ciones amplias a fin de garantizar jerechos a estos trabajadores en todos los tramos dr¡ la vida dinámica.
Recordemos que la constihrción de un Estado social de derecho -.art. 1 -, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la r,: sponsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el prirner parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a lo i aportantes de la Municipales (art. 66 de laL.ey 12219t3), Funcionarios Públicos (art. 53 de lir Lev 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta lvlá;rima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos c ¡rst tucionales.- Por tanto, para lograr el -econocimiento de la persona en su cligridad y en su integr¡dad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los lrabajadores en el ejercicio de sus derechos en fornra amplia e integral resulta así necer;¿rrio prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto r:n la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retirc, d,: los apodes jubilatorios.-- En conclusión, atento a los argumentos esgr¡midos prec :Certtemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidarl con el d¡ctanten fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del prine;r párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una artigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi vr:to A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo El Abogado PABLO LEZCAhIO en nombre y representación del señor ARNALOO AQUNO VALDEZ, promueve Acció'r de lnconstitucionalidad contra el artíct¡lo 41' de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y 18O2IO1 'DE LA. CAJA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO AQUNO VALDEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' UJILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".
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Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalid ad no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de lgualdad en los Arts. 46", 47" y 20' de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109' del mismo cuerpo legal La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aporfes a los, funcionaios que cuenten con una antigüedad supeior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesanfes o que se retiren voluntaiamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amo¡tización o cancelación de su obligación.--- No serán suscepfó/es de devolución los aportes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de apoñes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el m¡smo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los apories serán aplicados a la amo¡Tización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor ARNALDO AQUNO VALDEZ era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos yAfines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado el accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /os obslácu/os que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3') la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la parf¡cipac¡ón de los beneficios de la naturaleza, de los bienes matees y de la cultura" Encionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delim itacnaturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pronpleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Titulo 'monio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11' s .fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as dlsposriS de exclusiva propiedad de los beneficiaios de la Caja".
unto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad dAubry iedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más línitacione lecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Encilopédico de Derech itorial Y*os Aires- República Argentina,2omo Vl P esar MlJun Gustavo E Santander Dans Ministro Dr')
reSe Ministrt csJ.ndel SdeE "Del Pa arte: 't ey, sorel este apde esfTtme SUer ,¡ullo C'fi'"nn, Víctor Ríos Oieda En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propiir ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en t,eneficio de los empleados de la institu,:ión, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo cie 1os requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado princi r o constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes e I forma ilegitima.
Así, acorde al concepto trasuntad() líneas arriba, en defensa de las atriLruciones que por derecho posee sobre los aportes reralizados a la Caja, el accionante reclanra la devolución de los aportes de su mandante corsiderando que aquellos se encuentrar indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestioner; suscitadas y desde la perspectiva cor stitucional de las mismas, se constata una clara conlradicción en la Ley cuando, por una pilrte esta expresa que: 'tos fondos y rentas que se c,btengan de conformidad con las drsposlclones de e,qfa Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por ¡tro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derer;hos en caso de incumplimiento, establecen: "Corre:;ponderá la devolución de sus aporfes a los fttncionarios que..."; lodo ello sin otro perjudicalo que el mismo aportante a quien la :ropia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afren a al F'rincipio rie lgualdad, ya que implica un trato cl.aramente discriminatorio hacia los aso:iados bancar¡,)s que, como en el caso del señor ARNALDO AQUNO VALDEZ hayan sido rl-.svinculados de la actividad bancaria y que no cu,3nten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aprrrtes, amén de ello, se erige indudabl :mente como un despojo absolutamente ilegal ya q Je por el incumplimiento de los requi ; tos enunciadr¡s s¡mple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco norn ativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor ARNALDO AQUNO VALDEZ, circunstancia que también colisior a con la garanlía constitucional contenida en el artír:ulo 1 09" de nuestra Ley Fundamente l, que dispone: " ...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y limites serán es'ablecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesiblz para todos . . .".- Por lo precedentemente exF,uesto, en atención a las normas leg; l-.s citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresp:nde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41'de la L,:y' N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones'¡ Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una ant,güedad superior a diez años a los efectos de la clevolución de aporte jubilatorio del s -'ñor ARNALDO AQUNO VALDEZ, ello de conformiriad al Art. 555 del C.P.C. Es mi votc.- A su turno, EL Doctor VICTOR RíOS OJEDA dijo 1.- El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del s:ñor ARNALDO AQUNO VALDEZ, promueve Acciórr de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley JUBI,ACONES y PENS/OruES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARaGLtAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad c€, e)( funcionaria bancaria de su mandante 2.- Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos 6, 46, 47 , 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que"(-.) del anátisis de la disposición legal tran:;cipta se deduce que solamente aque ltos funcionarios bancaios con una antigúedad superior a diez años (10) podrán acceder at recupero de sus apo¡tes siempre y cuando no tengan derecho a la iubilaciÓn, fuesen des¡tedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariantente, lo cual produce una manifiesta ctesigualdad c<>n respecto a los derechos relacionactos a la devolución de apoñes en el :, erctor público en generat...la normativa impugnada es /NCONSflTUCIONAL, pues at"-nta contra k>s pincipios consagrados en /os Arls. 46 "DE LA IGUALDAD DE LAS PER.;OÑAS'i 47 'DE CORTE REMA STtrCTA LATSGARANI'/AS DE LA IGUALDAD" y 109 "DE LA PROPIEDAD PRIVADA" de nuestra 'ARTA MAGNA (...)" 3.- El Artío41 de la Ley No 2856/06, impugnado dice: "Atfículo 41 .- Corresponderá la de sus arúes a ,os funcionariosue cuenten con una antiüedad oralos diez añosue noan derecho a laubilaciónue fuesen despedidos. deiados cesantes o sue se retiren voluntariamente de las entidades donde DreSLan sgryicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán suscepfibles de devolución los apoftes patronales. El derecho a solicittle devolución de aportes prescribirá después de fres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvoque el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aporfes serán aplicados a la amoúizac¡ón o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3', 9' Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA YSOSIEN/B/LIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES y PENS/OruES DEt SECIOR PUBLICO", en su Artículo 10 dice: "Att. 9'.- Aqaéllos gue se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a unaubilaciónaun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ,QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVIC/OS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICIJLO 107 DE LA LEY N" 1626/00'DE LA FUNCIÓN PUBLICA",podrán solicitar la devolución del 90% (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del(..)
lndice de Precios al Consumidor (lPC') del Banco Central del Paraquav."(Negritas y subrayado son mÍos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los func¡onar¡os bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de /as Personas", 47 "De las Garantias de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a volución de aportes prescibirá después de tres años del retiro del afiliado de su traba,etiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo coan, actulmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia JUr¡icos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, tro sistma jurídico la jur¡sprudencia no tiene carácler determinante ni vinc acterísca permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccio , qutn ver ucriterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto,permr tmpnte destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a lapersona bjetivos, yen tal sentido,el poder de exigir el cumplimiento dla norm en lib Ypara satisfacer sus necesidades e interenla correpondie trlfnghannsGustavo Eantander Dans reSeE , PrvónMinistro Dr. víctor Ríos ojedacn esta c derpuede expon Jullo r6terloCesá lrinirtrr.Csr.
PROMOVIDA POR ARNALDO AQUNO VALDEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" SUSTITUYE LAS LEYES N' solicitar la protecc¡ón o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sin r a la obligación de respetarlo ya sea de forma aotiva (obligación de hacer) o pasiva,,cbligación de no hacer), por encontrarse delimitad,c por el interés general. De ahí surr¡r: Ia f¡gura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calnra entre los ciudadanos. Su formaci()-r se debe a la influencia de figuras romanas conternidas en la Ley de las Doce Tablas cre:irda para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derer:ho han definido su alcance y efect:s, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que per n¡te adquirir el dominio de cosas ajenas (prescr pción adquisitiva o usucapión) o bien c,omo un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberato'ia) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta m¿rnera, el sujeto pasivo de una relacion jurídica no se encontraría somet¡do eternamente a un vínculo jurídico que ha perman,-rcido ¡nactua(lo durante un periodo prolongado de t,empo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La pre: t:ripcitin extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo eslab'ercido por la le.t".
Como producto vivo del derecho c:ivil nace la norma hoy impugnada, reruniendo los dcs requisitos que configuran la presc'ipción extintíva o liberatoria: el trans curso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a tclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclanren la devolución rle sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán po ler de actuacirin abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 1'1 .- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "ac.tividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de sol¡citud o reclanl,r" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto r:rr la ley". De lo contrario la obligación de la Caja k,ancaria de devolver los aportes a los afiliados activr¡s seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciórr), generando un conflicto de ¡ntereses entre el partic;ular que nunca reclamó y los demás Leneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran 'los jubilados", quienes se encuentran ern una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsir:nal por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los a iiados ante sus necesidades durante la vejez o in'¡alidez. Debe entonces actuar en res Fluesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dorfrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, re(:ursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerabl,: "(...) pero jamás una diferencia en )erju¡c¡o de esfe sector (...)"1 . Es precisamente estc, lo que justifica la prescripción extinti ¡,a prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectir'o" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tiener k,<ios los afiliados a la Ca¡a e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto r;ontradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la prr:pcs;icion normativa impugnada. Dota de seguridad y es;tabilidad al patrimonio social de afectiu;ión, alejando a la Caja de un clima de incertidumbrr: que podría originarse por la interposi,;ión tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraria el equilibrio financiero y prer;upuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga c;on el mandato constitucional (Art. 128 C.N.) 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por manclato constitucional a establecer r:iert:s límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconoce l el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tierrrpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripciór, por el mentado Amaya, J.A., Director. (2018) . Tratado de control de constitucionalidad y convencionalitiad. Tomo 1. Derechos y Garantías,Búet¡,os'Aires, Argentina. Astrea. ,60,- lll ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO AQUNO VALDEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" rden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad m¡sma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Articulo 128 dela CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés supeior colect¡vo, se piva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (..
más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en n¡ngún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 dela CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por Io demás, también dijo la Coñe que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die ( )'3 (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstituciona lidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor ARNALDO AQUNO VALDEZ la inaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley N" 2856/06, exclusivamente en la paqConr¡Supne ma Jusrtcn establece como condición para la devolución de los apoñes el requisito con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en dos sus Con lo que se d¡o por term¡noel certifico, quedando acordada cesa rese i¡inistro CSJ.
Ante ando SS.EE., ed iatamengue: Gustavo Eantander Dansoo por rntu/ri, d" q, Ministrg,. un,il.lllj'i"., 2B3MaddaloniO.A.; Tu uenos Aires, Argetnan y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot 7que rncto, ghann Sagués, N.P. (2019)uClü9onsional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág.658.-::l 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el An. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los pañiculares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, SENTENCIA NÚMERO: Iq J Asunción, ilB de ?,L¡ , VISTOS: Los méritos del Acuerdo c¡ue anteceden, la CORTE: SUPREMA DE JUSTICIA lSala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción le lnconstitucionalidad promovida ,i, t,rr consecuencra, declarar la inaplicabilidad del Art. 4'1" de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye as le,yes No 7 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancari,rs :l:l Paragu, ()n la parte que condiciona a una a rtigüedad superior a diez años a lc s; efecde la devolución de aporte jubilatorio,con relación al, ARNALDO AQU¡IO I'AL.DE, ello r1e conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C ANOTAR,¡strar y nor eeia.r fi1' 0ie lúlntsGustavoE, San Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda 8el Jungha Ante