P1-!O:vl.OVIDA. POR ANTOLIANO MARTINEZ Ei MA.RTlNEZ Cí MINISTERIO DE HACIENDAS/ En:cuc,oN DE RESOLUCIONES JUDICIALES". Asunción. --Z-1 de .fQbir-o del 2o24.- Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tercera Sala-Capital, atendiendo a que la misma lesiona los derechos y garantías constitucionales de su parte, ya que ha sido dictada transgrediendo lo establecido en los artículos 3, 9, 45, 46, 4 7 y 137 de la Carta Magna.
Que, el Art. 557 del C. P. C. dispone: "(. .. ) Citará el actorademás la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición (. . .) En todos los casos, la Corte examinará previamente si ,:;e hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la Que, el Art. 12 de la Ley N609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada. ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, Que.la Acción de Inconstitucionalidad es autónoma, excepcional, y su finalidad esencial es custodiar la vigencia del orden constitucional que pudiere verse afectado por cualquier norma o decisión. Sin embargo, de manera alguna la Sala Constitucional puede suplir a los órganos jurisdiccionales ordinarios, toda vez que las decisiones de éstos no configuren actos arbitrarios, Que, la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalente a una instancia Que, solamente amerita que la Corte Suprema de Justicia intervenga en aquellos casos en los que no exista mecanismo ordinario posible para remediar la situación jurídica en cuestión. Por ello afirmamos enfáticamente, tal como lo venimos sosteniendo uniformemente, que no es competencia de la máxima instancia judicial corregir errores interpretativos de los magistrados de las instancias inferiores Di tampoco vicios procesales, salvo que se hallen manifiestamente Que, dicho esto, o rservam s que los accionantes se agravian del criterio interpretativo cue adoptaron los juzgad, res. No bstar.tc, se evidencia que los magistrados intervinientes han tornado la de,c;ió--. d.,')n 1a unánirr ;y han fundamentado suficientemente la misma.
Que, de emos e alear qu,, la acción de inconstitucionalidad no repara el error de apreciación prol atoria - e justicie; por parle de instancias ordinarias, ni cercena facultades de la es un r mso de apelación. Su ámbito no es otro que el de validar garantías y ;.-1.111 la resuciones judiciales cuando las mismas contengan e ementos bases aceptables, e forme a los prec ptos Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas legales, corresponde el rechazo de la acción sin más trámite.
A SU TURNO EL MINISTRO DR. VICTOR RIOS, dijo: Se observa que la parte accionante constituyó domicilio en esta Capital, identificó la resolución impugnada y citó las normas constitucionales que, a su juicio, fueron conculcadas, específicamente, los Art. 03, 09, 45, 46, 47 y Puntualmente, al desarrollar sus argumentos expresó, entre otras cuestiones, que el Tribunal fue más allá de sus facultades legales, según dice, porque debió limitarse a resolver la que fue expreso capítulo de agravios y consecuente revocatoria del fallo. Se podrá observar que se nos plantea es la existencia de incongruencia, en la especie, por exceso en razón a la cualidad.- Además, hizo referencia a un supuesto déficit formal sustentado en el hecho de que la resolución impugnada no tiene la individualización de los votos emitidos por los distintos conjueces del Tribunal de Apelación. En esfuerzo de esta tesis trajo a colación un precedente emitido por esta Finalmente, la acción fue presentada dentro del plazo por cuanto que la resolución fue dictada en fecha 14 de diciembre de 2020, en cuyo caso, quedó notificado al día siguiente, mientras En consecuencia, al hallarse cumplidos todos los requisitos para la promoción de la acción, considero que debe darse trámite a la misma y librarse el oficio correspondiente, a los efectos establecidos en el artículo 558 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY: Antoliano Martínez, por Derecho propio y bajo patrocinio de los Abogados Whashington Francisco Zacarías, con Matricula N1.735 y Juan Francisco Valdez, con Matricula N9. 4.368, promovió Acción de Inconstitucionalidad contra el Auto Interlocutorio N710, de fecha 14 de Diciembre de 2.020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, Capital, recaído en el Juicio intitulado como: "Antoliano Martínez contra Ministerio de Hacienda sobre Ejecución de Refiere el Accionante que: "La resolución originaria, Auto Interlocutorio N710, del 14 de Diciembre de 2.020, no fue dictada de acuerdo a las normas procesales que regulan la materia, ni mucho menos, conforme a la ley, ya que en ese juicio existen motivos para determinar la existencia de errores IN-PROCEDENDO e IN-IUDICANDO, lo cual sabernos es causal de nulidad absoluta ... ".
Continúa diciendo: "La resolución originaria es injusta, arbitraria, ilegal e ilegítima, ya que no fue dictada conforme a la Ley, ni mucho menos se encuentra ajustada ni conforme a derecho".
En efecto, el Código Procesal Civil en su Artículo 557 norma: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fondado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
En el sub examine, tanto el escrito y la pretensión vertida, se constata orfandad en fundamentos jurídicos que sostengan quebrantamiento de Principios y Normas constitucionales. En efecto, no basta la mera disconformidad con lo resuelto en la Resolución dictada para que la pretensión sea viable. El no compartir fundamentos de los Juzgadores no alcanza para que por sí misma sea atacada de Inconstitucional la Resolución Judicial. Es obligación del Accionante demostrar la lesión concreta que le ocasiona, debiendo para eso fundar en términos diáfanos y concretos su petición, justificando CORTE SUPREMA ;:§1)'4 DEJUSTICIA -ur.,süm ,--pretende que la Sala Constitucional se avoque a examinar la decisión tomada por 1. e. Jtikrl1!11 de .lación en !o Civil y Comercial -solicitud que resulta improcedente- sobre todo en '1fí aérghes ., :rJ s cuales ni por asomo se constatan lesión ni arbitrariedad. A mayor abundamiento, la sbluc' , ft o de impugnación no lesioná:' Garantías Constitucionales que ameriten dar trámite a la S. ei n¡ cierne ciertamente aclarar que la Acción de inconstitucionalidad no debe utilizarse corno Recurso procesal a fin de que los litigantes puedan obtener la revisión de las decisiones ya juzgadas con amplia claridad en Juicio, vale decir, que la Farte Accionante pudiera valerse de ésta para someter a un nuevo examen las materias aludidas por la misma, pues de ser así constituiría una Tercera Instancia, por ende, no existiendo vicios ni lesiones de garantías constitucionales, corresponde
POR TANTO, la Í
CORTE SUPRE:MA DE .TUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por reconocida la personería de los recurrentes en el carácter invocado y por constituido su domicilio .;;n el lugar señalado.
.. -- .. ,. ... .: .... ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas.