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Auto InterlocutorioSala ConstitucionalCivil y Comercial

Auto Interlocutorio N° 70/2024

21 de febrero de 2024

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR TERESITA GUILLERMINA GARAY DE RUIZ EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JUAN ARNALDO RODRIGUEZ LARROZA C/ TERESITA GUILLERMINA GARAY RAMIREZ S/ RENDICION DE CUENTAS". AÑO 2021 Nº 357

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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR TERESITA GUILLERMINA GARAY DE RUIZ EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JUAN ARNALDO RODRIGUEZ LARROZA C/ TERESITA GUILLERMINA GARAY RAMIREZ S/ Asunción, 71 de ebr-ero de 2.02-L{.-

CONSIDERANDO

Que, el impugnante promueve acción constitucional contra las resoluciones mencionadas. En la primera, se hizo lugar a la presente demanda promovida por el Sr. Juan Armando Rodríguez Larroza contra la Sra. Teresita Guillermina Garay Ramírez, ordenando a la demandada a rendir cuenta de la administración del Colegio San Juan Bautista de Lambaré. En la segunda, se declaró desierto el recurso de nulidad interpuesto, se confirmó la sentencia recurrida modificándola respecto al periodo establecido de la obligatoriedad de - Sostiene el accionante, principalmente, que los fallos impugnados violentan el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental porque está permitiendo que un tercero, absolutamente extraño al Colegio Técnico San Juan Bautista de Lambaré pueda acceder a documentos y a una rendición de cuentas de una administración de bienes en los que no tiene derecho alguno. Alega que la sentencias impugnadas estarían generando en tal sentido un peligroso precedente quebrantando derechos constitucionales de su representada, del Colegio Técnico San Juan Bautista y de los propios hijos del accionante, propietarios condóminos de los inmuebles que anteriormente pertenecían al actor y como directores de ese Centro Educativo. Menciona que estamos en presencia de resoluciones que obligan a su mandante a rendir cuentas de gestiones administrativas de las que es única y exclusiva titular de derechos y sobre los cuales el accionante no tiene más que una temeraria, delirante e ilegal pretensión por tratarse de un tercero por completo extraño al Colegio Técnico San Juan Bautista de Lambaré. Afirma al respecto, haberse vulnerado las disposiciones contenidas en los A11s. 36, 109 y 256 de la Constitución Nacional.

Que, el A11. 557 del C.P.C. dispone: "Citará (el actor) además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición .... En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En Que, el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, . Que, la Acción de lnconstitucionalidad es autónoma, excepcional, y su finalidad esencial es custodiar la vigencia del orden constitucional que pudiere verse afectado por cualquier norma o decisión. Sin embargo, de manera alguna la Sala Constitucional puede suplir a los órganos jurisdiccionales ordinarios, toda vez que las decisiones de éstos on uren actos arbitrarios, carentes de razonabilidad.

Que, debe señ larse qu para su procedencia, no basta la expresión del recurrente de s o . d de impugnar y de los I otivos en ue funda su acción, sino que además debe justificar la lesn oncret en forma cla , des rr lada de ma era que permita identificar la existencia de vulneración d la normativ s constituc onales i, v cadas, en t I sentido, estudiados los fundamentos de la acción incoa a, surge que su traducen esacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo impot er un criterio d o al soste o por los Magistra ntes, sin justificar la con la Cesar M. Diesel Junghanns Minitrª CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro normas supuestamente conculcadas, de tal forma a reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido Que, en tal sentido, esta Sala viene sosteniendo en reiterados fallos, que es improcedente pretender una tercera instancia a través de la acción de inconstitucionalidad, a fin de reanudar el debate sobre cuestiones que han recibido oportuno tratamiento, ello debido a su carácter excepcional, que se encuentra sujeto a condiciones especiales y concretas, siendo viable únicamente cuando existen violaciones de principios, Que, en relación al caso, resulta importante citar al Prof. Dr. Osear Paciello Candia, que, en un voto ha expresado: ''(..) las discrepancias subjetivas que cualquiera de las partes pudieran tener con la decisión impugnada no autorizan la promoción de una acción de inconstitucionalidad, puesto que ello implicaría la apertura de una tercera instancia que, legalmente, es imposible ... " (C.S.J Asunción, 8 de mayo, 1996, Ac. y Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las Opinión del Ministro Víctor Ríos Ojeda: Me adhiero al voto emitido por el Ministro preopinante, 1- La parte accionante esgrime como causal de inconstitucionalidad la conculcación a garantías constitucionales del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y de la comunicación privada, de 2- Puntualmente, al desarrollar sus argumentos en lo medular expresa que las resoluciones atacadas resultan arbitrarias e ilegales, quebrantando el derecho a la propiedad y a una sentencia fundada en la constitución y las leyes, convirtiendo los pronunciamientos en aberrante quebrantamiento del deber de los Magistrados de fundar sus resoluciones, además sostiene que dichas resoluciones resultan erróneas que las 3- Analizada las resoluciones impugnadas se desprende que, las cuestiones hoy atacadas fueron debatidas por los órganos jurisdiccionales al momento de dictar las resoluciones, el Tribunal consideró y concluyó que la Sra. Teresita Guillermina Garay Ramírez tiene plena y absoluta obligación de rendir cuentas al actor y suministrar detalle circunstanciado y documentado acerca ele las operaciones realizadas de la administración del Colegio San Juan Bautista de la Ciudad de Lambaré de los últimos 5 ejercicios, ele conformidad a lo dispuesto por los artículos 673, 674 y 675 del CPC y lo dispuesto por el Art. 660 del CC.

4- Recordemos que para que exista arbitrariedad por sentencias infundadas o inadecuadamente fundadas que tenga la virtualidad de incidir sobre el sentido del fallo dictado, cosa que no se visualiza en el presente caso. La doctrina sobre el particular refiere que " ... si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aun cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad ... " (Genaro R. Carrió - Alejandro D. Carrió (1983), El Recurso Extraordinario por Sentencia 5. Del contexto, se advierte que los juzgadores han fundado su decisión, conforme a la norma jurídica aplicable al caso y sobre la plataforma fáctica obrante en juicio, de cuya circunstancia no se podría llegar a concluir conculcación alguna al deber de fundamentación. En efecto, no se observa una infracción al deber de fundamentación que exige el art. 256 de la CN, sobre todo cuando los juzgadores exponen acabaclamente las circunstancias por las cuales invocan y aplican la norma referente al caso, la que, desde luego y conforme se desprende, se produce dentro del marco interpretativo admitido por la CN.

6- Por lo manifestado precedentemente, considero que corresponde el rechazo de esta acción de La parte accionante manifiesta entre otras cosas que " ... Las resoluciones impugnadas además quebrantan el derecho de propiedad y a una sentencia fundada en la constitución y la ley tal como expresamente lo consagran los artículos 109 y 256 de la Constitución, porque a través de ellas se pretende reclamar posteriormente supuestos derechos de propiedad o de crédito del accionante que realmente no existen convirtiéndose los pronunciamientos en aberrantes quebrantamientos del deber de esos magistrados de fundar sus resoluciones en la Constitución y en la ley ... ". Agrega además que los fallos son arbitrarios e ilegales. La accionante manifiesta su desacuerdo ante las resoluciones de primera y segunda instancia que hacen lugar a la demanda en su contra y en consecuencia la obligan a rendir cuentas de la administración, por lo qusl_icita 1nulidad de las resoluciones impugnadas, alegando los artículos 36, 109 y 256 de la El Art. 557 del C.P.C. dispone: "A1i. 557.- Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada.

CORTE SUPREMA USTICIA ACCION DE IN CONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR TERESITA GUILLERMINA GARAY DE RUIZ EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JUAN ARNALDO RODRIGUEZ LARROZA C/ TERESITA GUILLERMINA GARAY RAMIREZ SI -s a!(-ciflno rjfcio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio Ti?, ta<f/ir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, S"I i cl7uicio de la ampliación en razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".

El Art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta .que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia Que, primeramente, debe señalarse que la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional, son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales. Esta no es la vía para cuestionar la interpretación y valoración realizadas por los magistrados judiciales, si dichas tareas se encuadran dentro de parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitrarias y no se demuestra lesión concreta a derechos de rango Que, revisados los autos, no se observan indicios de la pretendida arbitrariedad, así como tampoco se ha demostrado lesión concreta a normas constitucionales -al derecho a la defensa, al debido proceso-, en atención a que las argumentaciones de los accionantes únicamente denotan desacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Juzgadores, de tal forma a reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio.

. Que, esta Sala viene sosteniendo invariablemente en reiterados fallos, que no corresponde volver a examinar cuestiones debatidas, ya resueltas en instancias ordinarias, cuando no se advierte alguna violación de normas o preceptos constitucionales y, es improcedente la utilización de la acción de inconstitucionalidad Que, al no darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el Código de forma y la jurisprudencia de

POR TANTO, la

SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

RECONOCER l<_1 personería del recurrente en el carácter invocado y tener por constituido su 0 RD EN AR la agregación de las instrumentales presentadas y autorizar el desglose y devolución de los documentos originales presentados, previa agregación de sus fotocopias debidamente autenticadas por el RE CHAZAR "in limine'' la acción de inconstitucionalidad presentada por el Abogado Miguel Ángel lnsaurralde Figueres, en nombre y representación de la Señora Teresita Guillermina Garay de Ruiz, contra la S.D. Nº 556, de fecha 08 de octubre del 2.019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia mez y Adolescencia del Segundo Turno de Lambaré; y, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 18, de fe ta 27 de nero del 2.021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Pri era Sala, e la Circunscripción Judicial de Central, por los fundamentos expuestos en el exordio de la pres nte resoluciói --- Ante mí: Víctor Ríos Ojeda Ministro